En primer lugar, la devaluación. Como es sabido, no pocos son los gobiernos que por razones electorales están incentivados a engrosarse. Entre muchos otros, Gordon Tullock en su ensayo The Growth of Government muestra el crecimiento del aparato estatal, especialmente a partir de lo que se ha dado en denominar “el Estado benefactor”, esto es, entregar el fruto del trabajo ajeno como clientelismo y explica la falacia de que el crecimiento del producto bruto interno justifica un Leviatán más adiposo (por ejemplo, el caso de Alemania versus Estados Unidos donde en el primer caso se incrementó el gasto público al aumentar el producto mientras en el segundo se mantuvo estable el gasto gubernamental con mejores resultados en el progreso).

Además, en otros de sus escritos, apunta a que los gastos en seguridad y justicia no justifican para nada los referidos saltos exponenciales que se deben a la incorporación de nuevas funciones gubernamentales (que, por otra parte, el autor revela que aquellas se han tercerizado en alto grado, por ejemplo, en EEUU a través del arbitraje en la Justicia y también la seguridad privada que depende de la fuerza pública). Tullock agrega que otro canal de tentación ha sido la aparición de nuevos tributos. Por su parte, James M. Buchanan se detiene a considerar la influencia malsana de la economía keynesiana  en Democracy in Deficit. The Political Legacy of Lord Keynes (en coautoría con Richard E. Wagner).

Naturalmente, estas concepciones estatistas nacen en ámbitos educativos los cuales, solo en  raros casos, cuentan con la contracara al efecto de fundamentar las ventajas de adoptar los postulados de la sociedad abierta, especialmente para los más necesitados debido a las tasas de capitalización según las preferencias reveladas en el proceso de mercado.

Entonces, en el contexto descripto al que generalmente se introduce la manipulación del tipo de cambio, el antedicho gasto público después de agotar caminos vía presiones impositivas descomunales y endeudamientos siderales, entran en la zona del déficit que es financiado con inflación monetaria, lo cual, a su vez, desactualiza la relación entre la divisa local y la extranjera que tiende a paralizar el comercio exterior. En lugar de liberar el mercado cambiario se opta por devaluar, a saber, los gobernantes establecen nuevos “precios” que estiman convenientes sin permitir que surjan los indicadores basados en estructuras valorativas.

Sin duda que la depreciación del signo monetario se produce cuando se expande la base, esa es la devaluación de facto pero la devaluación decretada de jure es menor por lo que el desajuste permanece en relación directa a ese delta (si fuera la que indica el mercado no habría necesidad de la intervención gubernamental).

La segunda medida que acompaña la devaluación es el llamado ajuste que implica podar o recortar gastos sin ir al fondo del problema, es decir, eliminar funciones al efecto de que la política no es traduzca en enormes y, en última instancia, inútiles sacrificios (puesto que si se poda, tarde o temprano la vegetación crece con mayor vigor y estamos a fojas cero y, otra vez, se vuelve a hablar de devaluación y ajuste, y así sucesivamente). Como siempre hay candidatos entusiastas a ser secretarios y ministros, la idea es pasar la tormenta lo más disimuladamente posible para permanecer en el cargo hasta la próxima crisis y así se vuelve a las andadas.

El tercer capítulo se vincula a la transición, o sea, las elaboraciones de cómo pasar de la situación crítica del momento a una de cordura pero lamentablemente basada solo en retoques fiscales y monetarios y no en medidas de fondo que reviertan la situación del estatismo rampante. Es que en la mayor parte de los casos los ejecutores de la transición no comparten la idea de eliminar funciones de algún peso y, en su lugar, generalmente adoptan una inconducente cosmética que estiman más o menos ingeniosa pero sin sustento alguno ya que dejan en pie los ejes centrales de los incentivos y la maquinaria estatista. No comparten la reestructuración de raíz, por más que hablen de presupuesto base cero: cuando revisan las funciones que generan los problemas que atropellan derechos las pasan por alto y las confirman. Naturalmente, con estos criterios, se vuelve a recaer en los mencionados ciclos que cada vez desgastan más y acentúan sus efectos perversos.

En otras oportunidades me he referido en detalle a las funciones que estimo imperioso eliminar, en esta ocasión ilustro lo dicho solo con la necesidad de entender que la transición requiere objetivos de lo contrario no es una transición, es decir, es indispensable saber hacia donde se apunta. Como queda dicho, si se trata de medidas de ajuste se repetirá el ciclo de fracasos, y si se trata de ir al fondo de los problemas eliminando funciones incompatibles con una sociedad abierta, el griterío será descomunal puesto que no existe la comprensión necesaria respecto a las funciones del gobierno. No hay disimulos ni disfraces que puedan cubrir este hecho inexorable.

Lo primero, primero. No hay modo de escapar a la realidad. No puede colocarse el carro delante de los caballos. Primero debe existir una mínima comprensión de la necesidad de que el aparato estatal debe limitarse a sus funciones específicas de proteger la vida, la libertad y la propiedad de los gobernados y dejar de lado todas las funciones que contradicen esas metas. En otros términos, dedicar la máxima energía al debate de ideas y a la educación en general, de lo contrario todas las transiciones terminan en un rotundo fracaso.

No es posible insistir en la descripción de incendios con todas las cifras y gráficos que se quieran si no se mira el foco del fuego y se trabaja en el campo de las ideas para que se comprenda la naturaleza y los efectos devastadores del combustible estatista, como queda dicho, muy especialmente para los más pobres. Es un tema de prioridades: lo primero, primero. No es conducente primero ocuparse del techo y luego de los cimientos. No es que el techo resulte innecesario -la transición- es que primero van los cimientos.

De más está decir que trabajar en la transición y en las ideas de fondo no son incompatibles sino que son complementarias, siempre y cuando se tenga en claro las metas hacia donde apuntará la transición, de lo contrario se trata más bien de un estancamiento o de una repetición: en definitiva, más de lo mismo. Lo desafortunado de este asunto es la gigantesca desproporción entre los profesionales que se ocupan de describir el desastre junto a una supuesta transición sin objetivos de erradicar funciones y, por otro lado, los que se preocupan de las ideas de fondo para que se entienda y acepte una genuina transición hacia la libertad.

No se me escapa que en general se considera una quimera dedicarse a la educación y al debate de ideas de fondo y que son “más prácticas” las faenas políticas, pero por mi parte, al contrario, estimo que nada hay más práctico que despejar telarañas mentales, precisamente para que sea posible articular un discurso político consistente con la sociedad abierta y no forzar la mano con propuestas que si son débiles resultan inconducentes y si van al fondo no pueden aplicarse debido a la superlativa incomprensión reinante. Y tengamos en cuenta que las propuestas “prácticas” en el sentido apuntado son cada vez menos liberales debido al corrimiento en el eje del debate que producen los estatistas que sí trabajan en el terreno educativo siguiendo el consejo del marxista Antonio Gramsci (“cambien la cultura y la educación y el resto se dará por añadidura”). En esta línea argumental y en medio del clima cultural imperante, cada vez serán más políticamente incorrectas las sugerencias liberales.

Los debates sobre políticas de transición son interminables y muy farragosos cuando, como queda dicho, el ojo de la tormenta radica en saber hacia dónde debemos encaminarnos. Con razón ha dicho Séneca que “no hay vientos favorables para el navegante que no sabe hacia dónde se dirige”. No es que haya que abandonar por completo las ideas de transición, se trata de un tema de prioridades, las cuales están enormemente desbalanceadas a favor de las políticas que pretenden desplazarse de un punto a otro sin tener en claro cuál es ese otro. Y lo alarmante es que muchas veces se pretende navegar con las mismas instituciones y políticas que se desea reemplazar sólo que con “funcionarios buenos”. Con eso no vamos a ninguna parte ya que como nos han enseñado autores como Ronald Coase, Douglass North y Harlod Demsetz, el asunto es de incentivos que corresponden a instituciones y no de personas que son en verdad del todo irrelevantes al efecto de lo que venimos considerando.

Veamos entonces a título de ilustración sólo un par de medidas a las que conviene apuntar aunque en la transición no se logre el cometido en todo su significado, por lo menos se abre el camino y se señala el rumbo.

Para comenzar es importante recordar la premisa de la que partieron los padres fundadores en Estados Unidos, dado el notable éxito de operar en un clima de irrestricto respeto recíproco durante una parte sustancial de su historia. Dicha premisa es siempre desconfiar de monopolio de la fuerza que denominamos gobierno puesto que como decía Acton “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. De allí es la insistencia en redoblar los esfuerzos para establecer límites al poder político y tener siempre presente lo reiterado en Norteamérica desde el comienzo y es que “el costo de la libertad es su eterna vigilancia”. En una forma más gráfica lo escrito por Benito Pérez Galdós en 1812 en cuanto a que, en defensa propia y como una mediada precautoria, a los políticos hay que mirarlos como “una manada humana que no aspira más que pastar en el presupuesto” y en el contexto de lo posteriormente enseñado por intelectuales de la talla del premio Nobel en economía James M. Buchanan respecto a que el interés de los políticos es su propio confort, aspecto que constituye el centro del Public Choice. No es que no hayan habido políticos bien intencionados y decentes, esto no resulta relevante a los efectos del sistema que ha mutado de democracia a cleptocracia debido a los incentivos, lo cual hay que corregir a través de mecanismos y procesos como los sugeridos por pensadores de gran calado sobre los cuales he escrito en detalle en otras ocasiones. En todo caso, sin las mencionadas premisas, si la idea es anclarse en el status quo no vale la pena proseguir con lo que expongo a continuación…

Ahora se están estudiando y debatiendo teorías más sofisticadas que apuntan a resolver otros temas y proporcionar otros andamiajes conceptuales en relación al dilema del prisionero, los bienes públicos, la asimetría de la información y la llamada “tragedia de los anticomunes”, pero en esta instancia del proceso de evolución cultural debemos enfrentar los obstáculos que presenta el Leviatán.

Veamos este par de sugerencias anunciadas (ya que una nota periodística no permite desarrollar un programa de gobierno), como un primer paso de las metas antes referidas para ejemplificar y no “hacer la plancha” con la pretensión de administrar las mismas instituciones que provocaron el problema pero con “gente buena”. Es como dice Einstein, no es posible obtener resultados distintos con las mismas recetas (por más bienintencionados que sean los que la llevan a cabo).

Primero, es de vital importancia que se entienda que el fruto del trabajo de la gente está siendo evaporado vía el entrometimiento del aparato estatal en el dinero. Como han explicado tantos premios Nobel en economía como Friedrich Hayek, es necesario independizar la moneda del gobierno. Para citar otro ejemplo, Milton Friedman ha escrito en su última versión de la política monetaria que “la moneda es un asunto demasiado importante para dejarlo en manos de banqueros centrales” (Monetary Mischiefs) y que “llego a la conclusión de que la única manera de abstenerse de emplear la inflación como método impositivo es no tener banco central. Una vez que se crea un banco central, está lista la máquina para que empiece la inflación” (Moneda y desarrollo económico).

Es que los banqueros centrales, por más competentes y decentes que sean, sólo pueden operar en una de tres direcciones: expandir la base monetaria, contraerla o dejarla inalterada. Cualquiera de las tres posibilidades distorsionarán los precios relativos, lo cual se traduce inexorablemente en derroche de capital que, a su vez, implica disminución de ingresos y salarios en términos reales. Y si se dice que la banca central tiene la bola de cristal con la que puede adivinar la cantidad de moneda que la gente hubiera preferido, no hay motivo para intervenir con el consiguiente ahorro de gastos administrativos.

Asimismo, contar con una banca central independiente del poder político tampoco significa nada puesto que los directores se encontrarán frente idéntico dilema. El único modo de eliminar el tema inflacionario es que la gente pueda elegir libremente los activos monetarios con los que llevará a cabo las transacciones, en un contexto en el que se elimina el sistema bancario de reserva fraccional, lo cual replicaría parte de la historia monetaria en la medida en que había libertad para seleccionar mercancías-dinero que eran canjeadas por recibos-billetes en casas de depósito (luego bancos).

Es completamente anacrónico creer que la banca central se establece para “preservar el valor del signo monetario”. Ninguna banca central ha hecho eso. Se trata de extraer recursos coactivamente de la gente. Alan Greenspan, considerado el conservador por excelencia, durante sus 18 años de administración al frente de la Reserva Federal en Estados Unidos, provocó un incremento del 74% en el índice de precios (oficial) y la Argentina, desde que se estableció la banca central en 1935, ha debido sustraer 13 (trece) ceros a su signo monetario. En la misma línea de pensamiento, es menester dejar de lado la sandez de la “soberanía monetaria” que es lo mismo que insistir en la soberanía de la zanahoria.

La segunda medida alude a la cuestión medular de la educación. Hay muchísimo que elaborar en este tema, pero una primera etapa consiste en que los colegios y universidades privadas sean en verdad privadas y no como son actualmente privadas de independencia sin pautas ni imposiciones de ninguna naturaleza.

La educación debe consistir en un proceso abierto de prueba y error en el contexto de un permanente descubrimiento a las nuevas y cambiantes contribuciones. No cabe para nada ministerios o secretarías de educación sino la competencia entre quienes piensan en estructuras curriculares, textos, horarios y demás manifestaciones culturales. Incluso las acreditaciones deben hacerse como antaño por medio de instituciones no gubernamentales que procedan a su vez en competencia como una auditoría cruzada. También es de interés destacar que los fondos públicos no deben bajo ningún concepto financiar casas de estudio privadas. Este es el modo de asegurar la excelencia académica y la independencia.

Más aun, hoy en día constituye una manifestación retrógrada pensar de otra manera en pleno desarrollo del home-schooling, las aulas virtuales para carreras de grado y posgrado y los MOOC en los que se excluye al Gran Hermano y la consiguiente politización de algo tan delicado como la educación. En la vereda de enfrente es natural que primero el marxismo y luego el nacionalsocialismo y el fascismo demanden enfáticamente la implantación de la educación estatal, gratuita y obligatoria (como es sabido lo “gratuito” constituye un despropósito superlativo puesto que todos pagan, especialmente aquellos que nunca vieron una planilla fiscal ya que lo hacen por medio de la reducción de sus salarios debido a la contracción en la inversión que producen los contribuyentes de jure).

En resumen, deben analizarse los procedimientos del momento con espíritu crítico y con mentes despejadas de telarañas y preconceptos al efecto de preservar las autonomías individuales y proteger, sobre todo, a los más débiles económicamente. Es hora de despertar de la modorra y revertir los caminos que permiten el avasallamiento de los derechos individuales.