En esta ocasión quiero abordar tres temas estrechamente vinculados entre si, por lo que es frecuente que se los trate de modo conjunto tal como lo he hecho en otra oportunidad señalando algunos elementos e interrelaciones en parte distintas a las que voy a disecar ahora con la intención de que se digieran mejor.
En primer lugar, la devaluación. Como es sabido, no pocos son los gobiernos que por razones electorales están incentivados a engrosarse. Entre muchos otros, Gordon Tullock en su ensayo The Growth of Government muestra el crecimiento del aparato estatal, especialmente a partir de lo que se ha dado en denominar “el Estado benefactor”, esto es, entregar el fruto del trabajo ajeno como clientelismo y explica la falacia de que el crecimiento del producto bruto interno justifica un Leviatán más adiposo (por ejemplo, el caso de Alemania versus Estados Unidos donde en el primer caso se incrementó el gasto público al aumentar el producto mientras en el segundo se mantuvo estable el gasto gubernamental con mejores resultados en el progreso).
Además, en otros de sus escritos, apunta a que los gastos en seguridad y justicia no justifican para nada los referidos saltos exponenciales que se deben a la incorporación de nuevas funciones gubernamentales (que, por otra parte, el autor revela que aquellas se han tercerizado en alto grado, por ejemplo, en EEUU a través del arbitraje en la Justicia y también la seguridad privada que depende de la fuerza pública). Tullock agrega que otro canal de tentación ha sido la aparición de nuevos tributos. Por su parte, James M. Buchanan se detiene a considerar la influencia malsana de la economía keynesiana en Democracy in Deficit. The Political Legacy of Lord Keynes (en coautoría con Richard E. Wagner).
Naturalmente, estas concepciones estatistas nacen en ámbitos educativos los cuales, solo en raros casos, cuentan con la contracara al efecto de fundamentar las ventajas de adoptar los postulados de la sociedad abierta, especialmente para los más necesitados debido a las tasas de capitalización según las preferencias reveladas en el proceso de mercado.
Entonces, en el contexto descripto al que generalmente se introduce la manipulación del tipo de cambio, el antedicho gasto público después de agotar caminos vía presiones impositivas descomunales y endeudamientos siderales, entran en la zona del déficit que es financiado con inflación monetaria, lo cual, a su vez, desactualiza la relación entre la divisa local y la extranjera que tiende a paralizar el comercio exterior. En lugar de liberar el mercado cambiario se opta por devaluar, a saber, los gobernantes establecen nuevos “precios” que estiman convenientes sin permitir que surjan los indicadores basados en estructuras valorativas.
Sin duda que la depreciación del signo monetario se produce cuando se expande la base, esa es la devaluación de facto pero la devaluación decretada de jure es menor por lo que el desajuste permanece en relación directa a ese delta (si fuera la que indica el mercado no habría necesidad de la intervención gubernamental).
La segunda medida que acompaña la devaluación es el llamado ajuste que implica podar o recortar gastos sin ir al fondo del problema, es decir, eliminar funciones al efecto de que la política no es traduzca en enormes y, en última instancia, inútiles sacrificios (puesto que si se poda, tarde o temprano la vegetación crece con mayor vigor y estamos a fojas cero y, otra vez, se vuelve a hablar de devaluación y ajuste, y así sucesivamente). Como siempre hay candidatos entusiastas a ser secretarios y ministros, la idea es pasar la tormenta lo más disimuladamente posible para permanecer en el cargo hasta la próxima crisis y así se vuelve a las andadas.
El tercer capítulo se vincula a la transición, o sea, las elaboraciones de cómo pasar de la situación crítica del momento a una de cordura pero lamentablemente basada solo en retoques fiscales y monetarios y no en medidas de fondo que reviertan la situación del estatismo rampante. Es que en la mayor parte de los casos los ejecutores de la transición no comparten la idea de eliminar funciones de algún peso y, en su lugar, generalmente adoptan una inconducente cosmética que estiman más o menos ingeniosa pero sin sustento alguno ya que dejan en pie los ejes centrales de los incentivos y la maquinaria estatista. No comparten la reestructuración de raíz, por más que hablen de presupuesto base cero: cuando revisan las funciones que generan los problemas que atropellan derechos las pasan por alto y las confirman. Naturalmente, con estos criterios, se vuelve a recaer en los mencionados ciclos que cada vez desgastan más y acentúan sus efectos perversos.
En otras oportunidades me he referido en detalle a las funciones que estimo imperioso eliminar, en esta ocasión ilustro lo dicho solo con la necesidad de entender que la transición requiere objetivos de lo contrario no es una transición, es decir, es indispensable saber hacia donde se apunta. Como queda dicho, si se trata de medidas de ajuste se repetirá el ciclo de fracasos, y si se trata de ir al fondo de los problemas eliminando funciones incompatibles con una sociedad abierta, el griterío será descomunal puesto que no existe la comprensión necesaria respecto a las funciones del gobierno. No hay disimulos ni disfraces que puedan cubrir este hecho inexorable.
Lo primero, primero. No hay modo de escapar a la realidad. No puede colocarse el carro delante de los caballos. Primero debe existir una mínima comprensión de la necesidad de que el aparato estatal debe limitarse a sus funciones específicas de proteger la vida, la libertad y la propiedad de los gobernados y dejar de lado todas las funciones que contradicen esas metas. En otros términos, dedicar la máxima energía al debate de ideas y a la educación en general, de lo contrario todas las transiciones terminan en un rotundo fracaso.
No es posible insistir en la descripción de incendios con todas las cifras y gráficos que se quieran si no se mira el foco del fuego y se trabaja en el campo de las ideas para que se comprenda la naturaleza y los efectos devastadores del combustible estatista, como queda dicho, muy especialmente para los más pobres. Es un tema de prioridades: lo primero, primero. No es conducente primero ocuparse del techo y luego de los cimientos. No es que el techo resulte innecesario -la transición- es que primero van los cimientos.
De más está decir que trabajar en la transición y en las ideas de fondo no son incompatibles sino que son complementarias, siempre y cuando se tenga en claro las metas hacia donde apuntará la transición, de lo contrario se trata más bien de un estancamiento o de una repetición: en definitiva, más de lo mismo. Lo desafortunado de este asunto es la gigantesca desproporción entre los profesionales que se ocupan de describir el desastre junto a una supuesta transición sin objetivos de erradicar funciones y, por otro lado, los que se preocupan de las ideas de fondo para que se entienda y acepte una genuina transición hacia la libertad.
No se me escapa que en general se considera una quimera dedicarse a la educación y al debate de ideas de fondo y que son “más prácticas” las faenas políticas, pero por mi parte, al contrario, estimo que nada hay más práctico que despejar telarañas mentales, precisamente para que sea posible articular un discurso político consistente con la sociedad abierta y no forzar la mano con propuestas que si son débiles resultan inconducentes y si van al fondo no pueden aplicarse debido a la superlativa incomprensión reinante. Y tengamos en cuenta que las propuestas “prácticas” en el sentido apuntado son cada vez menos liberales debido al corrimiento en el eje del debate que producen los estatistas que sí trabajan en el terreno educativo siguiendo el consejo del marxista Antonio Gramsci (“cambien la cultura y la educación y el resto se dará por añadidura”). En esta línea argumental y en medio del clima cultural imperante, cada vez serán más políticamente incorrectas las sugerencias liberales.