Como es sabido, el ingreso no consumido es ahorro y el destino exclusivo del ahorro es la inversión. Estos dos últimos conceptos son correlativos e imposibles de escindir. Incluso cuando se ahorra en dinero se está invirtiendo, en este caso guardando efectivo. En todos los casos, la inversión tiene lugar porque se estima que el valor futuro será mayor que el valor presente. El ahorrar bajo el colchón, manteniendo los demás factores constantes, es lo que ocurre: al retirar parte del dinero de la circulación habrá menor cantidad de moneda persiguiendo la misma cantidad de bienes y servicios por lo que los precios  tenderán  a bajar que es lo mismo que decir que el poder adquisitivo de la unidad monetaria aumenta.

Se ha dicho equivocadamente que la inversión solo alude a que como resultado se incrementa la producción de bienes materiales, pero de lo que trata es de producción de valores no necesariamente materiales. Si alguien invierte sus ingresos no consumidos en un mirador desde donde disfruta de puestas de sol, ese es su rentabilidad y así sucesivamente. Si la gente prefiere la riqueza a la pobreza, la inversión primero se canalizará hacia la producción de bienes materiales con rentas también materiales para después eventualmente gozar de los culturales y espirituales.

Entonces, la inversión inexorablemente se refiere a las preferencias subjetivas donde, como queda dicho, se estiman mayores valores en el futuro que en el presente. Es naturalmente un proceso sujeto a las apreciaciones individuales, lo cual no es incompatible con que un grupo de personas reunidas en una empresa formal o no decidan distintos tipos de inversiones según los procedimientos establecidos en sus respectivos  estatutos o acuerdos.

Ahora bien, lo que carece de todo sentido es denominar “inversión” a lo realizado contra la voluntad de los titulares de los recursos. Si una persona le arranca la billetera a un transeúnte y le dice que invertirá lo robado en algo comunitario que el dueño no desea, evidentemente lo menos que puede decirse es que se está utilizando mal el término inversión.

Cuando el aparato estatal decreta la imposición de nuevos gravámenes y se los denomina “ahorro forzoso” tal como ocurrió durante el gobierno argentino de Raúl Alfonsín, se trata de una desfiguración mayúscula del lenguaje. No hay tal cosa como ahorro forzoso puesto que el ingreso no consumido es por su naturaleza voluntario, realizado con recursos propios para destinarlo a inversiones en rubros elegidos y preferidos por el dueño de los fondos.

En la misma línea argumental, la llamada “inversión pública” no es inversión puesto que no procede de estimaciones libres y voluntarias de los titulares respecto a la antedicha relación valor presente-valor futuro en rubros elegidos concretamente y en cada caso por ellos. Técnicamente se trata de gastos públicos. Nada se gana con sostener que la comunidad se beneficiará durante un período largo de tiempo con carreteras dado que si la gente hubiera podido disponer del fruto de su trabajo lo hubiera destinado a otras áreas y destinos (y si lo hubiera destinado a invertir en carreteras, la intromisión gubernamental se torna superflua con gastos administrativos inútiles).

Decimos que se trata de gastos públicos que pueden ser corrientes o en activos fijos, pero por las razones apuntadas resulta impropio recurrir a un término como la inversión que significa otra cosa completamente distinta.

Dicho sea al pasar, en este plano de discusión no estoy pronunciándome por determinado sistema para la construcción y operación de las carreteras (lo cual he hecho en otras oportunidades, por ejemplo, en mi libro Las oligarquías reinantes. Discurso sobre el doble discurso, Buenos Aires, Editorial Atlántida, 1999), en esta ocasión me circunscribo a elaborar sobre el concepto de inversión.

No resulta convincente que a una persona que atribuye prioridad y urgencia a la operación de cataratas de su madre, el gobierno le succione esos ingresos disponibles para “invertir” en carreteras alegando que le hará bien. A estos efectos lo dicho no discute que los aparatos estatales construyan carreteras; solo estamos destacando que no se trata de inversiones sino de gastos públicos en activos fijos como contabilización y clasificación en las cuentas nacionales.

Sin duda Keynes ha influido decisivamente en la generalización de la idea de la  “inversión pública”. Especialmente aunque no exclusivamente en su Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero este autor tiende a menospreciar el ahorro y a estimular y ponderar la “inversión” proveniente del gobierno la cual mantendría el pleno empleo aun a costa del déficit fiscal financiado con emisión monetaria, lo cual no solo desconoce el hecho de que se trata de una traslación de la fuerza laboral del sector privado al público con salarios nominales más altos pero menores en términos reales debido a los procesos inflacionarios, sino que la susodicha “inversión” detrae recursos de las áreas productivas.

Ya he comentado antes la peculiar noción keynesiana de un supuesto multiplicador que tendría lugar si el gobierno “invierte”. Disculpe el lector por el siguiente galimatías pero es lo que dice Keynes. Antes hemos escrito que sostiene que si el ingreso es de 100, el consumo 80 y el ahorro 20, cuando el aparato estatal “invierte”, por ejemplo, 4 se genera un “efecto multiplicador” ya que se convertiría en 20 puesto que 100 dividido por 20 da por resultado 5 y 5 multiplicado por 4 es 20. Realmente no se comprende el razonamiento que ni Keynes ni ningún keynesiano aclaró nunca. Sin embargo, queda mucho más clara y precisa su exposición en  la misma obra cuando sostiene que “la prudencia financiera está expuesta a disminuir la demanda global y, por tanto, a perjudicar el bienestar” y, sobre todo, cuando concluye que debe apuntarse a “la eutanasia del rentista y, por consiguiente, la eutanasia del poder de opresión acumulativo de los capitalistas para explotar el valor de escasez del capital”.

Nuevamente reitero lo citado también con anterioridad sobre lo escrito por el propio Keynes quien reconoce la filiación de sus propuestas, lo cual ha sido mencionado por el premio Nobel en economía F. A. Hayek en “The Keynes Centenary: The Austrian Critique”, The Economist, junio 11 de 1983, (recopilado en The Collected Works of  F. A. Hayek, en el volumen IX titulado Contra Keynes and Cambridge, Chicago, The University of Chicago Press, 1995). Así, en el prólogo que redactó Keynes para la edición alemana del libro mencionado, en 1936, en plena época nazi, escribió: “La teoría de la producción global, que es la meta del presente libro, puede aplicarse mucho mas fácilmente a las condiciones de un Estado totalitario que la producción y distribución de un determinado volumen de bienes obtenido en condiciones de libre concurrencia y un grado considerable de laissez-faire”.

Es muy común el mantener que como políticas anticíclicas o contracíclicas, el gobierno debe incrementar su gasto -muchas veces descripto como inversión- en épocas de recesión, sin percatarse que esto solo agudiza la mala situación económica puesto que se incrementa la succión de recursos del sector productivo. Es que en estos procesos no hay magia posible, la receta para maximizar el progreso consiste en contar con marcos institucionales civilizados que garanticen los derechos de las personas al efecto de liberar energía creadora.

También la peregrina idea de que la inversión privada es improductiva constituye parte de la fundamentación de la llamada “inversión pública” a los efectos de “hacerla productiva”, formulación que viene de los mercantilistas del siglo XVI y que se sigue repitiendo como si fuera una originalidad popularizada luego por Thorstein Veblen y más adelante por John Kenneth Galbraith. Este último autor insistió en que las inversiones de los particulares no son en necesidades reales puesto que están manipuladas por la publicidad ni son productivas porque el sujeto aislado no tiene la visión de conjunto que tienen los planificadores del gobierno. Sin duda, que Galbraith no considera irreal la compra de su best-seller La sociedad opulenta ni contempla que son precisamente los precios de mercado los que permiten coordinar información y conocimiento disperso, una situación que es dislocada una y otra vez cuando los megalómanos pretenden dirigir vidas y haciendas ajenas.

En resumen, la naturaleza de la inversión se asimila a lo subjetivo y voluntario en el contexto de la estimación de valores presentes y futuros, es por ende impropio aludir a la inversión pública o forzosa como lo sería aludir al amor forzoso. En nada cambia lo dicho si las mayorías en las legislaturas votan “inversiones públicas” puesto que el número no modifica la realidad. Siempre recuerdo que en la Convención Constituyente en Santa Fe (Argentina) de donde surgió la Carta Magna provincial en 1921, los constituyentes se embarcaron en una discusión paralela sobre la existencia de Dios, tema que fue sometido a votación en el recinto… la cual se pronunció por la negativa.

De cualquier manera, salvo muy honrosas excepciones de aquellos que por el momento no tienen posibilidad de estar bien posicionados en una carrera electoral, en última instancia, la llamada oposición no es tal.

Decimos esto porque en las reiteradas declaraciones los supuestos opositores revelan su disgusto por los modales, la arrogancia y el espíritu confrontativo del actual gobierno pero, en la práctica, adhieren con entusiasmo al eje central de las medidas adoptadas. Esto se ha mostrado una y otra vez en muy diversas circunstancias.

Estimo que esto puede ilustrarse con algo observado esta semana en los medios. No quiero hacer nombres propios puesto que la batalla cultural debe debatirse en el plano de las ideas y no en el plano personal. Fue en un programa televisivo de gran audiencia y el entrevistado era un político muy relevante de un partido tradicional. 

El conductor abrió el programa preguntándole al personaje de marras que opinaba de lo que había dicho la titular del Poder Ejecutivo en cuanto a lo que esperaba se preserve de su legado y enumeró algunas de sus medidas. El político entrevistado dijo con énfasis que la lista que detalló la mandataria le pareció corta y que podía alargar a ese racconto otras medidas “pero con la condición de que sean bien administradas y no haya corrupción”.

Como este artículo no es solo para argentinos, ilustraré lo dicho con un ejemplo que será comprendido por todos y, además, si tuviera que analizar todos los puntos mencionados en esa entrevista necesitaría mucho más espacio del que brinda una nota periodística. El ejemplo alude a la estatización de Aerolíneas Argentinas como “línea de bandera” que actualmente arroja pérdidas diarias millonarias. A esto se refirió el entrevistado: sostuvo que le parecía muy bien la estatización de la empresa de aeronavegación puesto que el país no debía renunciar a la soberanía pero, como queda dicho, “bien administrada”.

Con esto queda claro que no se ha entendido nada de nada. En primer lugar, empresa estatal constituye una contradicción en términos. Una empresa no es un simulacro o un pasatiempo: o se asuenen riesgos con patrimonios propios y se gana o se pierde según se satisfaga o no las necesidades del prójimo, o se está ubicado en una entidad política que asigna recursos fuera de los rigores del mercado, es decir, según criterios de la burocracia del momento.

En segundo término, esa entidad política, mal llamada empresa estatal, inexorablemente significa en el momento de su constitución un derroche de capital, esto es, habrá utilizado los recursos en una forma distinta de lo que lo hubieran hecho sus titulares, lo cual, a su vez, se traduce en reducción de salarios e ingresos en términos reales puesto que éstos dependen de las tasas de capitalización. Entonces, por la naturaleza misma de este burdo simulacro, no puede estar “bien administrada”… y, a raíz de estas declaraciones grandilocuentes, recordemos al pasar que “entre lo sublime y lo ridículo hay solo un paso”.

Tercero,  si se sostiene que la entidad política de marras no hará daño porque “compite” con empresas de igual ramo, debe aclararse que no hay tal cosa ni puede haberlo. Esto es así porque la entidad política, por definición, cuenta con privilegios de muy diversa naturaleza y si se contra-argumenta que se prohibirán los privilegios y que, por tanto, habrá genuina competencia, debe responderse que, entonces, no tiene ningún sentido que dicha entidad opere en el ámbito político y que, para probar el punto de la real competencia el único modo es competir, es decir, zambullirse en el mercado con todos los antedichos rigores.

Cuarto, si se señala que esa entidad arroja ganancias y presta buenos servicios debe puntualizarse que -si los balances están bien confeccionados y no adolecen de la denominada “contabilidad creativa” llena de fraudes- y exhibe beneficios netos, la pregunta debe estar dirigida a indagar si las tarifas correspondientes no estarán demasiado altas. El único modo de conocer el nivel de tarifas reales es en el contexto del proceso de mercado. En esta misma línea argumental, por ello es que la proliferación de entidades políticas del tipo de las que venimos comentando necesariamente distorsionan precios. Y como los precios son los únicos indicadores en el mercado, su desfiguración redunda en contabilidades irreales, las cuales bloquean la posibilidad de cálculo económico.

En cuanto a que “el servicio es bueno”, la conclusión carece de base se sustentación ya que el tema central radica en visualizar cuáles son los sectores que la gente hubiera preferido si no se hubieran esterilizado sus recursos en la prestación de un servicio o la producción de un bien que, dadas las circunstancias, no es prioritario a los ojos de los consumidores.

Quinto, el tan vapuleado tema sobre la conveniencia de constituir las entidades políticas bajo el disfraz de empresa debido a que se trata de sectores estratégicos o vitales es autodestructivo ya que cuanto más estratégico y vital el sector, mayores son las razones que funcionen bien. Es cierto que desafortunadamente en ciertos países avanzados existen algunas empresas estatales para mal de sus habitantes, pero esta política se diluye entre muchas otras de corte civilizado. En nuestro caso, en cambio, se acumulan esperpentos.

Y, por último, sexto, como se ha señalado, la soberanía es aplicable solo a los individuos como indicación de sus derechos inalienables que son superiores y anteriores a la misma existencia del gobierno, aparato cuya misión en una sociedad abierta es velar por su protección y garantía. La “soberanía” de la zanahoria, de un avión, de un dique o de un trozo de tierra es tan estúpido que no resiste análisis serio. En realidad hay un estrecho correlato entre la lesión de derechos y la tan cacareada “soberanía” de las cosas y los artefactos.

Y, de más está decir, no se trata de insinuar que en el sector privado están los “buenos” y en el gubernamental los “malos”, muy lejos de ello, se trata nada más y nada menos que de los incentivos: la forma en que se enciende la luz y se toma café en una repartición estatal es muy distinta de lo que ocurre en una empresa privada.

¡Ah no! se exclama, aun admitiendo todo lo demás, lo que quiere la oposición es una buena calidad institucional. Pero es que si se admite lo demás, no hay forma de contar con marcos institucionales civilizados ¿o es que cuentan con que el Poder Judicial dictará la inconstitucionalidad de todas las medidas estatistas “bien administradas” que suscriben?

Con esto no quiero cargar excesivamente las tintas contra la supuesta oposición, solo muestro la coincidencia con el eje central de lo que viene sucediendo descartando los modales, la soberbia y el espíritu confrontativo.

Tampoco quiero cargar las tintas por otro motivo más de fondo y es que los políticos fuera del gobierno tampoco pueden recurrir a un discurso que la opinión pública no puede digerir puesto que convengamos que propuestas alberdianas hoy en la Argentina (aludiendo al autor intelectual de nuestra Constitución fundadora, Juan Bautista Alberdi) serían masivamente rechazadas y repudiadas.

Por esto, como resumen de esta nota, enfatizo una vez más en la imperiosa necesidad de preocuparse y ocuparse de la educación y el debate abierto de ideas como único camino para permitir que los políticos del futuro puedan articular un discurso compatible con la libertad. Un estatismo sin corrupción sigue generando todos los daños del estatismo aun sin caer en la indecencia y la desfachatez del robo desde las instancias encargadas de velar por los derechos de la gente.

Para terminar, lo voy a parafasear a mi estimadísmo James Buchanan en las últimas líneas de su libro (con Richard Wagner) dedicado a criticar las propuestas clave de Keynes: ¿estará próximo el día en que elijamos el sentido común del liberalismo y transitaremos “el camino menos frecuentado” que se consigna en los célebres versos de Robert Frost, o insistiremos en la senda más recorrida de la pobreza colectiva?

En primer lugar, la devaluación. Como es sabido, no pocos son los gobiernos que por razones electorales están incentivados a engrosarse. Entre muchos otros, Gordon Tullock en su ensayo The Growth of Government muestra el crecimiento del aparato estatal, especialmente a partir de lo que se ha dado en denominar “el Estado benefactor”, esto es, entregar el fruto del trabajo ajeno como clientelismo y explica la falacia de que el crecimiento del producto bruto interno justifica un Leviatán más adiposo (por ejemplo, el caso de Alemania versus Estados Unidos donde en el primer caso se incrementó el gasto público al aumentar el producto mientras en el segundo se mantuvo estable el gasto gubernamental con mejores resultados en el progreso).

Además, en otros de sus escritos, apunta a que los gastos en seguridad y justicia no justifican para nada los referidos saltos exponenciales que se deben a la incorporación de nuevas funciones gubernamentales (que, por otra parte, el autor revela que aquellas se han tercerizado en alto grado, por ejemplo, en EEUU a través del arbitraje en la Justicia y también la seguridad privada que depende de la fuerza pública). Tullock agrega que otro canal de tentación ha sido la aparición de nuevos tributos. Por su parte, James M. Buchanan se detiene a considerar la influencia malsana de la economía keynesiana  en Democracy in Deficit. The Political Legacy of Lord Keynes (en coautoría con Richard E. Wagner).

Naturalmente, estas concepciones estatistas nacen en ámbitos educativos los cuales, solo en  raros casos, cuentan con la contracara al efecto de fundamentar las ventajas de adoptar los postulados de la sociedad abierta, especialmente para los más necesitados debido a las tasas de capitalización según las preferencias reveladas en el proceso de mercado.

Entonces, en el contexto descripto al que generalmente se introduce la manipulación del tipo de cambio, el antedicho gasto público después de agotar caminos vía presiones impositivas descomunales y endeudamientos siderales, entran en la zona del déficit que es financiado con inflación monetaria, lo cual, a su vez, desactualiza la relación entre la divisa local y la extranjera que tiende a paralizar el comercio exterior. En lugar de liberar el mercado cambiario se opta por devaluar, a saber, los gobernantes establecen nuevos “precios” que estiman convenientes sin permitir que surjan los indicadores basados en estructuras valorativas.

Sin duda que la depreciación del signo monetario se produce cuando se expande la base, esa es la devaluación de facto pero la devaluación decretada de jure es menor por lo que el desajuste permanece en relación directa a ese delta (si fuera la que indica el mercado no habría necesidad de la intervención gubernamental).

La segunda medida que acompaña la devaluación es el llamado ajuste que implica podar o recortar gastos sin ir al fondo del problema, es decir, eliminar funciones al efecto de que la política no es traduzca en enormes y, en última instancia, inútiles sacrificios (puesto que si se poda, tarde o temprano la vegetación crece con mayor vigor y estamos a fojas cero y, otra vez, se vuelve a hablar de devaluación y ajuste, y así sucesivamente). Como siempre hay candidatos entusiastas a ser secretarios y ministros, la idea es pasar la tormenta lo más disimuladamente posible para permanecer en el cargo hasta la próxima crisis y así se vuelve a las andadas.

El tercer capítulo se vincula a la transición, o sea, las elaboraciones de cómo pasar de la situación crítica del momento a una de cordura pero lamentablemente basada solo en retoques fiscales y monetarios y no en medidas de fondo que reviertan la situación del estatismo rampante. Es que en la mayor parte de los casos los ejecutores de la transición no comparten la idea de eliminar funciones de algún peso y, en su lugar, generalmente adoptan una inconducente cosmética que estiman más o menos ingeniosa pero sin sustento alguno ya que dejan en pie los ejes centrales de los incentivos y la maquinaria estatista. No comparten la reestructuración de raíz, por más que hablen de presupuesto base cero: cuando revisan las funciones que generan los problemas que atropellan derechos las pasan por alto y las confirman. Naturalmente, con estos criterios, se vuelve a recaer en los mencionados ciclos que cada vez desgastan más y acentúan sus efectos perversos.

En otras oportunidades me he referido en detalle a las funciones que estimo imperioso eliminar, en esta ocasión ilustro lo dicho solo con la necesidad de entender que la transición requiere objetivos de lo contrario no es una transición, es decir, es indispensable saber hacia donde se apunta. Como queda dicho, si se trata de medidas de ajuste se repetirá el ciclo de fracasos, y si se trata de ir al fondo de los problemas eliminando funciones incompatibles con una sociedad abierta, el griterío será descomunal puesto que no existe la comprensión necesaria respecto a las funciones del gobierno. No hay disimulos ni disfraces que puedan cubrir este hecho inexorable.

Lo primero, primero. No hay modo de escapar a la realidad. No puede colocarse el carro delante de los caballos. Primero debe existir una mínima comprensión de la necesidad de que el aparato estatal debe limitarse a sus funciones específicas de proteger la vida, la libertad y la propiedad de los gobernados y dejar de lado todas las funciones que contradicen esas metas. En otros términos, dedicar la máxima energía al debate de ideas y a la educación en general, de lo contrario todas las transiciones terminan en un rotundo fracaso.

No es posible insistir en la descripción de incendios con todas las cifras y gráficos que se quieran si no se mira el foco del fuego y se trabaja en el campo de las ideas para que se comprenda la naturaleza y los efectos devastadores del combustible estatista, como queda dicho, muy especialmente para los más pobres. Es un tema de prioridades: lo primero, primero. No es conducente primero ocuparse del techo y luego de los cimientos. No es que el techo resulte innecesario -la transición- es que primero van los cimientos.

De más está decir que trabajar en la transición y en las ideas de fondo no son incompatibles sino que son complementarias, siempre y cuando se tenga en claro las metas hacia donde apuntará la transición, de lo contrario se trata más bien de un estancamiento o de una repetición: en definitiva, más de lo mismo. Lo desafortunado de este asunto es la gigantesca desproporción entre los profesionales que se ocupan de describir el desastre junto a una supuesta transición sin objetivos de erradicar funciones y, por otro lado, los que se preocupan de las ideas de fondo para que se entienda y acepte una genuina transición hacia la libertad.

No se me escapa que en general se considera una quimera dedicarse a la educación y al debate de ideas de fondo y que son “más prácticas” las faenas políticas, pero por mi parte, al contrario, estimo que nada hay más práctico que despejar telarañas mentales, precisamente para que sea posible articular un discurso político consistente con la sociedad abierta y no forzar la mano con propuestas que si son débiles resultan inconducentes y si van al fondo no pueden aplicarse debido a la superlativa incomprensión reinante. Y tengamos en cuenta que las propuestas “prácticas” en el sentido apuntado son cada vez menos liberales debido al corrimiento en el eje del debate que producen los estatistas que sí trabajan en el terreno educativo siguiendo el consejo del marxista Antonio Gramsci (“cambien la cultura y la educación y el resto se dará por añadidura”). En esta línea argumental y en medio del clima cultural imperante, cada vez serán más políticamente incorrectas las sugerencias liberales.