Al hacer desaparecer instituciones que sirven para atropellar derechos individuales, se libera a las personas para que administren lo que es de cada cual. Sostener que no se debe dejar las cosas a la “anarquía del mercado” es no comprender que el mercado somos todos los que votamos diariamente con nuestras compras y abstenciones de comprar. No es que la disyuntiva sea el aparato estatal que decide por nosotros lo que nos pertenece o la anarquía, sino que la alternativa es que cada uno dirija lo suyo como juzgue mejor. De este modo, tendrá vigencia la Justicia como el “dar a cada uno lo suyo” y desaparecerán la mayor parte de las reparticiones oficiales que no solo son inútiles, sino contraproducentes (como el tragicómico Ministerio de Economía, en lugar de una secretaría de finanzas públicas, puesto que no puede controlarse la economía, el Ministerio de Educación, que pretende controlar el pensamiento a través de pautas y reglamentaciones varias, pero que debiera reemplazarse por acreditaciones de instituciones privadas locales e internacionales que en competencia realizan auditorías cruzadas al efecto de lograr la mayor excelencia posible, para no decir nada de los ministerios de Bienestar Social y equivalentes que producen malestar con recursos detraídos coactivamente del fruto del trabajo ajeno). Eliminar reparticiones, es decir, liberar recursos para engrosar los bolsillos de la gente, nunca podar funcionarios, de lo contrario, igual que la jardinería, luego crecen con más fuerza.

Lo que ha venido ocurriendo en las últimas largas décadas consiste básicamente en ocultar la acumulación de poder junto con irregularidades superlativas que para nada se condicen son el sistema republicano bajo la máscara hipócrita de proteger a los más necesitados, cuando justamente son los más perjudicados frente a aparatos estatales avasalladores.

En cada punto no me extenderé en los fundamentos, puesto que, por una parte, ya lo he hecho en libros, ensayos y artículos anteriores y, por otra, el espacio de una nota periodística no lo permite.

1. Establecer un sistema basado en severas limitaciones al Poder Legislativo como encargado de actos administrativos y no para legislar sobre aquello que es fruto de un proceso abierto de descubrimiento en un contexto evolutivo y no de diseño e ingeniería social, tal como lo explican juristas de la talla de Bruno Leoni. En el Poder Judicial, fortalecer la carrera de jueces y fiscales (para no solo condenar a ladrones de gallinas, sino también a corruptos en el Gobierno y peces gordos tramposos en el sector privado) y, por otra parte, abrir la posibilidad de arbitrajes fuera del ámbito oficial, donde en las relaciones contractuales las partes establecen quiénes resolverán los eventuales conflictos en las diversas instancias. Y el Ejecutivo electo a través de sorteos, como sugirió Montesquieu, con lo que los incentivos se encaminarán hacia la necesidad de protección de vidas y propiedades, dado que cualquiera puede ejercer el cargo, que, además, estará compuesto por un triunvirato tal como se propuso en la Convención Constituyente estadounidense.

2. Eliminar todas las embajadas y dejar un consulado en cada país, cargos que se justificaban en la época de las carretas al efecto de prevenir algún conflicto que debido a comunicaciones precarias no podía encararse por teleconferencias y otros canales modernos. Hoy los palacios y los séquitos no se justifican, al tiempo que se reducen privilegios que otorgan pasaportes diplomáticos y similares.

3. Liquidar la banca central y el curso forzoso como causantes principales del saqueo de patrimonios. Cuando la llamada “autoridad monetaria” decide expandir, contraer o dejar la masa monetaria inalterada, siempre se alteran precios relativos, lo cual, a su turno, se traduce en consumo de capital y su correlato: la disminución de salarios e ingresos en términos reales. Al mismo tiempo, dejar sin efecto el sistema de reserva fraccional en la banca y establecer el free banking en rubros que operan como cuentas corrientes (los depósitos a plazo y equivalentes naturalmente no requieren exigencias de efectivo mínimo, puesto que no generan producción secundaria y exógena de dinero).

4. Poner en venta al mejor postor todos los bancos estatales,puesto que inexorablemente significan derroche de los siempre escasos recursos, ya que “crédito barato” significa que otros están obligados a pagar la diferencia.

5. Poner también en venta todas las llamadas empresas estatales, puesto que su misma constitución implica asignar factores de producción en sectores distintos de lo que hubiera decidido la gente (y si hubiera sido en la misma dirección, es superflua la intromisión estatal). Y es menester tener en cuenta que cuanto más estratégica y vital el área más importante es que funcione bien, que cuando algo es “de todos”, no es de nadie (la conocida “tragedia de los comunes” que hace, entre tantas cosas, que la forma en que se toma café y se encienden las luces no es la misma en una entidad estatal que en una empresa privada). El asunto es que las empresas deben estar sometidas a lo que opina de ellas la gente, lo cual se pone en evidencia a través del cuadro de resultados: El que da en la tecla en las preferencias del prójimo gana y el que yerra incurre en quebrantos. Asimismo, a efectos de preservar la tan indispensable libertad de prensa, debe venderse el espectro electromagnético para sortear la figura de “la concesión” que significa el tener al Gobierno permanentemente como una espada de Damocles.

6. Salvo las estadísticas que consignan la administración de ingresos y egresos que hacen a las finanzas públicas, todas las demás deben delegarse en universidades y entidades privadas que, en competencia y ejerciendo auditorías cruzadas, harán las tareas correspondientes y siempre con base en datos que la gente considere relevantes. En esta misma línea argumental, todas las oficinas del Ejecutivo que no traten de organismos de control y otros entes autárquicos deberán concentrarse en la casa de gobierno, por lo que se liquidarían todos los inmuebles fastuosos que actualmente se utilizan como consecuencia de funcionarios que desempeñan tareas que nada tienen que ver con la protección de derechos y la administración austera y transparente de un sistema republicano.

7. Todos los aranceles y las tarifas aduaneras deben erradicarse para que la gente pueda comprar más barato y de mejor calidad, lo cual implica menor erogación por unidad de producto, que, a su vez, significa mejor nivel de vida. Debe rechazarse la conocida falacia de la industria incipiente como una mala excusa de seudoempresarios que apuntan a ser protegidos de la competencia exterior (o en su caso interior). Si es verdad que se concibe un proyecto redituable que más que compense las pérdidas iniciales debido a la poca experiencia en el ramo, este proyecto se venderá en el mercado para que se hagan cargo los empresarios interesado y no endosar la carga sobre las espaldas de la gente. Si nadie en el orbe lo compra, es por uno de dos motivos: O el proyecto es un cuento chino, o, siendo rentable, se estima que hay otros proyectos que son más redituables y, como no puede hacerse todo al mismo tiempo, el proyecto de marras debe esperar o descartarse. Por otra parte, nuevas tecnologías y productos más baratos liberan recursos humanos y materiales para destinarlos a la producción de otros bienes y servicios. En esto consiste el progreso, cada persona trabajando en una empresa intenta imaginar nuevos y mejores procesos, lo cual genera transiciones y cambios permanentes. Ese fue el caso, por ejemplo, del “hombre de la barra de hielo” antes del refrigerador o el fogonero antes de las locomotoras diesel. El denominado gradualismo implica la pretensión -oculta bajo figura del derecho adquirido- de demandar un derecho contra el derecho, por lo que, de modo gradual, se siguen lesionando derechos.

8. Abrir el mercado laboral abrogando la legislación que contempla la figura fascista de la personería gremial, si es que se hubiera comprendido que la única causa de salarios más elevados son las tasas crecientes de capitalización que hacen imposible conseguir trabajo manual e intelectual por debajo de esa marca. Esa es la explicación, por ejemplo, por la que en países de altas tasas de capitalización en gran medida no existe tal cosa como servicio doméstico, ya que el ser humano es empleado en tareas de mayor productividad.

9. Contar con impuestos reducidos para cumplir con las tareas de seguridad y justicia que implica castigar el fraude, el engaño y la trampa, reemplazando todas las cargas tributarias por el impuesto al valor agregado -que, por un lado, permite reducir controles por el sistema de impuestos a cargo e impuestos a favor y, por otro, cubre toda la base impositiva- y también por un impuesto territorial (siempre proporcional) que abarca a los que tienen propiedades a las que debe vigilarse, pero sus propietarios se encuentran en el extranjero, excluyendo así el principio de nacionalidad (o de voracidad fiscal). Establecer un federalismo fiscal donde las provincias coparticipen al Gobierno central y aquellas recauden para todos los fines que no sean defensa nacional y relaciones exteriores (que junto con los gastos que requiera la administración es jurisdicción del Gobierno central). Esta perspectiva hará que en los Gobiernos provinciales los incentivos se ubiquen en función de contar con una presión tributaria razonable para que la gente no se mude a otra provincia y para atraer inversiones (gravámenes reducidos que a su vez se traducen en gastos reducidos).

10. En este contexto, debe prohibirse la deuda pública externa por ser incompatible con la democracia, ya que compromete patrimonios de futuras generaciones que no han participado en la elección del Gobierno que contrajo la deuda, todo lo cual se vincula a las mal llamadas “inversiones públicas” (en verdad gastos en activos fijos para distinguirlos de los gastos corrientes), puesto que la inversión es inseparable del juicio subjetivo de titulares en cuanto a valor futuro y valor presente, lo cual por su naturaleza no puede ser forzosa. Esto significa la privatización de los servicios de infraestructura (por otra parte, en manos estatales es el mayor foco de corrupción), lo cual eventualmente traslada la deuda al sector privado y no a la deuda pública interna (además, no hay en este programa posibilidad de adelantos a la tesorería por parte de la banca central en este contexto inexistente).

Hay mucho más que decir sobre un programa político para el año verde, puesto que por razones de espacio no se han mencionado territorios de gran relevancia, pero baste con lo dicho como una introducción telegráfica para pensar y debatir.

Como queda expresado, todo esto dependerá de la educación en defensa de una sociedad abierta. Nada es automático. No es una faena para timoratos ni para los fanáticos del statu quo. El coraje de hombres como Karl Marx con su perseverancia produjeron un enorme corrimiento en el eje del debate en cuando a valores y principios. No siempre los que se denominan liberales -más bien conservadores- han tenido ni tienen ese coraje y se circunscriben a aceptar lo digerible al momento, pero les ocurre que en la etapa siguiente, con esa estrategia, se ven obligados a retroceden nuevamente, puesto que no han hecho nada por marcar la agenda, sino que se las establecen quienes son contrarios a la sociedad libre.

En otros términos, sin perjuicio de otros debates fértiles sobre el futuro, en esta instancia del proceso de evolución cultural, al efecto de avanzar hacia una sociedad abierta, se necesita una educación que elimine candados mentales que no permiten visualizar las grandes ventajas de vivir en libertad, es decir, de subrayar la importancia del respeto recíproco. Hoy parece para el año verde, pero cuanto antes mejor.

Son muchos las destacadas personalidades de muy diversos rincones que se muestran grandemente preocupadas por la situación venezolana. Mario Vargas Llosa acaba de concluir también, esta vez en la Universidad de Alicante, que “el país [Venezuela] se va deshaciendo por sus políticas” a lo que sumó el magnífico artículo titulado “La Venezuela que dejó al desnudo Felipe”. Por mi parte, quiero ahora introducir otro aspecto a las referencias de la catástrofe venezolana como las apuntadas, para marcar la necesidad de una revisión y corrección de la brutal desfiguración del concepto de democracia.

En Venezuela claro que la situación es extrema: atropellos al Poder Judicial, a todos los organismos de contralor y a los mismos tribunales electorales se agregan al ataque más despiadado a la libertad de prensa, a las crecientes detenciones a opositores, a la politización de las fuerzas armadas, a los controles de precios, a las reiteradas confiscaciones, a la inflación galopante, al crecimiento sideral del gasto público, al déficit fiscal incontrolable y otras tantas tropelías, hacen que la vida de los venezolanos se torne insoportable en medio de persecuciones y la escasez más despiadada de lo elemental para sobrevivir.

Esta lamentable situación de quienes son empleados del régimen carcelario cubano, nos tiene que llamar a la reflexión sobre el verdadero significado de la democracia que, en el caso que nos ocupa, se alega para cometer todo tipo de desmanes. No es aceptable bajo ningún punto de vista, puesto que constituye un insulto a la inteligencia, el considerar un sistema como el descripto como si fuera “democrático”, cuando en verdad se trata de cleptocracia, a saber, el gobierno de ladrones de libertades, de propiedades y de sueños de proyectos de vida.

Sin llegar a estos extremos venezolanos, hay síntomas peligrosos en Grecia, en España y en muchos lugares antes insospechados en el continente americano y en el europeo (además de los casos mencionados). Por tanto, es imperioso pensar y proponer nuevos límites al Leviatán antes que resulte demasiado tarde.

Se han propuesto reformas constitucionales con la intención de ponerle coto a extralimitaciones groseras, se han sugerido modificaciones en el sistema electoral y otras equivalentes pero la situación es de tal gravedad que se requieren cambios más radicales para interponer vallas al atropello constante a los derechos individuales. No resulta congruente esperar resultados distintos recurriendo a las mismas recetas que condujeron al problema. No puede esperarse un milagro.

Sin duda que la educación es clave puesto que es improbable que se busquen mecanismos que defiendan derechos si no se cree en ellos. Son en realidad dos brazos de un mismo proceso: incentivos para la autoprotección y sistemas educativos que trasmitan los valores y principios de una sociedad abierta.

Sin embargo, en líneas generales, no se observa que se pongan manos a la obra  mientras se sigue consumiendo tiempo en debates sobre candidatos en la próxima contienda electoral, situaciones más o menos irrelevantes de la coyuntura y equivalentes.

Ya hemos dicho en varias oportunidades que existen tres propuestas de gran calado para mitigar y frenar los avances del monopolio de la fuerza sobre las autonomías individuales, como lo son las de Hayek para el Poder Legislativo, la de Bruno Leoni para el Poder Judicial y la relectura de un pensamiento clave de Montesquieu que en general ha pasado desapercibido y que es aplicable al Poder Ejecutivo.

No es del caso repetir aquí lo expresado por esos tres pensadores que hemos reproducido en otras instancias, pero lo que si es conveniente reiterar es la urgente necesidad de abrir debates respecto a introducir diques de contención para los abusos de poder que a diario se observan en distintos puntos del planeta,  los cuales se hacen descaradamente en nombre de una democracia inexistente.

Vamos, eso sí, a repetir las advertencias de varios autores sobre este problema mayúsculo del poder ilimitado de los votos sin contemplar la esencia de la democracia cual es el respeto por los derechos de las minorías para así evitar el “síndrome Hitler”. Comenzando por Cicerón, quien escribió que “el imperio de la multitud no es menos tiránica que la de un hombre solo, y esta tiranía es tanto más cruel cuanto que no hay monstruo más terrible que esa fiera que toma la forma y nombre del pueblo”. Giovanni Sartori consigna que “cuando la democracia se asimila a la regla de la mayoría pura y simple, esa asimilación convierte un sector del demos en no-demos. A la inversa, la democracia concebida como el gobierno mayoritario limitado por los derechos de la minoría se corresponde con todo el pueblo, es decir, con la suma total de la mayoría y la minoría. Debido precisamente a que el gobierno de la mayoría está limitado, todo el pueblo (todos los que tienen derecho al voto) está siempre incluido en el demos”.

Por su parte, Gottfried Dietze apunta que “la democracia que supuestamente debe promover la libertad se ha convertido en un desafío para la libertad”. Bertrand de Jouvenel afirma que “la soberanía del pueblo no es, pues, más que una ficción que a la larga será destructora de las libertades individuales” y Benjamin Constant nos ha enseñado que “los ciudadanos poseen derechos individuales independientes de toda autoridad social o política y toda autoridad que vulnere estos derechos se hace ilegítima”.

Los tres autores que mencionamos ut supra como propulsores de límites de importancia al poder político se pronuncian de esta manera sobre el problema que enfrentamos. Hayek: “Debo sin reservas admitir que si por democracia se entiende dar vía libre a la ilimitada voluntad de de la mayoría, en modo alguno estoy dispuesto a llamarme demócrata”. Leoni: “Donde las autoridades y las mayorías prevalecen, como en la legislación, los individuos deben rendirse independientemente si están en lo correcto o no”. Montesquieu: “Decir que no hay nada justo ni injusto fuera de lo que ordenan o prohíben las leyes positivas, es tanto como decir que los radios de un círculo no eran iguales antes de trazarse la circunferencia”.

Por último, es pertinente citar a uno de los Padres Fundadores estadounidenses, en el país en el que, salvo la inaceptable copia de lo que tenía lugar en el resto del mundo respecto a la espantosa esclavitud eliminada en su momento, resume el pensamiento de la revolución más exitosa en la historia de la humanidad en cuanto a la difundida libertad (hasta los tiempos modernos en los que se ha abandonado buena parte de esos valores). Así, James Madison ha sentenciado que “el gobierno ha sido instituido para proteger la propiedad de todo tipo […] Este es el fin del gobierno, solo un gobierno es justo cuando imparcialmente asegura a todo hombre lo que es suyo”, en el contexto de lo expresado por Jefferson en cuanto a que “Un despotismo electo no fue el gobierno por el que luchamos”.

Estos preceptos fueron tomados por las sociedades que aspiraban a la libertad, entre los cuales se destaca el caso argentino con el ideario alberdiano debido a su portentoso progreso cuando se siguieron esos principios rectores, protegidos por consideraciones institucionales como las formuladas por Juan González Calderón quien ha advertido y puntualizado que la democracia falsificada de los números “se basa en dos ecuaciones falsas: 50% más 1%= 100% y 50% menos 1%= 0%”.

Autores como Ronald Coase, Harold Demsetz y Douglass North han enfatizado el rol vital que tienen los incentivos, y en el caso considerado existen muy pocos obstáculos que limiten la posibilidad de coaliciones y alianzas que arrasen con los derechos individuales. De allí, por ejemplo, los incentivos para centrar la atención en proteger derechos por parte de quienes tienen un pesado “velo de ignorancia” (para usar una expresión de Rawls) que introduce la elección por sorteo propuesta por Montesquieu. De todos modos, si no resultaran atractivas las sugerencias de éste último autor, ni las de Hayek y de Leoni, insistimos, es imperioso pensar en otros mecanismos para evitar a toda costa la farsa que en gran medida tiene lugar en nombre de la democracia. Y todo está ubicado en el plano institucional fuera del debate de quienes serán los nombres de los que ocuparán cargos públicos, puesto que como ha señalado Popper, el tema no consiste en la concepción del “filósofo rey” de Platón sino en establecer marcos institucionales “para que el gobierno haga el menor daño posible”.

Para mayor precisión, en muchos documentos constitucionales se recurrió a la expresión “república” en lugar de “democracia” como fue el caso de la estadounidense y la original argentina, ya que el primer término explicita la alternancia en el poder, la publicidad de los actos de gobierno, la igualdad ante la ley, la responsabilidad del gobernante por sus actos frente a los gobernados y la separación de poderes. 

A veces nos invade cierto escepticismo cuando observamos la apatía por discutir estos temas, al tiempo que se abandona la educación “porque es un tema de largo plazo” (sic), mientras se desperdician mentes embarcadas en debates más o menos irrelevantes.

Asimismo rindió homenaje a Monseñor Oscar Romero de El Salvador, abanderado de la teología de la liberación quien insistía en sus recetas marxistas en un contexto de gobiernos corruptos y estatistas. Celebró el acuerdo Estados Unidos-Cuba por el que se le da cabida a la isla-cárcel en foros supuestamente democráticos para que los estadounidenses sean usados para financiar el aparato comunista en reemplazo primero de la Unión Soviética y luego de Venezuela. Afirmó que en el continente no hay represión haciendo oídos sordos al antedicho caso cubano y al venezolano. Alabó los muy discutidos arreglos del gobierno colombiano con el terrorismo de ese país y festejó lo que estimó ha sido el fin de conflictos territoriales en el continente como si no leyera los periódicos. Nada dijo de las amenazas a la libertad de prensa en medios ecuatorianos y argentinos ni sobre las alarmantes corrupciones en Brasil, Nicaragua, Bolivia y Argentina. Desde luego que tampoco hubiera quedado bien que criticara las reiteradas actitudes dilatorias y de apoyo a medidas autoritarias por parte de la OEA y de su secretario general, en su momento amigo y admirador de Salvador Allende (en ese foro, ufanándose de una peculiar noción de la diplomacia, el embajador venezolano declaró que “las balas pasan más rápido por las cabezas huecas de lo opositores”).

Afortunadamente hubo una especie de contra-cumbre en la que veinticinco expresidentes y jefes de gobierno se manifestaron por la libertad a través de la “Declaración de Panamá” (oportunidad en que Andrés Pastrana criticó severamente a su compatriota Juan Manual Santos por no pronunciarse), en especial referida a los gravísimos, brutales y repetidos atropellos a los derechos de los venezolanos por parte del chavismo totalitario.

Sin sonrojarse, el presidente de Ecuador afirmó que “cabría preguntarse si una sociedad puede llamarse realmente libre cuando los medios están en manos de sociedades con fines de lucro”. Claro que este personaje no puede comprender lo que significa la libertad de prensa luego de haber impuesto varias leyes mordaza en su país y de estar en permanente conflicto con cualquier manifestación de prensa independiente. Es el tipo de sujeto que no acepta la idea del lucro en los medios periodísticos porque rechaza la relación entre la audiencia voluntaria y los éxitos editoriales. Le produce rechazo el mercado abierto y competitivo, prefiere que sea el aparato estatal con los dineros compulsivamente detraídos de la gente quien maneje las noticias a su capricho. Es la típica mentalidad autoritaria que no tiene la menor idea de lo que es una sociedad abierta. Con la esperanza de juntar más adeptos a la mordaza, cerró con la afirmación de que “la prensa latinoamericana es mala, muy mala”. Menos mal que el gobernante estadounidense le respondió que “democracia quiere decir que todo el  mundo puede hablar”.

Sin embargo, en su alocución el mandatario norteamericano expresó que “Estados Unidos no es prisionero del pasado” y que “es histórico que Castro y yo estemos sentados aquí”, claro que si en el sentido apuntado por Carlos Alberto Montaner al señalar que en este arreglo, “para mí no hay dudas que se trata de un triunfo político total de la dictadura cubana”. Dictadura que ha detenido a más de dos mil personas desde que se anunció el acuerdo. También el senador estadounidense Marco Rubio, uno de los candidatos a la presidencia por el Partido Republicano, ha escrito en el Wall Street Journal un artículo con el sugestivo título “Una victoria para la opresión”, donde dice: “El anuncio hecho por el presidente Obama de dar legitimidad diplomática y acceso a dólares estadounidenses al régimen de Castro no solamente es malo para el oprimido pueblo cubano, o para los millones que viven en exilio y perdieron todo en las manos de la dictadura. La nueva política cubana de Obama es una victoria para los gobiernos opresivos de todo el mundo y tendrá también consecuencias negativas para el pueblo de Estados Unidos”.

Como he escrito antes, todas las personas con algún sentido de dignidad se entristecen frente a esta infamia porque no olvidan los alaridos de dolor de los presos atestados en mazmorras y las miserias espantosas por las que atraviesan los cubanos cotidianamente desde hace más de medio siglo, las espantosas condiciones de las pocilgas que son los hospitales (solo se mantiene algún centro de salud en la vidriera para la gilada) y los sistemáticos lavados de cerebro que se dicen escuelas o universidades donde debe escribirse con lápiz en los cuadernos para que la próxima camada pueda borrar y escribir nuevamente debido a la escasez de papel. Y no se trata del embargo que, como todo el mundo sabe, ha sido una fenomenal pantalla para que la dictadura local la use como pretexto frente a los fracasos colosales del régimen, mientras triangula todo lo que puede comprar.

Por supuesto que habló también el dictador cubano quien comenzó con la chanza (muy festejada por la audiencia) en la que manifestó que dado que no lo invitaron a las otras seis cumbres podía estirar los ocho minutos asignados para su exposición a cuarenta y ocho (habló cuarenta y dos minutos). A continuación manifestó que aprecia la medida “que decidirá rápidamente sobre la presencia de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo en la que nunca debió estar” (¡cosa que el Ejecutivo en EEUU propuso hacer tres días después del cónclave notificando al Legislativo!), en apoyo al gobierno venezolano dijo que “el país bolivariano está pasando por las misma cosas que nosotros” y en defensa del gobierno ecuatoriano criticó a empresas trasnacionales que explotan su suelo con lo que “dejan secuelas ecológicas”, fustigó “la desigual distribución de la riqueza”, abogó por una “reparación por los daños del colonialismo” y sostuvo que “el pueblo de Cuba seguirá con las ideas” de la revolución, condenó “la especulación financiera”, invitó “a la tolerancia”, aseguró que la “participación de los cubanos en la vida política” es una realidad y celebró “nuestra libertad conquistada con nuestras propias manos”, todo lo cual no necesita comentarios por el grado de cinismo e hipocresía del discurso de marras.

A su turno, el gobernante venezolano, que habló cuarenta minutos, perorata en la que reiteró todo lo que viene machacando y advirtió que “hay una campaña mundial” en su contra, que el gobierno norteamericano “amenazó a mi patria” por lo que “no le tengo confianza”, que existe un grueso error en algunos que “consideran que con la partida de Chávez la revolución se acaba” y se extendió sobre las bondades del socialismo del siglo XXI, claro sin mencionar las penurias de los venezolanos, las detenciones y encarcelamiento de opositores, la eliminación de la libertad de expresión y el copamiento de la justicia y todos los organismos de contralor.

Dejando de lado las confusiones en que incurrió el presidente boliviano en la parte improvisada de su presentación, subrayó que “deben debatirse las causas de la pobreza” y en esta dirección defendió “el pensamiento anticapitalista” para concluir que Estados Unidos opera “a través del imperativo neoliberal”. Así nuevamente introdujo la etiqueta del neoliberalismo con la que ningún intelectual serio de nuestra época se identifica, en verdad un invento grotesco. Pero si lo que ha querido condenar es el supuesto liberalismo clásico estadounidense, conviene indicarle al gobernante en cuestión que los lamentables problemas de Estados Unidos provienen de su latinoamericanización en el peor sentido del vocablo y el abandono de la tradición liberal por lo que le da la espalda a los extraordinarios valores de sus Padres Fundadores.

También habló la gobernante argentina quien comenzó confesando que “no resulta fácil hablar después del amigo y comandante Raúl Castro” e hizo una encendida arenga en la que dibujó un entusiasta panegírico del gobierno cubano (que ni los Castro se la creen) y del venezolano. En este sentido, subrayó que Cuba “luchó más de sesenta años con una dignidad sin precedentes”, que “Cuba es un país conducido por líderes que no traicionan su lucha” y que “el mejor triunfo de la revolución cubana es este que estamos viendo aquí” (por la cumbre, con lo que evidentemente le asiste toda la razón). Agregó que hay “golpes suaves donde se utilizan medios masivos de comunicación con denuncias falsas y asociaciones caprichosas para hacer conspiraciones” que “apuntan a la desestabilización de gobiernos de la región, y son los gobiernos que más han hecho por la equidad”. Menos mal que se extralimitó en solo dos minutos del tiempo estipulado.

En realidad este cuadro de situación es por lo menos inquietante, en esto mutaron los principios inherentes a la mejor tradición estadounidense, en esto se convirtieron todos los esfuerzos latinoamericanos que costaron tantas vidas para ser independientes de los atropellos españoles y ser libres de toda opresión. En esto se transforman los impuestos y las cargas que deben soportar los pueblos de nuestra región. Por cierto hay un largo camino que recorrer para retomar el espíritu republicano y así sacarse de encima a politicastros sedientos por manejar a su antojo vidas y haciendas ajenas.

Finalmente consigno que estos mandatarios que en la mayor parte de los casos actúan como mandantes, no dejan de inventar nombres para las reuniones que convocan que son muy buenas muestras de sus arrogancias y petulancias superlativas, como esto de “cumbre”, puesto que no hay denominación que los coloque a mayores alturas, mientras que en general sus gobernados están por los zócalos cuando no en el subsuelo. Estos nombres que incrustan en las fastuosas instalaciones que siempre rodean a sus peculiares cavilaciones y discursos altisonantes no parece que reflejen la idea de que son simples servidores de la gente para proteger las libertades individuales.

Este tema tiene dos aristas clave. La primera consiste en estar alertas frente a la buscada intención de confundir una religión con un acto criminal. Ya bastante ha sufrido la humanidad con guerras religiosas que en nombre de Dios, la bondad y la misericordia han achurado, degollado, amputado, torturado y quemado a cientos de miles de seres humanos. Los fanatismos religiosos a través de inquisiciones y demás atropellos a las libertades individuales se han constituido en bandas contrarias al mínimo respeto al derecho de cada cual para seguir el camino que estime pertinente siempre y cuando no lesionen igual posibilidad a otros.

En el caso que nos ocupa, es relevante apuntar que hay mil cuatrocientos millones de musulmanes en el mundo y la inmensa mayoría repudia el terrorismo y la devastadora alianza del poder con la religión y el consiguiente adoctrinamiento y acciones agresivas hacia otros pensamientos y preferencias. Aquellas mayorías siguen la tradición de la tolerancia, demostrada, por ejemplo, en España durante los ocho siglos de gobierno musulmán, circunstancia en la que el progreso ha sido portentoso en filosofía, medicina, derecho, economía, agricultura, música, geometría, álgebra y arquitectura. Afirman que el jihad es la guerra interior contra el pecado y citan el Corán que dice que quien mata a una persona será tratado como que mató a la humanidad y quien salva a una es como si salvara a la humanidad (en 5:31). Esto va para estar en guardia de la siempre estigmatizadora y xenófoba derecha.

El sentido del humor es central en la vida, especialmente la capacidad de reírse de uno mismo. Los acomplejados y débiles mentales no resisten el humor que muchas veces es más punzante que una faena de investigación que pone al descubierto debilidades y corrupciones de quienes sienten que deben estar o están en el centro del poder político y sus aliados circunstanciales.  Demás está decir que la impronta liberal no significa que se deba ser imprudente, pero no excluye la imprudencia, la impertinencia, el amarillismo y la zoncera siempre que no esté involucrada la lesión de derechos de otros. Cada uno asume la responsabilidad por lo que hace y así fabrica su reputación. El modo de expresarse de uno no es el modo de otro, pero todos deben tener el derecho de hacerlo en una sociedad abierta. En lo personal, la burla y el sarcasmo a sentimientos religiosos de otros o de los propios, de agnósticos o de ateos me disgusta grandemente pero parafraseándolo a Voltaire nada debería hacerse para prohibir semejantes manifestaciones, ni ninguna otra.

Por otro lado, en general, la ridiculización, la ironía y la satirización tienen muchas veces más fuerza que la articulación de argumentos serios. En esta nota rendimos homenaje a la tarea periodística que solo responde a los dictados de la conciencia de quien habla, escribe o dibuja.

La segunda arista se refiere a la indispensable libertad de prensa, para lo cual introduzco algunas partes de un artículo de mi autoría publicado en “La Nación” de Buenos Aires (abril 10, 2012). Esta libertad debe ser respetada y cuidada como política de elemental higiene cívica en el contexto de una sociedad abierta, no solo porque el ventilar y debatir ideas es indispensable para acrecentar conocimientos y conocer opiniones varias sobre muy distintos temas, sino porque brinda información de todo cuanto ocurre en el seno de los gobiernos para así velar por el cumplimiento de sus funciones específicas y minimizar los riesgos de extralimitación y abuso de poder.

Resulta especialmente necesaria la indagación por parte del periodismo cuando los aparatos de la fuerza que denominamos gobierno pretenden ocultar información bajo los mantos de la “seguridad nacional” y los “secretos de Estado” alegando “traición a la patria”, “insolencia” y esperpentos como el “desacato” o las intenciones “destituyentes” por parte de los representantes de la prensa.

Por supuesto que nos estamos refiriendo a la plena libertad sin censura previa, lo cual no es óbice para que se asuman con todo el rigor necesario las correspondientes responsabilidades  ante la Justicia por lo expresado en caso de haber lesionado derechos de terceros, lo cual puede incluir ofensas difamatorias. Esta plena libertad de prensa desde luego incluye al humor y la caricatura, como es el caso hoy de Charlie Hebdo en donde se ha producido la tragedia que comentamos.

Esta plena libertad incluye presentaciones irreverentes y, sobre todo, el debate de ideas con quienes implícita o explícitamente proponen modificar el sistema vigente, de lo contrario se provocaría un peligroso efecto boomerang (la noción opuesta llevaría a la siguiente pregunta, por cierto inquietante ¿en qué momento se debiera prohibir la difusión de las ideas comunistas de Platón, en el aula, en la plaza pública o cuando se incluye parcial o totalmente en una plataforma partidaria?). Las únicas defensas de la sociedad abierta radican en la educación y las normas que surgen del consiguiente aprendizaje y discusión de valores y principios, aplicados también al caso de Charlie Hebdo con su frecuente inclinación de izquierda militante, lo cual resulta irrelevante para lo que decimos de la libertad de prensa.

Hasta aquí lo básico del tema, pero es pertinente explorar otros andariveles que ayudan a disponer de elementos de juicio más acabados y permiten exhibir un cuadro de situación algo más completo. En primer lugar, la existencia de ese adefesio que se conoce como “agencia oficial de noticias”. No resulta infrecuente que periodistas bien intencionados y mejor inspirados se quejen amargamente porque sus medios no reciben el mismo trato que los que adhieren al gobierno de turno o a los que la juegan de periodistas y son directamente megáfonos del poder del momento. Pero en verdad, el problema es aceptar esa repartición estatal en lugar de optar por su disolución, y cuando los gobiernos deban anunciar algo simplemente tercericen la respectiva publicidad. La constitución de una agencia estatal de noticias es una manifestación autoritaria a la que lamentablemente no pocos se han acostumbrado. 

Es también conveniente para proteger la muy preciada libertad a la que nos venimos refiriendo, que en este campo se de por concluida la figura atrabiliaria de la concesión del espectro electromagnético y asignarlo en propiedad para abrir las posibilidades de subsiguientes ventas, puesto que son susceptibles de identificarse del mismo modo que ocurre con un terreno. De más está decir que la concesión implica que el que la otorga es el dueño y, por tanto, tiene el derecho de no renovarla a su vencimiento y otras complicaciones y amenazas a la libre expresión de las ideas que aparecen cuando se acepta que las estructuras gubernamentales se arroguen la titularidad, por lo que en mayor o menor medida siempre pende la espada de Damocles.

Fenómeno parecido sucede con la pornografía y equivalentes en la vía pública que, en esta instancia del proceso de evolución cultural, hacen que no haya otro modo de resolver las disputas como no sea a través de mayorías circunstanciales. Lo que ocurre en dominios privados no es de incumbencia de los gobiernos, lo cual incluye la televisión que con los menores es responsabilidad de los padres y eventualmente de las tecnologías empleadas para bloquear programas. En la era moderna, carece de sentido tal cosa como “el horario de protección al menor” impuesto por la autoridad, ya que para hacerlo efectivo habría que bombardear satélites desde donde se trasmiten imágenes en horarios muy dispares a través del globo. Las familias no pueden ni deben delegar sus funciones en aparatos estatales como si fueran padres putativos, cosa que no excluye que las emisoras privadas de cualquier parte del mundo anuncien las limitaciones y codificadoras que estimen oportunas para seleccionar audiencias.

Otra cuestión también controversial se refiere a la financiación de las campañas políticas. En esta materia, se ha dicho y repetido que deben limitarse las entregas de fondos a candidatos y partidos puesto que esos recursos pueden apuntar a que se les “devuelva favores” por parte de los vencedores en la contienda electoral. Esto así está mal planteado, las limitaciones a esas cópulas hediondas entre ladrones de guante blanco mal llamados empresarios y el poder deben eliminarse vía marcos institucionales civilizados que no faculten a los gobiernos a encarar actividades más allá de la protección a los derechos y el establecimiento de justicia. La referida limitación es una restricción solapada a la libertad de prensa, del mismo modo que lo sería si se restringiera la publicidad de bienes y servicios en diversos medios orales y escritos.

Afortunadamente han pasado los tiempos del Index Expurgatoris en el que los Papas pretendían restringir lecturas de libros, pero irrumpen en la escena comisarios que limitan o prohíben la importación de libros, dan manotazos a la producción y distribución de papel. La formidable invención de la imprenta por Pi Sheng en China y más adelante la contribución extraordinaria de Gutemberg, no han sido del todo aprovechadas, sino que a través de los tiempos se han interpuesto cortapisas de diverso tenor y magnitud pero en estos momentos han florecido (si esa fuera la palabra adecuada) energúmenos que arremeten con fuerza contra el periodismo independiente (un pleonasmo pero en vista de lo que sucede en varios puntos del planeta, vale el adjetivo).

La libertad de expresión constituye el eje central de la sociedad abierta, los espíritus totalitarios no comprenden ese valor inmenso al efecto de respirar el purificador oxígeno de la libertad; bien ha escrito Thomas Jefferson que “nuestra libertad depende de la libertad de prensa la cual no pude ser limitada sin perderlo todo”.