Y no es que antes de eso las cosas eran color de rosa, al contrario, los partidos tradicionales fueron un increíble fracaso y con sonados casos de alarmante corrupción. Pero, claro está, el modo de resolver los problemas no consiste en acentuarlos, sino en cambiar de rumbo. El récord mundial de inflación, los controles de aspectos cruciales de la vida y las haciendas de la gente, los presos políticos, los despilfarros, la ausencia hasta de papel higiénico, las larguísimas filas para poder acceder a algunos alimentos, los cortes de agua corriente y electricidad, la completa sumisión de la prensa y los medios de comunicación, la caída drástica en las inversiones y en general el sufrimiento de los más necesitados ha sido la regla en estos años de opresión salvaje.

Frente a esta situación sólo caben dos caminos: ejercer el derecho a la resistencia frente a gobiernos que estrangulan todo vestigio de libertad (lo cual proviene de una larga tradición plasmada en la Declaración de la Independencia estadounidense) o lo que afortunadamente pudo hacer el pueblo venezolano, que es la derrota a los impostores de la democracia a través de las urnas. Esta es la paciencia que se sugirió frente a un Leviatán invasivo, lo cual dio sus frutos con unas elecciones legislativas que habrían otorgado la mayoría calificada de los dos tercios requerida, entre otros muchos propósitos para rectificar los poderes especiales otorgados al sátrapa del momento, convocar a una Asamblea Constituyente para dejar sin efecto los dislates del chavismo e incluso la opción de llamar a un referéndum revocatorio contra el Presidente en ejercicio.

Todo lo cual no quiere decir que no deba estarse muy atento, porque el actual Gobierno es capaz de cualquier zancadilla en cualquier momento con el soporte del aparato cubano, que ya ha declarado su incondicional apoyo a los perdedores en esta contienda electoral.

El presidente de la Asamblea Nacional que ahora cesa en sus funciones, en reunión de gabinete, al conocerse los resultados del escrutinio, propuso convocar a los secuaces del partido gobernante y salir con armas a la calle, lo que afortunadamente no prosperó debido a la decidida oposición de un camarada del ejército con mando de tropa.

Es de desear que los partidos heterogéneos reunidos en la oposición sepan calar hondo en dirección a una sociedad abierta y en su momento no se les ocurra implantar un socialismo moderado, que conducirá a otro fracaso estrepitoso en lugar de adoptar el atractivo de la libertad y el respeto recíproco.

El tema de fondo es educativo, por ello es que celebramos la faena que viene realizando sistemáticamente el antes mencionado Cedice, especialmente en recintos universitarios y con la publicación de numerosos trabajos y seminarios varios. También es de destacar la palabra de tantos venezolanos que, a pesar de las trabas y las amenazas, se expresan con franqueza y abren caminos fértiles. Incluso hay medios como El diario de Caracas y otros que dan la pelea cotidianamente y que incorporan columnistas que apuntan a poner de manifiesto los valores éticos, económicos y jurídicos de la sociedad libre.

Mientras ocurre lo que ocurre en el plano político, es menester que se afine el lápiz para establecer nuevos límites institucionales al poder, dado que está visto que una mal entendida democracia ha interpretado que una vez obtenida la mayoría puede hacer tabla rasa con todos los derechos individuales, al tiempo que puede asalta la Justicia y todos los organismos de contralor, incluyendo a los tribunales electorales.

Por otra parte, es indispensable entender cabalmente el significado del derecho al efecto de precisar la idea en el contexto del continente, que son los marcos institucionales y el contenido, que también comprende a los procesos de mercado. En esta línea argumental, tengamos en cuenta que el derecho es inseparable de la Justicia y esta significa “dar a cada uno lo suyo”, lo que remite a la propiedad privada, que, a su vez, constituye el eje central del mercado.

Con las más diversas pantallas se han ido incorporando en la legislación venezolana políticas que ponen en jaque a marcos institucionales civilizados y también se desconocieron de modo flagrante los principios de la garantía de la cosa juzgada, la irretroactividad y la incorporación de los mal llamados derechos sociales. Estos significan pseudoderechos, ya que, al concederlos, necesariamente dañan los derechos de terceros, al no tener en cuenta que a todo derecho corresponde una obligación. Si estas resultan contrarias al derecho de otros, inexorablemente se perjudica seriamente el andamiaje jurídico, con lo que, además, se afecta a quienes se pretende mejorar en su condición.

En Venezuela, los comisarios del momento ni siquiera alegan fundamentos para sus desvaríos, sino que proceden al atropello a los derechos de las personas sin dar explicación alguna, como no sea escudado en la soberanía de los aparatos estatales, sin percatarse de que la soberanía reside en los gobernados. Cualquier imitador de los Hitler de este mundo que asume el poder con suficiente apoyo electoral convierte su legislación pervertida en normas de Justicia, y esto es lo que se ha repetido en el caso venezolano.

Reiteramos aquí algo de lo dicho antes sobre el rol del gobierno y colaterales. En realidad, el rol y las funciones del monopolio de la fuerza que llamamos gobierno se instituyó luego de que buena parte de la humanidad pudo sacarse de encima a los faraones, los emperadores y similares, para en su lugar ofrecer seguridad y justicia, es decir, para proteger los derechos a la vida, la libertad y la propiedad, tal como rezan todos los documentos fundamentales de las sociedades abiertas.

Pero henos aquí que, de un largo tiempo a esta parte, las funciones de los aparatos estatales se han ido ensanchando hasta cubrir los espacios más íntimos de las personas, con lo cual, en lugar de proteger derechos, los gobiernos se han convertido en los principales enemigos de los gobernados y estos, siempre encerrados en el dilema del menos malo, sufren los embates de forma reiterada.

El tema medular consiste en que se confunde la naturaleza del debate. Se discute si es bueno o malo para las personas tal o cual decisión y de allí irrumpe un salto lógico inaceptable: si se piensa que es bueno, se concluye que el monopolio de la fuerza lo debe imponer. Esto es inaceptable para la dignidad y la autoestima de personas cuya característica central es rechazar el entrometimiento de una niñera forzosa que anula la imprescindible libertad de cada uno, lo cual conlleva la responsabilidad individual.

En la dieta alimenticia, en las finanzas, en el deporte, en el mundo cibernético, en la educación, en la cinematografía, en el periodismo, en la agricultura, en el comercio y en todo cuanto pueda ocurrirse está presente el Leviatán con sus garras demoledoras y todo “para el bien de la gente”.

En una sociedad abierta, este plano de análisis es del todo impropio. El aparato estatal es para proteger a la gente en sus derechos que son anteriores y superiores a la existencia misma del Gobierno y no para jugar al papá (además, generalmente golpeador) de la persona de que se trate. Más aun, en la sociedad abierta se respeta de modo irrestricto que cada uno maneje su vida y su hacienda como le parezca mejor, como decimos, asumiendo cada uno su responsabilidad, lo cual incluye las asociaciones caritativas con recursos propios y así hablar en la primera persona del singular y no vociferar en la tercera del plural, es decir, proceder coactivamente con el fruto del trabajo ajeno. Tal como reza el adagio anglosajón: “Put your money where your mouth is”.

Con razón el decimonónico Frédéric Bastiat decía que el aparato estatal “es la ficción por la que todos pretenden vivir a expensas de todos los demás”. Cada vez que se sostiene que el aparato estatal debe hacer tal o cual cosa hay que preguntarse a cuál de los vecinos hay que arrancar recursos, puesto que ningún gobernante aporta de su peculio para proyecto político alguno (más bien tienen una manifiesta inclinación por quedarse con lo ajeno).

Lo dicho para nada desconoce la posibilidad de que algunas personas decidan ser manejadas por otros designando tutores o curadores y estableciendo sistemas colectivistas conviviendo dentro de un mismo país, pero nada autoriza a que ese sistema lo impongan a personas que mantienen su autoestima y su sentido de dignidad y quieren vivir como humanos, a saber, haciendo uso de su libertad.

Aparecen sujetos en el ámbito político en atriles diversos, casi siempre con el dedo índice en alto, declamando que ellos no persiguen intereses electorales ni componendas, sino que defienden principios. Pues no saben de qué están hablando, ya que la política busca votos, de lo contrario se esfuman los candidatos y si no se acuerda, pierden apoyo y si se mantienen tercos en principios, son barridos del escenario. El político de una u otra inclinación es en última instancia un megáfono de lo que ausculta que está demandando su clientela. Por eso es tan importante el debate de ideas y la educación: va al fondo de las cosas y determina lo que aplaudirá o rechazará la opinión pública, que es la que, a su vez, permitirá que se articule tal o cual discurso desde los estrados políticos.

Repasar los documentos originales de todas las sociedades libres nos recuerda la idea de gobierno por la que se establecieron esas sociedades. Con el tiempo, debido a una muy exitosa faena educativa (más bien des-educativa), la idea del monopolio de la fuerza y sus consiguientes funciones han variado radicalmente desde la idea jeffersoniana de: “El mejor gobierno es el que menos gobierna” al postulado leninista de abarcarlo todo en manos del Gobierno.

Es que se dejó de lado el principio defensivo básico de: “El costo de la libertad es su eterna vigilancia”, pero no meramente por parte de algunos, sino de todas las personas, independientemente de sus obligaciones y sus tareas cotidianas. Si se pretende el respeto, hay que hacer algo diariamente para lograr y mantener ese objetivo noble. No es como si algunos estuvieran en la platea esperando que actúen otros que deben estar en el escenario. Esta actitud conduce a que se demuela la platea, se caiga el escenario y finalmente se incendie el teatro en manos de hordas anticivilización. Hacemos votos para que el caso venezolano comience ahora a marcar el rumbo hacia los valores de la libertad.

Al hacer desaparecer instituciones que sirven para atropellar derechos individuales, se libera a las personas para que administren lo que es de cada cual. Sostener que no se debe dejar las cosas a la “anarquía del mercado” es no comprender que el mercado somos todos los que votamos diariamente con nuestras compras y abstenciones de comprar. No es que la disyuntiva sea el aparato estatal que decide por nosotros lo que nos pertenece o la anarquía, sino que la alternativa es que cada uno dirija lo suyo como juzgue mejor. De este modo, tendrá vigencia la Justicia como el “dar a cada uno lo suyo” y desaparecerán la mayor parte de las reparticiones oficiales que no solo son inútiles, sino contraproducentes (como el tragicómico Ministerio de Economía, en lugar de una secretaría de finanzas públicas, puesto que no puede controlarse la economía, el Ministerio de Educación, que pretende controlar el pensamiento a través de pautas y reglamentaciones varias, pero que debiera reemplazarse por acreditaciones de instituciones privadas locales e internacionales que en competencia realizan auditorías cruzadas al efecto de lograr la mayor excelencia posible, para no decir nada de los ministerios de Bienestar Social y equivalentes que producen malestar con recursos detraídos coactivamente del fruto del trabajo ajeno). Eliminar reparticiones, es decir, liberar recursos para engrosar los bolsillos de la gente, nunca podar funcionarios, de lo contrario, igual que la jardinería, luego crecen con más fuerza.

Lo que ha venido ocurriendo en las últimas largas décadas consiste básicamente en ocultar la acumulación de poder junto con irregularidades superlativas que para nada se condicen son el sistema republicano bajo la máscara hipócrita de proteger a los más necesitados, cuando justamente son los más perjudicados frente a aparatos estatales avasalladores.

En cada punto no me extenderé en los fundamentos, puesto que, por una parte, ya lo he hecho en libros, ensayos y artículos anteriores y, por otra, el espacio de una nota periodística no lo permite.

1. Establecer un sistema basado en severas limitaciones al Poder Legislativo como encargado de actos administrativos y no para legislar sobre aquello que es fruto de un proceso abierto de descubrimiento en un contexto evolutivo y no de diseño e ingeniería social, tal como lo explican juristas de la talla de Bruno Leoni. En el Poder Judicial, fortalecer la carrera de jueces y fiscales (para no solo condenar a ladrones de gallinas, sino también a corruptos en el Gobierno y peces gordos tramposos en el sector privado) y, por otra parte, abrir la posibilidad de arbitrajes fuera del ámbito oficial, donde en las relaciones contractuales las partes establecen quiénes resolverán los eventuales conflictos en las diversas instancias. Y el Ejecutivo electo a través de sorteos, como sugirió Montesquieu, con lo que los incentivos se encaminarán hacia la necesidad de protección de vidas y propiedades, dado que cualquiera puede ejercer el cargo, que, además, estará compuesto por un triunvirato tal como se propuso en la Convención Constituyente estadounidense.

2. Eliminar todas las embajadas y dejar un consulado en cada país, cargos que se justificaban en la época de las carretas al efecto de prevenir algún conflicto que debido a comunicaciones precarias no podía encararse por teleconferencias y otros canales modernos. Hoy los palacios y los séquitos no se justifican, al tiempo que se reducen privilegios que otorgan pasaportes diplomáticos y similares.

3. Liquidar la banca central y el curso forzoso como causantes principales del saqueo de patrimonios. Cuando la llamada “autoridad monetaria” decide expandir, contraer o dejar la masa monetaria inalterada, siempre se alteran precios relativos, lo cual, a su turno, se traduce en consumo de capital y su correlato: la disminución de salarios e ingresos en términos reales. Al mismo tiempo, dejar sin efecto el sistema de reserva fraccional en la banca y establecer el free banking en rubros que operan como cuentas corrientes (los depósitos a plazo y equivalentes naturalmente no requieren exigencias de efectivo mínimo, puesto que no generan producción secundaria y exógena de dinero).

4. Poner en venta al mejor postor todos los bancos estatales,puesto que inexorablemente significan derroche de los siempre escasos recursos, ya que “crédito barato” significa que otros están obligados a pagar la diferencia.

5. Poner también en venta todas las llamadas empresas estatales, puesto que su misma constitución implica asignar factores de producción en sectores distintos de lo que hubiera decidido la gente (y si hubiera sido en la misma dirección, es superflua la intromisión estatal). Y es menester tener en cuenta que cuanto más estratégica y vital el área más importante es que funcione bien, que cuando algo es “de todos”, no es de nadie (la conocida “tragedia de los comunes” que hace, entre tantas cosas, que la forma en que se toma café y se encienden las luces no es la misma en una entidad estatal que en una empresa privada). El asunto es que las empresas deben estar sometidas a lo que opina de ellas la gente, lo cual se pone en evidencia a través del cuadro de resultados: El que da en la tecla en las preferencias del prójimo gana y el que yerra incurre en quebrantos. Asimismo, a efectos de preservar la tan indispensable libertad de prensa, debe venderse el espectro electromagnético para sortear la figura de “la concesión” que significa el tener al Gobierno permanentemente como una espada de Damocles.

6. Salvo las estadísticas que consignan la administración de ingresos y egresos que hacen a las finanzas públicas, todas las demás deben delegarse en universidades y entidades privadas que, en competencia y ejerciendo auditorías cruzadas, harán las tareas correspondientes y siempre con base en datos que la gente considere relevantes. En esta misma línea argumental, todas las oficinas del Ejecutivo que no traten de organismos de control y otros entes autárquicos deberán concentrarse en la casa de gobierno, por lo que se liquidarían todos los inmuebles fastuosos que actualmente se utilizan como consecuencia de funcionarios que desempeñan tareas que nada tienen que ver con la protección de derechos y la administración austera y transparente de un sistema republicano.

7. Todos los aranceles y las tarifas aduaneras deben erradicarse para que la gente pueda comprar más barato y de mejor calidad, lo cual implica menor erogación por unidad de producto, que, a su vez, significa mejor nivel de vida. Debe rechazarse la conocida falacia de la industria incipiente como una mala excusa de seudoempresarios que apuntan a ser protegidos de la competencia exterior (o en su caso interior). Si es verdad que se concibe un proyecto redituable que más que compense las pérdidas iniciales debido a la poca experiencia en el ramo, este proyecto se venderá en el mercado para que se hagan cargo los empresarios interesado y no endosar la carga sobre las espaldas de la gente. Si nadie en el orbe lo compra, es por uno de dos motivos: O el proyecto es un cuento chino, o, siendo rentable, se estima que hay otros proyectos que son más redituables y, como no puede hacerse todo al mismo tiempo, el proyecto de marras debe esperar o descartarse. Por otra parte, nuevas tecnologías y productos más baratos liberan recursos humanos y materiales para destinarlos a la producción de otros bienes y servicios. En esto consiste el progreso, cada persona trabajando en una empresa intenta imaginar nuevos y mejores procesos, lo cual genera transiciones y cambios permanentes. Ese fue el caso, por ejemplo, del “hombre de la barra de hielo” antes del refrigerador o el fogonero antes de las locomotoras diesel. El denominado gradualismo implica la pretensión -oculta bajo figura del derecho adquirido- de demandar un derecho contra el derecho, por lo que, de modo gradual, se siguen lesionando derechos.

8. Abrir el mercado laboral abrogando la legislación que contempla la figura fascista de la personería gremial, si es que se hubiera comprendido que la única causa de salarios más elevados son las tasas crecientes de capitalización que hacen imposible conseguir trabajo manual e intelectual por debajo de esa marca. Esa es la explicación, por ejemplo, por la que en países de altas tasas de capitalización en gran medida no existe tal cosa como servicio doméstico, ya que el ser humano es empleado en tareas de mayor productividad.

9. Contar con impuestos reducidos para cumplir con las tareas de seguridad y justicia que implica castigar el fraude, el engaño y la trampa, reemplazando todas las cargas tributarias por el impuesto al valor agregado -que, por un lado, permite reducir controles por el sistema de impuestos a cargo e impuestos a favor y, por otro, cubre toda la base impositiva- y también por un impuesto territorial (siempre proporcional) que abarca a los que tienen propiedades a las que debe vigilarse, pero sus propietarios se encuentran en el extranjero, excluyendo así el principio de nacionalidad (o de voracidad fiscal). Establecer un federalismo fiscal donde las provincias coparticipen al Gobierno central y aquellas recauden para todos los fines que no sean defensa nacional y relaciones exteriores (que junto con los gastos que requiera la administración es jurisdicción del Gobierno central). Esta perspectiva hará que en los Gobiernos provinciales los incentivos se ubiquen en función de contar con una presión tributaria razonable para que la gente no se mude a otra provincia y para atraer inversiones (gravámenes reducidos que a su vez se traducen en gastos reducidos).

10. En este contexto, debe prohibirse la deuda pública externa por ser incompatible con la democracia, ya que compromete patrimonios de futuras generaciones que no han participado en la elección del Gobierno que contrajo la deuda, todo lo cual se vincula a las mal llamadas “inversiones públicas” (en verdad gastos en activos fijos para distinguirlos de los gastos corrientes), puesto que la inversión es inseparable del juicio subjetivo de titulares en cuanto a valor futuro y valor presente, lo cual por su naturaleza no puede ser forzosa. Esto significa la privatización de los servicios de infraestructura (por otra parte, en manos estatales es el mayor foco de corrupción), lo cual eventualmente traslada la deuda al sector privado y no a la deuda pública interna (además, no hay en este programa posibilidad de adelantos a la tesorería por parte de la banca central en este contexto inexistente).

Hay mucho más que decir sobre un programa político para el año verde, puesto que por razones de espacio no se han mencionado territorios de gran relevancia, pero baste con lo dicho como una introducción telegráfica para pensar y debatir.

Como queda expresado, todo esto dependerá de la educación en defensa de una sociedad abierta. Nada es automático. No es una faena para timoratos ni para los fanáticos del statu quo. El coraje de hombres como Karl Marx con su perseverancia produjeron un enorme corrimiento en el eje del debate en cuando a valores y principios. No siempre los que se denominan liberales -más bien conservadores- han tenido ni tienen ese coraje y se circunscriben a aceptar lo digerible al momento, pero les ocurre que en la etapa siguiente, con esa estrategia, se ven obligados a retroceden nuevamente, puesto que no han hecho nada por marcar la agenda, sino que se las establecen quienes son contrarios a la sociedad libre.

En otros términos, sin perjuicio de otros debates fértiles sobre el futuro, en esta instancia del proceso de evolución cultural, al efecto de avanzar hacia una sociedad abierta, se necesita una educación que elimine candados mentales que no permiten visualizar las grandes ventajas de vivir en libertad, es decir, de subrayar la importancia del respeto recíproco. Hoy parece para el año verde, pero cuanto antes mejor.

El derecho es consustancial a la naturaleza del ser humano. El hombre siempre actúa con la intención de pasar de un estado menos satisfactorio a uno que le proporcione mayor satisfacción. Esos estados de satisfacción son enteramente subjetivos y dependen totalmente de la estructura axiológica de cada cual. En este proceso el hombre busca la mayor incorporación de lo que estima son valores (que en realidad pueden ser desvalores si en definitiva le hacen daño). En una sociedad abierta cada uno asume la responsabilidad por lo que hace o deja de hacer.

Hay dos planos de análisis en esto: por un lado, las apreciaciones o las valorizaciones subjetivas de cada uno y, por otro, la objetividad de las cosas en el sentido de propiedades y relaciones que son independientemente de las opiniones de cada cual. El derecho es simplemente la facultad de las personas para seguir el curso que estime conveniente siempre y cuando no lesione derechos de terceros. Del mismo modo que las flores y los minerales tienen ciertas propiedades y características, el ser humano también las tiene.

En una sociedad abierta se da rienda suelta a lo que cada uno considera es su camino para ejecutar sus proyectos de vida siempre y cuando, como queda dicho, no lesiones derechos de terceros. Y no es que el derecho tenga un límite, la destrucción del derecho ajeno no es un derecho.

El hecho de actuar pone de relieve que el ser humano es imperfecto y, por ende, está insatisfecho. Busca afanosamente la felicidad, que en rigor es la actualización de las potencialidades hacia el bien, pero evidentemente puede ser malentendida y dirigirse a la ruina. En todo caso, no es de incumbencia de nadie más que del sujeto actuante, sin perjuicio de lo cual pueden ofrecerse consejos y debatir voluntariamente objetivos, pero en ningún caso en la sociedad abierta es lícito recurrir a la fuerza para fines que no sean estrictamente defensivos.

Todo derecho implica como contrapartida una obligación. Si una persona obtiene un ingreso de mil, la contracara es la obligación universal de respetar ese ingreso. Pero si esa persona demanda dos mil aun no obteniéndonos y el Gobierno otorga esa facultad, quiere decir que otro estará obligado a entregar la diferencia, lo cual lesiona su derecho, por tanto, se trata de un seudoderecho.

Desafortunadamente en la actualidad vivimos rodeados del otorgamiento de seudoderechos: derecho a la educación no en el sentido de que cada uno puede educarse, sino en el sentido de que otros vecinos están obligados a financiar los estudios de terceros, y así en idéntico contexto el derecho a la vivienda, a hidratos de carbono o vitaminas, a un salario adecuado, a la recreación etcétera.

Este enfoque desafortunado reasigna los siempre escasos recursos en direcciones diferentes a las que lo hubiera hecho la gente con sus compras y sus abstenciones de comprar en el supermercado y afines, con lo que hay consumo de capital que a su vez se traduce en menores salarios e ingresos en términos reales, que, entre otras cosas, no permite expandir la educación, la vivienda, la alimentación, la recreación y demás aspiraciones del todo legítimas y necesarias.

No hay posibilidad de contar con una sana economía si no existen normas que garanticen el respeto recíproco. Un ejemplo entre tantos: Cuando las instituciones permiten que el aparato estatal estafe a la gente vía la manipulación monetaria, se distorsionan los precios relativos que a su turno engañan a los operadores económicos en su asignación de factores de producción y el consumo de capital correspondiente contrae salarios e ingresos en términos reales. Siempre que se habla de derecho se habla de Justicia, que significa “dar a cada uno lo suyo”, lo cual remite a la propiedad privada, que, a su vez, es el eje central del proceso de mercado.

He escrito antes sobre distintos canales para producir grietas sumamente peligrosas en el edificio jurídico, pero hay cinco que son las más frecuentes. Telegráficamente consideradas, se trata de las teorías del abuso del derecho, la lesión, la imprevisión, el enriquecimiento sin causa y la penetración, sobre las que han advertido todos los grandes tratados de derecho civil y estaban proscritas en las normas escritas y no escritas de toda sociedad abierta, en la que naturalmente se respeta el haz de contratos diarios e inseparables de la propiedad que se suscriben de facto o de jure en casi todas las acciones del hombre (de compra-venta, de enseñanza, de locación, de transporte, de mutuo, de mandato, de gestión de negocios, de fianza, de donación, societarios, aleatorios, de adhesión y así sucesivamente).

La llamada teoría del abuso del derecho ha sido catalogada por autores como Planiol y Ripert como una logomaquia, puesto que un mismo acto no puede ser simultáneamente conforme y contrario al derecho. Por medio de esta figura se concede al gobernante la facultad de sacrificar la voluntad, la libertad y la autonomía de una o de ambas partes en pos de la arbitrariedad judicial. Se suelen citar ejemplos en los que se estima una de las partes se ve obligada a cumplir con lo estipulado a pesar de su precaria situación, lo cual no permite ver que son muchas las personas (comenzando por nuestros ancestros de las cavernas) que atraviesan dificultades varias, pero si se autoriza a quebrar los contratos las dificultades se extienden en grado sumo, tal como ocurre en los países en los que no se respetan las relaciones contractuales.

Por su parte, al introducirse el principio de la lesión, también se otorga al juez la facultad de declarar nulo un contrato, aun actuando dentro de la esfera del derecho. Si se estimara que una norma no protege adecuadamente las autonomías individuales y, por ende, no hace justicia, debe ser modificada o abrogada. La confiscación del Poder Judicial de las facultades del legislativo constituye un abuso de poder que vulnera la división de poderes. Por ejemplo, una nota del codificador argentino al Código Civil de 1869 apunta la irrevocabilidad del contrato al sostener: “dejaríamos de ser responsables de nuestras acciones si la ley nos permitiera enmendar todos nuestros errores y todas nuestras imprudencias”.

La teoría de la imprevisión solo se diferencia de la de la lesión en cuanto a la temporalidad, es decir, que mientras esta se juzga al momento de celebrarse el contrato, aquella es juzgada en el futuro y de ocurrir circunstancias previstas solo por una de las partes o no previstas e imprevisibles, lo cual convierte a la obligación en más onerosa. En este contexto ha escrito Bibiloni: “No hay sociedad posible si por circunstancia de que alguien obtenga provecho de una relación legítima con otro, está obligado al resarcimiento. El que vende o compra o arrienda o ejerce, en fin, la más natural acción, puede obtener lucro de la otra parte, sin que de ahí se deduzca nada porque para eso son los contratos”. El respeto a la palabra empeñada constituye el eje central de una sociedad abierta, lo cual implica el asumir todas las consecuencias de lo pactado.

En cuarto lugar, la teoría del enriquecimiento ilícito tiene dos significados bien diferentes: por un lado, el incremento patrimonial debido a causas contrarias al derecho, es decir, a acciones ilícitas y la segunda interpretación, la que en verdad da lugar a esta teoría es el incremento patrimonial como consecuencia de operar conforme a derecho, pero declarado nulo por el Poder Judicial, con lo que, nuevamente, nos encontramos frente a la arbitrariedad y al atropello del Leviatán, con las consecuencias devastadoras que significa la suspensión del derecho a manos de la discrecionalidad y la imprevisibilidad, todo lo contrario de lo que requiere la seguridad jurídica.

Por último, la novel teoría de la penetración permite que los accionistas de una sociedad anónima sean responsables solidaria e ilimitadamente con sus bienes, respondiendo por los actos de la empresa de la cual son copropietarios, con lo que se extingue la figura de la personería jurídica, confundiéndola con las personas de existencia física y demuele la noción misma del carácter societario para entregarla a las resoluciones circunstanciales de Gobiernos que abrogan de facto las mismas normas en cuyo contexto se desenvuelven.

Por supuesto que estas cinco afrentas al derecho (en el caso argentino incorporadas al Código Civil por el Gobierno de facto del general Onganía) no son las únicas por la que los marcos institucionales están en jaque, también se hace de modo flagrante al desconocer los principios de la garantía de la cosa juzgada, la irretroactividad y al incorporar los llamados “derechos sociales” que, como hemos apuntado, significan seudoderechos, ya que, al concederlos, necesariamente dañan los derechos de terceros al no tener en cuenta que a todo derecho corresponde una obligación y si estas resultan contrarias al derecho de otros, inexorablemente se perjudica seriamente el andamiaje jurídico, con lo que, además, se afecta a quienes se pretende mejorar en su condición.

Hoy en día hay lugares en los que los comisarios del momento ni siquiera alegan las teorías anteriormente mencionadas, sino que proceden al atropello a los derechos de las personas sin dar explicación alguna como no sea escudado en “la soberanía” de los aparatos estatales, sin percatarse de que la soberanía reside en los gobernados que contratan a Gobiernos para que los protejan y no para que los ataquen, actuando no como mandantes, sino como mandatarios sin límite alguno en sus atribuciones.

Desafortunadamente, en la mayor parte de las facultades de derecho el positivismo jurídico ha hecho estragos y se ha perdido la noción de mojones o puntos de referencia de justicia extramuros de la legislación positiva, situación que conduce indefectiblemente al ensanchamiento de un Leviatán completamente desbocado, en desmedro de los derechos de las personas y con lo que cualquier Hitler (hoy diríamos Chávez) que asume el poder con suficiente apoyo electoral convierte su legislación pervertida en “normas de justicia”.

Ya se ha señalado y repetido con razón que las declinaciones de los diversos países no se deben a factores exógenos sino internos, comenzando por lo que ocurre en la cabezas de la gente. Michail Rostovtzeff explicó detalladamente en su célebre y voluminosa historia el deterioro en los marcos institucionales y en la economía debido al estatismo que irrumpió en la Roma imperial y Taichi Sakaiya resume el tema en su Historia del futuro. La sociedad del conocimiento: “La causa del desmoronamiento y la extinción del mundo antiguo no fue la obtusa ignorancia y el salvajismo de los bárbaros del norte, sino el cambio ético y estético que estaba en marcha mucho antes […] fueron abandonados desde dentro”.

Conozco bien al cardenal Rodríguez Maradiaga, puesto que cuando pronuncié el discurso inaugural en el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), que titulé “Liberalismo y pobreza”, el 30 de junio de 1998, me recibió como dueño de casa en su carácter de arzobispo de Tegucigalpa, donde se celebró la mencionada reunión, a la que fui invitado por monseñor Cristián Precht Bañados por sugerencia de Horst Schönbohm entonces presidente de la Fundación Konrad Adenauer de Argentina, institución esta que contribuyó a financiar ese congreso de obispos y sacerdotes.

En casos como los del mencionado cardenal, tal como he señalado en otras ocasiones, conjeturo las mejores intenciones, pero, como también he subrayado, las intenciones resultan irrelevantes a estos efectos, puesto que lo importante son los resultados de la política que se aconseja. Es una pena que se critique el sistema que permitió y permite a millones de personas salir de la pobreza. Sistema que se define como el respeto recíproco en el contexto de la asignación de los derechos de propiedad y la consecuente libertad de comercio interno y externo, a diferencia del estatismo que en gran medida prevalece en tantos países.

Antes de seguir adelante, respecto a la pobreza material y su ponderación por parte de algunos predicadores, es del caso citar a Santo Tomás de Aquino de la Suma Teológica: “No es preciso que donde hay mayor pobreza haya mayor perfección; antes por el contrario, puede haber gran perfección con gran opulencia” (2.^da, 2.^da, CLXXXV, art. VI).

En otros casos, resulta muy curiosa y llamativa la actitud de muchos de los que alardean tener una preocupación por la condición de los pobres. En no pocas circunstancias parecería que más bien que sacarlos de esa condición los quieren usar para inconfesable propósitos personales de estos supuestos detractores de la pobreza, quienes, paradójica y simultáneamente, la alaban.

En primer lugar, debe aclararse que todos somos pobres o ricos según con quién nos comparemos y, en segundo término, debemos tener muy presente que todos descendemos de miserables y muy brutos que vivían en cuevas y que el modo de pasar de una instancia de pobreza relativa a una de riqueza no consiste en arrancarle el fruto de su trabajo a quienes han prosperado, puesto que, entre otras cosas, el respeto y la asignación de los derechos de propiedad permite que las consecuentes tasas de capitalización incrementen ingresos en términos reales.

Y no se trata de la caricatura grotesca del llamado “efecto derrame” como si los salarios aumentaran cuando el vaso de los ricos derrama mendrugos para los más necesitados. Se trata de un proceso que en paralelo mejora el nivel de vida de todos a medida que se expande la inversión de aquellos que han podido ahorrar.

En muchísimos casos también los aludidos adalides de los pobres los usan para fines políticos. Si desaparecieran los pobres, aquellos sujetos se quedarían sin libreto para articular sus discursos. En verdad no están para nada interesados en cómo se crea la riqueza, ni siquiera respecto a lo que sucede hoy en China (en general socialista), donde pequeños islotes de libertad generan grandiosas riquezas y eliminación de pobrezas. Prefieren el discurso de la “redistribución de ingresos”, es decir, volver a distribuir por la fuerza lo que la gente distribuyó pacíficamente en el supermercado y afines con el consiguiente consumo de capital y baja de salarios. En otros términos, pobres los pobres.

Así, como hemos consignado en otras oportunidades, el padre Gustavo Gutiérrez -quien fue invitado por el papa Francisco a concelebrar misa, que tuvo lugar en el Vaticano- es el creador de la teología de la liberación, que en su libro, que lleva el título de esa corriente de pensamiento, escribe: “Marx irá construyendo un conocimiento científico de la realidad histórica. Analizando la sociedad capitalista en la que se dan en concreto la explotación de unos seres humanos por otros, de una clase social por otra y señalando las vías de salida hacía una etapa histórica en la que la persona humana pueda vivir como tal […] Iniciativa que debe asegurar el paso del modo de producción capitalista al modo de producción socialista […] creadas las condiciones de una producción socializada de la riqueza, suprimida la apropiación privada de la plusvalía, establecido el socialismo, las personas puedan comenzar a vivir libre y humanamente”, para lo cual recomienda “una revolución social” y “una radicalización política”, para lo que “la revolución cubana ha cumplido un papel acelerador” e insiste en los beneficios del “foquismo guerrillero” y “nuevas formas de lucha armada” y que “ello supone y facilita, por otra parte, un diálogo doctrinal con el marxismo”, ya que “un sector importante del clero latinoamericano pide” que no hay que “confundir violencia injusta de los opresores que sostienen este ´nefasto sistema´ con la justa violencia de los oprimidos que se ven obligados a ella para lograr su liberación”.

La idea central de lo que hemos citado es tomada con entusiasmo por otros, aunque no se refieran abiertamente al marxismo ni suscriban la violencia, y en no pocos casos rechazan de buena fe aquella tradición de pensamiento. En otras ocasiones daría la impresión de que si el marxismo borrara de su credo su obsesión atea, se lo aceptaría más extendidamente. De todos modos, insistimos, es curioso observar a algunos quejarse de la pobreza, cuando, al mismo tiempo, bloquean la posibilidad de salir de esa situación liberando energía creadora que proporciona la sociedad abierta y los consiguientes mercados libres y competitivos.

Como queda dicho, paradójicamente se condena la pobreza que es consecuencia de las recetas estatistas y, simultáneamente, la alaban como una condición preferencial con lo que, entre otras cosas, de hecho eliminan la caridad tanto material como del apostolado, puesto que mejora la condición de los pobres. Incluso hay quienes sostienen que los pobres pertenecen al “reino de Dios”, con lo que los pastores deberían solo ocuparse de los ricos, ya que los primeros estarían salvados, sin percatarse de que el mensaje evangélico alude a un tema de prioridades: la autoperfeción espiritual del hombre por un lado y las cosas de este mundo, por otro.

En esta línea argumental y en el contexto de la cita que hemos transcrito más arriba de Santo Tomás de Aquino, es pertinente reiterar pasajes evangélicos: en Deuteronomio 8, 18: “Acuérdate que Yahveh tu Dios, es quien te da fuerza para que te proveas de riqueza”. En 1 Timoteo 5, 8: “Si alguno no provee para los que son suyos, y especialmente para los que son miembros de su casa, ha repudiado la fe y es peor que una persona sin fe”. En Mateo 5, 3: “Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos”, fustigando al que anteponga lo material al amor a Dios (amor a la perfección), en otras palabras al que “no es rico a los ojos de Dios” (Lucas 12, 21), lo cual aclara la Enciclopedia de la Biblia (con la dirección técnica de R. P. Sebastián Bartina y R. P. Alejandro Díaz Macho bajo la supervisión del arzobispo de Barcelona): “Fuerzan a interpretar las bienaventuranzas de los pobres de espíritu, en sentido moral de renuncia y desprendimiento” y que “ la clara fórmula de Mateo -bienaventurados los pobres de espíritu- da a entender que ricos o pobres, lo que han de hacer es despojarse interiormente de toda riqueza” (tomo VI, pp. 240-241). En Proverbios 11, 18: “Quien confía en su riqueza, ese caerá”. En Salmos 62, 11: “A las riquezas, cuando aumenten, no apeguéis el corazón”. Este es también el sentido de la parábola del joven rico (Marcos 10, 24-25), ya que “nadie puede servir a dos señores” (Mateo 6, 24).

Por otro lado, las diferencias de ingresos y patrimonios a las que también se refirió en tono de queja y reproche el cardenal Rodríguez Maradiaga, en un mercado abierto, son el resultado de la votación diaria de la gente, como consecuencia de sus preferencias y sus rechazos y en este plano nada tienen que ver con la codicia ni con el “imperialismo del dinero”. Es simplemente el resultado de lo que la gente prefiere, que al adquirir bienes y servicios de su agrado establece niveles de ingresos y patrimonios.

Por supuesto que esto no ocurre donde llamados empresarios se unen en alianza con el poder político de turno, situación en la que aquellos obtienen todo tipo de privilegios y dádivas para explotar miserablemente a sus congéneres. Tampoco estamos hablando de sociedad abierta en la medida en que se promulguen regulaciones asfixiantes, gastos públicos siderales que ensanchan la figura del Leviatán, endeudamientos estatales que comprometen patrimonios de futuras generaciones que no han participado en la elección del gobernante que contrajo la deuda, inflaciones que no son más que estafas legales especialmente a los salarios de los más necesitados y presiones impositivas que constituyen una maraña que responde solo a la voracidad fiscal.

Y estos no son temas “meramente técnicos”, sino que son consustanciales a lo moral. Sin perjuicio de otras observaciones que se podrán hacer, lejos parece están algunas de las enseñanzas, por ejemplo, de León XIII, quien enfatizó en su encíclica Rerum Novarum: “Quede, pues, sentado que cuando se busca el modo de aliviar a los pueblos, lo que principalmente y como fundamento de todo se ha de tener es esto: que se ha de guardar intacta la propiedad privada. Sea, pues, el primer principio y como base de todo que no hay más remedio que acomodarse a la condición humana; que en la sociedad civil no pueden ser todos iguales, los altos y los bajos. Afánanse en verdad los socialistas, pero vano es ese afán y contra la naturaleza misma de las cosas. Porque ha puesto en los hombres la naturaleza misma grandísimas y muchísimas desigualdades. No son iguales los talentos de todos, ni igual el ingenio, ni la salud ni la fuerza, y a la necesaria desigualdad de estas cosas le sigue espontáneamente la desigualdad de la fortuna, lo cual es conveniente a la utilidad, así de los particulares como de la comunidad; porque necesita para su gobierno la vida común de facultades diversas y oficios diversos, y lo que a ejercitar otros oficios diversos principalmente mueve a los hombres es la diversidad de la fortuna de cada uno”.

En cualquier caso y a modo de resumen del problema que aquí dejamos consignado respecto a manifestaciones de representantes de la Iglesia, la Comisión Teológica Internacional de la Santa Sede ha expresado por escrito el 30 de junio de 1977: “De por sí, la teología es incapaz de deducir de sus principios específicos normas concretas de acción política; del mismo modo, el teólogo no está habilitado para resolver con sus propias luces los debates fundamentales en materia social […] Si se recurre a análisis de este género, ellos no adquieren suplemento alguno de certeza por el hecho de que una teología los inserte en la trama de sus enunciados”.

Milton Friedman se burla de lo primero en Dólares y déficit insistiendo en la imperiosa necesidad de liberar el mercado cambiario y “hacer que el gobierno desaparezca sencillamente de la escena” . Por su parte, Friedrich Hayek en Toward a Free-Market Monetary System subraya que “Siempre, desde que el privilegio de emitir moneda fue explícitamente representado como una prerrogativa real ha sido patrocinado porque el poder de emitir moneda era esencial para las finanzas del gobierno, no para brindar una moneda sólida sino para otorgarle al gobierno acceso al barril de donde puede obtener dinero por medio de su fabricación”.

Es curioso que haya economistas profesionales que entren por la variante si debe o no debe devaluarse y, más llamativo aun, es que se lancen a patrocinar el valor en que debería situarse la divisa en cuestión. Es similar a que el debate se suscitara respecto al valor que debería fijarse a los pollos en lugar de liberar los precios luego del tristemente célebre “control de precios” que desde Diocleciano en la antigua Roma han demostrado su reiterado fracaso. Pues con el dinero ocurre lo mismo, los precios máximos a la divisa extranjera y mínimos a la local invariablemente conducen al mismo callejón sin salida.

Incluso de mantienen calurosas discusiones sobre cual debería ser el nuevo valor después de la devaluación, lo cual resulta tragicómico. También los hay que niegan que sean partidarios de la devaluación en vista de los efectos que esa medida provoca.

Es inútil, la manía por incrementar el gasto público en un contexto en el que la presión tributaria resulta insoportable se financia con emisión monetaria si es que no puede disimularse el déficit fiscal con endeudamiento externo. He aquí otra postura incomprensible: la de los economistas que suscriben la supuesta necesidad de financiarse con préstamos internacionales sin percatarse que ese canal no solo compromete patrimonios de futuras generaciones que no han participado en el proceso electoral que eligió al gobernante que contrajo la deuda, sino que facilita grandemente el derroche y en agrandamiento del aparato estatal.

Se suele esgrimir la conveniencia de la deuda pública externa para “la inversión” gubernamental. Pues, en primer lugar, no hay tal cosa como “inversión” por la fuerza ya que por su naturaleza significa abstención voluntaria de consumo para ahorrar cuyo destino es la inversión que opera debido a la preferencia temporal: la preferencia de lo futuro a lo presente. Ahorro forzoso o inversión por la fuerza constituyen contradicciones en los términos. En nuestro ejemplo, se trata de gastos no corrientes en el mejor de los casos.

Para no cargar tanto las tintas con nuestra profesión, tal vez debiera destacarse que muchos de los opinantes no son en verdad economistas. Usan esa etiqueta solo porque, por ejemplo, han opinado sobre la ley de la oferta y la demanda (generalmente mal formulada), es como si el que estas líneas escribe se autotitulara arquitecto porque alguna vez intentó levantar una pared (que, además, se derrumbó). Se trata de usurpación de título. En realidad es por eso que prefiero identificarme con mi grado de doctor en economía y no como economista.

En fin, dejando de lado esta digresión, la devaluación no es para nada una salida a los problemas creados por el Leviatán, se trata de un engaño transitorio. La solución en el mercado cambiario es liberarlo lisa y llanamente, lo cual reflejará la situación real de las paridades cambiarias. En realidad al aumentar la base monetaria, la banca central devaluó de facto lo cual se refleja en el mercado negro, solo que las exportaciones tienden a contraerse debido a que el “precio oficial” queda artificialmente rezagado y cuando no se lo quiere liberar se cambia la cotización de jure que naturalmente sigue atrasada. Esa es la devaluación.

El segundo tema de esta nota alude a lo que ha dado en llamarse “ajuste” que inexorablemente produce inmensos sufrimientos absolutamente inútiles (sea aquel solapado o explícito). Esto es así porque se trata de un parche que disimula el problema. Como he dicho antes, igual que en la jardinería la poda hace que la planta crezca con mayor vigor, el ajuste esconde la basura bajo la alfombra en lugar de erradicar de cuajo funciones estatales inútiles. Es como colocarle un corset a los efectos de ajustarle el abdomen a una persona excedida en su peso en lugar de encarar una dieta de fondo o de recurrir a la cirugía. Ajustar no es encarar el problema de fondo ya que el mal reaparecerá en el corto plazo.

Los padecimientos que se sufren por los ajustes son infinitamente mayores que los que ocurren cuando se adoptan con coraje y decisión las medias de fondo para desprenderse de reparticiones inconvenientes, las cuales sin duda generarán costos para algunos pero serán mucho más que compensados por el saneamiento perdurable.

Es lo mismo que si al enfermo grave en lugar de llevarlo al quirófano se le aplican inyecciones dolorosas que lo aliviarán temporalmente mientras el tumor crece.

En resumen, la extendida aplicación de las devaluaciones y los ajustes debieran sustituirse por la libertad cambiaria (no digo flotación porque está atada a la noción de “flotación administrada” o “sucia”) y por la eliminación de las funciones incompatibles con un gobierno republicano.

En relación a lo consignado, conviene tener presente lo escrito por Octavio Paz en El ogro filantrópico en cuanto a que lo establecido por los aparatos estatales se traduce en “un arte oficial y una literatura de propaganda […] Hay que decirlo una y otra vez: el Estado burocrático totalitario ha perseguido y castigado [es el] cáncer del estatismo […] Las tentaciones faraónicas de la alta burocracia, contagiada de la manía planificadora de nuestro siglo […] ¿Cómo evitaremos la proliferación de proyectos gigantescos y ruinosos, hijos de la megalomanía de tecnócratas borrachos de cifras y estadísticas?”. Esto último deber resaltarse: no se trata de un concurso de estadísticas sino de contar con libertad para que cada uno pueda seguir su proyecto de vida como mejor le plazca sin lesionar derechos de terceros, puesto que como ha escrito Tocqueville, “el que le pide a la libertad más que ella misma tiene alma de esclavo”.

Y para que pueda revertirse la situación y salir del marasmo de devaluaciones y ajustes, los intelectuales que se dicen partidarios de la sociedad abierta deben apuntar a erradicar los sistemas estatistas, lo cual significa alejarse de medidas timoratas que pretenden solo cambiar el decorado con hombres distintos y cambios menores. Precisamente, en este sentido es que Octavio Paz en la obra mencionada concluye respecto a nuestra región (pero aplicable a todos lados) que “Si los intelectuales latinoamericanos desean realmente contribuir a la transformación política y social de nuestros pueblos, deberían ejercer la crítica”.

Por ejemplo, sobre la calidad de alimentos nada más efectivo que la prestación del servicio para garantizarla que el abrir la posibilidad de que empresas en competencia hagan la tarea, con lo cual existen auditorías cruzadas. Digamos que tal o cual consultora ofrece la “cinta azul de calidad”: si llega a producirse una intoxicación, la consultora en cuestión y la marca correspondiente desparecen del mercado y son sustituidas por otra u otras. Por el contrario, si se trata de una repartición estatal, como último recurso se reemplaza un funcionario por otro dentro de la misma repartición y todo queda igual en cuanto a incentivos y procedimientos. A las empresas que ofrecen servicios que garantizan calidad le va la vida si las cosas salen mal, en cambio, los aparatos políticos del caso siguen en pie.

Se suele alegar la asimetría de la información para introducir el aparato estatal en estas lides, pero, precisamente, debido a que la gente no entiende de los procesos implícitos en la producción del alimento (en nuestro ejemplo) es que eligen de entre las ofertas existentes una marca de confianza que garantiza la calidad del producto preferido y la posibilidad, además, de que esté avalada por el sistema de auditoría mencionado. En un mercado abierto, por definición, no politizado, estas entidades de contralor compiten entre sí para ofrecer el mejor servicio posible dados los conocimientos existentes.

Lo mismo puede aplicarse a campos complejos como el área bancaria y financiera. La gente no necesita conocer los vericuetos del sistema bancario ni lo que ocurre dentro de las respectivas instituciones (asimetría de la información) puesto que con solo asegurar sus depósitos basta, puesto que las subas en las primas correspondientes ponen de manifiesto el riesgo del caso (sin perjuicio, si se prefiere, de utilizar también las antes referidas empresas que garantizan  calidad en cuanto a que se cumpla con lo convenido con el cliente). Es curioso pero los gobiernos se inclinan por la utilización forzosa de la “garantía estatal de los depósitos”, lo cual naturalmente incentiva a la irresponsable colocación de fondos, total se garantizan con los recursos extraídos del vecino.

La reputación no es algo que se obtiene por decreto, inexorablemente depende de la opinión libre e independiente de los demás. En este sentido, autores como Daniel Klein, Gordon Tullock, Douglass North, Harry Chase Bearly, Avner Grief, Jeremy Shearmur y tantos otros economistas que han trabajado el territorio de la reputación, enfatizan en la natural (y benéfica) descentralización del conocimiento por lo que, como queda dicho, el mercado provee de los instrumentos e incentivos para lograr las metas respecto a la calidad y el respectivo cumplimiento. Y cuando se alude al mercado, demás está decir que no se alude a un lugar ni a una cosa sino a los millones de arreglos contractuales preferidos por la gente al efecto de coordinar resultados.

Uno de los tantísimos ejemplos del funcionamiento de lo dicho es el sitio en Internet denominado Mercado Libre donde múltiples operaciones se llevan a cabo diariamente de todo lo concebible sin ninguna intervención política de ningún tipo. Los arreglos entre las partes funcionan espléndidamente, al tiempo que se califican y certifican las transacciones según el grado de cumplimiento de lo convenido en un clima de amabilidad y respeto recíproco. Éstas calificaciones y certificaciones van formando la reputación de cada cual que es el mayor capital de los participantes puesto que condicionan su vida comercial.

En este mismo contexto, Harold Berman y Bruce Benson muestran el proceso evolutivo, abierto y espontáneo del mismo derecho comercial (lex mercatoria) a través de la historia, sin que haya sido diseñado por el poder político tal como hemos escrito recientemente sobre el sentido original de la ley. Carl Menger ha demostrado lo mismo respecto al origen del dinero y los lingüistas más destacados subrayan el carácter libre de toda decisión política del lenguaje. Como la perfección no está al alcance de los mortales, la ética también es un concepto evolutivo que no involucra a los políticos (o en todo caso lo hacen para corromperla) y, desde luego la ciencia misma es independiente de las decisiones políticas (afortunadamente para la ciencia) y, por su lado, el conocimiento es siempre provisional sujeto a refutaciones.

Todos estos ejemplos de peso están atados a la noción libre de la reputación extramuros del ámbito político, en este sentido las corroboraciones en cada campo dependen del mercado de las ideas que, en el contexto de la mencionada evolución, va estableciendo la reputación de cada teoría expuesta, de modo equivalente a lo que sucede con la calidad y cumplimiento en el ámbito comercial.

El mercado libre de restricciones gubernamentales estimula a la concordia, enseña a cumplir con la palabra empeñada y mueve a la cooperación social. En cada transacción libre las dos partes se agradecen recíprocamente puesto que ambas obtienen ganancias, lo cual es precisamente el motivo del intercambio. Ambas partes saben que uno depende del otro para lograr sus objetivos personales. Las dos partes saben que si no cumplen con lo estipulado se corta la relación comercial. El mercado necesariamente implica cooperación social, es decir, cada participante, para mejorar su situación, debe atender los requerimientos de la contraparte.

La trampa, el engaño y el fraude se traducen en ostracismo comercial y social puesto que la reputación descalifica a quien procede de esa manera. Significan la muerte cívica. Solo la politización intenta tapar malversaciones. En la sociedad abierta, el cuidado del nombre o, para el caso, la marca, resultan cruciales para mantener relaciones interpersonales.

Los derechos de propiedad permiten delimitar lo que es de cada uno y consiguientemente permiten establecer con claridad las transacciones. Por el contrario, la definición difusa y ambigua de esos derechos y, más aun, la “tragedia de los comunes” inexorablemente provocan conflictos y se opaca la contabilidad con lo que se dificulta la posibilidad de conocer resultados. En libertad cada uno da lo mejor de si en interés personal, en la sociedad cerrada cada uno saca lo peor de si para sacar partida de la reglamentación estatista por la que el uso de los siempre escasos recursos resultan siempre subóptimos.

John Stossel en su programa televisivo en Fox subraya las enormes ventajas del contralor privado frente al estatal. Al mismo tiempo destaca como las regulaciones gubernamentales, que bajo el pretexto de una mejor calidad, cierran el mercado para que privilegiados operen, a pesar de que si hubiera libertad contractual otros serían los proveedores de bienes y servicios. Así ejemplifica con los permisos otorgados por gobiernos estadounidenses que dejan a los mejores afuera en muchos gremios, como se ha destruido la medicina, como se han creado las burbujas inmobiliarias, financieras y tecnológicas al crear reputaciones falsas, lo cual sostiene es también lo ocurrido con los bailouts a empresas irresponsables en perjuicio de los trabajadores que no tienen poder de lobby.

Un ejemplo paradigmático de lo que estamos abordando es el oscurecimiento de la reputación de casas de estudio debido a la politización de sellos oficiales y absurdos “ministerios de educación”, en lugar de hacer lugar a la acreditación por parte de academias e instituciones internacionales especializadas y en competencia, a su vez, cuyas reputaciones dependen de la calidad de sus veredictos y sus procederes. Tal vez el ejemplo más chocante y extremo de nuestra época respecto a lo consignado -de ningún modo el único- es la acreditación argentina de la llamada Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. En cualquier caso, constituye siempre un reaseguro el separar drásticamente la cultura de los aparatos políticos (cultura oficial es una contradicción en los términos, lo mismo que periodismo o arte oficial). Esto con independencia de las respectivas inclinaciones de los políticos del momento, puesto que la educación formal requiere puertas y ventanas abiertas al efecto de que el proceso de prueba y error tenga lugar en el contexto de la máxima competitividad y apertura mental.

Por último, Walter Block objeta parte de las visiones convencionales relativas a la opinión que terceros puedan tener sobre la reputación de ciertas personas consideradas por el titular como injustificadas, puesto que reafirma que la reputación no es algo que posea en propiedad el titular sino que, como queda expresado, deriva de la opinión de otros. Por nuestra parte, consideramos que este razonamiento no es óbice para que se recurra a las figuras de injurias y calumnias si puede demostrarse la falsedad de lo dicho públicamente.

De cualquier manera, salvo muy honrosas excepciones de aquellos que por el momento no tienen posibilidad de estar bien posicionados en una carrera electoral, en última instancia, la llamada oposición no es tal.

Decimos esto porque en las reiteradas declaraciones los supuestos opositores revelan su disgusto por los modales, la arrogancia y el espíritu confrontativo del actual gobierno pero, en la práctica, adhieren con entusiasmo al eje central de las medidas adoptadas. Esto se ha mostrado una y otra vez en muy diversas circunstancias.

Estimo que esto puede ilustrarse con algo observado esta semana en los medios. No quiero hacer nombres propios puesto que la batalla cultural debe debatirse en el plano de las ideas y no en el plano personal. Fue en un programa televisivo de gran audiencia y el entrevistado era un político muy relevante de un partido tradicional. 

El conductor abrió el programa preguntándole al personaje de marras que opinaba de lo que había dicho la titular del Poder Ejecutivo en cuanto a lo que esperaba se preserve de su legado y enumeró algunas de sus medidas. El político entrevistado dijo con énfasis que la lista que detalló la mandataria le pareció corta y que podía alargar a ese racconto otras medidas “pero con la condición de que sean bien administradas y no haya corrupción”.

Como este artículo no es solo para argentinos, ilustraré lo dicho con un ejemplo que será comprendido por todos y, además, si tuviera que analizar todos los puntos mencionados en esa entrevista necesitaría mucho más espacio del que brinda una nota periodística. El ejemplo alude a la estatización de Aerolíneas Argentinas como “línea de bandera” que actualmente arroja pérdidas diarias millonarias. A esto se refirió el entrevistado: sostuvo que le parecía muy bien la estatización de la empresa de aeronavegación puesto que el país no debía renunciar a la soberanía pero, como queda dicho, “bien administrada”.

Con esto queda claro que no se ha entendido nada de nada. En primer lugar, empresa estatal constituye una contradicción en términos. Una empresa no es un simulacro o un pasatiempo: o se asuenen riesgos con patrimonios propios y se gana o se pierde según se satisfaga o no las necesidades del prójimo, o se está ubicado en una entidad política que asigna recursos fuera de los rigores del mercado, es decir, según criterios de la burocracia del momento.

En segundo término, esa entidad política, mal llamada empresa estatal, inexorablemente significa en el momento de su constitución un derroche de capital, esto es, habrá utilizado los recursos en una forma distinta de lo que lo hubieran hecho sus titulares, lo cual, a su vez, se traduce en reducción de salarios e ingresos en términos reales puesto que éstos dependen de las tasas de capitalización. Entonces, por la naturaleza misma de este burdo simulacro, no puede estar “bien administrada”… y, a raíz de estas declaraciones grandilocuentes, recordemos al pasar que “entre lo sublime y lo ridículo hay solo un paso”.

Tercero,  si se sostiene que la entidad política de marras no hará daño porque “compite” con empresas de igual ramo, debe aclararse que no hay tal cosa ni puede haberlo. Esto es así porque la entidad política, por definición, cuenta con privilegios de muy diversa naturaleza y si se contra-argumenta que se prohibirán los privilegios y que, por tanto, habrá genuina competencia, debe responderse que, entonces, no tiene ningún sentido que dicha entidad opere en el ámbito político y que, para probar el punto de la real competencia el único modo es competir, es decir, zambullirse en el mercado con todos los antedichos rigores.

Cuarto, si se señala que esa entidad arroja ganancias y presta buenos servicios debe puntualizarse que -si los balances están bien confeccionados y no adolecen de la denominada “contabilidad creativa” llena de fraudes- y exhibe beneficios netos, la pregunta debe estar dirigida a indagar si las tarifas correspondientes no estarán demasiado altas. El único modo de conocer el nivel de tarifas reales es en el contexto del proceso de mercado. En esta misma línea argumental, por ello es que la proliferación de entidades políticas del tipo de las que venimos comentando necesariamente distorsionan precios. Y como los precios son los únicos indicadores en el mercado, su desfiguración redunda en contabilidades irreales, las cuales bloquean la posibilidad de cálculo económico.

En cuanto a que “el servicio es bueno”, la conclusión carece de base se sustentación ya que el tema central radica en visualizar cuáles son los sectores que la gente hubiera preferido si no se hubieran esterilizado sus recursos en la prestación de un servicio o la producción de un bien que, dadas las circunstancias, no es prioritario a los ojos de los consumidores.

Quinto, el tan vapuleado tema sobre la conveniencia de constituir las entidades políticas bajo el disfraz de empresa debido a que se trata de sectores estratégicos o vitales es autodestructivo ya que cuanto más estratégico y vital el sector, mayores son las razones que funcionen bien. Es cierto que desafortunadamente en ciertos países avanzados existen algunas empresas estatales para mal de sus habitantes, pero esta política se diluye entre muchas otras de corte civilizado. En nuestro caso, en cambio, se acumulan esperpentos.

Y, por último, sexto, como se ha señalado, la soberanía es aplicable solo a los individuos como indicación de sus derechos inalienables que son superiores y anteriores a la misma existencia del gobierno, aparato cuya misión en una sociedad abierta es velar por su protección y garantía. La “soberanía” de la zanahoria, de un avión, de un dique o de un trozo de tierra es tan estúpido que no resiste análisis serio. En realidad hay un estrecho correlato entre la lesión de derechos y la tan cacareada “soberanía” de las cosas y los artefactos.

Y, de más está decir, no se trata de insinuar que en el sector privado están los “buenos” y en el gubernamental los “malos”, muy lejos de ello, se trata nada más y nada menos que de los incentivos: la forma en que se enciende la luz y se toma café en una repartición estatal es muy distinta de lo que ocurre en una empresa privada.

¡Ah no! se exclama, aun admitiendo todo lo demás, lo que quiere la oposición es una buena calidad institucional. Pero es que si se admite lo demás, no hay forma de contar con marcos institucionales civilizados ¿o es que cuentan con que el Poder Judicial dictará la inconstitucionalidad de todas las medidas estatistas “bien administradas” que suscriben?

Con esto no quiero cargar excesivamente las tintas contra la supuesta oposición, solo muestro la coincidencia con el eje central de lo que viene sucediendo descartando los modales, la soberbia y el espíritu confrontativo.

Tampoco quiero cargar las tintas por otro motivo más de fondo y es que los políticos fuera del gobierno tampoco pueden recurrir a un discurso que la opinión pública no puede digerir puesto que convengamos que propuestas alberdianas hoy en la Argentina (aludiendo al autor intelectual de nuestra Constitución fundadora, Juan Bautista Alberdi) serían masivamente rechazadas y repudiadas.

Por esto, como resumen de esta nota, enfatizo una vez más en la imperiosa necesidad de preocuparse y ocuparse de la educación y el debate abierto de ideas como único camino para permitir que los políticos del futuro puedan articular un discurso compatible con la libertad. Un estatismo sin corrupción sigue generando todos los daños del estatismo aun sin caer en la indecencia y la desfachatez del robo desde las instancias encargadas de velar por los derechos de la gente.

Para terminar, lo voy a parafasear a mi estimadísmo James Buchanan en las últimas líneas de su libro (con Richard Wagner) dedicado a criticar las propuestas clave de Keynes: ¿estará próximo el día en que elijamos el sentido común del liberalismo y transitaremos “el camino menos frecuentado” que se consigna en los célebres versos de Robert Frost, o insistiremos en la senda más recorrida de la pobreza colectiva?

Es una obra que combate la desigualdad de ingresos y patrimonios sustentado en confundir el capitalismo con el llamado “capitalismo de amigos” (en verdad ausencia de capitalismo puesto que las relaciones incestuosas entre el aparato estatal y los empresarios prebendarios -desde Adam Smith en adelante- niega el significado de esa tradición de pensamiento), además, como han demostrado economistas como Hunter Lewis, Rachel Black, Robert T. Murphy y Louis Woodhill, basado en proyecciones sesgadas y estadísticas equivocadas (especial aunque no exclusivamente las referidas a retornos sobre el capital).

Dejemos las transcripciones numéricas que efectúa el autor de este libro para reflexionar sobre el centro de su tesis para lo que sugiere elevar considerablemente los impuestos al efecto de mitigar las referidas desigualdades, puesto que como es sabido incluso para leer tablas estadísticas se requiere un andamiaje conceptual previo y es a esta estructura teórica del autor la que vamos a comentar telegráficamente en esta nota periodística.

Incluso aunque las series en cuestión estuvieran bien fabricadas, las comparaciones pertinentes, los años base significativos, bien realizadas las correlaciones, bien seleccionadas las muestras y bien construidos los índices, no cambia la línea argumental. Esto es, si es cierto que en mercados abiertos y competitivos las diferencias patrimoniales las decide el consumidor en el supermercado y equivalentes, cualquier resultado en el delta es, por definición, el que ha establecido la gente con sus compras y abstenciones de comprar. Como los recursos no crecen en los árboles, su correspondiente asignación no resulta indistinta: la administración debe estar en manos de los que atienden mejor las demandas de sus congéneres a través de los cuadros de resultados para que los que dan en la tecla ganen y los que yerran incurran en quebrantos en posiciones que no son irrevocables sino sujetas a las cambiantes necesidades del público consumidor.

Resulta un tanto cansador repetir un aspecto de reflexiones ya hechas con anterioridad pero me incentivó la posibilidad de introducir nuevas consideraciones a raíz de la obra de Piketty. Otra razón para producir esta nota es que economistas como Krugman y Stiglitz alaban el libro de marras, junto a las autoridades del FMI y el mismo Obama y, en el momento de escribir estas líneas, el libro está en la lista de los best-sellers del New York Times.

Como queda dicho, en la medida en que las riquezas van a los bolsillos de empresarios que operan en base a privilegios otorgados por gobiernos, la consiguiente desigualdad se traduce en una flagrante injusticia que nada tiene que ver con la eficiencia para atender al prójimo sino con el poder de lobby para acercarse a los funcionarios del aparato estatal, es decir robo indirecto (para no decir nada de los patrimonios más abultados del mundo -según Fortune- que son fruto de usurpaciones y despojos directos como es el caso de la Rusia actual que se incluyen en las antedichas estadísticas globales como si fueran el resultado del mercado).

Y esto es lo que desafortunadamente existe en buena parte del mundo y es lo que Piketty confunde con capitalismo en el libro que comentamos. Lo que vivimos no es “la crisis del capitalismo” como afirma el autor sino la crisis del estatismo cimentada en gastos públicos astronómicos, deudas estatales siderales, déficit insostenibles, impuestos insoportables y absurdas, asfixiantes y crecientes regulaciones, de modo que está embistiendo contra un blanco equivocado.

Escribe Piketty que “la distribución de la riqueza es uno de los temas más discutidos y controversiales hoy”, lo cual es evidentemente cierto si nos guiamos por las propuestas políticas y por gran parte de los textos en economía y ciencia política, pero el asunto consiste en investigar la razón o sinrazón de las partes en este delicado debate. La tradición que inició J. S. Mill al pretender la escisión entre la producción y la distribución sentó las bases de la confusión. Para comenzar, como ha puesto de manifiesto Thomas Sowell, los economistas no deberíamos hablar de “la distribución del ingreso” puesto que “los ingresos no se distribuyen, se ganan”. Por su parte, Robert Barro ha señalado repetidamente que lo relevante no es la desigualdad de patrimonios sino la elevación del promedio ponderado de los ingresos (que es la tendencia en la medida en que la sociedad sea abierta), lo cual, dicho sea de paso, puede simultáneamente incrementar las desigualdades.

Piketty, por una parte, alude a Marx en cuanto a la concentración de la riqueza (que según él equivale a la explotación de los más pobres sin inferir conclusiones de sus niveles de vida en términos absolutos), y por otra, Kuznets que pronosticaba armonía en base a la reducción de las desigualdades (con célebres gráficos no del todo ajustados a la realidad). Pero es que, nuevamente destacamos que en la sociedad abierta las diferencias patrimoniales y de ingresos de deben a las instrucciones del consumidor en el mercado y, por tanto, cumplen un rol vital para maximizar las tasas de capitalización que es la única causa que eleva salarios.

Este es el sentido de lo consignado por Buchanan en cuanto a que “mientras las transacciones se mantienen abiertas y mientras no se recurra al fraude y a la fuerza, el acuerdo logrado es, por definición, clasificado como eficiente” y es el sentido por el que escribe Hayek en cuanto a que “la igualdad de las reglas generales es el único tipo de igualdad compatible con la libertad y la única igualdad que puede asegurarse sin destrozar la libertad”.

Sin embargo, Piketty se refiere a “los violentos conflictos que inevitablemete instiga la desigualdad (de rentas y patrimonios)” y los relaciona con los sucesos ocurridos en la Francia pre-revolucionaria, lo cual es nuevamente una situación totalmente distinta a la de los mercados libres y la sociedad abierta. Incluso sus reflexiones sobre la sobrepoblación de esa época no son comparables al crecimiento vegetativo en el contexto de la libertad. El antes referido Sowell muestra que toda la población mundial podría ubicarse en el estado de Texas con un promedio de 600 metros cuadrados por familia tipo de cuatro personas y señala que la densidad poblacional de Manhattan es la misma que en Calcuta y la de Somalía igual a Estados Unidos con lo que concluye que en un caso se habla de hacinamiento y en otro de opulencia debido a marcos institucionales diferentes y no debido a la llamada sobrepoblación.

Incluso las referencia a Malthus y a Ricardo en el libro no se condicen con lo que puede inferirse de épocas posteriores, no solo en cuanto a la población sino en cuanto a los impuestos a la tierra que parecen un adelanto de la teoría de Henry George al sugerir cargas fiscales adicionales a la tierra debido a que es un bien que aumenta su escasez sin que pueda atribuirse mérito al propietario, es decir, una especie de externalidad de la naturaleza, sin percatarse que, por ejemplo, eso mismo ocurre con nuestros ingresos que son debidos a las tasas de capitalización generados por otros (y tantas otras ventajas que obtenemos como que al nacer estamos insertos en lugares donde ya existe un lenguaje, insitituciones, etc.).

Thomas Piketty concluye que no está todo perdido puesto que “hay sin embargo maneras en que la democracia puede recuperar el control sobre el capitalismo y hacer que los intereses generales prevalezcan sobre los particulares”. En esta conclusión hay por lo menos tres asuntos que deben resaltarse. Primero, en gran medida no estamos en democracia en el llamado mundo libre tal como la concibieron en combinación con la República los Padres Fundadores en Estados Unidos, ni como la conciben los Giovanni Sartori de nuestros tiempos. Se trata mayorías ilimitadas que arrasan con el derecho y toda la tradición constitucionalista desde la Carta Magna de 1215. Segundo, no hay tal cosa como el capitalismo para controlar por las razones antes apuntadas. Y tercero, aunque es un lugar común, en la sociedad abierta no hay conflicto entre lo particular y lo general por la sencilla razón que lo general es la satisfacción de todo lo particular que no lesione iguales derechos de otros.

El autor de esta obra ahora de moda le da por completo la espalda al hecho de que el proceso de creación de riqueza es dinámico y no un bulto estático que opera en el contexto de la suma cero y que los burócratas tienen que decidir como “lo distribuyen”.

Por último, debe subrayarse que, en rigor, no es posible imponer el igualitarismo ya que las valorizaciones son subjetivas y, aunque todos dijeran la verdad no pueden realizarse comparaciones intersubjetivas, al tiempo que debido a la intervención gubernamental para imponer la guillotina horizontal se deterioran los precios relativos lo cual malguía aun más la producción. En el contexto del igualitarismo forzoso se requiere un sistema autoritario puesto que cuando alguien se sale de la marca niveladora establecida, debe recurrirse a la violencia para encauzar al “infractor”. Y, además, en otro plano de análisis, si fuéramos todos iguales con las mismas inclinaciones y talentos, la división del trabajo y la cooperación social se derrumbarían y la misma conversación se tornaría en un aburrimiento colosal ya que sería lo mismo que dirigirse al espejo.

No se trata entonces de solo declamar sobre la necesidad de incrementar las inversiones puesto que la abstención de consumo, esto es, el ahorro, requiere de un ámbito en el que se ofrezcan garantías de su cuidado y respeto. El destino del ahorro es la inversión o su equivalente la tasa de capitalización que se concreta en equipos, herramientas de muy diverso tenor, maquinarias y conocimientos relevantes al objeto perseguido de optimizar el retorno.

Siempre el ahorro se traduce en inversión, incluso cuando se invierte en dinero. Se procede de esta manera porque, igual que toda inversión, se estima que el valor futuro será mayor que en el presente. En este caso, al guardar bajo el colchón la masa monetaria es menor y frente a los bienes disponibles hace que bajen los precios, es decir, sube el poder adquisitivo de la unidad monetaria. Generalmente (no siempre) se procede de este modo cuando no hay suficientes garantías para invertir en otros sectores, a menos que la colocación sea en bancos debido a atractivas tasas de interés. Se cualquier modo, hay un estrecho correlato entre el clima civilizado de respeto a la propiedad y el volumen de inversiones.

El proceso por el cual se conectan las tasas de capitalización y los ingresos en términos reales procede a través de los siguientes cuatro pasos. Antes de mencionarlos cabe precisar que para que tengan lugar en todo su potencial esos pasos, es menester que el inversor tenga claro que no obtendrá privilegios si contacta a los gobernantes y, también, se saca el mayor provecho posible si el mercado laboral está abierto, a saber, que los arreglos contractuales entre las partes no es interferido por los aparatos de la fuerza.

Pues bien, los cuatro pasos son los siguientes: primero, el empresario tendrá muy presente que su meta es obtener el mejor rédito posible dadas las circunstancias imperantes (de lo contrario, será removido en la primera asamblea de accionistas). Segundo, dado que no puede robar a través de dádivas gubernamentales, está obligado a servir a los efectos de incrementar su patrimonio. Tercero, se abocará entonces a ofrecer mayor cantidad de bienes y servicios de los que ya existen o nuevos bienes y servicios. Cuarto, como el mercado laboral se encuentra libre de trabas todos están empleados en faenas manuales o intelectuales por lo que el capitalista en cuestión no tiene más remedio de ofrecer salarios y honorarios más elevados si quiere atraer personas hacia su negocio para que colaboren en su emprendimiento. Es así como se eleva el nivel de vida y si en lugar de una sola empresa invierten muchas, los ingresos se multiplican y, además, los recursos humanos se emplean  en tareas más humanas y productivas (por eso es que en países de altas tasas de capitalización no existe tal cosa como el servicio doméstico y similares).

No es que en Huston-Texas los empleadores sean más generosos y comprensivos que los de La Paz-Bolivia; es que en el primer caso están obligados a pagar salarios más altos por las razones apuntadas (y por el mismo servicio). Son irrelevantes las diferencias patrimoniales de quienes contratan y son contratados en el mercado laboral, como queda dicho, son las tasas de capitalización las que marcan los salarios independientemente si uno es millonario y el otro está quebrado.

Vamos entonces al llamado “efecto derrame”. Como he apuntado en otras oportunidades, esta terminología no solo se utiliza peyorativamente para aludir al proceso antes señalado sino que confunde totalmente conceptos clave. Para nada se trata de asimilar el tema a un vaso del que beben cuantiosamente los opulentos y, cuando rebalsa (derrama) pueden beber los menesterosos de la tierra. En absoluto. Se trata de un proceso que va en paralelo a la evolución de los ingresos en términos reales. Cada incremento en las tasas de capitalización hace que los salarios aumenten tal como hemos destacado. Por ello es que los que recurren a la idea del “efecto derrame” provienen de diferentes variantes socialistas muy alejados de los valores y principios de una sociedad abierta.

Por último, si las legislaciones apuntan al igualitarismo se desarticulan los efectos bienhechores especialmente para los más necesitados puesto que se contradice la desigualdad que la gente votó en el supermercado y afines según sea la atención que se preste al consumidor y la respectiva calidad y precio.

La denominada redistribución de ingresos significa volver a distribuir por la fuerza la distribución que se logró debido a las votaciones de la gente en el plebiscito diario del mercado. Y tengamos en cuenta que el mercado somos todos cuando compramos nuestra ropa, alimentos, vivienda, libros y demás.

El igualitarismo desmorona los marcos institucionales necesarios para la antes aludida inversión ya que impone la guillotina horizontal, lo cual equivale a que se embista contra los resultados de la inversión. No es posible tener la torta y comérsela al mismo tiempo. Si se desea combatir la pobreza no puede atacarse la inversión en los hechos, por más que se la alabe en el discurso, asignando recursos a sectores distintos de los votados por la gente en procesos abiertos y competitivos con lo que se derrochan aquellos factores productivos y, por tanto, se perjudica especialmente a los marginales reduciendo sus salarios.

Demás está decir que cuando nos referimos al rol de la desigualdad no aludimos a los pseudoempresarios aliados al poder que obtienen sus patrimonios fruto de la explotación del privilegio ni a los gobernantes que echan mano a dineros públicos, sino, como queda dicho, a quienes obtienen sus ingresos en mercados abiertos y competitivos y que, por tanto, deben atender las necesidades y deseos de la gente.

Regulaciones asfixiantes, impuestos insoportables, endeudamientos siderales, inflaciones galopantes y gastos públicos incontrolables constituyen recetas infalibles para extender la exclusión y la miseria. 

Por sugerencia de un  ex alumno del doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires que me envió el tape, acabo de escuchar una conferencia de Miguel Ángel Cornejo trasmitida desde Lima en el Estadio Nacional del Perú (ahora veo que hay varias de su autoría en Youtube). En estas líneas quiero mencionar uno de los ejes centrales de aquella presentación que estriba en su vehemente preocupación de que en nuestro continente latinoamericano en general se ha insistido hasta el cansancio que es una virtud el ser pobre y que constituye un galardón el sufrimiento. El orador dice que de este modo no vamos a ningún lado ya que esa actitud conduce al estancamiento cuando no al retroceso. Expresa Cornejo que se necesita una visión radicalmente distinta para progresar, cual es la admiración a los exitosos que han logrado sus sueños en base a procedimientos legítimos, cualquiera sea el ámbito de su acción. Decimos nosotros que, además del sano consejo de la emulación, se estimulan las tasas de capitalización (no la sandez del “efecto derrame”). Sostuvo con razón el orador que el lamento, la victimización, la envidia y el reclamo para que el fruto del trabajo de otros se destine coactivamente a paliar problemas son características destinadas a perpetuar el fracaso.

Todos los temas que hoy se dan por sentados deben ser revisados y discutidos con detenimiento al efecto de que las funciones gubernamentales sean confirmadas o eliminadas, tal como hacen los especialistas en hacienda y contabilidad con la herramienta del presupuesto base cero. En mis clases en la Maestría en Economía que estoy ahora dictando por aulas virtuales para la Swiss Management Center University les digo a los estudiantes que es como si mi cátedra de Análisis Económico fuera un libro en colaboración con ellos titulado Cuestionar todo, no por el deseo de debatir sino para fijar una atenta mirada en las políticas económicas del momento tomando la debida distancia para racionalizar y estudiar desde diversos ángulos acerca de la conveniencia de su mantenimiento o desmantelamiento. Entre muchas otras cosas, concluimos que el llamado “efecto derrame” deforma hasta convertir en una caricatura grotesca lo que se quiere decir cuando se señalan las virtudes del incremento de la inversión per capita.

No es que deba haber unanimidad en esto (ni en ningún otro asunto ya que el conocimiento es provisional sujeto a refutaciones) pero es importante prestar atención a los argumentos y contra-argumentos a los efectos de sacar conclusiones. Termino con una nota de humor negro y es que Prensa Latina (la agencia única y oficial cubana) trasmite la curiosa noticia que Raúl Castro declaró el 13 de abril del corriente año que es “un enemigo absoluto de la unanimidad”. Como es sabido, hasta ahora, desde 1959, no se conoce un solo caso que no fuera de votaciones unánimes en la llamada Asamblea Nacional y en todos los foros de la isla-cárcel, esto sígenera un “efecto derrame” sobre la población en el sentido más verticalista, truculento y brutal de la expresión.