Al hacer desaparecer instituciones que sirven para atropellar derechos individuales, se libera a las personas para que administren lo que es de cada cual. Sostener que no se debe dejar las cosas a la “anarquía del mercado” es no comprender que el mercado somos todos los que votamos diariamente con nuestras compras y abstenciones de comprar. No es que la disyuntiva sea el aparato estatal que decide por nosotros lo que nos pertenece o la anarquía, sino que la alternativa es que cada uno dirija lo suyo como juzgue mejor. De este modo, tendrá vigencia la Justicia como el “dar a cada uno lo suyo” y desaparecerán la mayor parte de las reparticiones oficiales que no solo son inútiles, sino contraproducentes (como el tragicómico Ministerio de Economía, en lugar de una secretaría de finanzas públicas, puesto que no puede controlarse la economía, el Ministerio de Educación, que pretende controlar el pensamiento a través de pautas y reglamentaciones varias, pero que debiera reemplazarse por acreditaciones de instituciones privadas locales e internacionales que en competencia realizan auditorías cruzadas al efecto de lograr la mayor excelencia posible, para no decir nada de los ministerios de Bienestar Social y equivalentes que producen malestar con recursos detraídos coactivamente del fruto del trabajo ajeno). Eliminar reparticiones, es decir, liberar recursos para engrosar los bolsillos de la gente, nunca podar funcionarios, de lo contrario, igual que la jardinería, luego crecen con más fuerza.

Lo que ha venido ocurriendo en las últimas largas décadas consiste básicamente en ocultar la acumulación de poder junto con irregularidades superlativas que para nada se condicen son el sistema republicano bajo la máscara hipócrita de proteger a los más necesitados, cuando justamente son los más perjudicados frente a aparatos estatales avasalladores.

En cada punto no me extenderé en los fundamentos, puesto que, por una parte, ya lo he hecho en libros, ensayos y artículos anteriores y, por otra, el espacio de una nota periodística no lo permite.

1. Establecer un sistema basado en severas limitaciones al Poder Legislativo como encargado de actos administrativos y no para legislar sobre aquello que es fruto de un proceso abierto de descubrimiento en un contexto evolutivo y no de diseño e ingeniería social, tal como lo explican juristas de la talla de Bruno Leoni. En el Poder Judicial, fortalecer la carrera de jueces y fiscales (para no solo condenar a ladrones de gallinas, sino también a corruptos en el Gobierno y peces gordos tramposos en el sector privado) y, por otra parte, abrir la posibilidad de arbitrajes fuera del ámbito oficial, donde en las relaciones contractuales las partes establecen quiénes resolverán los eventuales conflictos en las diversas instancias. Y el Ejecutivo electo a través de sorteos, como sugirió Montesquieu, con lo que los incentivos se encaminarán hacia la necesidad de protección de vidas y propiedades, dado que cualquiera puede ejercer el cargo, que, además, estará compuesto por un triunvirato tal como se propuso en la Convención Constituyente estadounidense.

2. Eliminar todas las embajadas y dejar un consulado en cada país, cargos que se justificaban en la época de las carretas al efecto de prevenir algún conflicto que debido a comunicaciones precarias no podía encararse por teleconferencias y otros canales modernos. Hoy los palacios y los séquitos no se justifican, al tiempo que se reducen privilegios que otorgan pasaportes diplomáticos y similares.

3. Liquidar la banca central y el curso forzoso como causantes principales del saqueo de patrimonios. Cuando la llamada “autoridad monetaria” decide expandir, contraer o dejar la masa monetaria inalterada, siempre se alteran precios relativos, lo cual, a su turno, se traduce en consumo de capital y su correlato: la disminución de salarios e ingresos en términos reales. Al mismo tiempo, dejar sin efecto el sistema de reserva fraccional en la banca y establecer el free banking en rubros que operan como cuentas corrientes (los depósitos a plazo y equivalentes naturalmente no requieren exigencias de efectivo mínimo, puesto que no generan producción secundaria y exógena de dinero).

4. Poner en venta al mejor postor todos los bancos estatales,puesto que inexorablemente significan derroche de los siempre escasos recursos, ya que “crédito barato” significa que otros están obligados a pagar la diferencia.

5. Poner también en venta todas las llamadas empresas estatales, puesto que su misma constitución implica asignar factores de producción en sectores distintos de lo que hubiera decidido la gente (y si hubiera sido en la misma dirección, es superflua la intromisión estatal). Y es menester tener en cuenta que cuanto más estratégica y vital el área más importante es que funcione bien, que cuando algo es “de todos”, no es de nadie (la conocida “tragedia de los comunes” que hace, entre tantas cosas, que la forma en que se toma café y se encienden las luces no es la misma en una entidad estatal que en una empresa privada). El asunto es que las empresas deben estar sometidas a lo que opina de ellas la gente, lo cual se pone en evidencia a través del cuadro de resultados: El que da en la tecla en las preferencias del prójimo gana y el que yerra incurre en quebrantos. Asimismo, a efectos de preservar la tan indispensable libertad de prensa, debe venderse el espectro electromagnético para sortear la figura de “la concesión” que significa el tener al Gobierno permanentemente como una espada de Damocles.

6. Salvo las estadísticas que consignan la administración de ingresos y egresos que hacen a las finanzas públicas, todas las demás deben delegarse en universidades y entidades privadas que, en competencia y ejerciendo auditorías cruzadas, harán las tareas correspondientes y siempre con base en datos que la gente considere relevantes. En esta misma línea argumental, todas las oficinas del Ejecutivo que no traten de organismos de control y otros entes autárquicos deberán concentrarse en la casa de gobierno, por lo que se liquidarían todos los inmuebles fastuosos que actualmente se utilizan como consecuencia de funcionarios que desempeñan tareas que nada tienen que ver con la protección de derechos y la administración austera y transparente de un sistema republicano.

7. Todos los aranceles y las tarifas aduaneras deben erradicarse para que la gente pueda comprar más barato y de mejor calidad, lo cual implica menor erogación por unidad de producto, que, a su vez, significa mejor nivel de vida. Debe rechazarse la conocida falacia de la industria incipiente como una mala excusa de seudoempresarios que apuntan a ser protegidos de la competencia exterior (o en su caso interior). Si es verdad que se concibe un proyecto redituable que más que compense las pérdidas iniciales debido a la poca experiencia en el ramo, este proyecto se venderá en el mercado para que se hagan cargo los empresarios interesado y no endosar la carga sobre las espaldas de la gente. Si nadie en el orbe lo compra, es por uno de dos motivos: O el proyecto es un cuento chino, o, siendo rentable, se estima que hay otros proyectos que son más redituables y, como no puede hacerse todo al mismo tiempo, el proyecto de marras debe esperar o descartarse. Por otra parte, nuevas tecnologías y productos más baratos liberan recursos humanos y materiales para destinarlos a la producción de otros bienes y servicios. En esto consiste el progreso, cada persona trabajando en una empresa intenta imaginar nuevos y mejores procesos, lo cual genera transiciones y cambios permanentes. Ese fue el caso, por ejemplo, del “hombre de la barra de hielo” antes del refrigerador o el fogonero antes de las locomotoras diesel. El denominado gradualismo implica la pretensión -oculta bajo figura del derecho adquirido- de demandar un derecho contra el derecho, por lo que, de modo gradual, se siguen lesionando derechos.

8. Abrir el mercado laboral abrogando la legislación que contempla la figura fascista de la personería gremial, si es que se hubiera comprendido que la única causa de salarios más elevados son las tasas crecientes de capitalización que hacen imposible conseguir trabajo manual e intelectual por debajo de esa marca. Esa es la explicación, por ejemplo, por la que en países de altas tasas de capitalización en gran medida no existe tal cosa como servicio doméstico, ya que el ser humano es empleado en tareas de mayor productividad.

9. Contar con impuestos reducidos para cumplir con las tareas de seguridad y justicia que implica castigar el fraude, el engaño y la trampa, reemplazando todas las cargas tributarias por el impuesto al valor agregado -que, por un lado, permite reducir controles por el sistema de impuestos a cargo e impuestos a favor y, por otro, cubre toda la base impositiva- y también por un impuesto territorial (siempre proporcional) que abarca a los que tienen propiedades a las que debe vigilarse, pero sus propietarios se encuentran en el extranjero, excluyendo así el principio de nacionalidad (o de voracidad fiscal). Establecer un federalismo fiscal donde las provincias coparticipen al Gobierno central y aquellas recauden para todos los fines que no sean defensa nacional y relaciones exteriores (que junto con los gastos que requiera la administración es jurisdicción del Gobierno central). Esta perspectiva hará que en los Gobiernos provinciales los incentivos se ubiquen en función de contar con una presión tributaria razonable para que la gente no se mude a otra provincia y para atraer inversiones (gravámenes reducidos que a su vez se traducen en gastos reducidos).

10. En este contexto, debe prohibirse la deuda pública externa por ser incompatible con la democracia, ya que compromete patrimonios de futuras generaciones que no han participado en la elección del Gobierno que contrajo la deuda, todo lo cual se vincula a las mal llamadas “inversiones públicas” (en verdad gastos en activos fijos para distinguirlos de los gastos corrientes), puesto que la inversión es inseparable del juicio subjetivo de titulares en cuanto a valor futuro y valor presente, lo cual por su naturaleza no puede ser forzosa. Esto significa la privatización de los servicios de infraestructura (por otra parte, en manos estatales es el mayor foco de corrupción), lo cual eventualmente traslada la deuda al sector privado y no a la deuda pública interna (además, no hay en este programa posibilidad de adelantos a la tesorería por parte de la banca central en este contexto inexistente).

Hay mucho más que decir sobre un programa político para el año verde, puesto que por razones de espacio no se han mencionado territorios de gran relevancia, pero baste con lo dicho como una introducción telegráfica para pensar y debatir.

Como queda expresado, todo esto dependerá de la educación en defensa de una sociedad abierta. Nada es automático. No es una faena para timoratos ni para los fanáticos del statu quo. El coraje de hombres como Karl Marx con su perseverancia produjeron un enorme corrimiento en el eje del debate en cuando a valores y principios. No siempre los que se denominan liberales -más bien conservadores- han tenido ni tienen ese coraje y se circunscriben a aceptar lo digerible al momento, pero les ocurre que en la etapa siguiente, con esa estrategia, se ven obligados a retroceden nuevamente, puesto que no han hecho nada por marcar la agenda, sino que se las establecen quienes son contrarios a la sociedad libre.

En otros términos, sin perjuicio de otros debates fértiles sobre el futuro, en esta instancia del proceso de evolución cultural, al efecto de avanzar hacia una sociedad abierta, se necesita una educación que elimine candados mentales que no permiten visualizar las grandes ventajas de vivir en libertad, es decir, de subrayar la importancia del respeto recíproco. Hoy parece para el año verde, pero cuanto antes mejor.

El derecho es consustancial a la naturaleza del ser humano. El hombre siempre actúa con la intención de pasar de un estado menos satisfactorio a uno que le proporcione mayor satisfacción. Esos estados de satisfacción son enteramente subjetivos y dependen totalmente de la estructura axiológica de cada cual. En este proceso el hombre busca la mayor incorporación de lo que estima son valores (que en realidad pueden ser desvalores si en definitiva le hacen daño). En una sociedad abierta cada uno asume la responsabilidad por lo que hace o deja de hacer.

Hay dos planos de análisis en esto: por un lado, las apreciaciones o las valorizaciones subjetivas de cada uno y, por otro, la objetividad de las cosas en el sentido de propiedades y relaciones que son independientemente de las opiniones de cada cual. El derecho es simplemente la facultad de las personas para seguir el curso que estime conveniente siempre y cuando no lesione derechos de terceros. Del mismo modo que las flores y los minerales tienen ciertas propiedades y características, el ser humano también las tiene.

En una sociedad abierta se da rienda suelta a lo que cada uno considera es su camino para ejecutar sus proyectos de vida siempre y cuando, como queda dicho, no lesiones derechos de terceros. Y no es que el derecho tenga un límite, la destrucción del derecho ajeno no es un derecho.

El hecho de actuar pone de relieve que el ser humano es imperfecto y, por ende, está insatisfecho. Busca afanosamente la felicidad, que en rigor es la actualización de las potencialidades hacia el bien, pero evidentemente puede ser malentendida y dirigirse a la ruina. En todo caso, no es de incumbencia de nadie más que del sujeto actuante, sin perjuicio de lo cual pueden ofrecerse consejos y debatir voluntariamente objetivos, pero en ningún caso en la sociedad abierta es lícito recurrir a la fuerza para fines que no sean estrictamente defensivos.

Todo derecho implica como contrapartida una obligación. Si una persona obtiene un ingreso de mil, la contracara es la obligación universal de respetar ese ingreso. Pero si esa persona demanda dos mil aun no obteniéndonos y el Gobierno otorga esa facultad, quiere decir que otro estará obligado a entregar la diferencia, lo cual lesiona su derecho, por tanto, se trata de un seudoderecho.

Desafortunadamente en la actualidad vivimos rodeados del otorgamiento de seudoderechos: derecho a la educación no en el sentido de que cada uno puede educarse, sino en el sentido de que otros vecinos están obligados a financiar los estudios de terceros, y así en idéntico contexto el derecho a la vivienda, a hidratos de carbono o vitaminas, a un salario adecuado, a la recreación etcétera.

Este enfoque desafortunado reasigna los siempre escasos recursos en direcciones diferentes a las que lo hubiera hecho la gente con sus compras y sus abstenciones de comprar en el supermercado y afines, con lo que hay consumo de capital que a su vez se traduce en menores salarios e ingresos en términos reales, que, entre otras cosas, no permite expandir la educación, la vivienda, la alimentación, la recreación y demás aspiraciones del todo legítimas y necesarias.

No hay posibilidad de contar con una sana economía si no existen normas que garanticen el respeto recíproco. Un ejemplo entre tantos: Cuando las instituciones permiten que el aparato estatal estafe a la gente vía la manipulación monetaria, se distorsionan los precios relativos que a su turno engañan a los operadores económicos en su asignación de factores de producción y el consumo de capital correspondiente contrae salarios e ingresos en términos reales. Siempre que se habla de derecho se habla de Justicia, que significa “dar a cada uno lo suyo”, lo cual remite a la propiedad privada, que, a su vez, es el eje central del proceso de mercado.

He escrito antes sobre distintos canales para producir grietas sumamente peligrosas en el edificio jurídico, pero hay cinco que son las más frecuentes. Telegráficamente consideradas, se trata de las teorías del abuso del derecho, la lesión, la imprevisión, el enriquecimiento sin causa y la penetración, sobre las que han advertido todos los grandes tratados de derecho civil y estaban proscritas en las normas escritas y no escritas de toda sociedad abierta, en la que naturalmente se respeta el haz de contratos diarios e inseparables de la propiedad que se suscriben de facto o de jure en casi todas las acciones del hombre (de compra-venta, de enseñanza, de locación, de transporte, de mutuo, de mandato, de gestión de negocios, de fianza, de donación, societarios, aleatorios, de adhesión y así sucesivamente).

La llamada teoría del abuso del derecho ha sido catalogada por autores como Planiol y Ripert como una logomaquia, puesto que un mismo acto no puede ser simultáneamente conforme y contrario al derecho. Por medio de esta figura se concede al gobernante la facultad de sacrificar la voluntad, la libertad y la autonomía de una o de ambas partes en pos de la arbitrariedad judicial. Se suelen citar ejemplos en los que se estima una de las partes se ve obligada a cumplir con lo estipulado a pesar de su precaria situación, lo cual no permite ver que son muchas las personas (comenzando por nuestros ancestros de las cavernas) que atraviesan dificultades varias, pero si se autoriza a quebrar los contratos las dificultades se extienden en grado sumo, tal como ocurre en los países en los que no se respetan las relaciones contractuales.

Por su parte, al introducirse el principio de la lesión, también se otorga al juez la facultad de declarar nulo un contrato, aun actuando dentro de la esfera del derecho. Si se estimara que una norma no protege adecuadamente las autonomías individuales y, por ende, no hace justicia, debe ser modificada o abrogada. La confiscación del Poder Judicial de las facultades del legislativo constituye un abuso de poder que vulnera la división de poderes. Por ejemplo, una nota del codificador argentino al Código Civil de 1869 apunta la irrevocabilidad del contrato al sostener: “dejaríamos de ser responsables de nuestras acciones si la ley nos permitiera enmendar todos nuestros errores y todas nuestras imprudencias”.

La teoría de la imprevisión solo se diferencia de la de la lesión en cuanto a la temporalidad, es decir, que mientras esta se juzga al momento de celebrarse el contrato, aquella es juzgada en el futuro y de ocurrir circunstancias previstas solo por una de las partes o no previstas e imprevisibles, lo cual convierte a la obligación en más onerosa. En este contexto ha escrito Bibiloni: “No hay sociedad posible si por circunstancia de que alguien obtenga provecho de una relación legítima con otro, está obligado al resarcimiento. El que vende o compra o arrienda o ejerce, en fin, la más natural acción, puede obtener lucro de la otra parte, sin que de ahí se deduzca nada porque para eso son los contratos”. El respeto a la palabra empeñada constituye el eje central de una sociedad abierta, lo cual implica el asumir todas las consecuencias de lo pactado.

En cuarto lugar, la teoría del enriquecimiento ilícito tiene dos significados bien diferentes: por un lado, el incremento patrimonial debido a causas contrarias al derecho, es decir, a acciones ilícitas y la segunda interpretación, la que en verdad da lugar a esta teoría es el incremento patrimonial como consecuencia de operar conforme a derecho, pero declarado nulo por el Poder Judicial, con lo que, nuevamente, nos encontramos frente a la arbitrariedad y al atropello del Leviatán, con las consecuencias devastadoras que significa la suspensión del derecho a manos de la discrecionalidad y la imprevisibilidad, todo lo contrario de lo que requiere la seguridad jurídica.

Por último, la novel teoría de la penetración permite que los accionistas de una sociedad anónima sean responsables solidaria e ilimitadamente con sus bienes, respondiendo por los actos de la empresa de la cual son copropietarios, con lo que se extingue la figura de la personería jurídica, confundiéndola con las personas de existencia física y demuele la noción misma del carácter societario para entregarla a las resoluciones circunstanciales de Gobiernos que abrogan de facto las mismas normas en cuyo contexto se desenvuelven.

Por supuesto que estas cinco afrentas al derecho (en el caso argentino incorporadas al Código Civil por el Gobierno de facto del general Onganía) no son las únicas por la que los marcos institucionales están en jaque, también se hace de modo flagrante al desconocer los principios de la garantía de la cosa juzgada, la irretroactividad y al incorporar los llamados “derechos sociales” que, como hemos apuntado, significan seudoderechos, ya que, al concederlos, necesariamente dañan los derechos de terceros al no tener en cuenta que a todo derecho corresponde una obligación y si estas resultan contrarias al derecho de otros, inexorablemente se perjudica seriamente el andamiaje jurídico, con lo que, además, se afecta a quienes se pretende mejorar en su condición.

Hoy en día hay lugares en los que los comisarios del momento ni siquiera alegan las teorías anteriormente mencionadas, sino que proceden al atropello a los derechos de las personas sin dar explicación alguna como no sea escudado en “la soberanía” de los aparatos estatales, sin percatarse de que la soberanía reside en los gobernados que contratan a Gobiernos para que los protejan y no para que los ataquen, actuando no como mandantes, sino como mandatarios sin límite alguno en sus atribuciones.

Desafortunadamente, en la mayor parte de las facultades de derecho el positivismo jurídico ha hecho estragos y se ha perdido la noción de mojones o puntos de referencia de justicia extramuros de la legislación positiva, situación que conduce indefectiblemente al ensanchamiento de un Leviatán completamente desbocado, en desmedro de los derechos de las personas y con lo que cualquier Hitler (hoy diríamos Chávez) que asume el poder con suficiente apoyo electoral convierte su legislación pervertida en “normas de justicia”.

Ya se ha señalado y repetido con razón que las declinaciones de los diversos países no se deben a factores exógenos sino internos, comenzando por lo que ocurre en la cabezas de la gente. Michail Rostovtzeff explicó detalladamente en su célebre y voluminosa historia el deterioro en los marcos institucionales y en la economía debido al estatismo que irrumpió en la Roma imperial y Taichi Sakaiya resume el tema en su Historia del futuro. La sociedad del conocimiento: “La causa del desmoronamiento y la extinción del mundo antiguo no fue la obtusa ignorancia y el salvajismo de los bárbaros del norte, sino el cambio ético y estético que estaba en marcha mucho antes […] fueron abandonados desde dentro”.

En este trabajo de Fuentes, si bien la trama está referida a México, en última instancia alude a las características de todos los gobiernos. Le encuentro cierta similitud con El príncipe de Maquiavelo. En este caso, se suele condenar al autor de perverso cuando en verdad estaba describiendo lo que ocurre en los pasillos del poder. Así, por ejemplo, escribe Maquiavelo que “podría citar mil ejemplos modernos y demostrar que muchos tratados de paz, muchas promesas han sido nulas e inútiles por la infidelidad de los príncipes, de los cuales, el que más ha salido ganando es el que ha logrado imitar mejor a la zorra. Pero es menester respetar bien ese papel; hace falta gran industria para fingir y disimular, porque los hombres son tan sencillos y tan acostumbrados a obedecer las circunstancias, que el que quiera engañar siempre hallará a quien hacerlo”. O cuando se lee que el gobernante “debe parecer clemente, fiel, humano, religioso e íntegro; mas ha de ser muy dueño de sí para que pueda y sepa ser todo lo contrario […] dada la necesidad de conservar el Estado, suele tener que obrar contra la fe, la caridad, la humanidad y la religión […], los medios que emplee para conseguirlo siempre parecerán honrados y laudables, porque el vulgo juzga siempre por las apariencias”.

El libro de Fuentes se construye en base a un entramado epistolar cuyo eje central se refiere al poder político mexicano con todas las tramoyas, vericuetos, traiciones y abusos típicos de la politiquería, intercalado con relaciones amorosas de diverso calibre. Son setenta los capítulos que corresponden a sesenta y nueve cartas y una especie de post-sriptum, mediante lo cual ilustra magníficamente lo que el autor se propone describir, posiblemente al efecto de que el lector discuta consigo mismo sobre el poder y se cuestione sus diversos aspectos.

En cierto sentido me recuerda el ensayo, también sobre México pero aplicable a otros lares, titulado Toma de posesión: el rito del poder de Fernando Serrano Migallón, que abarca desde la sociedad prehispánica hasta Carlos Salinas de Gortari, donde, sin proponérselo el autor, quedan estampadas las prepotencias de gobernantes, las rencillas del poder que se llevan por delante los derechos de la gente en el contexto de un boato rayano en la ridiculez (tengamos en cuenta el aforismo en cuanto a que “entre lo sublime y lo ridículo hay sólo un paso”).

Estimo que el mejor modo de poner de manifiesto lo dicho es transcribir algunos pasajes cortos de La Silla del Águila. Aquí va una muestra representativa por orden de aparición y por boca de los personajes de la novela: “para mí todo es política, incluso el sexo. Puede chocarte esta voracidad profesional”, “el poder es mi vocación”, “te lo digo a boca de jarro: todo político tiene que ser hipócrita. Para ascender, todo vale. Pero hay que ser no sólo falso, sino astuto”, “la fortuna política es un largo orgasmo”, “no hay gobierno que funcione sin el aceite de la corrupción” y “no hay mejor entrenamiento para la política que el adulterio”.

Como esto está muy generalizado y no circunscripto a países del tercer mundo, es decir, la democracia -el respeto irrestricto de las mayorías por las minorías- que ha devenido en cleptocracia, vale la pena hacer un alto en el camino y considerar propuestas que intentan rectificar el rumbo, no en base a la espera de milagros con los mismos sistemas y procedimientos, sino en base a incentivos distintos. En este sentido, es de gran relevancia discutir la propuesta de Friderich Hayek para el Poder Legislativo, la de Bruno Leoni para el Poder Judicial y la de Montesquieu aplicable al Poder Ejecutivo. Son propuestas radicales que he considerado en otras oportunidades, pero, en todo caso, si éstas no se aceptan hay que usar las neuronas para pensar en otras pero no quedarse de brazos cruzados y comprobar cómo se degrada el sistema institucional camuflado con votos. Incluso esto es necesario para dar lugar a otros debates como los fértiles de las externalidades, el dilema del prisionero y las asimetrías de la información.

En La Silla del Águila los personajes vinculados a la política discuten sobre engaños, estrategias, enredos amorosos, consejos inauditos y confesiones inconfesables. En no pocos pasajes se advierten ideas atrabiliarias de Carlos Fuentes -especialmente en materia económica- del todo compatibles con otras declaraciones suyas expresadas de viva voz por otros canales y en otros de sus escritos, pero de cualquier manera, sigue en pie que esta obra desnuda el alma del poder (además de los otros desnudos literales que se insinúan o que se describen en la novela).

Resultan tragicómicas las descripciones que se hacen de los diversos funcionarios gubernamentales, como que “el encargado de las comunicaciones se comunica mejor en silencio, a oscuras, y expidiendo, como lo hace, concesiones y contratos mediante jugosas comisiones” o cuando se describe al “secretario de Estado para la Vivienda… que sólo ha construido una casa: la suya”, a los que viven declamando “lealtad al espíritu de la Patria – whatever that means!” y a funcionarios que son “como poner un pirómano al frente del cuerpo de bomberos” (lo cual me recuerda a Ray Bradbury en Farenheit 451, a lo que agrego que es una espléndida metáfora para aludir a nuestros gobiernos: bomberos que incendian).

Fuentes describe a través de los diálogos epistolares de referencia “las bajezas a que conduce el servilismo político”, la obsecuencia y los aplaudidores que reciben todo tipo de privilegios (aquí me surge Opiniones de un payaso de Heinrich Böll, especialmente referido a la hipocresía de pseudoempresarios prebendarios) y las náuseas que provoca trabajar con funcionarios aberrantes que hacen decir a subordinados que “debo disciplinarme y aceptar la diaria compañía de tan repugnante sujeto” en el contexto de que “el más ilustrado de los gobernantes requiere la seguridad que le da un yes-man, el que le dice que sí a todo” que demanda “obsequiosidad ante los superiores y crueldad con los inferiores”, todo mientras están en el poder, luego de lo cual, cuando se ven obligados a dejar el trono, se preguntan incrédulos “¿A dónde se fueron mis amigos?”.

Por último -porque en una nota periodística no pueden abarcarse todos los aspectos de la trama de una novela- establezco dos correlatos más con otros escritos. En primer lugar, cuando Fuentes le hace decir a uno de sus actores “yo soy de los que prefieren matar a miles de inocentes que dejar que se me escape un solo culpable”. En este caso, la comparación que me viene a la memoria es la cita del megalómano Marat en la contrarevolución francesa que hace Albert Camus en El hombre rebelde: “¡Es que no comprenden que yo sólo quiero cortar miles de cabezas para salvar muchas más!”.

El segundo caso es cuando en La Silla del Águila (nótese que los dos sustantivos van con mayúscula para indicar la solemnidad del poder) se declara que “la máscara se ha convertido en la cara”. Esto es lo que se consigna en la formidable The Scarlet Letter de Nathaniel Hawthorne referida a los horrendos “juicios” de brujería: “ningún hombre, por un período considerable de tiempo, puede usar una cara para consigo mismo y otra para la multitud, sin finalmente confundirse respecto a cual es la verdadera”.

He disfrutado con esta lectura proporcionada por Carlos Fuentes, gracias al obsequio de Juan de Anchorena que indudablemente conjetura bien acerca de mis inclinaciones bibliográficas. Como una nota al pie, es de interés destacar un párrafo de la novela que puede parecer un tanto misteriosa al lector desprevenido, y es cuando se exclama “¡Por la pata perdida de Santa Anna…!”. El mismo Fuentes se refiere al episodio en su prólogo a la obra antes referida de Roa Bastos y es que Antonio López de Santa Anna, quien gobernó México por once períodos intercalados, en una ocasión perdió una pierna en una batalla, por lo que la hizo enterrar en la Catedral mexicana con toda la pompa de los funerales oficiales y cada vez que dejaba el poder la gente la desenterraba, pero cuando volvía al gobierno el tirano nuevamente enterraba su extremidad con idénticas formalidades. Otra forma de ilustrar los descaros del poder.