Al hacer desaparecer instituciones que sirven para atropellar derechos individuales, se libera a las personas para que administren lo que es de cada cual. Sostener que no se debe dejar las cosas a la “anarquía del mercado” es no comprender que el mercado somos todos los que votamos diariamente con nuestras compras y abstenciones de comprar. No es que la disyuntiva sea el aparato estatal que decide por nosotros lo que nos pertenece o la anarquía, sino que la alternativa es que cada uno dirija lo suyo como juzgue mejor. De este modo, tendrá vigencia la Justicia como el “dar a cada uno lo suyo” y desaparecerán la mayor parte de las reparticiones oficiales que no solo son inútiles, sino contraproducentes (como el tragicómico Ministerio de Economía, en lugar de una secretaría de finanzas públicas, puesto que no puede controlarse la economía, el Ministerio de Educación, que pretende controlar el pensamiento a través de pautas y reglamentaciones varias, pero que debiera reemplazarse por acreditaciones de instituciones privadas locales e internacionales que en competencia realizan auditorías cruzadas al efecto de lograr la mayor excelencia posible, para no decir nada de los ministerios de Bienestar Social y equivalentes que producen malestar con recursos detraídos coactivamente del fruto del trabajo ajeno). Eliminar reparticiones, es decir, liberar recursos para engrosar los bolsillos de la gente, nunca podar funcionarios, de lo contrario, igual que la jardinería, luego crecen con más fuerza.

Lo que ha venido ocurriendo en las últimas largas décadas consiste básicamente en ocultar la acumulación de poder junto con irregularidades superlativas que para nada se condicen son el sistema republicano bajo la máscara hipócrita de proteger a los más necesitados, cuando justamente son los más perjudicados frente a aparatos estatales avasalladores.

En cada punto no me extenderé en los fundamentos, puesto que, por una parte, ya lo he hecho en libros, ensayos y artículos anteriores y, por otra, el espacio de una nota periodística no lo permite.

1. Establecer un sistema basado en severas limitaciones al Poder Legislativo como encargado de actos administrativos y no para legislar sobre aquello que es fruto de un proceso abierto de descubrimiento en un contexto evolutivo y no de diseño e ingeniería social, tal como lo explican juristas de la talla de Bruno Leoni. En el Poder Judicial, fortalecer la carrera de jueces y fiscales (para no solo condenar a ladrones de gallinas, sino también a corruptos en el Gobierno y peces gordos tramposos en el sector privado) y, por otra parte, abrir la posibilidad de arbitrajes fuera del ámbito oficial, donde en las relaciones contractuales las partes establecen quiénes resolverán los eventuales conflictos en las diversas instancias. Y el Ejecutivo electo a través de sorteos, como sugirió Montesquieu, con lo que los incentivos se encaminarán hacia la necesidad de protección de vidas y propiedades, dado que cualquiera puede ejercer el cargo, que, además, estará compuesto por un triunvirato tal como se propuso en la Convención Constituyente estadounidense.

2. Eliminar todas las embajadas y dejar un consulado en cada país, cargos que se justificaban en la época de las carretas al efecto de prevenir algún conflicto que debido a comunicaciones precarias no podía encararse por teleconferencias y otros canales modernos. Hoy los palacios y los séquitos no se justifican, al tiempo que se reducen privilegios que otorgan pasaportes diplomáticos y similares.

3. Liquidar la banca central y el curso forzoso como causantes principales del saqueo de patrimonios. Cuando la llamada “autoridad monetaria” decide expandir, contraer o dejar la masa monetaria inalterada, siempre se alteran precios relativos, lo cual, a su turno, se traduce en consumo de capital y su correlato: la disminución de salarios e ingresos en términos reales. Al mismo tiempo, dejar sin efecto el sistema de reserva fraccional en la banca y establecer el free banking en rubros que operan como cuentas corrientes (los depósitos a plazo y equivalentes naturalmente no requieren exigencias de efectivo mínimo, puesto que no generan producción secundaria y exógena de dinero).

4. Poner en venta al mejor postor todos los bancos estatales,puesto que inexorablemente significan derroche de los siempre escasos recursos, ya que “crédito barato” significa que otros están obligados a pagar la diferencia.

5. Poner también en venta todas las llamadas empresas estatales, puesto que su misma constitución implica asignar factores de producción en sectores distintos de lo que hubiera decidido la gente (y si hubiera sido en la misma dirección, es superflua la intromisión estatal). Y es menester tener en cuenta que cuanto más estratégica y vital el área más importante es que funcione bien, que cuando algo es “de todos”, no es de nadie (la conocida “tragedia de los comunes” que hace, entre tantas cosas, que la forma en que se toma café y se encienden las luces no es la misma en una entidad estatal que en una empresa privada). El asunto es que las empresas deben estar sometidas a lo que opina de ellas la gente, lo cual se pone en evidencia a través del cuadro de resultados: El que da en la tecla en las preferencias del prójimo gana y el que yerra incurre en quebrantos. Asimismo, a efectos de preservar la tan indispensable libertad de prensa, debe venderse el espectro electromagnético para sortear la figura de “la concesión” que significa el tener al Gobierno permanentemente como una espada de Damocles.

6. Salvo las estadísticas que consignan la administración de ingresos y egresos que hacen a las finanzas públicas, todas las demás deben delegarse en universidades y entidades privadas que, en competencia y ejerciendo auditorías cruzadas, harán las tareas correspondientes y siempre con base en datos que la gente considere relevantes. En esta misma línea argumental, todas las oficinas del Ejecutivo que no traten de organismos de control y otros entes autárquicos deberán concentrarse en la casa de gobierno, por lo que se liquidarían todos los inmuebles fastuosos que actualmente se utilizan como consecuencia de funcionarios que desempeñan tareas que nada tienen que ver con la protección de derechos y la administración austera y transparente de un sistema republicano.

7. Todos los aranceles y las tarifas aduaneras deben erradicarse para que la gente pueda comprar más barato y de mejor calidad, lo cual implica menor erogación por unidad de producto, que, a su vez, significa mejor nivel de vida. Debe rechazarse la conocida falacia de la industria incipiente como una mala excusa de seudoempresarios que apuntan a ser protegidos de la competencia exterior (o en su caso interior). Si es verdad que se concibe un proyecto redituable que más que compense las pérdidas iniciales debido a la poca experiencia en el ramo, este proyecto se venderá en el mercado para que se hagan cargo los empresarios interesado y no endosar la carga sobre las espaldas de la gente. Si nadie en el orbe lo compra, es por uno de dos motivos: O el proyecto es un cuento chino, o, siendo rentable, se estima que hay otros proyectos que son más redituables y, como no puede hacerse todo al mismo tiempo, el proyecto de marras debe esperar o descartarse. Por otra parte, nuevas tecnologías y productos más baratos liberan recursos humanos y materiales para destinarlos a la producción de otros bienes y servicios. En esto consiste el progreso, cada persona trabajando en una empresa intenta imaginar nuevos y mejores procesos, lo cual genera transiciones y cambios permanentes. Ese fue el caso, por ejemplo, del “hombre de la barra de hielo” antes del refrigerador o el fogonero antes de las locomotoras diesel. El denominado gradualismo implica la pretensión -oculta bajo figura del derecho adquirido- de demandar un derecho contra el derecho, por lo que, de modo gradual, se siguen lesionando derechos.

8. Abrir el mercado laboral abrogando la legislación que contempla la figura fascista de la personería gremial, si es que se hubiera comprendido que la única causa de salarios más elevados son las tasas crecientes de capitalización que hacen imposible conseguir trabajo manual e intelectual por debajo de esa marca. Esa es la explicación, por ejemplo, por la que en países de altas tasas de capitalización en gran medida no existe tal cosa como servicio doméstico, ya que el ser humano es empleado en tareas de mayor productividad.

9. Contar con impuestos reducidos para cumplir con las tareas de seguridad y justicia que implica castigar el fraude, el engaño y la trampa, reemplazando todas las cargas tributarias por el impuesto al valor agregado -que, por un lado, permite reducir controles por el sistema de impuestos a cargo e impuestos a favor y, por otro, cubre toda la base impositiva- y también por un impuesto territorial (siempre proporcional) que abarca a los que tienen propiedades a las que debe vigilarse, pero sus propietarios se encuentran en el extranjero, excluyendo así el principio de nacionalidad (o de voracidad fiscal). Establecer un federalismo fiscal donde las provincias coparticipen al Gobierno central y aquellas recauden para todos los fines que no sean defensa nacional y relaciones exteriores (que junto con los gastos que requiera la administración es jurisdicción del Gobierno central). Esta perspectiva hará que en los Gobiernos provinciales los incentivos se ubiquen en función de contar con una presión tributaria razonable para que la gente no se mude a otra provincia y para atraer inversiones (gravámenes reducidos que a su vez se traducen en gastos reducidos).

10. En este contexto, debe prohibirse la deuda pública externa por ser incompatible con la democracia, ya que compromete patrimonios de futuras generaciones que no han participado en la elección del Gobierno que contrajo la deuda, todo lo cual se vincula a las mal llamadas “inversiones públicas” (en verdad gastos en activos fijos para distinguirlos de los gastos corrientes), puesto que la inversión es inseparable del juicio subjetivo de titulares en cuanto a valor futuro y valor presente, lo cual por su naturaleza no puede ser forzosa. Esto significa la privatización de los servicios de infraestructura (por otra parte, en manos estatales es el mayor foco de corrupción), lo cual eventualmente traslada la deuda al sector privado y no a la deuda pública interna (además, no hay en este programa posibilidad de adelantos a la tesorería por parte de la banca central en este contexto inexistente).

Hay mucho más que decir sobre un programa político para el año verde, puesto que por razones de espacio no se han mencionado territorios de gran relevancia, pero baste con lo dicho como una introducción telegráfica para pensar y debatir.

Como queda expresado, todo esto dependerá de la educación en defensa de una sociedad abierta. Nada es automático. No es una faena para timoratos ni para los fanáticos del statu quo. El coraje de hombres como Karl Marx con su perseverancia produjeron un enorme corrimiento en el eje del debate en cuando a valores y principios. No siempre los que se denominan liberales -más bien conservadores- han tenido ni tienen ese coraje y se circunscriben a aceptar lo digerible al momento, pero les ocurre que en la etapa siguiente, con esa estrategia, se ven obligados a retroceden nuevamente, puesto que no han hecho nada por marcar la agenda, sino que se las establecen quienes son contrarios a la sociedad libre.

En otros términos, sin perjuicio de otros debates fértiles sobre el futuro, en esta instancia del proceso de evolución cultural, al efecto de avanzar hacia una sociedad abierta, se necesita una educación que elimine candados mentales que no permiten visualizar las grandes ventajas de vivir en libertad, es decir, de subrayar la importancia del respeto recíproco. Hoy parece para el año verde, pero cuanto antes mejor.

El derecho es consustancial a la naturaleza del ser humano. El hombre siempre actúa con la intención de pasar de un estado menos satisfactorio a uno que le proporcione mayor satisfacción. Esos estados de satisfacción son enteramente subjetivos y dependen totalmente de la estructura axiológica de cada cual. En este proceso el hombre busca la mayor incorporación de lo que estima son valores (que en realidad pueden ser desvalores si en definitiva le hacen daño). En una sociedad abierta cada uno asume la responsabilidad por lo que hace o deja de hacer.

Hay dos planos de análisis en esto: por un lado, las apreciaciones o las valorizaciones subjetivas de cada uno y, por otro, la objetividad de las cosas en el sentido de propiedades y relaciones que son independientemente de las opiniones de cada cual. El derecho es simplemente la facultad de las personas para seguir el curso que estime conveniente siempre y cuando no lesione derechos de terceros. Del mismo modo que las flores y los minerales tienen ciertas propiedades y características, el ser humano también las tiene.

En una sociedad abierta se da rienda suelta a lo que cada uno considera es su camino para ejecutar sus proyectos de vida siempre y cuando, como queda dicho, no lesiones derechos de terceros. Y no es que el derecho tenga un límite, la destrucción del derecho ajeno no es un derecho.

El hecho de actuar pone de relieve que el ser humano es imperfecto y, por ende, está insatisfecho. Busca afanosamente la felicidad, que en rigor es la actualización de las potencialidades hacia el bien, pero evidentemente puede ser malentendida y dirigirse a la ruina. En todo caso, no es de incumbencia de nadie más que del sujeto actuante, sin perjuicio de lo cual pueden ofrecerse consejos y debatir voluntariamente objetivos, pero en ningún caso en la sociedad abierta es lícito recurrir a la fuerza para fines que no sean estrictamente defensivos.

Todo derecho implica como contrapartida una obligación. Si una persona obtiene un ingreso de mil, la contracara es la obligación universal de respetar ese ingreso. Pero si esa persona demanda dos mil aun no obteniéndonos y el Gobierno otorga esa facultad, quiere decir que otro estará obligado a entregar la diferencia, lo cual lesiona su derecho, por tanto, se trata de un seudoderecho.

Desafortunadamente en la actualidad vivimos rodeados del otorgamiento de seudoderechos: derecho a la educación no en el sentido de que cada uno puede educarse, sino en el sentido de que otros vecinos están obligados a financiar los estudios de terceros, y así en idéntico contexto el derecho a la vivienda, a hidratos de carbono o vitaminas, a un salario adecuado, a la recreación etcétera.

Este enfoque desafortunado reasigna los siempre escasos recursos en direcciones diferentes a las que lo hubiera hecho la gente con sus compras y sus abstenciones de comprar en el supermercado y afines, con lo que hay consumo de capital que a su vez se traduce en menores salarios e ingresos en términos reales, que, entre otras cosas, no permite expandir la educación, la vivienda, la alimentación, la recreación y demás aspiraciones del todo legítimas y necesarias.

No hay posibilidad de contar con una sana economía si no existen normas que garanticen el respeto recíproco. Un ejemplo entre tantos: Cuando las instituciones permiten que el aparato estatal estafe a la gente vía la manipulación monetaria, se distorsionan los precios relativos que a su turno engañan a los operadores económicos en su asignación de factores de producción y el consumo de capital correspondiente contrae salarios e ingresos en términos reales. Siempre que se habla de derecho se habla de Justicia, que significa “dar a cada uno lo suyo”, lo cual remite a la propiedad privada, que, a su vez, es el eje central del proceso de mercado.

He escrito antes sobre distintos canales para producir grietas sumamente peligrosas en el edificio jurídico, pero hay cinco que son las más frecuentes. Telegráficamente consideradas, se trata de las teorías del abuso del derecho, la lesión, la imprevisión, el enriquecimiento sin causa y la penetración, sobre las que han advertido todos los grandes tratados de derecho civil y estaban proscritas en las normas escritas y no escritas de toda sociedad abierta, en la que naturalmente se respeta el haz de contratos diarios e inseparables de la propiedad que se suscriben de facto o de jure en casi todas las acciones del hombre (de compra-venta, de enseñanza, de locación, de transporte, de mutuo, de mandato, de gestión de negocios, de fianza, de donación, societarios, aleatorios, de adhesión y así sucesivamente).

La llamada teoría del abuso del derecho ha sido catalogada por autores como Planiol y Ripert como una logomaquia, puesto que un mismo acto no puede ser simultáneamente conforme y contrario al derecho. Por medio de esta figura se concede al gobernante la facultad de sacrificar la voluntad, la libertad y la autonomía de una o de ambas partes en pos de la arbitrariedad judicial. Se suelen citar ejemplos en los que se estima una de las partes se ve obligada a cumplir con lo estipulado a pesar de su precaria situación, lo cual no permite ver que son muchas las personas (comenzando por nuestros ancestros de las cavernas) que atraviesan dificultades varias, pero si se autoriza a quebrar los contratos las dificultades se extienden en grado sumo, tal como ocurre en los países en los que no se respetan las relaciones contractuales.

Por su parte, al introducirse el principio de la lesión, también se otorga al juez la facultad de declarar nulo un contrato, aun actuando dentro de la esfera del derecho. Si se estimara que una norma no protege adecuadamente las autonomías individuales y, por ende, no hace justicia, debe ser modificada o abrogada. La confiscación del Poder Judicial de las facultades del legislativo constituye un abuso de poder que vulnera la división de poderes. Por ejemplo, una nota del codificador argentino al Código Civil de 1869 apunta la irrevocabilidad del contrato al sostener: “dejaríamos de ser responsables de nuestras acciones si la ley nos permitiera enmendar todos nuestros errores y todas nuestras imprudencias”.

La teoría de la imprevisión solo se diferencia de la de la lesión en cuanto a la temporalidad, es decir, que mientras esta se juzga al momento de celebrarse el contrato, aquella es juzgada en el futuro y de ocurrir circunstancias previstas solo por una de las partes o no previstas e imprevisibles, lo cual convierte a la obligación en más onerosa. En este contexto ha escrito Bibiloni: “No hay sociedad posible si por circunstancia de que alguien obtenga provecho de una relación legítima con otro, está obligado al resarcimiento. El que vende o compra o arrienda o ejerce, en fin, la más natural acción, puede obtener lucro de la otra parte, sin que de ahí se deduzca nada porque para eso son los contratos”. El respeto a la palabra empeñada constituye el eje central de una sociedad abierta, lo cual implica el asumir todas las consecuencias de lo pactado.

En cuarto lugar, la teoría del enriquecimiento ilícito tiene dos significados bien diferentes: por un lado, el incremento patrimonial debido a causas contrarias al derecho, es decir, a acciones ilícitas y la segunda interpretación, la que en verdad da lugar a esta teoría es el incremento patrimonial como consecuencia de operar conforme a derecho, pero declarado nulo por el Poder Judicial, con lo que, nuevamente, nos encontramos frente a la arbitrariedad y al atropello del Leviatán, con las consecuencias devastadoras que significa la suspensión del derecho a manos de la discrecionalidad y la imprevisibilidad, todo lo contrario de lo que requiere la seguridad jurídica.

Por último, la novel teoría de la penetración permite que los accionistas de una sociedad anónima sean responsables solidaria e ilimitadamente con sus bienes, respondiendo por los actos de la empresa de la cual son copropietarios, con lo que se extingue la figura de la personería jurídica, confundiéndola con las personas de existencia física y demuele la noción misma del carácter societario para entregarla a las resoluciones circunstanciales de Gobiernos que abrogan de facto las mismas normas en cuyo contexto se desenvuelven.

Por supuesto que estas cinco afrentas al derecho (en el caso argentino incorporadas al Código Civil por el Gobierno de facto del general Onganía) no son las únicas por la que los marcos institucionales están en jaque, también se hace de modo flagrante al desconocer los principios de la garantía de la cosa juzgada, la irretroactividad y al incorporar los llamados “derechos sociales” que, como hemos apuntado, significan seudoderechos, ya que, al concederlos, necesariamente dañan los derechos de terceros al no tener en cuenta que a todo derecho corresponde una obligación y si estas resultan contrarias al derecho de otros, inexorablemente se perjudica seriamente el andamiaje jurídico, con lo que, además, se afecta a quienes se pretende mejorar en su condición.

Hoy en día hay lugares en los que los comisarios del momento ni siquiera alegan las teorías anteriormente mencionadas, sino que proceden al atropello a los derechos de las personas sin dar explicación alguna como no sea escudado en “la soberanía” de los aparatos estatales, sin percatarse de que la soberanía reside en los gobernados que contratan a Gobiernos para que los protejan y no para que los ataquen, actuando no como mandantes, sino como mandatarios sin límite alguno en sus atribuciones.

Desafortunadamente, en la mayor parte de las facultades de derecho el positivismo jurídico ha hecho estragos y se ha perdido la noción de mojones o puntos de referencia de justicia extramuros de la legislación positiva, situación que conduce indefectiblemente al ensanchamiento de un Leviatán completamente desbocado, en desmedro de los derechos de las personas y con lo que cualquier Hitler (hoy diríamos Chávez) que asume el poder con suficiente apoyo electoral convierte su legislación pervertida en “normas de justicia”.

Ya se ha señalado y repetido con razón que las declinaciones de los diversos países no se deben a factores exógenos sino internos, comenzando por lo que ocurre en la cabezas de la gente. Michail Rostovtzeff explicó detalladamente en su célebre y voluminosa historia el deterioro en los marcos institucionales y en la economía debido al estatismo que irrumpió en la Roma imperial y Taichi Sakaiya resume el tema en su Historia del futuro. La sociedad del conocimiento: “La causa del desmoronamiento y la extinción del mundo antiguo no fue la obtusa ignorancia y el salvajismo de los bárbaros del norte, sino el cambio ético y estético que estaba en marcha mucho antes […] fueron abandonados desde dentro”.

Veamos el asunto por partes. Los recursos son escasos frente la las ilimitadas necesidades. El recurso de mayor trascendencia es el factor trabajo, no solo por tratarse de seres humanos sino porque no se concibe la prestación de ningún servicio ni la producción de bienes sin el concurso del trabajo manual e intelectual. Entonces, por el principio de no contradicción, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo bajo las mismas condiciones. En nuestro caso, el desempleo significa que sobra el factor trabajo pero hemos dicho que se trata de lo indispensable y escaso. O una cosa o la otra.

Es entonces pertinente subrayar que allí donde hay acuerdos libres y voluntarios entre las partes no hay tal cosa como sobrante de trabajo no importa la pobreza descomunal o la riqueza más exorbitante. Pongamos como ejemplo la situación de un grupo de náufragos llega a una isla deshabitada. No hay aquí el tema de las llamadas “fuentes de trabajo”, no hay empresas ni nada que se le parezca, sin embargo nadie en su sano juicio podría sostener que no hay nada por hacer. Al contrario, hay todo por hacer, no les alcanzará a los náufragos las horas del día y de la noche para atender todas las urgentes necesidades. Cada uno se dedicará a lo que pueda, pescar, subirse a los árboles para recoger frutos, defenderse de las fieras salvajes etc. y como resultado habrán intercambios entre los náufragos y esto significa que unos se emplean en términos de otros a través de las referidas transacciones. En otros términos no hay desempleo.

Sin duda que puede colocarse una nota a pie de página para decir que estará desempleado aquel cuya condición no le permite hacer nada de nada en ninguna dirección, es decir el incapacitado total. En este caso, la benevolencia se ocupará del problema como lo ha hecho en el curso de la historia allí donde hay libertad y donde los aparatos estatales no se entrometan degradando el sistema por el que se arranca el fruto del trabajo ajeno alegando que solo los burócratas tienen corazón mientras todo el resto están imbuidos de maldad y desinterés por el prójimo (para ampliar este tema puede consultarse mi libro en colaboración con Martín Krause En defensa de los más necesitados, Buenos Aires, Editorial Atlántida, 1998).

En todo caso, para los casos habituales y no de inválidos absolutos, reiteramos no hay tal cosa como desempleo, mientras se permitan los aludidos arreglos libres y voluntarios. Desafortunadamente los gobiernos interfieren en los salarios y, por tanto, generan desocupación en mayor o menor medida, lo cual constituye una tragedia no solo para los desocupados sino para toda la comunidad puesto que se cuenta con una fuerza laboral menor. 

La interferencia gubernamental estableciendo demagógicamente salarios superiores a los de mercado directamente o indirectamente a través de sindicatos fascistas expulsa a los que más necesitan trabajar del mercado laboral. Esta expulsión se realiza amparada en lo que ha dado en llamarse “conquistas sociales”, pero lamentablemente no resulta posible enriquecer a la gente por decreto. Si fuera así no habría que decretar incrementos tímidos sino que habría que convertir a todos en millonarios, pero las cosas no son así. No hay magias posibles.

Los salarios e ingresos en términos reales dependen única y exclusivamente de las tasas de capitalización, es decir, de las inversiones que hacen de apoyo logístico para aumentar su rendimiento. No es lo mismo pescar a cascotazos que con una red de pescar, no es lo mismo arar con un tractor que hacerlo con las uñas. Los equipos de capital elevan los rendimientos que es otro modo de referirse a los ingresos o salarios. Lo que obtienen los trabajadores en Canadá no son lo mismo que lo que obtienen los trabajadores en Uganda y el motivo no reside en el clima o en otras consideraciones como no sea el nivel de inversiones que, a su vez, dependen de la calidad de los marcos institucionales que protegen derechos. Por esto es que, por ejemplo, en lugares donde las tasas de capitalización son elevadas se dificulta encontrar servicio doméstico ya que las personas están ubicadas en tareas de mayor responsabilidad y remuneración.

Decíamos que las llamadas conquistas sociales expulsan del mercado laboral a los que más necesitan trabajar. Los gerentes de finanzas, administrativos y demás en las empresas no se enteran del problema a menos que las aludidas conquistas sobrepasaran los ingresos que obtienen, en ese caso ellos no encontrarán empleo por las razones apuntadas.

Aludimos a los sindicatos fascistas como elemento negativo en este contexto puesto que operan escudados en la figura calcada de la Carta de Lavoro de la “personería gremial” que no es la simple personería jurídica o legal. Aquella hace que los monopolios sindicales se adjudiquen por la fuerza la representación. Nuevamente, si se imponen salarios superiores a los que permiten las tasas de capitalización el resultado inevitable es el desempleo y si éste se pretende disimular con expansión monetaria se producirá una contracción en los salarios reales aunque se incrementen en términos nominales. Por otra parte imponen exacciones a los salarios de los trabajadores y manipulan reglones como las “obras sociales” en beneficio de la casta dirigente.

Las genuinas conquistas son siempre producidas por el volumen de capital disponible fruto de ahorro interno o externo. Las condiciones atractivas en países de altas tasas de capitalización en cuanto a la seguridad, el tipo de iluminación o las características de un posible retiro, no se deben a la generosidad de los empleadores sino a la mencionada inversión creciente.

Desde luego que la política impositiva afecta las tasas de capitalización cuando en lugar de establecer sistemas proporcionales a gravámenes indirectos en el contexto de tasas reducidas, se basan en voracidades fiscales para financiar siderales gastos públicos que ni siquiera contemplan brindar servicios esenciales de seguridad y justicia, áreas vitales que son abandonadas para encarar funciones crecientes que no le competen a un gobierno republicano.

No se trata entonces de la mala caricatura ilustrada con el ridículo “efecto derrame” como si los salarios se incrementaran luego que rebalsara el vaso de los ricachones para que pudieran comer los menesterosos de la tierra. Esto es no entender nada del proceso económico para burlarse del mercado de un modo bastante torpe. Como decimos, si el mercado laboral es libre todos los que desean trabajar lo hacen y en la medida en que aumenta la inversión se presiona sobre los salarios para incrementarlos en términos reales. Nuevamente esto es lo que explica que cuando un trabajador se muda de Nicaragua a Estados Unidos multiplica varias veces sus ingresos. Esto es lo que explicaba la diferencia en el nivel de vida de Alemania Occidental de la Oriental. 

Se ha dicho que se debe estar atento a las mejoras tecnológicas porque generan desempleo. He aquí otra de las falacias en esta materia. La mayor productividad libera recursos humanos y materiales para asignarlos a otros campos aun no explotados debido a que estaban esterilizados en las áreas anteriores. Esto explica las mejoras en los niveles de vida cuando aparecieron las refrigeradoras que sustituyeron a los hombres de las barras de hielo o la sustitución de los fogoneros cuando aparecieron las modernas locomotoras y así sucesivamente en todos los rubros. Y no cabe declamar sobre períodos de transición, la vida es una transición, todos los días en todas las oficinas en el mercado los empleados están pensando en que se puede mejorar lo cual redunda en cambios en la reasignación de recursos humanos y materiales y esto beneficia al conjunto a menos que intervenga el gobierno en el sentido antes apuntado que, como también queda dicho, expulsa a trabajadores del mercado laboral con toda la tragedia que ellos significa.

En esta línea argumental cabe reiterar que la llamada redistribución de ingresos por medio de las estructuras gubernamentales significan siempre que éstas vuelven a distribuir por la fuerza lo que pacífica y voluntariamente distribuyó la gente en el supermercado y afines, situación que reduce salarios al significar una nueva asignación de los siempre escasos factores de producción que conlleva la aludida arbitrariedad estatal.

No se trata entonces de solo declamar sobre la necesidad de incrementar las inversiones puesto que la abstención de consumo, esto es, el ahorro, requiere de un ámbito en el que se ofrezcan garantías de su cuidado y respeto. El destino del ahorro es la inversión o su equivalente la tasa de capitalización que se concreta en equipos, herramientas de muy diverso tenor, maquinarias y conocimientos relevantes al objeto perseguido de optimizar el retorno.

Siempre el ahorro se traduce en inversión, incluso cuando se invierte en dinero. Se procede de esta manera porque, igual que toda inversión, se estima que el valor futuro será mayor que en el presente. En este caso, al guardar bajo el colchón la masa monetaria es menor y frente a los bienes disponibles hace que bajen los precios, es decir, sube el poder adquisitivo de la unidad monetaria. Generalmente (no siempre) se procede de este modo cuando no hay suficientes garantías para invertir en otros sectores, a menos que la colocación sea en bancos debido a atractivas tasas de interés. Se cualquier modo, hay un estrecho correlato entre el clima civilizado de respeto a la propiedad y el volumen de inversiones.

El proceso por el cual se conectan las tasas de capitalización y los ingresos en términos reales procede a través de los siguientes cuatro pasos. Antes de mencionarlos cabe precisar que para que tengan lugar en todo su potencial esos pasos, es menester que el inversor tenga claro que no obtendrá privilegios si contacta a los gobernantes y, también, se saca el mayor provecho posible si el mercado laboral está abierto, a saber, que los arreglos contractuales entre las partes no es interferido por los aparatos de la fuerza.

Pues bien, los cuatro pasos son los siguientes: primero, el empresario tendrá muy presente que su meta es obtener el mejor rédito posible dadas las circunstancias imperantes (de lo contrario, será removido en la primera asamblea de accionistas). Segundo, dado que no puede robar a través de dádivas gubernamentales, está obligado a servir a los efectos de incrementar su patrimonio. Tercero, se abocará entonces a ofrecer mayor cantidad de bienes y servicios de los que ya existen o nuevos bienes y servicios. Cuarto, como el mercado laboral se encuentra libre de trabas todos están empleados en faenas manuales o intelectuales por lo que el capitalista en cuestión no tiene más remedio de ofrecer salarios y honorarios más elevados si quiere atraer personas hacia su negocio para que colaboren en su emprendimiento. Es así como se eleva el nivel de vida y si en lugar de una sola empresa invierten muchas, los ingresos se multiplican y, además, los recursos humanos se emplean  en tareas más humanas y productivas (por eso es que en países de altas tasas de capitalización no existe tal cosa como el servicio doméstico y similares).

No es que en Huston-Texas los empleadores sean más generosos y comprensivos que los de La Paz-Bolivia; es que en el primer caso están obligados a pagar salarios más altos por las razones apuntadas (y por el mismo servicio). Son irrelevantes las diferencias patrimoniales de quienes contratan y son contratados en el mercado laboral, como queda dicho, son las tasas de capitalización las que marcan los salarios independientemente si uno es millonario y el otro está quebrado.

Vamos entonces al llamado “efecto derrame”. Como he apuntado en otras oportunidades, esta terminología no solo se utiliza peyorativamente para aludir al proceso antes señalado sino que confunde totalmente conceptos clave. Para nada se trata de asimilar el tema a un vaso del que beben cuantiosamente los opulentos y, cuando rebalsa (derrama) pueden beber los menesterosos de la tierra. En absoluto. Se trata de un proceso que va en paralelo a la evolución de los ingresos en términos reales. Cada incremento en las tasas de capitalización hace que los salarios aumenten tal como hemos destacado. Por ello es que los que recurren a la idea del “efecto derrame” provienen de diferentes variantes socialistas muy alejados de los valores y principios de una sociedad abierta.

Por último, si las legislaciones apuntan al igualitarismo se desarticulan los efectos bienhechores especialmente para los más necesitados puesto que se contradice la desigualdad que la gente votó en el supermercado y afines según sea la atención que se preste al consumidor y la respectiva calidad y precio.

La denominada redistribución de ingresos significa volver a distribuir por la fuerza la distribución que se logró debido a las votaciones de la gente en el plebiscito diario del mercado. Y tengamos en cuenta que el mercado somos todos cuando compramos nuestra ropa, alimentos, vivienda, libros y demás.

El igualitarismo desmorona los marcos institucionales necesarios para la antes aludida inversión ya que impone la guillotina horizontal, lo cual equivale a que se embista contra los resultados de la inversión. No es posible tener la torta y comérsela al mismo tiempo. Si se desea combatir la pobreza no puede atacarse la inversión en los hechos, por más que se la alabe en el discurso, asignando recursos a sectores distintos de los votados por la gente en procesos abiertos y competitivos con lo que se derrochan aquellos factores productivos y, por tanto, se perjudica especialmente a los marginales reduciendo sus salarios.

Demás está decir que cuando nos referimos al rol de la desigualdad no aludimos a los pseudoempresarios aliados al poder que obtienen sus patrimonios fruto de la explotación del privilegio ni a los gobernantes que echan mano a dineros públicos, sino, como queda dicho, a quienes obtienen sus ingresos en mercados abiertos y competitivos y que, por tanto, deben atender las necesidades y deseos de la gente.

Regulaciones asfixiantes, impuestos insoportables, endeudamientos siderales, inflaciones galopantes y gastos públicos incontrolables constituyen recetas infalibles para extender la exclusión y la miseria. 

Por sugerencia de un  ex alumno del doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires que me envió el tape, acabo de escuchar una conferencia de Miguel Ángel Cornejo trasmitida desde Lima en el Estadio Nacional del Perú (ahora veo que hay varias de su autoría en Youtube). En estas líneas quiero mencionar uno de los ejes centrales de aquella presentación que estriba en su vehemente preocupación de que en nuestro continente latinoamericano en general se ha insistido hasta el cansancio que es una virtud el ser pobre y que constituye un galardón el sufrimiento. El orador dice que de este modo no vamos a ningún lado ya que esa actitud conduce al estancamiento cuando no al retroceso. Expresa Cornejo que se necesita una visión radicalmente distinta para progresar, cual es la admiración a los exitosos que han logrado sus sueños en base a procedimientos legítimos, cualquiera sea el ámbito de su acción. Decimos nosotros que, además del sano consejo de la emulación, se estimulan las tasas de capitalización (no la sandez del “efecto derrame”). Sostuvo con razón el orador que el lamento, la victimización, la envidia y el reclamo para que el fruto del trabajo de otros se destine coactivamente a paliar problemas son características destinadas a perpetuar el fracaso.

Todos los temas que hoy se dan por sentados deben ser revisados y discutidos con detenimiento al efecto de que las funciones gubernamentales sean confirmadas o eliminadas, tal como hacen los especialistas en hacienda y contabilidad con la herramienta del presupuesto base cero. En mis clases en la Maestría en Economía que estoy ahora dictando por aulas virtuales para la Swiss Management Center University les digo a los estudiantes que es como si mi cátedra de Análisis Económico fuera un libro en colaboración con ellos titulado Cuestionar todo, no por el deseo de debatir sino para fijar una atenta mirada en las políticas económicas del momento tomando la debida distancia para racionalizar y estudiar desde diversos ángulos acerca de la conveniencia de su mantenimiento o desmantelamiento. Entre muchas otras cosas, concluimos que el llamado “efecto derrame” deforma hasta convertir en una caricatura grotesca lo que se quiere decir cuando se señalan las virtudes del incremento de la inversión per capita.

No es que deba haber unanimidad en esto (ni en ningún otro asunto ya que el conocimiento es provisional sujeto a refutaciones) pero es importante prestar atención a los argumentos y contra-argumentos a los efectos de sacar conclusiones. Termino con una nota de humor negro y es que Prensa Latina (la agencia única y oficial cubana) trasmite la curiosa noticia que Raúl Castro declaró el 13 de abril del corriente año que es “un enemigo absoluto de la unanimidad”. Como es sabido, hasta ahora, desde 1959, no se conoce un solo caso que no fuera de votaciones unánimes en la llamada Asamblea Nacional y en todos los foros de la isla-cárcel, esto sígenera un “efecto derrame” sobre la población en el sentido más verticalista, truculento y brutal de la expresión.