Pero en esto viene un primer asunto que no es para nada menor: muy pocos se refieren a la meta porque en realidad nunca pensaron en qué consiste, más bien solo son capaces de concebir lo que creen es “una transición” aunque, como queda dicho, no saben de dónde a dónde. Ya hemos citado antes a Séneca quien ha consignado que “no hay vientos favorables para el navegante que no sabe hacia donde se dirige”.

Por todo esto es que se navega en la mediocridad, más bien haciendo la plancha con pretendidas correcciones que son muy menores o insignificantes que frente a cualquier barquinazo se vuelve a las andadas ya que no se han hecho correcciones de fondo modificando instituciones. Son apenas picotazos a una estructura que se mantiene intacta.

Por ejemplo, los adictos a las transiciones consideran que en materia monetaria de lo que se trata es de manipular con menor rudeza la base monetaria y no para financiar el déficit fiscal sino seguir cierta regla monetaria en el contexto de la independencia de la banca central.

Tenemos que ver esto con cierto detenimiento. Primero, cualquier decisión de la autoridad monetaria en cuanto a la expansión, contracción o de dejar igual la base monetaria está necesariamente alterando los precios relativos,  lo cual,  a su turno, trasmite señales falsas a los operadores en el mercado que, a su vez, se traduce en consumo de capital que inmediatamente contrae salarios e ingresos en términos reales.

Se ha dicho muy equivocadamente que la inflación es la suba generalizada de los precios, pero si esto fuera así (y los salarios también son un precio) no habría problema con el proceso inflacionario aunque los precios se incrementen raudamente de forma cotidiana. Se necesitarán eso sí espacios para más dígitos en las máquinas de calcular,  nuevas columnas en los libros de contabilidad y similares pero el desequilibro entre precios e ingresos no tendría lugar. En verdad, esto último ocurre porque la consecuencia de la inflación consiste en la distorsión de los precios relativos. Además, la inflación no es eso sino su efecto, el origen del proceso inflacionario estriba en la expansión monetaria por causas exógenas al mercado (es decir, causas políticas) y la deflación se debe a la contracción monetaria también por causas exógenas.

Por otro lado, no hay tal cosa como la “inflación de costos” como si éstos pudieran trasladarse a los precios sin comprender que de hacerlo se contraería la demanda (todo impuesto es en última instancia siempre al patrimonio). Tampoco hay inflación producida por meras “expectativas” puesto que si no hay expansión monetaria que las convalide las expectativas quedan frustradas y simplemente se reducen las ventas si se remarcan los precios. A veces se ha dicho que el incremento en el precio de un producto estrechamente vinculado a los demás como el caso del petróleo, hará que se disparen los demás precios. Esto tampoco es correcto, si se eleva el precio del petróleo habrá una de dos posibilidades: o se reduce la adquisición de otros bienes y servicios si se desea mantener el mismo nivel de compra de petróleo o se reducirá su compra al efecto de mantener la adquisición de los otros bienes y servicios.

Segundo, el objetivo de la política monetaria no es eliminar problemas de caja. Una sociedad puede no tener déficit fiscal y apoderarse el gobierno de la totalidad de la renta de la gente vía presión tributaria. Cuando se sostiene que no debe haber desequilibrio en las cuentas fiscales se entiende -en un sistema republicano- que el nivel del gasto debe ser mínimo para atender las funciones específicas del gobierno de garantizar los derechos de todos.

Tercero, una regla monetaria apunta a trasmitir información relevante a los operadores económicos para que “sepan a qué atenerse”. Pues bien, esto no es correcto porque, como también queda dicho, la manipulación monetaria (cualquiera) distorsiona los precios relativos con lo que no puede trasmitirse previsibilidad ya que de antemano no se puede anticipar como se moverán los precios en los diversos ramos. Tampoco cabe la idea de expandir al mismo ritmo del producto bruto interno ya que dejando de lado problemas estadísticos, si se procede en esa dirección se estará anulando, por ejemplo, la posibilidad de incrementar las exportaciones que sucederían en paralelo con el aumento del producto (manteniendo los demás factores constantes, los precios tenderán a bajar al existir idéntica base monetaria frente a mayor cantidad de bienes y servicios, lo cual hará que suba el valor de la unidad monetaria que es otro modo de referirse a la baja de precios). En otras palabras, el proceso descripto será anulado por la aludida expansión en correlato con el incremento del producto.

Y cuarto, la llamada independencia de la banca central resulta del todo irrelevante a los efectos de lo que venimos comentando puesto que la expansión, contracción o el dejar inmodificada la base monetaria altera los precios relativos (dejarla inmodificada significa colocarla a un nivel diferente de lo que hubiera hecho la gente libremente si hubiera podido elegir el activo financiero de su preferencia para las transacciones, y si la banca central la ubica al mismo nivel de lo que la gente hubiera preferido,  su existencia se torna superflua).

En todo caso, el costo de la transición  naturalmente tiene que ser menor que el costo de mantener la política anterior, de lo contrario no tiene sentido introducir las modificaciones pensadas. En esta línea argumental aparecen todas las quejas por los llamados “ajustes” que se pretenden introducir para mitigar los problemas del momento, y esos problemas significan verdaderos ajustes al bolsillo de la gente que es lo que precisamente se pretende aliviar.

En este plano de análisis, queda claro que no se quieren incorporar costos de las medidas nuevas propuestas por la sencilla razón de que no se ven los pesados y crecientes costos que se absorben diariamente fruto de los “modelos” vigentes. Se cree que son beneficiosas políticas como el denominado “control de precios”, las “empresas” estatales, los subsidios, la tergiversación del tipo de cambio, la “re-distribución de ingresos”, los altos impuestos, la deuda pública interna y externa, la alianza de empresarios prebendarios con el poder, los sistemas fascistas laborales, el esquema bancario de reserva fraccional, los aranceles aduaneros y, en general, las abultadas regulaciones al comercio, el agro y la industria.

Como ya hemos puntualizado, lo primero que debe tenerse en cuenta en el contexto de estas transiciones es que el discurso y la ejecución del político están embretados en una franja de máxima y mínima que deriva del grado de compresión de la opinión pública de los diversos temas. El salirse de ese plafón se paga con menor apoyo electoral. Ahora bien, para correr el eje del debate y poder ampliar el discurso y la consiguiente ejecución es menester actuar en el campo de las ideas.

En este debate sobre transiciones, lo que en esta nota quisiera plantear es si esa ejecución debe llevarse a cabo gradualmente para darle oportunidad a que asimilen sus conductas aquellos que se adaptaron a la legislación anterior de buena fe o si deben ejecutarse de una vez las medidas correspondientes. 

Estimo que es conveniente tener siempre presente que no hay tal cosa como derechos adquiridos contra el derecho. Es decir, para ilustrarlo con un ejemplo muy extremo que hemos usado antes, no podrían otorgarse “derechos adquiridos” a los fabricantes de cámaras de gas en la época de los criminales nazis. Tampoco tiene sentido encaminar una política gradualista para las clínicas de abortos y permitir la exterminación de quienes son personas en el momento mismo de la fecundación del óvulo con toda la carga genética completa (a diferencia de los que adhieren a la magia primitiva de sostener que se produce una mutación en la especie en el instante del alumbramiento). Sin llegar a estos extremos donde está comprometida la vida de seres humanos de modo directo, podemos ejemplificar con empresarios que en la práctica es como si vendieran arena en el Sahara o helados en el Polo Norte. Estos últimos ejemplos pueden parecer ridículos pero en verdad equivalen a todos los casos en los que se presentan operaciones ruinosas como si fueran verdaderos negocios que solo benefician a ladrones de guante blanco que se presentan como empresarios pero que fabrican componendas en la oscuridad de los despachos oficiales y que literalmente arruinan la vida de millones de personas. Son como inmensos vampiros que succionan la sangre de sus congéneres. Vilfredo Pareto ya explicó que “el privilegio incluso si debe costar 100 a la masa y no producir más que 50 a los privilegiados, perdiéndose el resto en falsos costes, será en general bien aceptado, puesto que la masa no comprende que está siendo despojada, mientras que los privilegiados se dan perfecta cuenta de las ventajas de las que gozan”.

Como hemos dicho, es distinto si no se comprende ni se comparte la idea. En ese caso no se puede aplicar (eventualmente ni siquiera de forma gradual).  Se trata de proceder en consecuencia una vez que la idea es aceptada y, en ese caso, sugerimos evitar por todos los medios los gradualismos que, además, ponen en riesgo los mismos pasos  y etapas que se proponen. La política de ir al fondo de los problemas de una vez fue lo que, por ejemplo, llevó a cabo Ludwig Erhard quien, en contra de las opiniones de todos los comandantes militares de posguerra y una parte importante del empresariado alemán (especialmente los del sector siderúrgico), sorpresivamente anunció la eliminación de todos los controles de precios y subsidios. El resultado fue el llamado “milagro alemán”. 

Hay que estar prevenidos de los fantoches que se ofrecen para cargos públicos que en verdad son sedientos de poder. Al decir de Borges, “ya se había adiestrado en el hábito de simular que era alguien, para que no se descubriera su condición de nadie”. Son los cortesanos, genuflexos y rastreros de todas las épocas, tal como refiere Erasmo: “¿Qué os puedo decir que ya no sepáis de los cortesanos? Los más sumisos, serviles, estúpidos y abyectos de los hombres y sin embargo quieren aparecer siempre en el candelero”.

En resumen, la verdadera carga no es de la transición sino el costo de mantener el sistema estatista en pie por lo que el óptimo pareteano no puede tomarse como guía al efecto de pasar de un sistema estatista a uno liberal porque siempre habrá “perdedores” en el lenguaje de esta esquema referencial, pero, por lo dicho, el balance neto será crecientemente positivo.

Los debates sobre políticas de transición son interminables y muy farragosos cuando, como queda dicho, el ojo de la tormenta radica en saber hacia dónde debemos encaminarnos. Con razón ha dicho Séneca que “no hay vientos favorables para el navegante que no sabe hacia dónde se dirige”. No es que haya que abandonar por completo las ideas de transición, se trata de un tema de prioridades, las cuales están enormemente desbalanceadas a favor de las políticas que pretenden desplazarse de un punto a otro sin tener en claro cuál es ese otro. Y lo alarmante es que muchas veces se pretende navegar con las mismas instituciones y políticas que se desea reemplazar sólo que con “funcionarios buenos”. Con eso no vamos a ninguna parte ya que como nos han enseñado autores como Ronald Coase, Douglass North y Harlod Demsetz, el asunto es de incentivos que corresponden a instituciones y no de personas que son en verdad del todo irrelevantes al efecto de lo que venimos considerando.

Veamos entonces a título de ilustración sólo un par de medidas a las que conviene apuntar aunque en la transición no se logre el cometido en todo su significado, por lo menos se abre el camino y se señala el rumbo.

Para comenzar es importante recordar la premisa de la que partieron los padres fundadores en Estados Unidos, dado el notable éxito de operar en un clima de irrestricto respeto recíproco durante una parte sustancial de su historia. Dicha premisa es siempre desconfiar de monopolio de la fuerza que denominamos gobierno puesto que como decía Acton “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. De allí es la insistencia en redoblar los esfuerzos para establecer límites al poder político y tener siempre presente lo reiterado en Norteamérica desde el comienzo y es que “el costo de la libertad es su eterna vigilancia”. En una forma más gráfica lo escrito por Benito Pérez Galdós en 1812 en cuanto a que, en defensa propia y como una mediada precautoria, a los políticos hay que mirarlos como “una manada humana que no aspira más que pastar en el presupuesto” y en el contexto de lo posteriormente enseñado por intelectuales de la talla del premio Nobel en economía James M. Buchanan respecto a que el interés de los políticos es su propio confort, aspecto que constituye el centro del Public Choice. No es que no hayan habido políticos bien intencionados y decentes, esto no resulta relevante a los efectos del sistema que ha mutado de democracia a cleptocracia debido a los incentivos, lo cual hay que corregir a través de mecanismos y procesos como los sugeridos por pensadores de gran calado sobre los cuales he escrito en detalle en otras ocasiones. En todo caso, sin las mencionadas premisas, si la idea es anclarse en el status quo no vale la pena proseguir con lo que expongo a continuación…

Ahora se están estudiando y debatiendo teorías más sofisticadas que apuntan a resolver otros temas y proporcionar otros andamiajes conceptuales en relación al dilema del prisionero, los bienes públicos, la asimetría de la información y la llamada “tragedia de los anticomunes”, pero en esta instancia del proceso de evolución cultural debemos enfrentar los obstáculos que presenta el Leviatán.

Veamos este par de sugerencias anunciadas (ya que una nota periodística no permite desarrollar un programa de gobierno), como un primer paso de las metas antes referidas para ejemplificar y no “hacer la plancha” con la pretensión de administrar las mismas instituciones que provocaron el problema pero con “gente buena”. Es como dice Einstein, no es posible obtener resultados distintos con las mismas recetas (por más bienintencionados que sean los que la llevan a cabo).

Primero, es de vital importancia que se entienda que el fruto del trabajo de la gente está siendo evaporado vía el entrometimiento del aparato estatal en el dinero. Como han explicado tantos premios Nobel en economía como Friedrich Hayek, es necesario independizar la moneda del gobierno. Para citar otro ejemplo, Milton Friedman ha escrito en su última versión de la política monetaria que “la moneda es un asunto demasiado importante para dejarlo en manos de banqueros centrales” (Monetary Mischiefs) y que “llego a la conclusión de que la única manera de abstenerse de emplear la inflación como método impositivo es no tener banco central. Una vez que se crea un banco central, está lista la máquina para que empiece la inflación” (Moneda y desarrollo económico).

Es que los banqueros centrales, por más competentes y decentes que sean, sólo pueden operar en una de tres direcciones: expandir la base monetaria, contraerla o dejarla inalterada. Cualquiera de las tres posibilidades distorsionarán los precios relativos, lo cual se traduce inexorablemente en derroche de capital que, a su vez, implica disminución de ingresos y salarios en términos reales. Y si se dice que la banca central tiene la bola de cristal con la que puede adivinar la cantidad de moneda que la gente hubiera preferido, no hay motivo para intervenir con el consiguiente ahorro de gastos administrativos.

Asimismo, contar con una banca central independiente del poder político tampoco significa nada puesto que los directores se encontrarán frente idéntico dilema. El único modo de eliminar el tema inflacionario es que la gente pueda elegir libremente los activos monetarios con los que llevará a cabo las transacciones, en un contexto en el que se elimina el sistema bancario de reserva fraccional, lo cual replicaría parte de la historia monetaria en la medida en que había libertad para seleccionar mercancías-dinero que eran canjeadas por recibos-billetes en casas de depósito (luego bancos).

Es completamente anacrónico creer que la banca central se establece para “preservar el valor del signo monetario”. Ninguna banca central ha hecho eso. Se trata de extraer recursos coactivamente de la gente. Alan Greenspan, considerado el conservador por excelencia, durante sus 18 años de administración al frente de la Reserva Federal en Estados Unidos, provocó un incremento del 74% en el índice de precios (oficial) y la Argentina, desde que se estableció la banca central en 1935, ha debido sustraer 13 (trece) ceros a su signo monetario. En la misma línea de pensamiento, es menester dejar de lado la sandez de la “soberanía monetaria” que es lo mismo que insistir en la soberanía de la zanahoria.

La segunda medida alude a la cuestión medular de la educación. Hay muchísimo que elaborar en este tema, pero una primera etapa consiste en que los colegios y universidades privadas sean en verdad privadas y no como son actualmente privadas de independencia sin pautas ni imposiciones de ninguna naturaleza.

La educación debe consistir en un proceso abierto de prueba y error en el contexto de un permanente descubrimiento a las nuevas y cambiantes contribuciones. No cabe para nada ministerios o secretarías de educación sino la competencia entre quienes piensan en estructuras curriculares, textos, horarios y demás manifestaciones culturales. Incluso las acreditaciones deben hacerse como antaño por medio de instituciones no gubernamentales que procedan a su vez en competencia como una auditoría cruzada. También es de interés destacar que los fondos públicos no deben bajo ningún concepto financiar casas de estudio privadas. Este es el modo de asegurar la excelencia académica y la independencia.

Más aun, hoy en día constituye una manifestación retrógrada pensar de otra manera en pleno desarrollo del home-schooling, las aulas virtuales para carreras de grado y posgrado y los MOOC en los que se excluye al Gran Hermano y la consiguiente politización de algo tan delicado como la educación. En la vereda de enfrente es natural que primero el marxismo y luego el nacionalsocialismo y el fascismo demanden enfáticamente la implantación de la educación estatal, gratuita y obligatoria (como es sabido lo “gratuito” constituye un despropósito superlativo puesto que todos pagan, especialmente aquellos que nunca vieron una planilla fiscal ya que lo hacen por medio de la reducción de sus salarios debido a la contracción en la inversión que producen los contribuyentes de jure).

En resumen, deben analizarse los procedimientos del momento con espíritu crítico y con mentes despejadas de telarañas y preconceptos al efecto de preservar las autonomías individuales y proteger, sobre todo, a los más débiles económicamente. Es hora de despertar de la modorra y revertir los caminos que permiten el avasallamiento de los derechos individuales.