César Beccaría, el precursor del derecho penal, escribe que “Un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez [...] ¿Qué derecho sino el de la fuerza será el que da potestad al juez para imponer pena a un ciudadano mientras se duda si es o no inocente? No es nuevo este dilema: o el delito es cierto o incierto; si es cierto, no le conviene otra pena que la establecida por las leyes y son inútiles los tormentos porque es inútil la confesión del reo; si es incierto, no se debe atormentar a un inocente, porque tal es, según las leyes, un hombre cuyos delitos no están probados [...] Este es el medio seguro de absolver al los robustos malvados y condenar a los flacos inocentes”.

Concluye Beccaría con una crítica enfática a quienes señalan las contradicciones en que incurren los torturados como prueba de culpabilidad, como si “las contradicciones comunes en los hombres cuando están tranquilos no deban multiplicarse en la turbación de ánimo todo embebido con el pensamiento de salvarse del inminente peligro [...], es superfluo duplicar la luz de esta verdad citando los innumerables ejemplos de inocentes que se confesaron reos por los dolores de la tortura; no hay nación, no hay edad que no presente los suyos [...] No vale la confesión dictada durante la tortura”.

No se justifica la tortura en ninguna circunstancia, incluso en el caso que se conjeture que determinada persona tiene la información de quien es el que hará detonar una bomba y aunque se sospeche que aquel es cómplice del hecho. Las razones que se acaban de apuntar convalidan el aserto. No resulta aceptable esquivar aquellas argumentaciones esgrimiendo la posibilidad de que el hacer sufrir a una persona queda mas que compensado con las muchas vidas que se salvarían.

Cada persona tiene valor en si misma, la vida de una persona no se debe a otros. No cabe la pretensión de hacer balances como si se tratara de carne sopesada en balanzas de carnicería. El fin es inescindible de los medios. Los pasos en dirección a la meta impregnan ese objetivo. La conducta civilizada no autoriza a abusar de una persona, independientemente de lo que ocurra con otras (llevados al extremo, estos “balances sociales” eventualmente conducirían a justificar dislates como el sacrificio de jubilados para que generaciones jóvenes puedan vivir mejor). La legitimación del abuso pone en riesgo la supervivencia de la sociedad abierta, puesto que ésta descansa en pilares éticos.

Además, el ejemplo de la bomba supone mas de lo que es posible suponer. Parte de la base que el torturado posee en verdad la información, que la bomba existe y que funciona, que puede remediarse la situación, que el sospechoso trasmitirá la información correcta, que la tortura se limitará a ese hecho etc.

A veces se formulan interrogantes del tipo de ¿usted no autorizaría la tortura de un sospechoso si eso pudiera salvar la vida de su hijo secuestrado?. En realidad son preguntas tramposas de la misma naturaleza que las que aparecen en life boat situations en sentido literal, por ejemplo ¿en caso de encontrarse en un naufragio, usted acataría la decisión del dueño del bote disponible o forzaría el abordaje de toda su familia en lugar de permitir el embarque de otras personas que prefiere el titular?. No es posible el establecimiento de normas de conducta civilizada extrapolando situaciones de conmoción excepcional y ofuscamiento que en ciertas circunstancias abren compuertas a procedimientos reñidos con la moral, puesto que eso significaría el naufragio de la sociedad civilizada.

En el caso del debate sobre la tortura (y en infinidad de otros casos) es útil colocarse en la posición de la minoría. Si detienen injustamente a un hijo y lo torturan, no hay forma de probar la inocencia si no se admite el debido proceso. Antiguamente tribus como la de los godos, vándalos, hunos y germanos (cimbros y teutones) condujeron las “invasiones bárbaras” sobre el Imperio Romano, en la que se establecía todo tipo de suplicios y finalmente se degollaba a los adultos vencidos, se sacrificaba niños a sus dioses, se construían cercos con los huesos de las víctimas y las mujeres profetizaban con las entrañas de los derrotados. En un proceso evolutivo, los conquistadores luego tomaban a los conquistados como esclavos (“herramientas parlantes” según la horripilante denominación de entonces) y, en la guerra moderna, se establecieron normas para el trato de los ejércitos vencidos. Pero, en lugar de profundizar la senda civilizada y responsabilizar penalmente a quienes producen lo que livianamente se ha dado en llamar “daños colaterales” con vidas de civiles inocentes y eliminar la bajeza de la embrutecedora y castrante “obediencia debida”, resulta que nos retrotraemos a la barbarie de la tortura.

Michael Ignatieff escribe que “La democracia liberal se opone a la tortura porque se opone a cualquier uso ilimitado de la autoridad pública contra seres humanos y la tortura es la mas ilimitada, la forma mas desenfrenada de poder que una persona puede ejercer contra otra”. Sugiere este autor que, para evitar discusiones sobre que es tortura y que son interrogatorios coercitivos, deben filmarse estos procedimientos y archivarse en los departamentos de auditoría gubernamental que correspondan.

Recientemente se ha sugerido la “regulación de la tortura” como consecuencia de la antes mencionada sub-contratación de torturadores en terceros países por parte del gobierno de Estados Unidos y debido a la antes mencionada cárcel de Guantánamo, como queda dicho, para escapar de la elemental disposición del debido proceso en jurisdicción estadounidense. En este sentido, se mantiene que esta regulación sería para evitar la hipocresía de la política norteamericana que, mientras declama el estado de derecho, abre las puertas al abismo. Se sigue diciendo que esta regulación “mitigaría y encauzaría la tortura por carriles adecuados a las circunstancias”. Pero esto significaría la legalización del crimen. El crimen regulado no es menos criminal. No tiene gollete que se considere una aberración la tortura a ciudadanos norteamericanos, mientras se estima aceptable someter a suplicios a no-estadounidenses. Este modo de ver las cosas, entre otros aspectos, quita toda autoridad moral a los que pelean contra el terrorismo puesto que el adoptar procedimientos de la canallada convierte en canallas a quienes están supuestos de defender el derecho.

No es admisible que algunos se escuden en afirmaciones cobardes como que “la guerra es siempre terrible” y otras de similar calaña para justificar procedimientos aberrantes y eludir el debate. El debido proceso, en su caso, el juicio sumario con todas las garantías procesales y sustantivas, no puede reemplazarse por la carta blanca para torturar y matar. De este modo, eventualmente, se podrán ganar batallas en el terreno militar pero indefectiblemente se pierden en el campo moral.

Claro que la hipocresía no solo se encuentra en algunos de los que combaten al terrorismo sino, como repetidamente se ha visto en distintos lares, está incrustado en ciertos personajes que alardean de proteger “derechos humanos” (que como ya hemos consignado en otras columnas, constituye un grosero pleonasmo puesto que las rosas y las piedras no son sujetos de derecho), cuando en verdad es mera pirotecnia verbal que nada tiene que ver con la justicia al desconocer los crímenes sórdidos, atroces y execrables cometidos por las bandas terroristas.

Por último, el controvertido tema de la suspensión de las libertades individuales con la supuesta idea de preservar el orden jurídico. Paradójico en verdad el dejar sin efecto el derecho para salvaguardar el derecho. Otorgar visos de juricidad a aquello que es por naturaleza extrajurídico, se asemeja a una ficción. No es novedosa la idea de la interrupción del derecho, viene de Roma a través del institium. Se han escrito ríos de tinta sobre esta delicada cuestión, pero, en todo caso, esta concepción se ha traducido reiteradamente en abusos de poder, incluyendo la tortura.

En este sentido, Ira Glasser pasa detallada revista de algunos episodios ocurridos en Estados Unidos como consecuencia de estos llamados estados de excepción. Muestra como la legislación sobre sedición y sobre extranjeros en 1789, de espionaje en 1917, otra vez de sedición en 1918 y la orden ejecutiva de F.D. Roosevelt en 1942 condujeron a grandes injusticias y severas restricciones de las libertades individuales sin que ofrecieran mayor seguridad.

Recuerda Glasser, por ejemplo, que Ronald Reagan llamó a esta última disposición “una histeria de guerra racista” debido a que condenó a 112.000 personas de descendencia japonesa a campos de concentración en Estados Unidos y “ni uno de los 112.000 fue imputado de un crimen ni acusado de espionaje o sabotaje. Ninguna evidencia fue jamás alegada y no hubo audiencias.”

Hannah Arendt escribió sobre las patrañas políticas en el fiasco de Vietnam y ahora hemos visto las graves violaciones a los derechos de las personas por la aplicación de la vergonzosa ley denominada “patriota” en Estados Unidos a raíz de los agresiones criminales del 11 de septiembre de 2001 y la invasión a Irak. Benjamin Franklin advertía que “aquel país que renuncie a algunas libertades en nombre de la seguridad, no merece ni la libertad ni la seguridad”. Curiosa es en verdad la estrategia de liquidar anticipadamente las libertades como defensa contra el ataque terrorista que, precisamente, pretende aniquilar las libertades.

“Para novedades, los clásicos”, reza el conocido aforismo. En nuestro caso, es pertinente recordar un pensamiento de Dante : “Todo el que pretende el fin del derecho, procede conforme a derecho [...], es imposible buscar el derecho sin el derecho [...] Formalmente nunca lo verdadero sigue a lo falso”.

Muchos de los que idearon esta última visión con razón querían deshacerse del monopolio de las iglesias sobre la materia, especialmente la católica en países que se declaraban oficialmente de esa religión. A tal punto que en una provincia argentina (Santa Fe), en 1867, los que se oponían al matrimonio civil enmarcaron la ley correspondiente, la colgaron en una pared y la fusilaron en la plaza pública mientras el obispo del lugar amenazó con excomulgar al gobernador por ser el autor de la iniciativa legal.

En esta materia hay varios puntos que comentar. En primer lugar, ningún país civilizado debería mezclar el poder con la religión en ningún sentido. Esto se puso de manifiesto en la genial “teoría de la muralla” estadounidense para trasmitir esa separación tajante de personas que huyeron de las intolerancias y las espantosas masacres realizadas en nombre de la religión, de la misericordia y de Dios.

En segundo lugar, el aparato estatal no debería inmiscuirse en las relaciones amorosas entre las personas. No debería casar y descasar, liberando a que cada uno decida como desea manejar estas relaciones íntimas y personalísimas. Si las partes desean dejar constancia del uso de apellidos, de asuntos patrimoniales, los hijos y otras cuestiones lo podrán hacer ante escribano público asumiendo las responsabilidades que correspondan y árbitros privados estipulados en los respectivos acuerdos deciden ante los posibles conflictos entre las partes y con relación a la eventual prole asentando la jurisprudencia del caso en el contexto de un proceso evolutivo, tal como ocurría en el common law y durante la República romana y principios del Imperio.

En este sentido, todos los acuerdos de cualquier tipo que sean que no lesionen derechos de terceros deben ser respetados, respeto que no significa adherir a los mismos por parte de terceros, se trata de la manera de convivir pacíficamente sin agresiones innecesarias.

Y no se diga que algunas de las combinaciones posibles en uniones civiles significan lesionar los derechos de la prole por lo que los aparatos estatales deben prohibir, legislar y reglamentar puesto que con esta visión se sientan las bases de entrometimientos inaceptables de la fuerza que se permite que se filtren hasta hacer la vida imposible. No son pocos los matrimonios ordinarios que puede anticiparse con facilidad que la prole sufrirá. Muchos pueden ser los problemas: el griterío entre los cónyuges, la mala dieta, la falta de deportes, la mala educación y tantos otros aspectos como la adopción sobre lo que he escrito antes en detalle. Sabemos que los mortales no somos infalibles y que habrán muchos problemas diarios pero éstos empeoran en grado superlativo si se permite que el monopolio de la fuerza la juegue de niñera impuesta.

En tercer lugar, para no confundirnos en el lenguaje, el término “matrimonio” tiene un significado preciso y una larguísima tradición en este sentido: alude a la unión formal entre un hombre y una mujer que puede concretarse a través de una iglesia y/o una escribanía, lo cual excluye otras combinaciones que son uniones civiles (o puede recurrirse a neologismos para describirlas). Si bien los diccionarios son libros de historia y evolucionan los significados y los símbolos a través del tiempo, no conviene adelantarse y llamar perro al gato y viceversa al efecto de podernos comunicar. Para los religiosos es un sacramento, para los que no lo son es un compromiso laico.

Personalmente estimo que la constitución de una familia en la que se cultivan valores para fortalecer la formación de seres humanos es a través del matrimonio, pero no puede recurrirse a la violencia para atacar otras concepciones por más que otros no las compartan y ni siquiera las entiendan. Esa es la manera de convivir pacíficamente y que cada cual asuma su responsabilidad ante su conciencia, ante los demás y ante Dios. De allí es que la condición central del hombre es su libre albedrío por medio del cual se acierta y se incurre en desaciertos (más de esto último).

En el referido contexto, no habría tal cosa como el divorcio en el sentido que hoy se lo entiende con la participación necesaria del gobierno. Serían acuerdos entre las partes que pueden tener fecha de vencimiento, pueden preveer rupturas y toda otra variante que las partes consideren conveniente anticipar (y lo que no se ha anticipado, naturalmente irá a manos del árbitro según los procedimientos estipulados o, en su caso, los que no se hayan previsto).

En este tema también está presente la arrogancia de los gobernantes y la manía de la ingeniería social y la soberbia en cuanto al diseño de sociedades. Como ha escrito Adam Ferguson en A History of Civil Society (1767), nada peor y más peligroso que los “constructores de sociedades” que creen saber más que los interesados y no ven más allá de sus narices, no por perversidad sino por la natural ignorancia que a todos nos embarga por lo que apenas y con dificultad podemos manejar nuestras propias vidas, menos podemos pretender la coordinación de millones de seres humanos.

Se dice con razón que todo esto es inseparable de la educación y que, por tanto, hay que esperar a contar con gente educada para recién allí liberarlos de las garras estatales. Y para contar con gente educada, a su vez, el gobierno debe disponer de instituciones estatales para enseñar al efecto de ayudar a los más pobres. Extraño silogismo en verdad, es como se ha consignado: “no puede dejarse que la gente se meta en una pileta de agua antes que aprenda a nadar”. Un círculo vicioso formidable en el que se coloca la carreta delante del caballo, es claro que si no permite que se entre a la mencionada pileta nunca se aprenderá a nadar.

Sin ninguna duda que el problema es educativo, puesto que se trata de fundamentar valores básicos para entender y suscribir el necesario respeto recíproco. En el caso ahora comentado, por un lado el significado de la familia y, por otro, el respeto de otras combinaciones en las que no puede enviarse la fuerza bruta para disolver o modificar. También es llamativa la conclusión de que debe contarse con entidades estatales de educación “para ayudar a los más pobres”. He escrito mucho sobre este tema tan delicado e importante, pero en esta ocasión me limito a reiterar un solo aspecto del problema. Se trata de señalar la grotesca falacia de que los pobres son los beneficiarios de este sistema que curiosamente se denomina “gratuito”.

Para desentrañar esta madeja, lo primero es comprender que los salarios e ingresos en términos reales son consecuencia de las tasas de capitalización. No dependen de la buena voluntad de empresarios ni de promesas de políticos. En los países con altas tasas de capitalización los empresarios están obligados a pagar salarios más altos respecto a lo que ocurre en lugares de menores inversiones y los políticos que por decreto pretenden elevar ingresos, inevitablemente generan desempleo.

El paso siguiente es percatarse que, por esta misma interrelación entre ingresos y tasas de capitalización, los que se hacen cargo de impuestos para financiar compulsivamente la educación (o lo que fuere por imposición gubernamental) reducen sus inversiones con lo que, por lo dicho, los marginales, a su vez, ven mermados sus salarios, situación que significa que son ellos los que en definitiva pagan la educación con creces.

Decimos que lo hacen en definitiva y con creces porque debido a la utilidad marginal, sabemos que -aunque no resulten posibles las comparaciones intersubjetivas- un peso para un pobre no es lo mismo que uno para un rico con lo que concluimos que sobre los de menores recursos recae con más peso el gravamen.

Repetimos que los temas de los casamientos y descasamientos estatales derivan de la comprensión o incomprensión de valores: la preservación de las autonomías individuales en un tema tan personal que no se soluciona cargando las tintas sobre los más pobres en materia educativa (además de todos los otros aspectos sobre los que hemos abundado en otras oportunidades respecto a este tema espinoso, que nada tiene que ver con la admirable buena voluntad de los muchos docentes que se desempeñan y se han desempeñado en esas reparticiones estatales).

Es importante volver a la fuentes y acostumbrarnos a independizarnos de la idea del papá-Estado y, en esta instancia del proceso de evolución cultural, reservar el uso de la fuerza del gobierno para garantizar derechos vía la seguridad y la justicia, y desde luego no entrometerse en el matrimonio y en las uniones civiles de otras naturalezas. Como queda dicho, todo lo que no lesiona derechos de terceros debe ser permitido en una sociedad abierta.