El controvertido tema de los aplazos puede ser abordado desde una perspectiva eminentemente educativa, con una mirada sesgada hacia lo pedagógico y hasta deteniéndose en aspectos psicológicos de la infancia.

Tal vez este polémico asunto sirva, al menos, de trampolín para comprender por qué la gente analiza su realidad con ese prisma decidiendo de un modo incoherente, con las consiguientes consecuencias nefastas.

Desde un punto de vista normativo, se puede decidir casi cualquier cosa. Hace algún tiempo, cuando se eliminaron las notas bajas, los argumentos se centraron en destacar el impacto perjudicial que estas producían en la autoestima de los niños y las irreversibles repercusiones en su futuro. Todo tipo de ardides se aplicaron bajo ese esquema. Se reemplazó el régimen vigente por uno con letras, más acotado en escalas, para que las diferencias entre los puntajes asignados fueran menos perceptibles. El sistema numérico fue duramente criticado por su crueldad y se optó entonces por quitar la chance de que un alumno obtuviera notas de 0 a 3, iniciando la serie de posibilidades recién desde 4 en adelante.

Más allá de las cuestiones rigurosamente técnicas vinculadas con el ámbito educativo, lo que queda en evidencia es que toda la tecnología, la astucia y la picardía parecen estar al servicio de ocultar la verdad con maquillaje. Se pueden calificar a los alumnos con letras, con números, impedir ciertas notas, sugerir a los docentes que sean más piadosos, prohibir la repitencia, disponer que se pase de año sin mérito alguno y hasta egresar sin esfuerzo. Nada de eso convierte a una persona sin conocimientos en alguien preparado para enfrentar la vida, ni tampoco logra que el que no se empeña sienta que vale la pena intentarlo, porque intuye que, al final, todo da lo mismo.

Los que están realmente convencidos de que es bueno hacer un poco más, estudiar y tratar de alcanzar lo más alto a veces creen que el sistema no los premia y los coloca en el mismo lugar que a todos los demás. Por lo tanto, perciben, con razón, que tiene poco sentido desvelarse para mejorar.

Los que no quieren estigmatizar a los que fracasan terminan provocando que estos crean que ellos no son los verdaderos responsables de lo que les ocurre, sino meras víctimas de extrañas y perversas fuerzas del mal, sin comprender que los únicos que pueden lograr que todo cambie son justamente ellos mismos, porque son los protagonistas de su propio destino.

Nivelar para abajo parece ser la solución de muchos. A los mejores hay que limarlos, impedirles que crezcan. Sus éxitos están siempre mal vistos, porque ponen en situación de debilidad al resto, los atemoriza.

Esta visión de la vida en comunidad, donde la igualdad es un valor mal entendido, se aplica a casi todos los asuntos cotidianos. Tal vez por esta misma razón se intimida a los ricos, se ignora a los talentosos y finalmente se endiosa a los perdedores al convertirlos en víctimas en vez de estimularlos a que salgan rápidamente de esa lamentable situación.

Tapar la realidad no parece ser una excelente idea. Modificar sistemas para que los que no se destacan pasen totalmente desapercibidos genera un daño enorme para todos, incluso para ellos mismos. Es evidente que algunos individuos se esmeran y otros no. Es una elección individual absolutamente respetable. Enmascarar los hechos con recursos retorcidos no cambiará esa realidad. Esconder el termómetro jamás logra camuflar la fiebre, ni tampoco alterar mediciones consigue que quien padece una enfermedad sea una persona sana por arte de magia.

Los indicadores son eso, un parámetro, un dato, algo que permite tomar determinaciones. Cuando alguien sufre un problema de salud, lo primero que intenta es obtener un diagnóstico certero, sin mentirse a sí mismo, buscando la verdad, para desde allí iniciar un recorrido que le permita curarse definitivamente. Es increíble que esa lógica individual no pueda asumirse de idéntico modo cuando se analizan fenómenos más mundanos.

La discusión sobre los aplazos es sólo un síntoma más de la insensatez imperante. Se insistirá en cuestionar las calificaciones de los alumnos buscando impedir que los de peor desempeño sean visibilizados, para evitarles frustraciones, sin asimilar que la vida es un camino repleto de aciertos y tropiezos, que nada es lineal. Pero sin información concreta todo se hace mucho más difícil. Un número no dice demasiado sobre una persona, pero puede ayudarla a levantarse y superarse.

Si la inmensa potencia que se ha puesto para disfrazar la realidad se invirtiera en sobreponerse a los inconvenientes, seguramente todo sería más provechoso. No se conseguirá jamás el progreso poniéndole techo a la evolución de los mejores. Por el contrario, eso sólo se logra cuando los que tienen un menor rendimiento dan el salto, salen de ese estándar inferior y avanzan hacia el anhelado siguiente escalón. La gran tarea pasa por depositar el máximo de energías en lograr que todos puedan desarrollarse. El ingenio debe estar enfocado en cooperar con el porvenir y no en entorpecérselo a algunos para que el resto no se sienta acobardado e impacte negativamente en su propia consideración.

Nadie crece engañándose a sí mismo. Nadie evoluciona falsificando la realidad. Todos tienen habilidades. Por lo tanto, la labor consiste en descubrirlas a tiempo y son los indicadores los que ayudan a detectarlo pronto para poder encauzar la fuerza hacia donde realmente se justifica y de esa forma conseguir que cada ciudadano pueda finalmente realizarse.

Muchos dirigentes políticos depositan abundantes energías en imaginar novedosas reglamentaciones que modifiquen la calidad de vida de todos, sin entender que las conductas no se transforman artificialmente. Ellos adhieren a esta necia postura de suponer que una ley todo lo puede.

En estos países, pululan a diario intentos de legislar sobre cualquier asunto. Ninguna jurisdicción logra escaparse de este molde general y caen, irremediablemente, en este eterno juego. Esta actitud obsesiva de los legisladores no distingue partidos. Todos creen en la omnipotencia del Estado, que impone reglas haciendo que la gente se someta a ellas sin más.

Es la ley la que debe interpretar a la sociedad, ajustándose a sus valores y no al revés. En estas comunidades, los legisladores suponen que pueden establecer reglas importadas, incompatibles con la idiosincrasia local y así producir genuinos cambios de hábitos, que permitan vivir en una sociedad desarrollada, gracias a su gigante creatividad e interesantes normas.

Por eso abundan, en estas latitudes, tantas leyes que pretenden fijar precios, impedir la comercialización de productos o regular la distribución de otros. Esos políticos creen que pueden controlar la economía y subordinarla a sus caprichos. Están convencidos de que, desde sus escritorios, pueden obligar a todos a obedecerlos, porque la razón y la verdad los asisten.

La economía se rige por un complejo sistema de estímulos. Cuando la legislación interfiere, altera no sólo los precios relativos, sino que genera múltiples daños y consecuencias inimaginables para ese legislador. Sus claras limitaciones intelectuales y morales le impiden comprender que la interacción voluntaria entre los hombres no es objeto de su tarea cotidiana.

Pero eso no sólo sucede en la economía, sino también en el resto de las manifestaciones individuales. Nadie deja de consumir estupefacientes, aborta, pasa un semáforo en rojo, se prostituye o porta armas porque la legislación lo prohíbe. Razonar de ese modo es desconocer a la humanidad. Las personas toman decisiones en función de otros paradigmas diferentes.

Las leyes pueden intentar amedrentar, pero, en casi todos los casos, sólo consiguen que esas mismas acciones igualmente se concreten, pero en ambientes de mayor marginalidad, criminalizando sus determinaciones.

Los seres humanos solamente evolucionan cuando aprenden, maduran, reflexionan y toman decisiones voluntarias totalmente conscientes y no cuando el Estado los amenaza con multas, penalidades o prisión.

No es que no se pueda legislar sobre absolutamente nada, pero es importante comprender que el trillado respeto a las leyes no se consigue arrodillando a la sociedad con rigor. El respeto se gana, nunca se impone. Si la idea es infundir temor, miedo, pánico y terror, esas no parecen ser las mejores alternativas para construir una comunidad pacífica y civilizada.

La sociedad en general está dispuesta a cumplir normas que coinciden con su matriz moral. La prohibición de matar es compatible con esa convicción de que cada uno debe decidir por sí mismo qué hacer con su cuerpo. Bajo esa perspectiva, resulta inadmisible que otro pueda disponer de ella a su arbitrio. Así se explica el elevado consenso de esta norma.

Algo similar ocurre con el robo. La mayoría comprende el concepto de la propiedad privada, aunque últimamente haya relativizado esa creencia. La gente entiende que apropiarse del fruto del trabajo ajeno no es ético y por eso aprueba que cualquiera que transgreda ese principio sea sancionado.

Es evidente que en el presente se viven tiempos de inflación legislativa. Muchos actores de la política contemporánea pretenden contener la subida de precios, evitar despidos, extender la expectativa de vida, erradicar enfermedades y eliminar adicciones apelando a las leyes. Si realmente esas herramientas fueran efectivas y sus teorías tuvieran algún correlato empírico con la realidad, la humanidad sería rica, joven y feliz por decreto.

Claro que muchos adhieren a esta visión por conveniencia y no por ignorancia. Una parte importante del “negocio” de la política se sustenta sobre la idea de que la sociedad esté convencida de que la legislación salva vidas, enriquece a las personas y las hace mejores. Si esa tesis no tuviera adeptos, probablemente, muchos de los burócratas no tendrían salarios y no podrían vivir entonces a expensas del trabajo de los demás.

Pero no menos cierto es que otro sector de la sociedad cree ingenuamente en estas mentiras y alienta estos reprochables comportamientos de la política. Son muchos los ciudadanos que les exigen a los dirigentes que bajen los precios, generen empleos y que los jóvenes jamás se droguen, como si estos tuvieran en sus manos una varita mágica para lograrlo.

Es la peor combinación. Una sociedad irresponsable, que delira con soluciones facilistas, en complicidad con una clase política manipuladora, que aprovecha esa candidez para atraer votos con estos disparates.

Mientras tanto, no sólo no se resuelven los problemas, sino que estas maniobras dilatorias hacen que finalmente nadie se ocupe seriamente de las cuestiones de fondo, de esas donde realmente se pueden mitigar impactos. Las normas no sólo no aportan soluciones eficientes, además desenfocan y postergan el abordaje correcto de las problemáticas actuales.

Si la sociedad desea cambios en positivo, debe comprender las verdaderas motivaciones que explican las conductas humanas y ponerse a trabajar con sensatez, sin delegar en terceros sus responsabilidades, intentando convertirse en genuinos agentes de cambio e inspirando a otros a imitarlos.

La ideología imperante, que invita a redactar leyes a mansalva es una gran ilusión, un absoluto fraude. Pero, evidentemente, es funcional a una sociedad profundamente desorientada y a un sistema político procaz que promueve este espejismo de la mano de esta perversa manía de legislar.

En algunas ocasiones se confunden los términos y se intenta hacer creer que un esquema como el descrito es invariablemente abrupto y desordenado. La tarea consiste en gestar puntos de inflexión, modificar los sistemas de incentivos, de premios y castigos, orientándolos con mayor inteligencia y una eficiencia superior. Los resultados jamás aparecerán mágicamente, pero una categórica mutación de las reglas de juego puede ser vital para alterar el rumbo de los acontecimientos y esperar palpables mejoras en un plazo razonable.

Del otro lado, los promotores del gradualismo afirman que las medidas de impacto son bruscas, políticamente inviables y sus consecuencias son inhumanas, nefastas y exageradamente negativas para la mayoría. Es cierto que tomar medidas drásticas produce efectos inmediatos y trae consigo importantes secuelas. Eso es indudable y no debe ser negado. En todo caso, se deben contrastar las evidentes ventajas y los ineludibles inconvenientes que vienen de la mano de esas duras determinaciones.

Son muy pocos los que están dispuestos a desnudar con idéntica potencia el precio de la inacción, el verdadero costo de las demoras. No hacer nada, o hacer poco, también tiene derivaciones. Es probable que no sean tan notorias en el corto plazo, pero no por ello consiguen ser menos destructivas y nocivas para demasiada gente. La invitación a elegir opciones aparentemente más suaves, placenteras, cómodas y políticamente correctas encierra una trampa brutal impregnada de una gran deshonestidad intelectual. Lo gradual ofrece un camino escalonado, pero esa tardanza tiene gigantes costos ocultos que pretenden ser minimizados. No parece saludable esconderlos bajo la alfombra.

Cuando se sostiene eternamente un régimen de subsidios inmoral sólo para evitar las consecuencias de quitarlo, se debe asumir con sinceridad que se seguirá esquilmando a muchos ciudadanos detrayendo una parte importante del fruto de sus esfuerzos personales cotidianos para sustentar a otros que no lo están haciendo, ni tienen intenciones de hacerlo.

Prolongar el saqueo institucional puede parecer más sutil, pero sólo lo es para los que reciben la ayuda. Para los que siguen pagando la fiesta, eso es impiadosamente perverso. Suponer que dejar todo como está o modificarlo tenuemente no tiene costo alguno es de necios, pero también de cínicos. Los economistas saben que las alternativas que ofrece una inversión deben ser evaluadas y consideradas a la hora de tomar la decisión. A eso llaman costo de oportunidad. En materia de decisiones personales, familiares y también sociales, ese mismo concepto conserva su sentido equivalente.

No hacer nada, detenerse frente a lo necesario e inevitable implica también aceptar que esa decisión tiene inexorables ramificaciones para todos. Los eventuales damnificados a los que se intenta proteger deberán postergar la oportunidad de hacer lo correcto y arrancar la nueva era cuanto antes. No se extirpa un tumor por etapas aduciendo que es menos doloroso. Se toma la decisión de enfrentar el problema con coraje y se asumen los riesgos, el circunstancial daño emergente, siempre sabiendo también que hacerlo ahora es mucho mejor que posponerlo indefinidamente. El único caso en el que se decide no hacer nada es cuando se considera que el paciente está en una fase terminal y no tiene chance alguna de sobrevivir. Allí se opta por garantizar calidad de vida acortando los tiempos de supervivencia. Si el diagnóstico de la política es que administran un enfermo sin futuro, sería bueno que lo digan. Si, por el contrario, como suelen recitar, el porvenir es sinónimo de éxito, es hora de apurar el tranco, porque a este ritmo dilapidarán las oportunidades de corregir errores.

La sociedad tiene enormes responsabilidades en esta parodia. No se puede vivir en el Primer Mundo sin hacer significativos sacrificios, con cobardía y gradualismo. Es hipócrita creer que se pueden conseguir grandes logros sin atravesar contingencia alguna. Si se desea prosperar, hay que estar dispuestos a hacer todos los deberes.

Esta situación actual no es mérito exclusivo de la dirigencia política, sino también de esta sociedad que declama ampulosamente algo que luego no puede sostener con actitudes individuales concretas. Parecería que quienes dicen aspirar a los cambios no lo desean con tanto fervor. Cierta actitud timorata, ambigua, repleta de dudas y contradicciones invade las mentes de quienes desean progresar, mientras prefieren permanecer en la zona de confort que les ofrece la continuidad infinita.

Es posible que la victoria final esté a la vuelta de la esquina, pero no se llega hasta allí con ridículos zigzagueos, posturas temerosas y midiendo cada paso. La meta soñada requiere valentía y claridad suficiente, ya no sólo para alcanzarla, sino para intentar recorrer ese trayecto con convicción. La discusión política prosigue casi sin sentido. Por ahora el gradualismo gana la batalla. Sería bueno que los que apoyan esa visión comprendan que los supuestos perjuicios que pretenden evitar son reales y siguen allí. Aunque no puedan visualizarlo, existe el costo de oportunidad de la dilación.

Probablemente esto tenga que ver con la percepción que tiene la política acerca de la escasa chance de lograr triunfos en el corto plazo y su natural inclinación hacia aquellos tópicos en los que puede torcer el rumbo con celeridad, siempre dentro del mandato del poderoso de turno. Temáticas como la educación, la seguridad y otras tantas similares, que ameritan enormes esfuerzos y cuyos resultados positivos no se consiguen con rapidez, por exitosas que sean las decisiones tomadas, no entusiasman a la clase dirigente. Prefieren ocuparse de aquello que genera impactos más inmediatos, como la economía o el reconocimiento de nuevos derechos.

Nadie desconoce el complejo entramado del problema de la inseguridad. Tiene múltiples aristas, sus causas no son fáciles de enfrentar y las soluciones de fondo demandan tiempo y paciencia. Pero justamente por eso hay que arrancar ahora, porque modificar esta inercia llevará décadas. El solo hecho de detener la escalada justifica invertirle ingenio y dedicación. No es que no se haga algo al respecto. Brotan, con alguna frecuencia, propuestas interesantes, debates apasionados y hasta medidas concretas, pero siempre son aisladas, divorciadas del conjunto, por lo que se torna difícil ser optimistas con la eficacia de ese tipo de determinaciones.

Cierta tendencia a la simplificación termina enfocándose en un solo factor, por eso muchos afirman que detrás de esta calamidad está la droga, sin comprender que es uno de los tantos emergentes, pero no el único. Indudablemente es un dato de la realidad, un síntoma entre otros, pero lejos está de explicar el contexto contemporáneo de una sociedad en la que el robo, la violencia, el odio, la intolerancia, el resentimiento, el desprecio por el otro y hasta el homicidio ya son moneda corriente.

No menos alarmante es dimensionar la dificultad para encontrar especialistas en la materia. Claro que existen profesionales que saben y mucho, pero siempre sobre un aspecto puntual de la problemática, sin esa mirada universal que se precisa para una aproximación seria y responsable.

La situación de las cárceles como institución para recuperar ciudadanos y no como herramienta para disciplinar individuos, la diversidad de leyes vigentes, muchas de ellas contradictorias, la infinita variedad de estimulantes disponibles, la debilidad de la educación como instrumento para proveer conocimientos, el deterioro de la institución familiar como formadora del carácter, la siempre insuficiente capacitación y jerarquización del personal de seguridad, la imprescindible incorporación de tecnología al servicio de la comunidad, la puja entre los derechos individuales y la presunción de culpabilidad, el funcionamiento del desprestigiado sistema judicial, la pobreza enquistada que tampoco ayuda, son solamente una parte de una larga lista de asuntos que deben asumirse de una vez por todas.

El problema es que esa descripción no es nueva y lleva décadas exactamente en ese mismo lugar. Pese a ello, muchas de esas transformaciones ni siquiera se han planteado. En esto siempre es tarde, porque en este juego de postergaciones eternas no sólo se pierden bienes, sino también vidas. El aplazamiento infinito, este perverso esquema en el que la inseguridad nunca se encara, es despiadadamente cruel.

Es tan grave lo que ocurre que se ha empezado a naturalizar lo inadmisible. Se vive encerrado tras las rejas del hogar, con puertas que se aseguran, no solamente bajo llave, sino con nuevas técnicas que garanticen su inviolabilidad. Salir a la calle implica asumir grandes riesgos personales, prepararse para saber por dónde caminar, en qué horarios y bajo qué circunstancias. Ocultar relojes, pulseras o cadenas y evitar la manipulación de dispositivos tecnológicos para no tentar a los delincuentes ya es parte de la rutina. Definitivamente, esa no es la vida a la que aspira un ciudadano medio que espera que su Gobierno al menos proteja su derecho a la vida, a su libertad y a su propiedad. Si bien esas deben ser las funciones fundamentales, la política sigue jugando a discutir si el Estado debe ser empresario, constructor, inversor o prestador de servicios no esenciales.

A no engañarse. Nada de esto sucede por casualidad. Tal vez la sociedad se ha acostumbrado a vivir atemorizada, a limitar su accionar cotidiano porque le importa más resguardar su poder adquisitivo que la vida misma. Es hora de que este asunto se ponga en el centro de la escena. No se puede delegar semejante responsabilidad en manos de un funcionario o un área que sólo se dedique a los casos de mayor espectacularidad. La situación merece otra actitud. Para eso, la clase política, las distintas jurisdicciones y, sobre todo, la sociedad civil deben involucrarse y comprometerse.

El tema preocupa y mucho, especialmente porque ni siquiera se dispone de un diagnóstico contundente. Los ciudadanos deben reclamar con mucha fuerza, porque la política es hipersensible a las demandas de la sociedad, siempre que esta sea capaz de sostener su intensidad y no caiga en la dinámica espasmódica tan habitual en estos tiempos. Lo hecho hasta acá es poco y, a las luces de lo que acontece a diario, evidentemente insuficiente. La inseguridad sigue siendo esa prioridad postergada.

El Estado no produce nada, ninguna riqueza. Se financia con el dinero de los que sí la generan, les quita a ellos una porción importante de su esfuerzo para solventar las aventuras y los experimentos de los gobiernos de turno, esos que casi siempre involucran ineficientes procesos y peores resultados.

La remuneración del individuo despedido no sale del aire. Se obtiene sólo con la previa acción coercitiva del Estado, que exprime, vía impuestos o cualquier ardid equivalente, a miles de individuos, en contra de su voluntad. No existe magia, ni panfleto que lo explique. El dinero no se multiplica espontáneamente. Eso ocurre cuando los individuos crean bienes y servicios que la sociedad valora al punto de estar dispuesta a pagar por ellos. Si esta lógica elemental no se entiende, la discusión tiene muy poco sentido.

Cuando una persona se queda sin su retribución, todo parece una mala noticia. Claro que el involucrado está en problemas, molesto con la decisión, pero el análisis no puede agotarse enfocándose solo en su percepción.

La clásica mirada que prolifera por estas latitudes dirá que un desocupado es un problema social, sin considerar las múltiples consecuencias que tiene en la comunidad la anterior quita de recursos que el Estado instrumenta al someter a los ciudadanos y obligarlos a financiar a quien no produce.

Si esos impuestos no hubieran detraído recursos de los individuos, estos se habrían volcado a la actividad productiva y habrían generado trabajo genuino y decente en idénticas o superiores proporciones y en función de su eficiencia.

Existe cierto consenso en que alguien que no trabaja no merece recibir una compensación. Por eso los que cobran sin trabajar sólo reciben el desprecio de una sociedad, que avala sus cesantías sin sentir culpa alguna. Aparece entonces un retorcido razonamiento que intenta justificar a quienes cobran pero trabajan, sin evaluar la verdadera utilidad de su rol, ni considerar si el puesto que ocupa cumple alguna función práctica.

Muchos trasnochados creen que una persona que no contribuye con la sociedad debe ser igualmente subsidiada por el resto, siempre a través del Estado. Para ellos, la situación de este ciudadano es solamente una indeseada consecuencia de las condiciones generales de la economía, de su acotado acceso a la educación, de su entorno social, o hasta de su mala suerte.

Según esos “sensibles” ciudadanos, en esa precaria circunstancia, el sujeto debe ser auxiliado por todos, a través del uso de la fuerza pública que ejerce el Estado fijando gravámenes que permitan sostener a ese indefenso. Esa perversa dinámica no sólo denigra a ese ciudadano, al colocarlo en una indigna posición de inútil, inepto e incapaz, sino que se convierte en su definitiva condena a permanecer en la pobreza de la que jamás saldrá.

No se ayuda a ese individuo otorgándole un puesto estatal como dádiva, aunque ello implique una remuneración, ni regalándole un subsidio sin contraprestación. Se trata de que haga el intento de formarse, capacitarse y entrenarse para ser útil a la comunidad desde un lugar que lo enorgullezca.

Los que creen que el Estado debe abordar esa misión tienen la enorme oportunidad de constituir una organización, recaudar fondos, aportar su dinero y llevar adelante ese proyecto con su sacrificio personal, sin recurrir a la ridícula pretensión de que la sociedad solvente su piadosa genialidad.

No faltará aquel que afirme que el Estado genera riqueza. Habrá que desafiarlo a explicar cómo lleva su teoría al terreno de lo empírico haciendo que todos vivan de un salario público, para luego ver cómo se las ingenia para cubrir esas erogaciones sin tener contribuyentes a quien esquilmar.

La solución a la pobreza no pasa por aumentar ni sostener empleos públicos. De hecho, un creciente gasto estatal es una garantía de que esa sociedad seguirá transitando el camino de la precariedad. Muchos seguirán repitiendo hasta el cansancio que el Estado es el único empleador disponible y que hasta que no florezcan nuevas empresas habrá que seguir así.

No comprenden cómo funciona la economía. Eso no sucederá nunca, no sólo porque el Estado asfixia a la iniciativa individual, sino porque cuando un nuevo empleador entre al ruedo, no requerirá de esos asalariados que pululan en los gobiernos, acostumbrados a su habitual letargo ineficaz, sin exigencias. Reclutará sus colaboradores allí donde estén los más calificados, los que demostraron talento y no buscará a los menos preparados.

Es imperioso reducir el tamaño de la nómina estatal. No solamente habrá que eliminar los salarios de aquellos que no trabajan, sino también aquellos puestos que no brindan utilidad para la sociedad que los financia. Nadie debería seguir defendiendo la abultada cantidad de empleados del Estado, cuando es evidente que con menos se pueden lograr los mismos resultados.

De nada servirá esa decisión si esos dineros malgastados se redistribuyen en los actuales vericuetos burocráticos del Estado. Para que valga la pena, deben volver rápidamente a sus legítimos propietarios, a esos que generan riqueza, mediante una urgente y sostenible reducción de impuestos.

Por cruel que les parezca el comentario a los susceptibles corazones contaminados por la ideología imperante, si esto no sucede y esos recursos se dilapidan en forma de subsidios disfrazados de subempleo crónico, esos individuos nunca tendrán un ingreso digno, ese que se recibe únicamente como premio merecido al trabajo bien hecho. Se puede analizar todo esto como siempre o hurgar un poco en el otro lado de los despidos estatales.

No han alcanzado esos puestos contra su propia voluntad. De hecho, se han postulado para ocuparlos sin que nadie los obligue a ello. Han conseguido ese espacio al ser electos o indirectamente cuando fueron convocados por los que realmente contaron con el apoyo de la gente.

Sólo tienen que asumir que desde el instante que empiezan a ejercer su función dejan de trabajar para ellos mismos. Podrán imprimirle su impronta a la tarea cotidiana, pero jamás deben olvidar que no les toca gestionar lo propio sino lo ajeno. Es por eso, precisamente, que cada decisión significativa debe ser suficientemente justificada y convenientemente explicada. No es un mero gesto del funcionario de turno hacerlo, tampoco es solamente una cuestión de educación o sentido común. Es una obligación moral, un verdadero deber.

Desde hace bastante tiempo, la inmensa mayoría de los líderes han preferido continuar con el equivocado esquema vigente, apelando a la mezquindad a la hora de informar sobre el contexto de sus decisiones.

Son pocos los que se animan hoy a explicar lo indispensable. Ellos tienen que optar por algún camino y, por lo tanto, descartar otros. Pero es imprescindible que aporten claridad sobre cómo resolvieron el dilema, explicitando qué esperan que ocurra a partir de la determinación asumida.

Ocultar y manipular es uno de los peores hábitos de la política contemporánea y una demostración empírica de que aún no se ha comprendido la exacta naturaleza de esta suerte de democracia representativa que, con matices, se ha transformado casi en universal. Que los corruptos y los delincuentes de siempre lo hagan es abominable y no sorprende para nada. Pero no menos cierto es que los que están en las antípodas de esa descripción también repiten cierta versión adaptada de esa misma dinámica, aunque con otro estilo y de un modo menos burdo.

Es importante dejar de mirar hacia atrás, aunque es saludable tener memoria y referencias en el pasado. Pero sólo se progresa cuando la meta a superar es más elevada y se logra eludir la comodidad del conformismo.

Para mejorar en esto no se puede depender solamente de la voluntad de los circunstanciales gobernantes. Sin caer en la generalización, porque las diferencias son evidentes, es clave entender que al ejercer el poder, en ciertos aspectos, lo conceptual sigue indemne, sin sufrir alteración alguna. Algún extraño e incomprensible mecanismo convierte a ese político, que en campaña recurría a la cercanía, en ese nuevo personaje distante, que cree que no tiene sentido justificar cada una de sus decisiones.

Mientras buscaba conseguir votos para acceder al poder, se esforzaba por ser carismático, brindaba largas entrevistas a los medios de comunicación y se tomaba el tiempo necesario para dialogar con la gente. Ya en el gobierno, parece olvidar el modo en el que ha logrado ese lugar y asume con total naturalidad que no existen motivos suficientes para estar explicando las razones que lo empujan a tomar ciertas determinaciones.

La gestión está repleta de responsabilidades y el tiempo es escaso, pero es vital que el gobernante comprenda que no le hace un favor a la gente cuando explica por qué toma un rumbo y no otro frente a cada disyuntiva. Explicar no es una alternativa. No se trata de una posibilidad a evaluar. Es su deber hacerlo, y bien. Sus jefes son los votantes. Por eso, no solamente debe reportarse ante los que lo consideraron el mejor candidato, sino que también con aquellos que prefirieron a otros postulantes.

Es trascendente que el funcionario comprenda que no administra su patrimonio, sino el de todos los ciudadanos. Por ende, sus resoluciones deben estar enmarcadas en un proceso de profundo análisis y no plagado de las típicas improvisaciones con las que se convive a diario. Son los ciudadanos los que tendrán que hacer el esfuerzo constante de recordarles cuáles son las reglas de juego del sistema representativo. Los que gobiernan están ahí por una decisión cívica y no por arte de magia.

Lamentablemente, el poder obnubila a muchos de los mortales, inclusive a aquellos que, hasta ayer, parecían distintos. Es un fenómeno demasiado habitual y casi inevitable. Los que alcanzan el poder tienden a creer, por momentos, que ahora son intocables, iluminados, seres especiales y, por lo tanto, personas que no pueden ser cuestionadas.

Por eso importa que todos los individuos asuman su cuota de responsabilidad para que esto no vuelva a suceder. Habrá que hacerlo no sólo con los más destacados, sino también con cada uno de los funcionarios, de cualquier jerarquía y jurisdicción. Ellos deben rendir cuentas siempre. Tienen que aportar información completa, minuciosa y pormenorizada. Sus decisiones deben contar con una argumentación sólida, al punto de abundar en detalles.

Nadie espera que acierten siempre, pero sí que asuman el compromiso de brindar informes a sus mandantes, esos que los han colocado en su sitial, ya no para que se ufanen del poder del que disponen, sino para que operen los cambios que la sociedad demanda. Son solamente políticos, hombres y mujeres de carne y hueso, sin supremacía sobre los demás. Tienen en sus manos infinitas responsabilidades y, justamente, una de ellas es el deber de explicar.

Entusiasmados con esas consignas, apelan sin dudar al “vale todo”, convirtiendo al medio en un fin. Así nacen las frecuentes concesiones que derivan en el ocultamiento premeditado de las convicciones más profundas.

Para los que hacen política esto no es realmente grave, ni siquiera es demasiado cuestionable. Para ellos, esas son las inmutables reglas de juego vigentes. Si alguien pretende conquistar el trono, deberá recorrer irremediablemente ese sendero, por despiadado y cruel que parezca.

Alcanzar el poder implica someterse a la voluntad popular y a las demandas de una sociedad que establece sus objetivos propios. Son muchos los ciudadanos que entienden que la política debe resolver sus problemas y pretenden que sus dirigentes se ocupen del tema dándole total prioridad.

No importa si esos programas son justos, razonables o absolutamente inviables. Lo relevante es que serán esos los criterios que definirán los perfiles de los candidatos y sus predecibles alegatos de campaña.

La gente es escéptica y no confía en que la dinámica electoral encamine todo adecuadamente. Pero también sabe, que ante la falta de alternativas, este es el modo menos ineficiente de influir con su opinión ciudadana.

Los políticos recitan discursos casi siempre diciendo lo que la gente quiere escuchar. Contratan encuestas y dialogan con muchos solo para diseñar un relato que se ajuste afinadamente a los requerimientos de la comunidad y les permita lograr los votos suficientes para llegar al poder.

Por eso es que rara vez la política realmente lidera. En la inmensa mayoría de los casos lo hace la sociedad, explicitando lo que pretende y es la política la que finalmente promete soluciones a esas exigencias. Los dirigentes son solo meros seguidores, instrumentadores circunstanciales de planteos que la sociedad impone unilateralmente, sin participación de la política.

En ese esquema, los políticos solo perfeccionan y mejoran las formas de husmear en las prioridades de la gente y, en vez de dirigir el recorrido, solo son herramientas descartables de ese atroz proceso.

Tal vez por eso tampoco sean respetables los políticos. La gente sabe que ellos mienten descaradamente, que dicen solo lo que resulta útil y oportuno, para luego, en el accionar cotidiano, hacer cualquier otra cosa.

Es un juego de una gran hipocresía. La sociedad reclama sobre opinables asuntos, los políticos abandonan sus convicciones y dicen lo que la gente espera. El resultado está a la vista y no merece consideraciones adicionales.

Hay mucho de patético en todo esto. Demasiadas actitudes inapropiadas, bastante de cinismo y, sobre todo, una enorme dosis de inmoralidad. Parece difícil interrumpir este círculo vicioso. Ante la ausencia de un sistema que sea percibido como superador, solo resta esperar que aparezcan líderes con mayúsculas, aunque no existen estímulos suficientes para que ello ocurra.

La llegada al ruedo de personas de honor, preparadas para compartir su visión sin esperar una recompensa electoral en el corto plazo, parece solo una utopía o, en el mejor de los casos, una ingenua expresión de deseos.

Si esos individuos estuvieran en la escena, ciertas ideas podrían prosperar, algunos ciudadanos se cuestionarían sus verdades irrefutables y se aspiraría a que empiece a modificarse lentamente el curso de los acontecimientos.

Lamentablemente, la política está repleta de ansiosos y voraces personajes que solo piensan en términos de inmediatez. Ellos pretenden ocupar cargos pronto y no tienen la paciencia que merece un genuino cambio de rumbo.

A menudo se pueden identificar personas que tienen principios y que podrían administrar el porvenir, pero lo cierto es que frente a un proceso electoral concreto son muchos los que deciden dejar de lado sus elaborados argumentos para terminar repitiendo lo que la mayoría reclama.

Inexorablemente deciden sucumbir frente a sus ansias de alcanzar la cima y entonces todo vuelve al inicio. Así no se puede construir nada sensato y, menos aún, pedirle a la gente que crea en la política y que participe.

Si el requisito para hacer política es mentir, ser hipócrita y estar dispuesto a arrojar la honra al suelo para abandonar definitivamente las convicciones, no es esperable que los mejores quieran ser parte de esta parodia.

Parece ser este el denominador común de todo proceso electoral. O el sistema cambia algún día, vaya a saber gracias a qué extraño mecanismo difícil de imaginar, o aparece mágicamente ese paciente héroe dispuesto a liderar la interrupción de esta pérfida inercia, o se seguirá asistiendo a este triste espectáculo en el que la campaña es solo una secuencia de falsos discursos ajustados a las supuestas demandas de la sociedad.

Mientras tanto, esta pantomima se repetirá hasta el infinito y el montaje solo mostrará, como hasta ahora, una gran farsa en la que un conjunto de dirigentes políticos sigue dispuestos a claudicar para triunfar.

Si bien algunos casos aislados corroboran que es una excepción, la inmensa mayoría de los políticos no siguen la dinámica que la gente imagina. Ellos, por naturaleza, sólo intentan sumar votos, usando la demagogia como arma predilecta, para posicionarse de cara a la siguiente elección.

Mucha gente bien intencionada, supone que la clase política no resuelve los problemas porque nadie les acerca proyectos para llevar adelante, o porque no disponen de los conocimientos suficientes para abordar esas obviedades.

Aducen que abunda una inocultable mediocridad imperante y una ignorancia inadmisible de parte de quienes conducen los destinos de todos, sin advertir que sucede algo mucho más simple y evidente. Sólo se trata de una postura muy ruin, plagada de gran desinterés y una mezquindad a prueba de todo.

En realidad, lo habitual es que no lo hagan porque no les reditúa desde lo electoral, no les trae votos, o lo que es peor aún, porque de hacerlo, de acceder a la inquietud, pagarían elevados costos políticos privándose de ciertos apoyos esenciales para seguir en la carrera elegida.

Visto así, todo parece ser demasiado negativo. Ellos no quieren soluciones y no harán nada que les implique “pagar” esos costos. Frente a esto, aparece la resignación y la impotencia se multiplica. Por eso la ciudadanía debe revisar su propia conducta, su recurrente reacción frente a lo cotidiano.

Los políticos tradicionales saben que la sociedad se mueve por espasmos para luego someterse mansamente, sin dignidad. Ellos saben que si tienen un poco de paciencia, todo pasará y retomarán el control, como siempre.

Es menester convertir esa aparente mala noticia, en una ocasión conveniente. Se debe intentar capitalizar ese hecho y revertirlo para transformar el obstáculo en ventaja, la debilidad en fortaleza, utilizándola como una herramienta eficaz que permita impulsar el cambio anhelado.

Entender cómo razona la política, como piensan los dirigentes, ayuda a superar esa infantil conducta ciudadana que sólo consigue aumentar la eterna impotencia, la frustración de rutina, consigue enfadar a todos y no permite direccionar las energías hacia lo posible y positivo.

Si bien no todos los asuntos son susceptibles de este procedimiento, bien vale la pena intentarlo allí cuando sea posible. Incorporar esta visión, ayudará a que la sociedad sea mucho más efectiva en sus demandas y definitivamente convierta sus habituales molestias en una gran oportunidad.

También le será útil a la política, cuando comprenda que ciertos ardides propios de su actividad, ya no tienen la misma vigencia y son insuficientes para disimular las genuinas preocupaciones que la gente esboza con razón.

La labor consiste en evaluar previamente todo, con profundidad en el análisis, pero al mismo tiempo con serenidad e inteligencia. La idea es encontrar una forma de plantear la cuestión de fondo para colocarla, luego, en términos concretos y para que su eventual desatención le genere a la política un costo electoral tal que no le permita ignorar el asunto jamás.

Para que el dirigente tenga que actuar, para que comprenda que no tendrá otra chance que ocuparse, para que el letargo, la abulia y la negligencia no lo invadan, resulta clave acertar en la selección del camino a recorrer. Por eso esta etapa de adaptación ciudadana puede llevar tiempo y esmero.

No siempre el abordaje será eficaz. Es probable que ciertos reclamos no encuentren nunca el modo adecuado de “construir” argumentos que signifiquen un circunstancial costo político tan importante que haga revisar la sostenida decisión del mandamás de turno.

Con un diagnóstico certero, la ciudadanía puede llevar adelante un plan con expectativas de éxito, reclamar con absoluta contundencia y poner en apuros a toda la dirigencia. Cuando el asunto toma relevancia, cuando la escala del problema es indisimulable, el político tomará nota de lo que ocurre, se interiorizará a fondo y finalmente hará algo al respecto.

Si la estrategia seleccionada no es la pertinente y la implementación es débil, timorata y deficiente, no se puede esperar otra cosa que más de lo mismo. Por eso es central concentrar los esfuerzos en lo correcto. No pasa sólo por quejarse y explicitar la bronca. Es bastante más complejo que eso.

Esta no es una fórmula mágica, pero tiene más probabilidades de vulnerar las férreas defensas que la política contemporánea coloca para evitar los embates ciudadanos. Los dirigentes prefieren la calma de los escritorios, la comodidad de las campañas electorales superficiales y no desean enfrentar a un electorado astuto y perseverante que los fastidie a diario.

El desafío es entender cómo funciona y hacer entonces los deberes como corresponde. Si los ciudadanos de este tiempo quieren cambiar la perversa inercia vigente, deberán pensar primero y actuar después, teniendo en cuenta como se mueven quienes toman las decisiones importantes. Existen ejemplos cotidianos, aunque no tan frecuentes como sería necesario.

Después de todo, los políticos son absolutamente predecibles y esa es una ventaja enorme para los ciudadanos. Hay que recordar que sólo registran aquellos asuntos cuya falta de resolución les implica pagar costos políticos.

No es un secreto que la política se suele manejar con prioridades de carácter meramente utilitario, y que las mismas intentan siempre sacar provecho de cada situación. No menos cierto es que esas acciones se producen bajo determinadas circunstancias y no en cualquier instante.

Y no es que para uno de los gobiernos se trate de una actitud genuina, desinteresada y humanitaria mientras para los otros no. Ambas naciones, Cuba y EEUU, han actuado, paradójicamente, bajo la misma matriz, tratando de maximizar su rentabilidad política, seleccionando el contenido, el modo y el momento para optimizar resultados internos y externos.

El gobierno de la isla, sabe que su sistema político y económico ha fracasado de forma categórica. No existe necesidad de probarlo. Si se tratara de un éxito, los ciudadanos de todo el mundo querrían vivir en ese “paraíso”. Las evidencias muestran con contundencia a mucha gente huyendo desesperadamente de ese infierno, arriesgando sus vidas y buscando destinos que le permitan gozar de la libertad y el progreso.

El “edén” que mencionan algunos ciudadanos del planeta, que se ufanan de sus supuestos logros, pero que luego defienden en sus naciones ideas opuestas a las que se aplican allí, siempre ha precisado de aliados que los subsidien. Es indudable que no puede sostenerse un régimen político opresivo sin ayuda económica, esa que suministró en su tiempo la Unión Soviética y cyuo idéntico rol hoy cumple la Venezuela petrolera.

El gobierno de la primera potencia mundial, ante la necesidad de generar hechos políticos que permitan revertir la deteriorada imagen electoral del oficialismo luego de su última derrota legislativa, ha instalado en la agenda un asunto simpático para muchos latinos que genera adhesiones.

El bloqueo económico nunca fue una herramienta justa, y ni siquiera ha sido eficaz a la hora de alcanzar un objetivo razonable. Siempre ha sido un error político y una inaceptable decisión sin fundamento alguno.

Claro que hay diferencias entre cómo se concibe de un lado y del otro este pacto. Los “Castro” deciden solos, autocráticamente, mientras el Presidente de EEUU debe conseguir apoyo en el Congreso para validar su idea.

Pero un costado poco analizado ha sido el de las vidas que están en juego frente a cada postura política. En realidad tiene poca relevancia saber quiénes triunfaron o cuánto perdieron los que mostraron mayor debilidad. En todo caso sería bueno saber si este hecho político consigue salvar vidas, o las mejorará de algún modo en el futuro mediato e inmediato.

Un primer paso ha sido la liberación de prisioneros encarcelados en ambas naciones, que fueron retenidos oportunamente por cuestiones más políticas que jurídicas. Y ese no parece ser un dato menor. Tal vez ese suceso aislado por sí mismo bien valdría este acercamiento diplomático.

Algunos sostienen que este acuerdo fortalece a este cruel régimen, lo alimenta económicamente y le permite prolongar la agonía. Es posible que esta mirada tenga asidero. Pero también cabe reflexionar sobre si es necesario perder más vidas para que un sistema político, acelere su desgaste y eventualmente se modifique el rumbo frente a esa situación.

Un aspecto significativo es que el acuerdo no cambia la cotidianeidad de los ciudadanos que habitan EEUU, sin embargo impactará de algún modo en la vida de los ciudadanos de la isla.

Tal vez sea tiempo entonces de darle contenido moral a las decisiones políticas. No es que deba esperarse este gesto desde los gobiernos, mucho menos aún desde la mezquina mirada de los dirigentes tradicionales. Pero la sociedad podría opinar desde ese lugar, pensando en los ciudadanos cubanos, esas personas que no han elegido a este gobierno que padecen, y que no aprueban la conducta cotidiana de una casta de dictadores que se apropiaron de su libertad y del fruto de su trabajo en nombre de una ideología que ha demostrado con creces su perversidad e impericia.

No es relevante saber quién ha sacado la mayor tajada política en esta ocasión. Importan, las vidas de millones de cubanos que siguen sin libertad. Este acuerdo, aun desde el vacío moral de estos personajes políticos, abre una puerta enorme para lograr al menos un poco mas de libertad.

Es posible que no sea suficiente. Es probable que los cubanos de la isla merezcan mucho más que estas migajas de libertad que circunstancialmente se derivan de este reducido acuerdo. Lo que queda claro también, es que lo que viene es mejor que lo anterior, y aunque aún no se conozcan los detalles de lo pactado, la salida de este desdichado presente está más cerca que antes.

Se sabe que lo acordado no se ha conseguido por la visión humanitaria de los protagonistas, ni mucho menos como consecuencia de sus profundas convicciones. Ha sido solo una muestra más del típico oportunismo político, pero aún sin quererlo, ha permitido dar un paso importante en el camino adecuado.