Su creciente virulencia y su permanencia en el tiempo, a lo que se agrega su exacerbación contemporánea, han instalado la idea de que la corrupción florece gracias a la complicidad y el silencio de muchos ciudadanos honestos que prefieren hacerse los distraídos frente a tanto despropósito evidente.

Es cierto que un sector de la población se ajusta a esa descripción de la sociedad. Muchos ciudadanos prefieren la apatía, miran a otro lado y eligen ignorar lo que ocurre o solo tomarlo como una variable más de la realidad.

Pero buena parte de esa indiferencia tiene, tal vez, una explicación un poco más profunda y pocas veces abordada. Son muchos los que están asqueados por la corrupción y por como la corporación política sostiene esta perversa dinámica, que es capaz de torcerles el brazo a tantos que parecen defender valores inmutables.

Abundan historias en las que gente honrada, que proviene de diversos oficios y profesiones, ni bien ingresa al mundo de la política, empieza a mutar lentamente, para luego tomar impulso y hacerlo con mayor velocidad hasta finalmente confundirse con cualquier personaje de la partidocracia.

Ese poder ilimitado y arbitrario, ha conformado una compleja red de complicidades, con ladrones que roban mientras los honestos eligen una extraña lealtad desde el secreto y una incomprensible discreción, como mecanismo evasivo, creyendo que la ocultación los exculpa de algún modo.

La corrupción tiene un entramado difícil y cuesta saber desde que lugar intentar su desarticulación parcial o total. Por un lado están los que gobiernan y estafan. Del otro los que, sin ejercer la conducción, prefieren dejar intacto el sistema sin modificar las bases de la corrupción estructural, porque suponen que atacar ciertos intereses es inviable o  porque esperan usar lo que está vigente, para hacer, oportunamente más de lo mismo.

Los oficialismos ignoran la existencia de la corrupción, o a lo sumo la minimizan. Mientras tanto, la inmensa mayoría de la oposición zigzaguea entre la descomprometida crítica y la excesiva prudencia absoluta.

Bajo esas circunstancias, obviamente la ciudadanía siente que no tiene opciones, que no hay salida, que la corrupción no es una alternativa, porque todos roban, y sólo se puede elegir ciertos matices o estilos, pero no aparecen alternativas que ofrezcan integridad y virtudes. Sólo como ejemplo, si la política no puede explicar el origen de su financiamiento, mal podrá ofrecer transparencia en la administración de los recursos.

Los ciudadanos se encuentran así atrapados, encerrados, sin opciones. Se los convoca a elegir entre diferentes matices de lo mismo, y entonces la corrupción desaparece virtualmente de la agenda porque ya no existe chance de eliminarla o siquiera mitigar su impacto cotidiano.

Habrá que entender que no se trata de resignarse sin más y agotarse en esto de describir los sucesos como meros observadores del presente, sino de intentar vislumbrar lo que ocurre, para luego construir un diagnóstico que permita no equivocarse en la formulación de posibles soluciones.

No se puede pretender curar una enfermedad que previamente no se entiende o no se interpreta correctamente. Para encaminarse hacia la solución del problema se debe comprender todo para decidir cómo encarar un tratamiento que tenga chances de ser exitoso en un plazo razonable.

No es simple. No se trata solo de apatía ciudadana, de abulia cívica e indiferencia crónica. Hay de eso y mucho, pero también se presencia una brutal resignación que deprime, angustia y entristece, hasta la impotencia.

Es preciso construir opciones políticas honestas y transparentes que devuelvan la esperanza, y permitan recuperar la credibilidad. Para ello, es importante aceptar que la corrupción crece, se fortalece y se consolida allí donde existe un Estado grande, repleto de recursos económicos, con poder centralizado, sin contrapesos y una discrecionalidad a prueba de todo.

Si la sociedad pretende líderes con esas características, omnipotentes, que gobiernen tomando decisiones inconsultas, sin acuerdos, ni consensos, no es posible esperar otra cosa que una sucesión de gobiernos corruptos. Eso dice la historia, eso dice el presente.

Es tiempo de abandonar aquella creencia de que el problema son las personas y su inmoralidad. Los pocos países que lograron erradicar la corrupción o llevarla a niveles insignificantes, no eligen héroes, sino que construyeron sistemas políticos con equilibrios, donde resulta imposible hacer lo impropio sin ser descubierto. Por eso funciona.

En estas latitudes no se encuentran soluciones porque se parte de un diagnóstico equivocado y se prefiere creer que solo se trata de malos funcionarios y no de ideas erróneas. Tal vez sea un mecanismo social que la gente encontró para no modificar sus paradigmas, excusarse y quitarse así responsabilidades que le son propias.

Una candidatura política a un cargo electivo cualquiera supone la existencia de una campaña que permita al postulante posicionarse para ser considerado seriamente por los votantes como un individuo elegible.

En el deambular proselitista, suelen estar ausentes los debates, tal vez porque no sobran las ideas y propuestas, a veces porque los candidatos no tienen ninguna y otras porque la ciudadanía tampoco lo considera un requisito determinante para seleccionar una lista por sobre la otra.

La transparencia no sólo debe plantearse en este esperable terreno, sino en el del financiamiento de la política, la pata más débil de este frágil sistema.

En ese contexto, parece haberse naturalizado la idea de que un candidato, que eventualmente es funcionario público y ocupa un cargo en algún poder del gobierno, en cualquier jurisdicción municipal, provincial o nacional, no precisa pedir licencia en sus tareas, ni mucho menos renunciar a ellas. 

Por eso se dan situaciones en las que ese funcionario en campaña, con una impunidad absoluta, aparece en fotos, entrevistas, ruedas de prensa y cuanta actividad proselitista pueda imaginarse, mientras se supone que ejerce una labor pública por la que está recibiendo una remuneración.

Es evidente que hace campaña durante su tiempo de trabajo y por ende falta a sus responsabilidades, percibiendo entonces una compensación económica que no le corresponde, ante su inocultable ausencia laboral.

Ni hablar de cuando los recursos del Estado, pasan a integrar el patrimonio privado o partidario del candidato, que utiliza sin escrúpulo alguno, teléfonos, oficinas, movilidad, viáticos, secretarios, asesores, empleados de cualquier jerarquía, dineros públicos en todas sus formas, para financiar su campaña como si le pertenecieran. 

No vale la pena profundizar demasiado en hechos de corrupción, que incluyen malversación de fondos estatales cuando cancelan facturas apócrifas para justificar la contratación de servicios o compras de bienes que nunca existieron, como un modo habitual de desviar recursos públicos hacia la dinámica electoral.

Lo menos que se puede esperar de un candidato a un cargo electoral es alguna cuota de honestidad y transparencia, y por lo tanto que abandone su actual función, que renuncie, o que al menos pida licencia, durante el lapso de su campaña, para asegurar, cierta decencia y al menos un respeto por el cuidado de las formas.

Si un candidato no es capaz de tener esos mínimos valores morales parcialmente ordenados, exhibirlos sin dobleces, pues qué se puede esperar entonces de ese personaje cuando acceda a posiciones superiores, de mayor poder, donde su discrecionalidad invariablemente se multiplicará.

Este planteo es igualmente válido para aquellos que sin ser funcionarios públicos participan activamente de las organizaciones de la sociedad civil desde ámbitos gremiales, sociales y hasta absolutamente privados. También, en esos casos, deberían tener la capacidad de separar claramente su acción, respetando su espacio original, para salvaguardar a las empresas, sindicatos o instituciones desde las que se sumaron a la política.

Para muchos puede ser este un asunto menor, sobre todo en estos  tiempos de una fuerte presencia de la corrupción estructural que se hace evidente en todo momento y lugar, con circuitos plagados de desprolijidades cotidianas y escaso decoro. Pero es probable que el problema sea justamente ese aspecto descuidado de la política y la excesiva tolerancia social frente a su existencia. 

Una sociedad que no puede exigir esa mínima cuota de recato mucho menos podrá evitar los abusos descarados de los funcionarios, que hacen un uso arbitrario del poder, confundiendo Estado, gobierno y partido, siempre para beneficio de sus intereses mezquinos, sectarios y sesgados.

Que esta forma de hacer política sea parte de la rutina no la convierte ni en correcta ni en aceptable. Y en todo caso, termina mostrando la importante dosis de responsabilidad ciudadana en estos procesos de progresivo deterioro moral de la política.

Tal vez sea necesario que la sociedad sea más rigurosa en estas cuestiones, a la hora de seleccionar candidatos. Es probable también que estén faltando líderes políticos capaces de intentar hacer las cosas de otro modo, al menos ocupándose de guardar las formas y mostrar que se puede recuperar algo de la política si se la encara con seriedad y decencia.