Esta recuperación será efímera si no encontramos los caminos para volver a crecer en forma sostenida y con ello propender a mejoras no sólo en los ingresos per cápita, sino en variables sustantivas y relevantes como la pobreza, la equidad, la infraestructura, la calidad de la salud, la vivienda y la educación, entre otras.

Crecer en forma sostenida es una condición que nuestro país no pudo mostrar por períodos prolongados y en aquellos en los que exhibió prosperidad no fue debido a la competitividad del país, sino a factores externos, como los buenos términos del intercambio o la disponibilidad de financiación cuando el contexto internacional era signado por una abundante liquidez. Extinguidos estos factores, volvimos a atravesar, como en la actualidad, crisis de balance de pagos y los ya conocidos ciclos de “Stop and go”.

Crecer en forma sostenida es nuestro mayor desafío pensando en el futuro de las próximas generaciones de argentinos. Debe ser señalado el hecho de que las condiciones favorables mencionadas arriba no se presentarán en el corto y mediano plazo: el mundo se encamina a un crecimiento anémico en los países desarrollados, a una desaceleración en el crecimiento chino y brasileño y un contexto de tasas de interés crecientes. En suma: el viento de cola se ha terminado.

Todo ello hace que, más que nunca, dependamos de nuestra propia capacidad para alcanzar un crecimiento sostenible que nos conduzca al tan ansiado desarrollo. Para ello, luego de solucionados los desequilibrios macro, se deberá trabajar en los sectores económicos, fundamentalmente sobre los más competitivos y promisorios (agro, minería, petróleo y gas, alimentos, farmacéutica, bienes culturales), remover las barreras que impiden su expansión e incentivar su desarrollo, fundamentalmente el exportador, mediante políticas activas. Estos sectores han sido afectados en su capacidad exportadora por el atraso cambiario, la presión tributaria, el costo del capital, el de la logística y la incertidumbre. Asimismo, deberán fijarse horizontes de certidumbre a los sectores menos competitivos ante una gradual, pero imprescindible, apertura comercial.

Al mismo tiempo deberemos comenzar a trabajar en mejorar las bases y los factores que hacen a la competitividad estructural. Cambio trascendente en la concepción del crecimiento en una sociedad que, en todos sus estamentos, hace muchos años se amoldó a vivir en consonancia con un país cerrado, con escasa competencia, baja relación entre el comercio total y el producto bruto, alto nivel de gasto público y consecuente presión tributaria. Hoy, pese a nuestra todavía sólida base industrial, nos encuentra primarizados y otra vez dependiendo en forma desbalanceada de los precios de los commodities y de la suerte de China y Brasil.

Llegó el momento de ir hacia mayores grados de libertad económica cuidando, asimismo, los equilibrios necesarios que hagan que el camino hacia esa libertad esté en sincronía con los esfuerzos y las adaptaciones necesarios para evitar posibles impactos sociales y así resguardar a quienes se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad.

Volver a crecer sana y sostenidamente es el gran desafío. En 2008, una comisión creada con el propósito de analizar qué habían hecho los países que más habían crecido en forma continua durante los últimos años, y que fue liderada por los premios Nobel de Economía Michael Spence y Robert Solow, produjo un informe denominado The Growth Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development. Este concluyó que dichos países mostraron como factores comunes las siguientes características: habían explotado al máximo la economía mundial; mantuvieron la estabilidad macroeconómica; lograron altos niveles de ahorro e inversión; dejaron que el mercado asigne los recursos y tuvieron Gobiernos comprometidos, creíbles y capaces.

Parece adecuado pensar que para lograr crecimiento económico sostenible deberemos seguir estos lineamientos, que no son otra cosa que mejorar significativamente los factores determinantes de la competitividad del país.

Para ello se requerirán buenos niveles de diálogo y articulación ente los actores que son determinantes para alcanzar una Argentina más competitiva. El Estado, las empresas y la sociedad civil (fundamentalmente los sindicatos y las estructuras políticas) son los engranajes principales de un mecanismo que, al funcionar de manera conjunta, continua y proactiva, sienta las bases para la elaboración de políticas que fortalezcan la competitividad, la riqueza y la prosperidad. Si a ello se suma un marco constitucional donde se respeten las normas de convivencia materializadas por el Estado de derecho, el resultado deriva en un ciclo virtuoso que lleva a una mejora de la competitividad.

En este sentido será fundamental estar atentos a la conformación de un plantel de funcionarios que, como lo definió la comisión liderada por Spence y Solow, deberán ser comprometidos, creíbles, capaces, honestos y estar imbuidos en el valor de la transparencia: he ahí el gran desafío para la nueva etapa que inicia la Argentina.

Seguramente, aproximándose las elecciones ya habrá pasado de la vacía fórmula “hay que solucionar los problemas de la gente” a explicarnos “cómo” afrontar dichos problemas, entre otros: la inflación, la inseguridad, los problemas de empleo, el negocio de las drogas, los que no estudian ni trabajan, la distorsión de los precios relativos, el déficit fiscal, la sobrevaluación del peso, el estrangulamiento de la balanza de pagos; todos ellos relevantes en el corto plazo.

Es ya más difícil que se haya referido al “modelo” de país a construir y mucho menos probable que haya hecho referencia a nuestra baja competitividad, aspectos difíciles de abordar electoralmente pero cruciales en lo que hace a nuestras perspectivas futuras.

Una de las medidas que el nuevo gobierno debería encarar, no muy lejos de su asunción y en paralelo con la implantación de las acciones para solucionar los temas arriba indicados, es el diseño de un plan integral de competitividad estructural.

Ser “estructuralmente” competitivos implica constituir un país estable, aspiración a la que muchas veces nuestros dirigentes han apelado y a la cual, lamentablemente, no hemos arribado. Implica generar prosperidad y equidad reduciendo la pobreza y la marginalidad.

La competitividad estructural no es la competitividad coyuntural, que es la que mide los costos laborales unitarios y que se mejora como resultado de una devaluación o reducción salarial; mejora efímera, como ya lo hemos comprobado en más de una oportunidad. Estructuralmente somos poco competitivos.

Mejorar los niveles de competitividad estructural conlleva articular los factores (conformación geográfica, clima, gente  y recursos naturales) y políticas (leyes, normas, prácticas, organización social) para crear y hacer perdurable un ambiente de negocios que facilite la creación de valor por parte de las empresas y los emprendedores. Para que estos creen empleos y materialicen inversiones.

Seguir siendo estructuralmente no competitivos nos llevará a reeditar los ciclos del “stop and go”, característicos de nuestro derrotero, resultado de subas y bajas de los términos del intercambio, de la disponibilidad o no de financiamiento internacional, y que nos han llevado a los recurrentes estrangulamientos en el balance de pagos y a las crisis inflacionarias, que originan planes de estabilización que al fin terminan colapsando y llevan a otra serie de soluciones dramáticas: default de las deudas, baja abrupta de los ingresos personales, apropiación de riqueza por parte el estado, etc.

Lograr niveles crecientes de competitividad estructural implica: incrementar, diversificar y agregar más valor a las exportaciones; competir contra las empresas extranjeras en las importaciones sin recurrir a barreras o tipos de cambio irracionales; generar más comercio internacional per cápita; atraer más inversiones; minimizar la fuga de activos incrementando y profundizando el mercado de capitales, modernizar el país; incrementar el “stock de conocimiento”; innovar y fomentar el emprendedorismo.

Necesitamos para ello un plan integral para la competitividad en el cual se articulen los intereses y necesidades del Estado (en su carácter arbitral), las empresas (únicas fuentes de creación de valor) y la sociedad civil (fundamentalmente los sindicatos y los partidos políticos).

Los países que detentan los mayores niveles de competitividad son los que, como derivación de esa competitividad, generan el mayor nivel de ingreso per cápita. Es muy ilustrativo observar que en los ingresos per cápita Argentina pasó de ubicarse puesto 9 en 1910 al puesto 61 en la actualidad. Esa declinación es sincrónica con la declinación relativa de nuestra productividad/competitividad. Desde ya hace mucho tiempo y a pesar de la extraordinaria dotación de factores con los cuales contamos.

Argentina, de acuerdo con el ranking confeccionado por IMD, está en el puesto 59 de un total de 60 países, mientras que en el producido por el WEF está en el puesto 104 de 144 países. Argentina presenta  un ingreso per cápita a de U$S 18 mil (PPP), frente a los países líderes en competitividad que tienen entre 65 mil y 35 mil. Argentina presenta, respecto de ese conjunto de países, porciones muy reducidas en sus cifras de comercio exterior, flujos y stock de inversión extranjera directa, tamaño del mercado de capitales y calidad de su infraestructura. Todo ello necesita ser mejorado significativamente; mediante un plan.

El conjunto de países más avanzados está regido por dos modelos de capitalismo, dependiendo de sus niveles de inclusión y de la injerencia del Estado. Lejos han quedado los modelos fracasados propuestos por países colectivistas. En general los países capitalistas más inclusivos son más competitivos. No hay un modelo prevaleciente en cuanto a la injerencia del estado en la economía sino que la alta competitividad no es la consecuencia de un estado más grande o más pequeño, sino el resultado de su eficiencia. También para ello necesitamos un plan.

La competitividad estructural es el resultado de la virtuosidad; la misma existe en los países más competitivos que, sin ser perfectos y que por efecto de los mercados imperfectos, de conductas reprochables o por deficiencia en sus regulaciones o controles sufren periódicamente crisis económicas o financieras que se encuentran en la raíz del sistema capitalista que han adoptado. En general esa virtuosidad se presenta en ciertos atributos que he caracterizado como “los pilares de la competitividad”. De ningún modo podremos lograr mejoras en nuestra competitividad estructural si no logramos un adecuado funcionamiento de los pilares.

Estos pilares, asentados sobre un sistema democrático e institucional sólido son: libertad económica; derechos civiles fundamentales; limitación del poder del gobierno, su control y su transparencia; protección del derecho de propiedad y el cumplimiento de los contratos; minimización del corrupción; cumplimiento regulatorio; orden y seguridad; calidad de la Justicia; construcción del capital social y educación; moneda sana y  calidad de las regulaciones a las empresas.

Nada se logrará de la noche a la mañana. Deberemos instalar procesos de mejora que implicarán la transformación progresiva de la cultura, los valores, las leyes y regulaciones y las conductas de los actores sociales. Deberá apuntarse a ganar mejoras de productividad con eficiencia, tecnología e innovación, en cada sector y cadena de valor que se identifique como oportunidad.

Por todo ello necesitaremos un plan y es hora de comenzar!

Para evaluar caminos y velocidades y manejar el cambio es clave analizar cuidadosamente las actitudes y expectativas de la población, con el objetivo de que, pese a las vicisitudes naturales de cualquier proceso de trasnformación, éste no fracase.

Lo desarrollado en este trabajo se basa en encuestas de opinión llevadas a cabo por el Pew Research Center, una entidad que informa a la opinión pública sobre asunto , actitudes y tendencias en los Estados Unidos y en el mundo. Conduce encuestas de opinión, investigación sobre demografía, análisis de contenido mediático y otros aspectos de investigación en ciencias sociales. No toma posiciones políticas.

Una encuesta sobre los principales problemas percibidos por la gente llevada a cabo en el 2014 por dicho centro, en el marco del proyecto de “actitudes globales” y que cubrió 34 países calificados como emergentes de Medio Oriente, Asia, África, Europa del Este y Latinoamérica, entre los cuales se incluyó a la Argentina, arrojó como resultado que el crimen y la corrupción son percibidos como los principales problemas, con un 83% y 76% respectivamente; y el 76% de los encuestados afirmó como un problema muy serio la existencia de líderes políticos corruptos, factor cuya opinión negativa se ha incrementado un 15% respecto de la medición del 2007.

En nuestro país la encuesta se efectuó entre 1000 personas de más de 18 años en áreas urbanas. Los aspectos que tocó la encuesta se refirieron a: seguridad alimentaria, salud, polución hídrica, polución del aire, falta de electricidad, crimen, corrupción y tránsito.

Los resultados para nuestro país no difieren significativamente respecto de los países de la región respecto del crimen, donde el 89% opina que es un problema serio, siendo más significativa el margen respecto de la corrupción: Argentina 85% frente al 77% en la región. Cabe destacar que en los otros factores nuestro país presenta opiniones más optimistas que el resto de la región.

Otro aspecto que se ha medido en esta encuesta es la opinión respecto de las instituciones nacionales, respecto de lo cual se observa en nuestro país la poca conformidad de los argentinos respecto de las instituciones; así, en lo que concierne a las fuerzas armadas, presenta el menor nivel de conformidad entre el conjunto de los 34 países con el 26%; sobre los medios de comunicación el segundo peor con un 52%; instituciones financieras, 3º peor con 39%; empresas: 2º peor con un 30%; la opinión sobre el gobierno nacional es la más baja del conjunto de los 34 países con un 31%; cuando se les pregunta a los argentinos respecto de los funcionarios públicos su opinión sigue siendo muy mala, con un 38% de conformidad y, finalmente, respecto del sistema judicial, es la segunda peor del conjunto con un porcentaje del 18%.

A ello debe agregarse el hecho que, como escribí en Infobae en noviembre de 2014, cuando se les preguntó a los argentinos si nuestros niños estarán económicamente mejor o peor que sus padres, las respuestas presentaron un nivel de optimismo inferior a los chilenos, brasileños, peruanos, colombianos y mejicanos. Asimismo la respuesta de nuestros compatriotas respecto a la siguiente afirmación: “La mayoría de las personas están mejor en una economía de libre mercado, aunque algunas personas sean ricas y otras pobres”, expresó su rechazo el 48%, el mayor nivel de rechazo entre 44 países emergentes encuestados.

El nuevo gobierno asumirá con significativos problemas a solucionar. Seguramente las expectativas sobre la nueva conducción serán altas. Sin embargo, de acuerdo con lo revelado por las encuestas presentadas los argentinos somos hoy muy cautelosos en expresar optimismo respecto del futuro de corto plazo, estamos convencidos de que existe un ambiente donde el delito y la corrupción son un problema serio y mostramos un muy bajo nivel de credibilidad respecto de las instituciones. Asimismo presentamos una alta desconfianza sobre las políticas de libre mercado.

En base a todo ello, será fundamental que el nuevo gobierno haga un cuidadoso manejo del cambio, exponiendo claramente los objetivos, llamando a toda la sociedad a apoyar los cambios necesarios y convocando a los mejores (motivados y honestos) que quieran sumarse al desafío. Deberán comunicarse con transparencia los instrumentos, avances y dificultades; y proteger durante el proceso de cambio a los más débiles: con educación, facilidades para acceder al mercado laboral, fundamentalmente para los más jóvenes, y seguridad de acceso a los servicios públicos. Será importante establecer las redes de seguridad que sean necesarias (manteniendo, luego de la debida revisión, las actualmente vigentes)  y controlar en forma continua que dichos sistemas de seguridad propendan al desarrollo de los más desprotegidos para que no sean, una vez más, el instrumento de renovados populismos.

Recientemente publicó un informe realizado a partir de una encuesta de opinión pública, efectuada desde marzo a junio, sobre las oportunidades y la inequidad a nivel mundial, incluyendo las expectativas económicas de la futura generación, los factores mas relevantes del progreso y las causas de la inequidad. La encuesta alcanzó a 48.600 personas en 44 países, incluida la Argentina, donde se encuestaron en forma presencial a 1000 personas mayores de 18 años en los meses de abril y mayo de 2014. Los resultados mas relevantes de la encuesta se exponen a continuación.

Respondiendo a la pregunta sobre si los niños en su país estarán económicamente mejor o peor que sus padres, 65% de las personas encuestadas en las economías avanzadas respondieron que estarán peor, mientras que en los mercados emergentes el 50% respondió que estarán mejor. En nuestro país el 42% respondió mejor mientras que el 37% sostuvo que estarán peor, aunque cabe destacar que, comparado con nuestros vecinos latinoamericanos mas relevantes, nuestro nivel de optimismo es más bajo, dado que el 77% de los chilenos, 72% de los brasileños, el 61% de los peruanos, el 50% de los colombianos y el 46% de los mexicanos opinaron que estarán mejor.

La educación y el esfuerzo en el trabajo es percibida como el factor mas importante para el progreso con un 60% y 50% respectivamente. Sin embargo, es relevante el hecho de que entre los países mas avanzados el promedio para la educación alcanza al 40% y el trabajo duro el 39%, mientras que en los países emergentes alcanza al 62% y 52 % respectivamente. Es muy alentador observar el hecho de que Argentina presenta los niveles mas altos entre todos los países encuestados respecto de estos dos factores con un 84% y 78 %.

En cuanto a la inequidad hay una opinión generalizada respecto de que la distancia entre los ricos y pobres es un gran problema. El 72%  de los argentinos encuestados opinó en ese sentido, un poco por arriba de otros países de la región. En general el fenómeno de la inequidad es vista como la consecuencia de una serie de factores, pero es revelador observar que el factor preponderante como responsable de la misma, tanto en los países desarrollados como en los emergentes, lo constituyen las políticas de los gobiernos, con un 30% de opiniones en este sentido. En nuestro país la responsabilidad asignada al gobierno se establece ligeramente por encima de la media, con un 34%.  Ante la pregunta de cuáles son los factores que más contribuirían a una reducción de la inequidad, en los países desarrollados predomina la idea de incrementar los impuestos mientras que en los emergentes predomina la de bajarlos. Nuestro país, junto con Brasil, presenta los porcentajes mas altos en cuanto a reducirlos con un 60% y 77% respectivamente.

Finalmente, resulta muy interesante observar la respuesta dada frente a la afirmación siguiente: “La mayoría de las personas están mejor en una economía de libre mercado, aunque algunas personas sean ricas y otras pobres”. Los más exitosos entre los países desarrollados expresan mayoritariamente su acuerdo con la afirmación: Corea, Alemania, Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña; países que enfrentan problemas se manifiestan mayoritariamente en sentido opuesto: Grecia, Japón y España. Entre los emergentes, 34 países encuestados, la totalidad muestra su acuerdo con que el libre mercado es la mejor vía para la prosperidad, con excepción de dos países: Jordania y la Argentina. Es nuestro país el que expresa el mayor porcentaje de rechazo a esta afirmación, con el 48% de la gente respondiendo que el sistema de libre mercado no es el mejor camino para la prosperidad – señal a tomar en cuenta por políticos y empresarios locales.

(1)  www.pewresearch.org

Tras la crisis financiera del 2008, el mundo se ha posicionado en una nueva realidad. El crecimiento económico en los países desarrollados se ubicará en niveles inferiores a los alcanzados previamente a la crisis. A pesar de las recientes desaceleraciones en las fenomenales tasas de crecimiento logradas por los países denominados “emergentes”, hay consenso que ellos siguen y seguirán contribuyendo en forma preponderante al crecimiento global. En el largo plazo, los desarrollados sufrirán las consecuencias del proceso de envejecimiento de sus poblaciones y las oportunidades se centrarán en los emergentes.

Este panorama sigue presentando para nuestro país una gran oportunidad. Ya hemos experimentado en la última década los beneficios de un contexto con altos niveles en nuestros términos del intercambio, alta demanda de nuestros productos de exportación y bajas tasas de interés. Si no hemos podido aprovecharlo más intensamente, como sí lo han hecho muchos de nuestros vecinos, es debido a desaciertos en el manejo económico, lo que nos han llevado a la necesidad de realizar los ajustes que se están llevando a cabo en estos días.

Las oportunidades que nos seguirá presentando el contexto internacional solo nos generarán mayor prosperidad en la medida que se materialicen, de manera sustentable, en tasas de crecimiento del PBI per cápita similares a las que conseguimos durante muchos años de la última década y con una mejora significativa en los niveles de equidad.

Hoy, el proceso inflacionario, la distorsión de los precios relativos, el déficit fiscal, las restricciones para tomar nuevo endeudamiento que pueda ser destinado a mejoras en la infraestructura, las menguadas reservas del Banco Central y la incertidumbre política, conspiran con la posibilidad de lograr mejoras en los niveles de inversión, productividad y de comercio exterior, condiciones necesarias para lograr altos niveles de crecimiento.

Para revertir la tendencia deberemos exportar e importar mucho más, incrementar el ahorro y la inversión y recrear el mercado de capitales. Ello, a su vez, tendrá su impacto positivo, en forma natural y sustentable, en el consumo. Todo nos lleva a la imperiosa necesidad de lograr mejoras drásticas en nuestra competitividad, bajo un concepto irrefutable: los países que logran para sus habitantes mayores niveles de prosperidad son aquellos que generan los más altos niveles de competitividad. En nuestro caso es también un hecho que mediante una relación causa-efecto nuestra competitividad ha sido históricamente tan decepcionante como nuestro desempeño económico.

¿Qué debemos entonces hacer para lograr esa mejora? Deberemos alcanzar mejoras significativas, sistemáticas y continuas en nuestros “factores de competitividad”. De esta manera generaremos las condiciones para que las empresas y nuestros emprendedores creen mucha más riqueza.

La gran mayoría de los países competitivos son “economías de mercado”; sus dos expresiones relevantes son: el “capitalismo de libre mercado” y el “capitalismo social de mercado”, en donde la diferencia radica en el grado de injerencia del Estado en la regulación de la economía. En cuanto al resultado, el producto bruto per cápita, no hay grandes diferencias de uno respecto del otro.

Nuestra idiosincrasia y concepciones actuales parece indicar que nos sentimos más cómodos con el modelo de capitalismo social de mercado y, en consecuencia, le seguiremos otorgando al Estado el “permiso” para esa injerencia; siendo así éste debe cumplir su mandato de manera efectiva y eficiente, lo cual es una tarea pendiente desde hace mucho tiempo.

Independientemente del modelo elegido, los países más competitivos presentan sistemas republicanos y democráticos, respeto a las libertades civiles, a los derechos de propiedad y a los contratos, bajos niveles de corrupción, estabilidad del marco jurídico, efectividad de la justicia, estabilidad macroeconómica, razonable (aunque menguada desde la crisis del 2008) apertura del comercio internacional, adecuada regulación de la inversiones, de la competencia en los mercados de bienes y servicios, de las finanzas y del trabajo. Asimismo aseguran niveles adecuados de infraestructura, redes de protección social, promocionan el emprendedorismo y la innovación, priorizan la educación y, con la notable excepción de los Estados Unidos, tienden a la equidad.

En cualquiera de estos modelos, los países más competitivos presentan por habitante los niveles más altos en el comercio exterior, en la inversión y en el mercado de capitales. Para lograr estos altos niveles consiguen altos niveles de productividad como resultado de su “virtuosidad” en los factores de competitividad.

Con foco en la competitividad el mundo es variopinto. Encontramos países que, con una gran cantidad de población son altamente competitivos, como Alemania, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Japón. Superan los 60 millones y muestran niveles de PBI per cápita de 44 mil dólares anuales. Tienen grandes mercados internos, altos niveles de comercio internacional y grandes mercados de capitales. Reciben inversiones e invierten en el resto del mundo.

Encontramos aquellos que, en términos relativos a los dos primeros, tienen poca población y son virtuosos en su competitividad. Es el caso de Australia, Austria, Bélgica, Canadá y Holanda, entre otros. Con una población de hasta 30 millones con niveles de PBI per cápita de 45 mil dólares anuales; su mercado es el mundo. Esa inserción en el mundo es la fuente de sus altos niveles de inversión, comercio exterior y de mercado de capitales.

Finalmente tenemos los países denominados “emergentes”. Brasil, China, Sudáfrica, India, Indonesia, México, Tailandia, Vietnam, entre otros; se caracterizan por tener poblaciones jóvenes y niveles de PBI per cápita de entre mil y 10 mil dólares anuales; en conjunto representan un mercado de mas de 3600 millones de habitantes. Por su cantidad de población y sus todavía bajos niveles de consumo representan grandes mercados, muchos de ellos con salarios bajos que los hacen ideales para la tercerización de producción y servicios para los países centrales. En los últimos quince años las inversiones se han direccionado masivamente hacia ellos.

Nuestro país no detenta una gran cantidad de población; con la notable excepción de la producción agropecuaria somos poco competitivos y presentamos una baja inserción en el mundo. En el estado actual, no recibiremos el efecto benéfico de las inversiones en general y las provenientes del exterior, en especial. A menos que comencemos a recorrer un trayecto progresivo y continuado de mejora en nuestra competitividad. Para ello es imprescindible generar un verdadero salto cualitativo. Un salto ¡no unos pasos! Necesitamos recrear la aspiración de desarrollo y enfocar a la competitividad como una “causa nacional”.

Deberemos mejorar drásticamente la calidad de los principales factores de competitividad: estabilidad del marco legal; independencia y calidad del sistema de justicia; respeto de los derechos de propiedad y del cumplimiento de los contratos; transparencia en la gestión y en el control del gobierno; funcionarios públicos capaces, honestos y bien remunerados;  igualdad de oportunidades para el trabajo y la educación; acceso a los mercados de capitales globales; crecimiento del sistema financiero y del mercado local de capitales; calidad de la infraestructura; calidad de los partidos políticos y confianza en los políticos; conducta ética; calidad de la articulación estado, asociaciones empresariales y la sociedad civil; y la facilidad que proveemos a los agentes económicos para desarrollar negocios.

Los políticos, los empresarios, los intelectuales y los dirigentes sociales y sindicales deberán encontrar las coincidencias básicas y necesarias para liderar el cambio y proponer “jugar el partido” de acuerdo con las reglas que hoy son aceptadas por la amplia mayoría de los países del planeta. Jugar a favor de la competitividad del país.

Debemos convencernos que seguimos teniendo una oportunidad y generar cambios que comiencen a dejar atrás mas de medio siglo de fracasos.  No es tarea de un gobierno, sino un desafío que descansa en los liderazgos de nuestra sociedad. Tenemos la materia prima para hacerlo: los argentinos todavía poseemos las virtudes para encarar nuestro futuro mejoramiento.

De otro modo estaremos destinados a recorrer recurrentemente el frustrante camino de la mediocridad.

El Papa Francisco, también en diciembre de 2013, advirtió: “Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad. Pero hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible erradicar la violencia”.

Ambos líderes, advirtiendo sobre el deterioro de la cohesión social o los peligros de la violencia, se dirigen a audiencias cuantitativamente significativas: el Presidente estadounidense, a su pueblo, compuesto por 313 millones de habitantes; el Papa principalmente a la grey católica, con 1200 millones de  católicos, 48% de ellos viviendo en América. Es en este universo donde residen países con gran nivel de inequidad.

Es más, el 14 de enero, la Casa Blanca anunció que el presidente de Estados Unidos se reunirá con el Papa en un futuro próximo. Obama había destacado las “elocuentes” declaraciones del Papa sobre la pobreza y citó una exhortación del Papa: “No es admisible que una persona que vive en la calle y muere de frío no sea noticia, mientras que la caída de dos puntos en la bolsa sí lo sea“.

Parecería que algo distinto está asomando en el horizonte. Y es algo que presupone que si los dos líderes más relevantes del planeta expresan tal preocupación y dramatismo respecto de la inequidad, debe suponerse que, de no tomarse medidas para reducirla, algo de serias consecuencias globales podría producirse en un futuro no muy lejano.

De acuerdo con el informe del OCDE de 2011 “Divided We Stand. Why Inequality Keeps Rising”, los países emergentes presentan altos niveles de inequidad respecto de los países desarrollados, en donde por ejemplo Brasil y Sudáfrica muestran niveles de inequidad que duplican a los de dichos países. Sin embargo en los casos de Brasil e Indonesia el incremento del producto bruto de los últimos veinte años ha permitido reducir los niveles de inequidad. China, India, Rusia y Sudáfrica, a pesar de haber crecido en forma significativa también han incrementado sus niveles de inequidad. En el caso de Argentina, en esos mismos veinte años la inequidad se ha mantenido estable, aunque se observa un agudo crecimiento de ella en el período comprendido entre 1990-2000 con una disminución en la siguiente década. En los países desarrollados se observa en la última década un incremento de la inequidad, encabezando los Estados Unidos el ranking de los más inequitativos.

Este panorama nos permite interpretar los llamados a una mayor equidad, tanto por parte del Papa como del presidente Obama.

Que perjuicios causa para las sociedades llegar a altos niveles de inequidad? En su libro The Spirit Level: Why Greater Equality Make Societies Stronger (2009), Kate Pickett y Richard Wilkinson indican que en el curso de su trabajo advirtieron que casi todos los problemas que son más comunes en la base de la escala social son más impactantes en las sociedades más inequitativas; que los problemas sociales contribuyen a la preocupación generalizada de que las sociedades modernas son, a pesar de su afluencia, fracasos sociales. La disminución de los niveles de confianza, el deterioro de los niveles de salud mental, el consumo de alcohol y drogas, la expectativa de vida y la mortalidad infantil, la obesidad, el desempeño escolar, el embarazo en adolescentes, los homicidios, las tasas de encarcelamiento y la movilidad social, son consecuencias de dicha inequidad.

El crecimiento económico es el gran motor del progreso; sin embargo en los países desarrollados ese motor está llegando a su agotamiento y sus problemas no devienen del hecho de que no sean suficientemente ricos a nivel del ingreso per cápita sino que se originan en las diferencias entre las clases sociales dentro del mismo país. Tales diferencias causan en su población niveles crecientes de ansiedad y depresión, así como el incremento del crimen, alcohol y consumo de estupefacientes entre los jóvenes.

De acuerdo con Robert Reich (Aftershock. The Next Economy & Americas Future, 2010), “es simplemente injusto que un puñado de americanos se lleven una gran porción del ingreso mientras muchos otros estén luchando para alcanzar sus fines. Esta despareja distribución se opone con la historia americana y su ideal de igualdad de oportunidades”. Además, sostiene que dicho nivel de inequidad erosiona la autoridad moral de Estados Unidos y su posicionamiento frente al mundo y afirma que “el incremento de la inequidad unida a la percepción de que las corporaciones y Wall Street están en sincronía con los gobiernos para que los ricos lo sean cada vez más, alimenta a los populistas y a los demagogos de cualquier extremo, y éstos ganan poder mediante la transformación de las ansiedades económicas en resentimiento contra determinada gente o grupos”.

En los países emergentes la creación de riqueza y el crecimiento, los esfuerzos para una mejor redistribución del ingreso y una concientización “a lo Francisco” siguen siendo las principales herramientas para la reducción de la inequidad.

No debe obviarse el hecho de que a partir de la explosión de los medios y tecnologías de comunicación, de la difusión publicitaria, de las redes sociales y de la globalización en general el fenómeno del consumismo hace que el estrés producido por las diferencias sociales se materialice en las consecuencias nocivas que ya hemos mencionado.

Ahora bien, la pregunta es ¿qué hacer? Como siempre hay diferentes enfoques.

Los más escépticos aseveran que la inequidad se está incrementando en casi todos países en esta era post-industrial, pero que ello no es el resultado de la acción o inacción de los políticos, ni que ellos puedan hacer gran cosa para revertirla porque el problema está generado por causas estructurales. Así, la inequidad es un producto inevitable del nuevo capitalismo y que ésta se incrementa debido al hecho de que ciertas personas y comunidades están más capacitadas para explotar las nuevas oportunidades.

Tyler Cohen (Average Is Over. Powering America Beyond the Age of the Great Stagnation, 2013) sostiene que la inequidad es una tendencia difícil de revertir dado que los problemas actuales en el mercado de trabajo son el anuncio de un nuevo mundo del trabajo y que la falta de la capacitación adecuada desde el inicio del proceso educativo significa cerrar las oportunidades como nunca antes había ocurrido. Así, los que han obtenido educación terciaria están ganando cada vez más. Y que ello afecta no sólo la forma de vida de la gente sino la constitución de las familias, las ciudades y los países. La dificultad en la reversión de la tendencia radica en fuerzas básicas, a saber: la creciente productividad de las máquinas inteligentes, la globalización, y la división dentro las economías modernas en sectores claramente estancados y los claramente dinámicos. Siguiendo a Cowen, en un futuro cercano los trabajadores se clasificarán en dos categorías que responderán a las siguientes preguntas: ¿Está usted preparado para trabajar con máquinas inteligentes o no? ¿Son sus habilidades complementarias a las habilidades de la computadora o ella lo hace mejor sin usted? Si sus habilidades son complementarias a la computadora su futuro en el mercado laboral será altamente positivo; los que no, deberán enfrentarse a las consecuencias negativas de dicho desacople.

Pero Cowen relativiza las consecuencias. Da como ejemplo que las tasas de criminalidad en los Estados Unidos han decrecido a un ritmo sorprendente mientras que la inequidad se ha incrementado también en forma significativa, lo cual parece sugerir que ambos efectos son compatibles. Y predice un futuro con más ricos y más pobres, incluyendo dentro de ellos gente que no siempre tendrá acceso a los servicios públicos básicos. En su criterio, no ve la manera de evitar el surgimiento de esta nueva clase baja que, afirma,  vivirá bajo un inusual tiempo de paz en un contexto de envejecimiento de la población americana y la proliferación de muchas fuentes de entretenimiento a bajo costo.

Las propuestas de los que consideran al fenómeno como inaceptable y peligroso requieren soluciones de diverso tipo. Reich recomienda 1) impuesto a las ganancias revertido; 2) impuesto a la emisión de carbono; 3) mayor tasa marginal de impuestos para los ricos; 3) un sistema de re-empleo frente a un sistema de compensación de desempleo; 4) préstamos universitarios ligados en su devolución al desempeño futuro; 5) cuidado de la salud para todos; 6) incremento de las obras públicas; y 6) modificación en el sistema de financiación de los partidos políticos. Otros, más agresivos, como Pickett & Wilkinson sugieren 1) reformas en el sistema impositivo para incrementar las tasas efectivas de las compañías y del sector mas adinerado; 2) promover sistemas cooperativos o de empresas con control accionario o de propiedad de sus trabajadores; 2) la limitación del derecho de patentes y de propiedad intelectual; 3) el fortalecimiento del rol de los gobiernos en generar políticas de salarios mínimos, de educación, de mantenimiento de bajos niveles de desempleo y de política industrial, entre otros.

Nos espera un interesante debate. ¿Es la inequidad un fenómeno irreversible? ¿O el Papa y Obama lograrán comenzar a recorrer un camino a hacia una sociedad más justa? ¡Está por verse!

Recientemente se han tomado medidas contra este “fenómeno” tanto en China como en el Vaticano. En nuestro país su referencia es recurrente en los últimos meses: en las campañas políticas, con denuncias y referencias de diverso tipo, y surgió como uno de los aspectos “movilizantes” en las sesiones interactivas en el Coloquio de IDEA. Pero en los últimos días surgió como un tema de discusión de “primera plana”. Comenzó con declaraciones del titular de la Pastoral Social, monseñor Lozano, que fueron consideradas al día siguiente por el jefe de Gabinete, el contador Capitanich. El primero, en una nota de opinión publicada por el diario La Nación y reproducida en la página web de la Pastoral Social, menciona que “la corrupción que usurpa los dineros del pueblo también aprieta gatillos con balas de hambre o de mala atención de la salud”. A su vez la agencia Télam, el 18 de diciembre, emitió un cable acerca de las declaraciones del jefe de Gabinete: “Siempre se habla de corrupción política pero se preguntó por qué no se cuestiona la corrupción empresarial y pidió un debate profundo para discutir la ética en el mundo de los negocios”.

Un debate, por cierto, muy interesante. Las aseveraciones del jefe de Gabinete son similares a las ideas vertidas en una carta al semanario de negocios The Economist por por el profesor emérito Jean-Pierre Lehman del IMD Business School de Laussane (Suiza), quien en referencia a las lecciones que dejan las protestas violentas acaecidas en los últimos años en distintos países afirma: “no sólo los políticos deberían tenerlo presente; las compañías también”,  y “la mayor parte de los programas de responsabilidad social empresaria que llevan a cabo las compañías suele implicar cambios superficiales solamente. Es realmente necesario que los líderes de las empresas globales asuman su responsabilidad. Podrían, por ejemplo, comprometerse a erradicar la corrupción, no con meras palabras”.

El “fenómeno corrupción” afecta la competencia entre las empresas favoreciendo a aquellas que incurren en prácticas ilegales; genera una asignación ineficiente de los recursos en detrimento de sectores en los que podrían ser necesarios; deteriora la calidad de las leyes y regulaciones y gravita negativamente en las adjudicaciones de licitaciones y concesiones. Sus efectos resultantes son, entre otros, el incremento del riesgo país, la incertidumbre y la inestabilidad jurídica que impactan negativamente sobre la inversión, generando un menor crecimiento económico, disminuyendo el empleo, promoviendo el empleo informal y afectando la recaudación de impuestos y el balance de pagos por la fuga de los fondos hacia paraísos fiscales. Todo ello es socialmente regresivo.

En una encuesta realizada por el World Economic Forum (WEF) entre los empresarios de 144 países sobre las 16 principales preocupaciones para desarrollar su actividad (The Global Competitiveness Report – 2012), en 63 de esos países los empresarios han expresado que la corrupción se encuentra entre la primera y quinta causa de dificultad. Estos países representan el 64% de la población mundial y muchos de ellos son catalogados como países emergentes. De ellos, 16 países son europeos, 22 asiáticos, 26 africanos y 18 latinoamericanos. Entre ellos aparecen países como China, India, Indonesia, México y Rusia, Colombia, Perú y Argentina.

En la encuesta, los empresarios argentinos han ubicado a la corrupción como su tercer problema y en Global Competitiveness Report la Argentina se ubica en el lugar 140 entre 144 países en relación con los factores relacionados con corrupción.

No debe dejarse de enfatizar el hecho de que la existencia de corrupción atenta contra la calidad de vida de la gente; de los 20 países que lideran el citado ranking de competitividad que, asimismo, son aquellos con los ingresos per cápita más altos, en ninguno de ellos los empresarios ven en sus países a la corrupción como un problema.

Los países emergentes deberían ser el motor del crecimiento futuro mundial. La inversión y el financiamiento serán variables relevantes para dinamizar este crecimiento y la corrupción es un factor que lo inhibe. En consecuencia no sólo estos países (entre los que nos encontramos) y la comunidad internacional (pensemos en los paraísos fiscales), sino también las empresas deberán implementar medidas para reducir el fenómeno al mínimo posible.

Nosotros, para incrementar la generación de riqueza y la inclusión, aspectos íntimamente relacionados, deberíamos consensuar que el combate y minimización de la corrupción sea objetivo nacional y, dado que el fenómeno es sistémico, se deberá contar con la debida articulación entre el sector público, las empresas y la sociedad civil.

En ese sentido propongo considerar la adopción de una serie de medidas, advirtiendo que ellas deberán ser sujetas al análisis de su viabilidad legal y funcional, a saber:

• Reforzar las regulaciones, sistemas y mecanismos que impidan hechos de corrupción en empresas públicas y privadas de interés específico, entes públicos descentralizados y demás organismos del Estado;
• Crear declaraciones específicas que los máximos responsables estas empresas y entes deban firmar;
• Imponer a las empresas y entes la implantación de códigos de ética y de líneas éticas para la denuncia de casos de corrupción;
• Fomentar la formación de “círculos de empresas éticas”;
• Establecer la limitación a la prescripción de los delitos de corrupción de funcionarios públicos; F
• ortalecer todos los aspectos destinados a investigar e informar hechos de corrupción por parte de los distintos organismos públicos de control;
• Incluir en los programas de las escuelas secundarias horas de “concientización” y en todas las carreras universitarias como materia obligatoria “La ética pública y la lucha contra la corrupción”;
• Y, finalmente, que los medios de comunicación, predominantemente la televisión pública, generen espacios con mensajes anticorrupción.