También cumplieron un papel esencial en la Guerra de Zapa: acordaron con San Martín que darían a los enemigos una información falsa acerca de los pasos por los cuales iba a cruzar y solicitarían ganado a cambio para que les creyeran. De este modo, los obligaba a dispersar fuerzas y debilitar el verdadero terreno de ataque. Luego de los rituales del caso, el Libertador les dijo: “Yo también soy indio” y les comunicó que iba a pasar a Chile con todo su ejército y cañones “para acabar con los godos que les han robado la tierra de sus padres”. El acuerdo se selló con un abrazo a cada uno de los caciques y el intercambio de regalos. San Martín recibió un poncho blanco cuyas guardas tenían un diseño que lo designaba Toki, jefe guerrero.

Al cumplirse doscientos años de ese parlamento clave para la libertad de Argentina, Chile y Perú, en la localidad de Zapala-Neuquén tres descendientes de los mapuches que apoyaron al general San Martín —Relmu Ñamku, Martín Maliqueo y Mauricio Raín, de la comunidad Winkul Newen, del Paraje Portezuelo Chico— son sometidos a un juicio vergonzoso, a un castigo ejemplar, para que nunca más ninguno de ellos pretenda oponerse a los intereses de petroleras dispuestas a robarles sus tierras, al igual que los godos y con el apoyo del Gobierno nacional y provincial. Relmu Ñamku, mujer mapuche, está injustamente acusada de intento de homicidio y pretenden condenarla a 15 años de prisión si el juicio que se ha iniciado en Zapala la declara culpable.

El 28 de diciembre de 2012, la comunidad fue sorprendida por la presencia de camiones y excavadoras de la petrolera norteamericana Apache Oil Corporation, que intentaban ingresar en sus territorios en un procedimiento encabezado por la funcionaria judicial Verónica Pelayes, sin haber cumplido con el derecho constitucional que obliga a procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas antes de iniciar cualquier actividad que los afecte. Ante ese atropello, resistieron defendiéndose con piedras: una de las piedras arrojadas por Relmu Ñamku golpeó en la cara a la funcionaria y el hecho fue considerado tentativa de homicidio; mientras que las piedras de Martín Maniqueo y Mauricio Raín recibieron la calificación delictiva de “daño agravado”.

No le importa a la Justicia que sus familias hayan vivido ancestralmente en el Paraje Portezuelo y cuenten con un reconocimiento de su derecho a esas tierras por parte del Estado nacional, a través del Ministerio de Agricultura, desde 1935. No le importa a la Justicia que las autoridades provinciales otorgaran ilegalmente una concesión a la empresa Apache en sus territorios, donde instaló diez pozos petroleros sin su consentimiento y desde hace una década resisten ante los intentos de expandir la producción.

Tampoco le importa a la Justicia que se haya vulnerado el derecho de la comunidad a un ambiente sano, dada la contaminación producida por derrames, fugas de gas o piletas de crudo a cielo abierto, que producen malformaciones en niños, cáncer, problemas respiratorios o de piel, muerte de pájaros y animales. Ni le importa a la Justicia que las familias de Relmu Ñamku, Martín Maniqueo y Mauricio Rain exhiban actas de inspección de la Subsecretaría de Medio Ambiente y de Hidrocarburos y Energía de la Provincia de Neuquén, donde se formula un pedido de saneamiento a las concesionarias por esa depredación ambiental, que ha sido olímpicamente ignorado.

Esta impunidad de las corporaciones se sustenta en la corrupción de Gobiernos y funcionarios respaldados por un Poder Judicial cómplice; todo ello en nombre del progreso y la civilización, que definen a los indígenas como población descartable. Actitudes propias de personajes moralmente baratos, despreciables y venales, guiados sólo por ambiciones de lucro y jugosas comisiones, que contrastan con la sabiduría milenaria y la dignidad de los supuestos delincuentes mapuches. Y también con la ética y la grandeza de San Martín.

Mientras el relato K proclama su lucha contra los privilegios de las corporaciones, los subsidios a las empresas públicas y del sector privado —concentrados principalmente en las áreas de energía y transporte— totalizaron 179 mil millones de pesos, el equivalente al total del déficit, con un incremento del 60% respecto del 2013. Si a este monto se le restan los subsidios destinados al transporte automotor y a los ferrocarriles —que efectivamente favorecen a la población por el precio de los pasajes—, resalta que sólo el sector energético recibe unos 130 mil millones de pesos, lo cual representa más del 70% del déficit fiscal.

Una de las claves está en la irracional e inaceptable decisión del Gobierno de favorecer a las corporaciones petroleras instaladas en Argentina: mientras el precio internacional del barril de petróleo bajó a 45 dólares promedio, somos el único país en el mundo que les reconoce un precio de 77 dólares: 32 dólares más por barril. Calculado sobre 195 mil millones de barriles, estos subsidios rondan los 6.500 millones de dólares, a los cuales se suman otros 1.500 millones en concepto de subsidios al gas. En total, son 8 mil millones de dólares que el modelo K regala cada año a las transnacionales y a los grupos locales amigos vinculados con los hidrocarburos.

La cifra de 8 mil millones de dólares también es significativa, si se considera que por el total de las exportaciones mineras el país recibe 4 mil millones de dólares anuales. En síntesis, por la devastación de montañas y la contaminación del aire y el agua; por la destrucción de periglaciares y ríos que arrastran cianuro, ácido sulfúrico y metales pesados; por aceptar que nos definan como “zona de sacrificio” precisamente en la Cordillera, uno de los principales reservorios de agua dulce del mundo; por la represión a las protestas sociales en defensa de su vida y del ambiente; el país recibe la mitad de lo que regala a las petroleras. Sin mencionar que, bajo juramento, las corporaciones mineras declaran que extraen cinco metales y el barro de exportación contiene otros cincuenta de contrabando, ante la mirada ciega de las autoridades.

En contraste, dado que el Gobierno se resiste a subir el mínimo no imponible, mientras el conjunto de los ingresos fiscales disminuyó en un 9%, el aporte de la categoría 4 correspondiente a los asalariados, creció en un 100%. Ello significa que los trabajadores están financiando gran parte del regalo que el modelo brinda a las petroleras. Otros datos verifican este peculiar concepto de equidad. Según información de la Administración Federal de Ingresos Públicos, las grandes fortunas aportan una alícuota del 16%, pero quienes ganan 25.000 pesos aportan un 35%. Sin mencionar que las ganancias por renta financiera no pagan ni un centavo de impuestos, gracias a la ley de Alfredo Martínez de Hoz de la dictadura, aún vigente.

Si de ajustar se trata, la pregunta sería: ¿quién debe pagar ese ajuste? La respuesta parece simple: si se eliminan los subsidios corruptos a las petroleras; si se impone un impuesto a la renta financiera, afectando el privilegio de los bancos y los rentistas; si se retrotrae el aporte patronal de las grandes empresas a 1993, cuando Domingo Cavallo los bajó en un 50%; si se nacionaliza y se restringe el juego, para pesar de los zares; si se recupera la renta de hidrocarburos aberrantemente entregada con la privatización de YPF, entre otras medidas similares; el país contaría con más de 25 mil millones de dólares anuales para revertir la crisis fiscal y no habría necesidad de endeudarse más. Estos breves cálculos evidencian que el relato K es puro cuento.

El rubro Salud de la CABA incluye tres hospitales de niños: el mencionado Garrahan, el Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez y el Hospital General de Niños Pedro Elizalde (ex Casa Cuna). Sin mencionar la situación de estos dos últimos -que no es precisamente brillante- los médicos del Garrahan están preocupados por el cierre de una sala para niños de 3 años internados en esa institución y agregan que el presupuesto que aporta el gobierno porteño fue rebajado para el año 2015 en más de $100 millones: si a ello se suma la petición de un incremento en los recursos -afectados por la caída de un 45% en términos reales en 2014- la carencia prevista ronda los $270 millones. Eso sí, la publicidad oficial está nuevamente resguardada por el incremento estimado del presupuesto para el año próximo; las cifras son elocuentes: por ejemplo, se destinan $760.000.000 a publicidad oficial y sólo $20.500.000 a equipamiento hospitalario. El reiterado fundamento de Mauricio Macri para su política de salud pública infantil es que una parte importante de los niños que concurren a estos hospitales provienen de la provincia de Buenos Aires: como Scioli se los tira a él, él no está dispuesto a poner fondos para recibirlos.

La crisis de la salud pública se arrastra en nuestro país desde hace más de dos décadas, cuando los procesos de precarización laboral y el desempleo dejaron a una proporción cada vez más importante de la población sin cobertura social. Si en 1970 concurrían a los hospitales públicos no más de un 15% de las familias, en la actualidad cerca del 50% de la población activa está en negro o desocupada y, en consecuencia, carece del respaldo de una obra social; situación que afecta al 75% de los trabajadores entre 18 y 29 años: entre ellos se encuentra una parte mayor de los padres jóvenes que deben atender a sus hijos en hospitales de niños. El aumento considerable de esta demanda en el sector público, de ninguna manera fue compensado por un incremento proporcional de los fondos destinados a cubrirla; de allí la constante carencia de infraestructura e insumos que, junto a los bajos salarios de médicos, enfermeras y personal de apoyo, ponen en serio riesgo la capacidad de atención eficiente de la salud para los sectores de menores recursos -entre ellos, los niños- más allá de la vocación y el reconocido empeño de los profesionales.

Ya sabemos que muchos funcionarios no necesitan recurrir a los hospitales públicos; para ellos y sus familias está la medicina privada. Nos preguntamos si alguna vez el Jefe de Gobierno de la Ciudad intentó pensar qué pueden sentir padres desesperados que llegan con su hijo enfermo a un hospital que los rechaza, porque no son del distrito Capital. Y si fueran de este distrito no pueden atenderlos, ya que se cerró una sala de internación o se carece de insumos debido a la disminución de los fondos, en tanto el gobierno de la CABA decide destinarlos a la publicidad oficial: toda una definición ideológica de Mauricio Macri y el PRO. Por qué no pensar que, para esta concepción, dejar morir a chicos pobres enfermos por falta de recursos para tratarlos como corresponde, es también una forma de disminuir la pobreza: lo que se denomina “límite moral infranqueable”.

1.- Se otorgan a perpetuidad concesiones que abarcan la totalidad de los recursos en petróleo y gas de los argentinos: la ley estipula un período de 30 años para los hidrocarburos convencionales del territorio y la plataforma marítima y de 35 años para los no convencionales. En todos los casos están previstas sucesivas prórrogas de 10 años a solicitud de los interesados sin limitaciones, hasta el agotamiento total del yacimiento o de la formación no convencional. Se desconocen otras experiencias en el mundo de un despojo de esta magnitud. Eso sí, cuando las corporaciones petroleras del extranjero se retiren, pasan a manos del país, sin cargo, las instalaciones y territorios cedidos: instalaciones obsoletas, yacimientos extinguidos y territorios contaminados, para que las futuras generaciones -nietos, bisnietos o tataranietos de las actuales- hagan con ellos lo que puedan. No es la mejor herencia.

2.- Se establece un pago de regalías del 12%, susceptible de ser rebajado hasta el 6%. Cabe señalar que son las regalías más bajas que reciben las naciones a nivel mundial: Bolivia cobra 50%; Venezuela 30%; Azerbaiyán 26%; Colombia 25%; Australia 25%; Canadá 20%; Nigeria 19%. Otra faceta de despojo sin parangón en el mundo. Se calcula que entre la privatización menemista de 1992 y el 2014, Argentina perdió en concepto de renta petrolera y gasífera un monto que supera los 250.000 millones de dólares; monto que puede duplicarse o triplicarse en las próximas décadas.

3.- El Artículo 91 bis de la ley prohíbe a las provincias y al Poder Ejecutivo Nacional otorgar en el futuro concesiones de nuevas áreas a empresas públicas o con participación estatal, cualquiera sea su forma jurídica: solamente se podrá beneficiar a las corporaciones privadas. Esto significa que el Estado en YPF -actualmente solo controla un promedio del 17% de la producción total del gas natural y del petróleo crudo- a partir de la promulgación de la ley, no podrá ampliar sus potenciales de exploración y explotación, convirtiéndose en un sello vacío destinado a los nostálgicos del Artículo 40 de la Constitución de 1949. Debemos señalar que una medida de estas características va en contra de la tendencia mundial a la estatización de los recursos hidrocarburíferos y que de las 20 mayores empresas del mundo 16 son estatales y una mixta.

4.- Respecto al petróleo y gas no convencionales mediante fractura hidráulica con utilización de químicos -fracking- la ley habilita la exploración y explotación sin interesar las advertencias y decisiones de gran parte de los países, que han prohibido o declarado moratorias a este tipo de producción altamente depredadora: entre otros, Alemania, Francia, Rumania, comunidades autónomas de España, 418 condados en Estados Unidos y 25 municipios en Argentina. Se reproduce en este campo la condenable política extractivista de la minería a cielo abierto, prohibida por el Parlamento Europeo en toda Europa, al evaluar que tiene “consecuencias catastróficas e irreversibles”: durante el período kirchnerista, en Argentina estos emprendimientos mineros pasaron de 4 a 600 a lo largo de la región cordillerana.

Sospechamos que el único interrogante que se han planteado los negociadores oficialistas ante las corporaciones ha sido: ¿cuánto les podemos cobrar por esto? La British Petroleum, principal beneficiaria de la prórroga por 40 años del yacimiento de Cerro Dragón, avalada por el presidente Néstor Kirchner en el 2007- también poco antes de terminar su mandato- acaba de auto-incriminarse ante la Comisión de Valores de Estados Unidos por haber pagado coimas en esa operación: solo queda preguntarle a la British Petroleum a quién se las pagó.

Aun partiendo de la base que el salario mínimo vital y móvil es un valor de referencia, un análisis de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la tendencia general de los salarios mundiales observó que la relación entre salario mínimo y medio es bastante variable, pero la situación más frecuente es la fijación de un ingreso mínimo que representa un 40 por ciento del haber medio. Sin embargo, esta relación no es la que refleja la evolución del salario docente. Lejos de acompañar la evolución del SMVM y mucho más lejos de los promedios que publica el Ministerio de Trabajo para el sector privado, en la actualidad el salario inicial de un docente está por debajo del mínimo vital y móvil.

Pero, claro, siendo parte esencial de la negociación, la cuestión salarial docente constituye la punta del iceberg de un sistema jaqueado por la ineptitud de los funcionarios que, en vez de correr tras los acontecimientos, debieran planificar de antemano qué hacer con uno de los pilares esenciales del desarrollo nacional: la educación argentina. En ese sentido, cabe recordar que el valor del salario no sólo se fija en virtud de la satisfacción de las necesidades del trabajador sino también al reconocimiento de la labor que desempeña acorde a sus capacidades. Ello significa que la calificación de la tarea docente debe ser retribuida de acuerdo al rol social que históricamente cumplen maestros y profesores en todo nuestro país.

Pues bien, el conflicto planteado podría ser solucionado si los gobernantes comprendieran la necesidad –largamente postergada- de recategorizar la tarea docente, entendiendo que son los maestros capacitados los protagonistas del cambio y la mejora en la calidad educativa que el Estado Nacional debiera procurar y garantizar en nuestras aulas.

La Ley de Educación Nacional 26.206 establece en su artículo 28 –referido a la jornada extendida de la escolaridad obligatoria- y en el 32 – respecto a la concentración de las horas cátedra de los/as profesores/as- modificaciones sustanciales en pos de mejorar la calidad educativa, tanto en cuanto a los logros de los aprendizajes por parte de los alumnos, como a la necesaria mejora de las condiciones laborales de los docentes para lograrla. En el mismo sentido, en el artículo 67, entre los derechos de los docentes se enuncian el de la capacitación y actualización integral, gratuita y en servicio a lo largo de toda su carrera; el desarrollo de sus tareas en condiciones dignas de seguridad e higiene; el mantenimiento de su estabilidad en el cargo en tanto su desempeño sea satisfactorio de conformidad con la normativa vigente; y un salario digno.

De acuerdo al informe del CIPPEC de 2013 sobre el cumplimiento de las metas educativas, estos aspectos son justamente los que han quedado más postergados. Son, también, los que aunan el reclamo de los docentes y de la comunidad educativa en general. Al relacionar la evolución del salario docente con el particular retraso en el cumplimiento de estos artículos de la Ley, resulta evidente que en materia educativa la década ganada tiene una cuenta pendiente.

Algunos cálculos simples indican la magnitud de la pérdida de riquezas y potenciales que ha significado y significa para nuestro país la conjunción de ambos problemas -con sus raíces en la dictadura militar- que golpean duramente a la economía. En los últimos treinta años de democracia, por los 45.000 millones de dólares de deuda externa en 1982 -que ya eran fraudulentos por la estatización de la deuda privada de Cavallo- el país ha pagado 391.000 millones de dólares: lo cual significa un promedio de 130.000 millones de dólares cada diez años. Pero a esto debemos sumar la pérdida de la renta de hidrocarburos -unos 10.000 millones de dólares anuales- a causa de la privatización de YPF y Gas del Estado, como parte del Plan Brady de pago de la deuda, que suman 200.000 millones de dólares en veinte años; mientras la privatización y destrucción de la flota mercante y la flota fluvial obligan a desembolsar cerca de 5.000 millones de dólares anuales en concepto de fletes: unos 100.000 millones de dólares en el mismo período. Sólo en estos conceptos -que no son los únicos, como el  vaciamiento de Aerolíneas Argentinas- por las venas abiertas de estas tierras se produjo un desangramiento que ronda en tres décadas los 700.000 millones de dólares: si al valor del dólar oficial el PBI argentino del 2013 fue de 484.334 millones de dólares, equivale a un PBI y medio; el otro medio es lo que aún se debe. Vale comparar la cifra de este desangramiento con los festejos que pueden observarse cuando alguna corporación anuncia una inversión de 5.000 millones de dólares en el país, sin mencionar los múltiples beneficios que se le otorgan, para dar cuenta de una de las causas principales de la inflación y la decadencia nacional.

La otra causa es la consolidación de una estructura de corrupción entre sectores empresarios, políticos y judiciales, que habilitan la acumulación corrupta de capital de la nueva “burguesía nacional” y un enriquecimiento acelerado con garantías de impunidad; condición a su vez del gigantesco saqueo de las grandes corporaciones. La debacle de tres áreas estratégicas en los dos últimos años -ferrocarriles, hidrocarburos y energía eléctrica- es resultado necesario del comportamiento corrupto de concesionarios y funcionarios cómplices, amparados por la impunidad judicial y el retraso de los juicios hasta llegar a la prescripción. Grupos como el de los Cirigliano en trenes del área metropolitana, alcanzaron altos niveles de acumulación corrupta en dos décadas, desviando los subsidios destinados a mantenimiento y reposición hacia su participación en nuevas áreas. Gracias a los auspicios de Julio de Vido, los Cirigliano participan en la fabricación de conversores de señal para el despegue de la Televisión Digital Terrestre, con Fútbol para Todos y Televisión para Todos; o el frustrado intento en Qatar para el transporte por ferrocarril de gas desde los yacimientos hasta los barcos -con su empresa Cometrans Qatar- como parte del proyecto de importación de gas licuado (GLN), a partir de la instalación en Argentina de buques de regasificación en los puertos de Ingeniero White y Escobar.

La pérdida del autoabastecimiento en hidrocarburos es otra evidencia de las políticas de saqueo y corrupción: la extracción a mera declaración jurada y las exportaciones sin control, en combinación con la inexistencia total de inversiones en exploración -el mayor costo de la producción en este campo-  hicieron que en poco más de quince años se agotaran las reservas calculadas en treinta años antes de las privatizaciones, según estimaciones que en su momento realizara Adolfo Silenzi De Stagni. En una lógica similar, el gran negocio de las distribuidoras de energía eléctrica fue la ausencia total de inversiones, obras y mantenimiento -además de la ausencia total de control, por la complicidad de los entes reguladores- contando con los subsidios recibidos a través de piruetas contables de Cammesa, la Comisión Administradora del Mercado Mayorista de Electricidad que las provee y del Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica, Focede; obras que también brillan por su ausencia. En todos estos casos de debacle de áreas estratégicas concesionadas, los beneficiarios son amigos -socios o testaferros- del poder nacional, provincial y/o municipal. En otra oportunidad se darán nombres y relaciones.

En este contexto, todo indicaría que los economistas transversales de los grandes partidos políticos, antes o después, van a proponer distintas formas de ajuste para que los costos recaigan una vez más en los sectores populares y las clases medias. Rechazando el apotegma de Domingo Cavallo “usted no sabe de economía” y por lo tanto no es posible opinar, consideramos que existe una solución para el país si se logra frenar la sangría del pago de la deuda y se neutraliza, al menos en parte, el accionar de la corrupción. Simples cuentas de almacenero, con todo respeto a los almaceneros, indican que si por tres años se suspende el pago de la deuda -y se realiza una auditoría, como hiciera el presidente Rafael Correa en Ecuador, a fin de diferenciar la deuda legítima que debe pagarse de los sucesivos desfalcos que no deben pagarse- el país contaría con 30.000 millones de dólares en la mano. Una inyección de esta magnitud en la economía -a través de nuevas empresas públicas con control social en las áreas de ferrocarriles, industria naviera y aeronáutica, producción de energía hidráulica sin sobreprecios y de energías renovables, exploración en las cuencas convencionales de hidrocarburos, entre otras- sin duda puede revertir la inflación y la decadencia, además de crear decenas de miles de puestos de trabajo dignos. Solamente se necesitan políticos honestos con las manos limpias y algunos jueces y fiscales incorruptibles, dispuestos a defender el interés nacional y el de las mayorías sociales sin aspiración de enriquecerse. Es difícil, pero no imposible.

En ese contexto, a comienzos de los años setenta Estados Unidos impulsa una estrategia de restauración conservadora diseñada por Kissinger, con el objetivo de recomponer su hegemonía: las dictaduras militares sustentadas en terrorismo de Estado y articuladas en el Plan Cóndor debían aniquilar tales aspiraciones. Los golpes militares se suceden: en 1971, Bolivia; 1972, Uruguay; 1973, Chile; 1975, Perú; 1976, Argentina. Nuestro país iba a tener un tratamiento especial: en julio de 1976 -a los pocos meses de consumado el golpe militar- el secretario de Estado norteamericano viaja a Brasilia y firma un protocolo con la dictadura instaurada allí desde 1964, por el cual Brasil es ungido como delegado del Imperio en Sudamérica y en el Atlántico Sur. Se inicia así la política del satélite privilegiado. A partir de este protocolo, Estados Unidos y Brasil iban a decidir en encuentros bilaterales a realizarse cada seis meses las políticas a seguir en función de lo que ambos consideraran conveniente para estas áreas de influencia. Se buscaba neutralizar de esta manera la rebeldía existente a nivel mundial y regional en Naciones Unidas, OEA o Junta Interamericana de Defensa, que presentaban serios problemas para los intereses estadounidenses al no contar con mayorías incondicionales.

Aparte de sus funciones políticas, en el satélite privilegiado iba a concentrarse la producción industrial de las corporaciones transnacionales, a fin de cubrir desde allí mercados de dimensión continental, luego de derribar los obstáculos arancelarios e imponer criterios de libre mercado. En esa concepción, Argentina debía erradicar sus industrias mediante el cierre de fábricas o el traslado de empresas a Brasil, para retomar su papel de país productor de materias primas exportables -granos, carnes, petróleo, gas, minería, pesca- con bajo valor agregado. Asimismo era preciso eliminar las empresas y servicios públicos más rentables, junto al sistema de transporte ferroviario en favor de las corporaciones petroleras y automotrices. El ministro Martínez de Hoz, respaldado por una represión inhumana y la imposición del terror como modo de quebrar todo tipo de oposición política o social, inicia la tarea de desintegrar las industrias -en especial las Pymes de capital nacional- al tiempo que contrae una irracional deuda externa, siguiendo los postulados del capital financiero internacional. Además de las ventajas brindadas por las economías de escala al concentrarse la producción en Brasil, la desindustrialización argentina permitiría quebrar estructuralmente la resistencia de los trabajadores, debilitándolos por medio de la desocupación y la precarización laboral. En una dramática paradoja, luego de la caída del Muro de Berlín en 1989, esa tarea va a ser completada durante la década de los noventa en nombre de las tradiciones políticas populares.

El deterioro del sistema educativo público en todos sus niveles fue parte nodal de ese proyecto, al potenciar el debilitamiento estructural de las mayorías sociales: si una sociedad industrial requiere mano de obra calificada y con bases educativas de calidad, en el vuelco hacia un modelo agro-minero-exportador que genera desempleo y marginación social, esa calificación se torna peligrosa. En tal sentido, la estrategia restauradora concebida por Kissinger reproduce una convicción sustentada por los sectores dominantes de América Latina desde la etapa colonial. Ya en 1785 el virrey del Perú señalaba:

“El establecimiento de escuelas en los pueblos puede traer perniciosas consecuencias y los indios deben ser instruidos solamente en la doctrina cristiana, pues cualquier otra enseñanza es muy peligrosa respecto a que desde la conquista no ha habido parece, revolución de esos naturales que no proceda de algunos más instruidos”.

Si en Argentina el sistema educativo público había dado tres premios Nóbel en ciencias, esa peligrosidad debía neutralizarse. Las universidades nacionales fueron duramente golpeadas por la dictadura iniciada en 1966 con la “Noche de los bastones largos” y la de 1976 continuó la agresión, persiguiendo masivamente a docentes e investigadores, en un contraste significativo con el tratamiento de las universidades y los institutos de investigación científica que caracterizara a la dictadura militar del satélite privilegiado. Contando con la complicidad de las dirigencias políticas, la degradación del sistema primario y secundario se completaría durante los años noventa bajo un régimen democrático: la Ley Federal de Educación de 1993, promovida por el menemismo, será el principal instrumento.

El resultado de esa estrategia a largo plazo está a la vista: Brasil se ha transformado en una potencia emergente mientras la Argentina saqueada continúa su decadencia y es definida como “tierra de sacrificio”, con la instalación de producciones extractivas depredadoras que en muchos casos están prohibidas en las naciones del Occidente central. Otro indicador es el dramático deterioro de su sistema educativo, tanto público como privado, que en el transcurso de las últimas décadas ha caído desde los primeros lugares al triste puesto 59 entre 65 países del mundo. No podemos cerrar los ojos ante esta verdadera catástrofe económica, social y cultural: mientras casi el 50% de nuestros adolescentes y jóvenes entre 13 y18 años no ha ingresado o ha desertado del secundario, la mayoría de quienes están insertos en el sistema no comprenden lo que leen, muestran dificultades para resolver problema matemáticos relativamente simples y ocupan el primer lugar del ranking mundial en ausentismo. Son los anuncios de una nación sin futuro: el objetivo de Henry Kissinger. Está en nosotros aceptarlo sumisamente o afrontar el reto de ser protagonistas de una segunda emancipación.

Si Forster y Carta Abierta pertenecen al progresismo kirchnerista, vale preguntarse sobre sus propias alianzas: destacados Barones del Conurbano como Raúl Othacehé, Hugo Curto, Alberto Descalzo o Alejandro Granados, ahora ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Estos aliados conforman la base del poder territorial del kirchnerismo y son conocidos por la habilitación mafiosa de desarmaderos, dealers de droga y prostíbulos, sin descartar la trata de personas. Entre los gobernadores sobresalen Gildo Insfrán de Formosa o José Alperovich de Tucumán; todos ellos protagonistas de la hegemonía neoliberal: con la cultura del “yo no fui”, olvidan que Carlos Menem es un aliado del kirchnerismo en el Senado y en los noventa tuvo como aliados a muchos que promueven el actual modelo, incluyendo a sus máximos referentes.

Oscar Parrilli -secretario general de la presidencia desde el 2003 a la fecha- fue el miembro informante de la privatización de YPF, de Gas del Estado, de los ferrocarriles y de los fondos previsionales para crear las AFJP. En su última carta abierta, los aliados de Parrilli señalan: “la política ferroviaria y la energética han transcurrido por caminos erróneos en una larga fase del proyecto nacional en curso. Las consecuencias fueron dolorosas y costosas”. No se sabe quiénes son los responsables y es raro que los “progresistas reaccionarios” lo vengan denunciando desde hace veinte años, a pesar de atentados con el sello de sus mentores. Pero Carta Abierta afirma que “estos desvíos se encuentran hoy en vías de corrección”: tememos que se considere una vía de corrección al contrato secreto YPF-Chevron para la explotación de Vaca Muerta mediante fracking; técnica que produce una depredación irreversible. Aconsejamos “La guerra del fracking”, película de un neoprogresista reaccionario: porque si se impone el fracking, dentro de veinte años -cuando en Carta Abierta se den cuenta que “las consecuencias fueron dolorosas y costosas”- ya no será posible remediar sus terribles daños.

También será tarde dentro de veinte años para afrontar las consecuencias de la penetración del narcotráfico en nuestro país: Carta Abierta considera que la inseguridad sólo “constituye un problema estructural de la megalópolis moderna”. Por el contrario, los “progresistas reaccionarios” afirman que la inseguridad es hija de la corrupción: un flagelo que atraviesa transversalmente sectores políticos, funcionarios, miembros del área judicial y de las fuerzas de seguridad. Para sustentarse en las cúpulas, la corrupción penetra hacia los estamentos más bajos, habilitando el accionar del crimen organizado.

Estas cúpulas no pueden ni quieren combatir la inseguridad, porque las modalidades corruptas de acumulación de capital, alimentan y se articulan con la acumulación mafiosa del narcotráfico, la trata de personas, el trabajo esclavo y otros delitos causantes de inseguridad: algo más que problemas “de la megalópolis moderna”. Ignoran que al anarco-capitalismo se suma en nuestro país el narco-capitalismo, en tanto Argentina es el primer consumidor de América Latina y el tercer exportador mundial de cocaína.

En México, la penetración del narcotráfico y la guerra entre grupos mafiosos, tuvo en el 2012 como resultante 100.000 secuestros de diverso tipo, 25.600 asesinatos y 4.000 desaparecidos. Las denuncias contra la corrupción no son un recurso electoralista; Dilma Rousseff ha decidido enfrentarla y junto a otras acciones, destituyó a siete ministros sospechados de malversación de fondos públicos. Para Carta Abierta, “la ilusión de un gran empresariado adicto (…) se desvaneció en estos diez años”. No percibe que junto a adictos como Barrick Gold, La Alumbrera, Monsanto, Grupo Petersen, grandes petroleras, pools de siembra y otros se ha fortalecido un empresariado económico-comunicacional adicto, conformado por amigos del poder que ocupan áreas estratégicas en construcciones y grandes obras, petróleo, casinos, aeropuertos o bancos, además de controlar alrededor del 75% de los medios gráficos y audiovisuales. Entre los más destacados estarían Vila y Manzano, Cristóbal López, Lázaro Báez, Gerardo Ferreyra, Eduardo Eurnekian, Jorge Brito, Enrique Eskenazi, Sergio Spolsky o Matías Garfunkel: una “burguesía nacional” cuya acumulación primitiva y posterior acumulación de capital, tiene sus fuentes principales en la corrupción; para ellos sí han sido “diez años de avances prodigiosos.”

A pesar de etapas de crecimiento a tasas sin precedentes, según cifras de Anses la situación laboral crítica -precarizados y desocupados- afecta a casi el 50% de la población activa y para los trabajadores entre 18 y 29 años, llega al 75%. Entre los censos nacionales del 2001 y el 2010, la población total del país creció en un 10%; pero la que vive en villas aumentó un 32%: los “diez años de avances prodigiosos” no pasaron por allí. Sin embargo, para Carta Abierta el problema del kirchnerismo es que enfrenta fuerzas poderosas y que cuando votan, “las personas comunes, los ciudadanos de a pie (…) no suelen fatigar los caminos de la memoria a la hora de sentirse seducidos por opciones políticas”. De este modo, una vez más la responsabilidad y los errores son de otros: las fuerzas poderosas, los desmemoriados y los “progresistas reaccionarios”. La combinación entre la cultura del “yo no fui” y una mirada construida con información del Indec, es explosiva: les recomendamos que traten de “fatigar los caminos” de la realidad, que es la única verdad.

La pérdida creciente de su predominio en el Medio Oriente ante el avance de China y Rusia, plantea duros límites a la tradicional capacidad estadounidense de imponer sus intereses mediante acciones militares. La victoria en Irak es en los hechos una derrota política, ante la imposibilidad de estabilizar ese país destruido. Los afganos demuestran una vez más en la historia que es imposible someterlos; intención reiteradamente fracasada de grandes imperios expansivos: entre otros, los árabes en los siglos VIII y IX; los mongoles de Gengis Khan en el XIII, los ingleses en el XIX, los rusos en el XX y ahora los norteamericanos en el XXI. Las tropas invasoras están encerradas en Kabul y no pueden salir de esa ciudad capital, a riesgo de ser aniquiladas. Las pretensiones de atacar a Irán fracasaron en el 2012 por la decisión de China y Rusia de defender a ese país ante una agresión occidental, incluso si ello significaba iniciar una guerra: la reunión en Kazajstán de los cinco integrantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas más Alemania a fines de ese año, fue un paso decisivo en la distensión entre las potencias -antiguas y emergentes- con respecto a la nación persa y un freno más a las aspiraciones hegemónicas de Estados Unidos en la región. En este marco, la irresponsable decisión de intervenir en Siria -con los dramáticos costos en vidas humanas que supone- se asemeja más a un manotazo de ahogado que a sus tradicionales manifestaciones de poder imperial; y las declaraciones del secretario de Estado John Kerry cobran un tinte patético:”Lo que está en juego es la credibilidad de Estados Unidos en tanto líder en el mundo”.

El riesgo cierto de perder el control de las principales áreas proveedoras de crudo alimentó la decisión de explotar los yacimientos no convencionales de gas y petróleo mediante el método del fracking. Dos de las tres mayores reservas a nivel mundial se encuentran en Estados Unidos y Argentina, lo cual garantiza el abastecimiento energético en caso de un repliegue desde el Medio Oriente, sin importar el mayor costo de esta extracción frente a la convencional y las devastadoras secuelas de contaminación de las aguas y quiebra de las rocas del subsuelo. Como continuidad de la política de entreguismo kirchnerista -en 1992 la privatización de YPF o en el 2007 la prórroga de las concesiones de Cerro Dragón por 40 años más- ahora se otorga la concesión de Vaca Muerta por 35 años, haciendo caso omiso a los reclamos de comunidades mapuches y militantes políticos o sociales con sentido patriótico. La zanahoria es una inversión de 500 millones de dólares ahora, con la promesa de 15.000 millones más en el futuro. En los mismos días, Cristina Kirchner se vanagloria de ser una “pagadora serial” de la deuda externa, por haber desembolsado 173.733 millones de dólares durante el ciclo K: significa que desde 1981 los argentinos nos hemos desangrado por un total de 391.907 millones de dólares, pero aún debemos 208.464 millones. Ante estos montos, la promesa de Chevron es una lastimosa propina.

La subordinación neocolonial se complementa, en la farsa del relato oficialista, con las manifestaciones de racismo social del connotado luchador por la democratización de los medios Martín Sabbatella. Indignado porque no dejaban entrar a unos periodistas a la escuela de Morón donde votaba su mujer -candidata en la lista K del barón del conurbano Raúl Othacehé- le gritó al agente Juan Echeverría: “Negro de mierda (…) ustedes no saben quién soy yo y no saben a dónde van a ir a parar”. Todo se relaciona.

1) Sus comienzos en el campo académico, luego de terminar los estudios en los años 80, serán una advertencia sobre sus futuros trabajos. Como presidente del Colegio de Graduados de Sociología, hacia 1988 promovió una ley destinada a regular el ejercicio profesional de “las y los sociólogas/os”. Cabe mencionar que ese Colegio de Graduados había nacido por resolución ministerial del 29 de febrero de 1976, cuando Alberto Ottalagano se desempeñaba como interventor de la Universidad de Buenos Aires y la carrera de Sociología, expulsando a miles de docentes entre los que me encontraba: sin lugar a dudas, institución signada por una fuerte impronta policial. La ley 23.553, de 1988, creó el Consejo de Profesionales en Sociología, con la atribución de controlar el ejercicio profesional y el gobierno de la matrícula, así como el control disciplinario a través del Tribunal de Ética. Pocas cosas más ridículas que este trabajo de Filmus: como todos saben, las ciencias sociales son esencialmente polémicas y, en sus facetas más ricas, se articulan con el pensamiento político-social extraacadémico. Por lo tanto, la necesidad de exhibir una matrícula para el “ejercicio profesional” implica que quien no la tenga -por ejemplo, periodistas de investigación o intelectuales como José Aricó, Gregorio Selser o Nicolás Casullo, que no eran graduados pero dieron clases en la Universidad- al aplicarse el “control disciplinario” podrían ser acusados de “ejercicio ilegal de la Sociología”.

El negocio era redondo: mantener a una pequeña burocracia de amigos parásitos gracias al aporte de los sociólogos, obligados a pagar regularmente una matrícula; pero no funcionó, porque la gran mayoría consideró que se trataba de una estupidez soberana y pocos cayeron en la trampa.

2) Su siguiente trabajo fue peor. En 1989, ingresó a la gestión pública como director general de Educación de la Ciudad de Buenos Aires -equivalente al cargo de ministro- designado por el intendente Carlos Grosso, quien a su vez había sido nombrado intendente por Menem al asumir la presidencia. Uno de los hechos más destacados de ese trabajo, fue avalar la creación de la tristemente célebre “Escuela shopping”: el 30 de diciembre de 1990, a instancias del intendente, el entonces Concejo Deliberante aprueba una ordenanza por la cual se autoriza la construcción de 17 locales comerciales en la planta baja de la Escuela Presidente Mitre -situada en la esquina de Sarmiento y Pueyrredón- que la Intendencia daría en concesión por veinte años a los empresarios Salomón Salem, Hugo Szeinbaum y Sofía Maraschi Levi.

Como máximo responsable de la educación en la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Filmus fue cómplice de este aberrante negociado de Grosso, que no fue el único. La concesión del Campo Municipal de Golf y del Velódromo de Buenos Aires a la empresa fantasma Asesores Empresarios SA del secretario general de la presidencia Alberto Kohan; la cesión al Ministerio de Economía de la Nación de la red de subterráneos a fin de ser privatizada en favor del consorcio integrado por Benito Roggio, Cometrans y otros; el descomunal fraude de Menem y Grosso con los terrenos de Puerto Madero; son algunas de los actos de ese gobierno municipal, en el que trabajaba Filmus como alto funcionario.

Considerado un icono de la corrupción municipal y jaqueado por múltiples sospechas de malversación de fondos, Carlos Grosso debió renunciar en octubre de 1992 y con él se iría el inefable Filmus.

3) Compenetrado con las concepciones neoliberales, a los pocos meses su siguiente trabajo fue desempeñarse como Jefe del Gabinete de Asesores de la ministra de Educación Susana Decibe. En ese carácter promovió la siniestra Ley Federal de Educación como parte de la Reforma Educativa, que aceleró la destrucción del sistema público iniciada con la dictadura militar: un aporte cuyas consecuencias deterioraron dramáticamente la calidad educativa y los edificios escolares, agudizando además la precarización docente.

4) Rápido para los mandados, cuando se desintegra el gobierno menemista, Daniel Filmus se hace “progresista” y vuelve a ser designado secretario de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ahora bajo el gobierno de Aníbal Ibarra iniciado en agosto del 2000. Por entonces se profundizaba la crisis económica del gobierno de la Alianza, que estalla en diciembre del 2001; en este trabajo Filmus dará cuenta una vez más de su calidad humana y sensibilidad social: por disposición de su Secretaría, se habilita a las concesionarias de los comedores escolares para que “adecuen los menús a la grave situación financiera”. Ante las protestas de los padres y las denuncias de niños mal alimentados -recordemos que muchos se desmayaban de hambre, porque era lo único que comían en todo el día- el secretario de Educación dijo una frase ya famosa: “A la escuela se viene a aprender, no a comer”. Como una manifestación más de sus secuelas neoliberales, pretendió descentralizar la administración educativa municipal a nivel de comunas, dando autonomía a cada escuela para desarrollar sus propias estrategias educativas: copia del sistema chileno de Pinochet, que aniquiló la educación en Chile.

Defendía al mismo tiempo -según relata Página 12 en marzo del 2001- “el sistema de educación privada con subvenciones proporcionales a la cuota; una modalidad muy equitativa de transferencia de recursos públicos a la capacidad de los padres para elegir la escuela de sus hijos”. Sin ninguna duda, un neoliberal mal reciclado.

5) A pesar de este currículum vitae -o tal vez por eso mismo- en 2003 es designado ministro de Educación de la Nación por el presidente Néstor Kirchner y permanece en este trabajo hasta el fin del mandato presidencial en 2007. Impulsa durante su gestión una nueva Ley de Educación Nacional, criticando duramente la “ley menemista” en cuya redacción había participado, así como “la política educativa de los 90″; pero como el reciclaje era defectuoso, reitera su antigua propuesta menemista de aceptar las presiones del Banco Mundial para el “canje de deuda por educación”, que significaba en los hechos la privatización total del sistema educativo. Impulsa también una Ley de Educación Técnica, que convoca a la participación de las organizaciones empresariales en el proceso formativo: lo que se llama soberanía nacional y popular. Vale mencionar que la nueva Ley Nacional de Educación -al margen de algunos artículos rescatables que siguen sin ser aplicados- consagra la descentralización educativa menemista, la precarización laboral docente y los subsidios a la educación privada.

6) Al finalizar su perfomance educativa -algo que, bajo toda evidencia, los niños, los padres y los docentes deben agradecer a los dioses- y luego de un intento frustrado como candidato a la jefatura de gobierno de la CABA en junio del 2007, en octubre de ese mismo año es elegido senador nacional para el período 2007-2013. En su trabajo actual, el senador Filmus ha apoyado algunas leyes que conviene recordar: entre otras, la Ley Antiterrorista, repudiada por todos los organismos de derechos humanos; la aberrante Ley de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, repudiada por los trabajadores; o la Ley de Extranjerización de Tierras Rurales: el pequeño detalle es que, mientras la presidenta Cristina Kirchner informa que “sólo el 5.93% de las tierras rurales están en manos extranjeras” la ley establece que se permitirá vender a extranjeros hasta un 15% de las tierras. Así, al mejor estilo del relato K, en nombre del modelo “nacional y popular”, se habilita a casi triplicar la extranjerización de nuestras tierras rurales: esto significa que podrán pasar de su actual control de unos 15.000.000 de hectáreas a casi 40.000.000. Como no es tonto, recientemente Filmus pidió una licencia laboral en la comisión que debía aprobar el ascenso del general César Milani y -ante las evidencias presentadas por el CELS de Horacio Verbitsky- dejó en su lugar a la senadora Alperovich.

Esta breve reseña indica que, en nombre del interés nacional y del bienestar del pueblo argentino, es imperioso tomar en serio su sutil ironía “No queremos planes descansar para diputados y senadores”, pero aplicarla en sentido contrario: proponemos otorgarle un Plan Descansar, para que Daniel Filmus no trabaje nunca más.