Si Forster y Carta Abierta pertenecen al progresismo kirchnerista, vale preguntarse sobre sus propias alianzas: destacados Barones del Conurbano como Raúl Othacehé, Hugo Curto, Alberto Descalzo o Alejandro Granados, ahora ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Estos aliados conforman la base del poder territorial del kirchnerismo y son conocidos por la habilitación mafiosa de desarmaderos, dealers de droga y prostíbulos, sin descartar la trata de personas. Entre los gobernadores sobresalen Gildo Insfrán de Formosa o José Alperovich de Tucumán; todos ellos protagonistas de la hegemonía neoliberal: con la cultura del “yo no fui”, olvidan que Carlos Menem es un aliado del kirchnerismo en el Senado y en los noventa tuvo como aliados a muchos que promueven el actual modelo, incluyendo a sus máximos referentes.

Oscar Parrilli -secretario general de la presidencia desde el 2003 a la fecha- fue el miembro informante de la privatización de YPF, de Gas del Estado, de los ferrocarriles y de los fondos previsionales para crear las AFJP. En su última carta abierta, los aliados de Parrilli señalan: “la política ferroviaria y la energética han transcurrido por caminos erróneos en una larga fase del proyecto nacional en curso. Las consecuencias fueron dolorosas y costosas”. No se sabe quiénes son los responsables y es raro que los “progresistas reaccionarios” lo vengan denunciando desde hace veinte años, a pesar de atentados con el sello de sus mentores. Pero Carta Abierta afirma que “estos desvíos se encuentran hoy en vías de corrección”: tememos que se considere una vía de corrección al contrato secreto YPF-Chevron para la explotación de Vaca Muerta mediante fracking; técnica que produce una depredación irreversible. Aconsejamos “La guerra del fracking”, película de un neoprogresista reaccionario: porque si se impone el fracking, dentro de veinte años -cuando en Carta Abierta se den cuenta que “las consecuencias fueron dolorosas y costosas”- ya no será posible remediar sus terribles daños.

También será tarde dentro de veinte años para afrontar las consecuencias de la penetración del narcotráfico en nuestro país: Carta Abierta considera que la inseguridad sólo “constituye un problema estructural de la megalópolis moderna”. Por el contrario, los “progresistas reaccionarios” afirman que la inseguridad es hija de la corrupción: un flagelo que atraviesa transversalmente sectores políticos, funcionarios, miembros del área judicial y de las fuerzas de seguridad. Para sustentarse en las cúpulas, la corrupción penetra hacia los estamentos más bajos, habilitando el accionar del crimen organizado.

Estas cúpulas no pueden ni quieren combatir la inseguridad, porque las modalidades corruptas de acumulación de capital, alimentan y se articulan con la acumulación mafiosa del narcotráfico, la trata de personas, el trabajo esclavo y otros delitos causantes de inseguridad: algo más que problemas “de la megalópolis moderna”. Ignoran que al anarco-capitalismo se suma en nuestro país el narco-capitalismo, en tanto Argentina es el primer consumidor de América Latina y el tercer exportador mundial de cocaína.

En México, la penetración del narcotráfico y la guerra entre grupos mafiosos, tuvo en el 2012 como resultante 100.000 secuestros de diverso tipo, 25.600 asesinatos y 4.000 desaparecidos. Las denuncias contra la corrupción no son un recurso electoralista; Dilma Rousseff ha decidido enfrentarla y junto a otras acciones, destituyó a siete ministros sospechados de malversación de fondos públicos. Para Carta Abierta, “la ilusión de un gran empresariado adicto (…) se desvaneció en estos diez años”. No percibe que junto a adictos como Barrick Gold, La Alumbrera, Monsanto, Grupo Petersen, grandes petroleras, pools de siembra y otros se ha fortalecido un empresariado económico-comunicacional adicto, conformado por amigos del poder que ocupan áreas estratégicas en construcciones y grandes obras, petróleo, casinos, aeropuertos o bancos, además de controlar alrededor del 75% de los medios gráficos y audiovisuales. Entre los más destacados estarían Vila y Manzano, Cristóbal López, Lázaro Báez, Gerardo Ferreyra, Eduardo Eurnekian, Jorge Brito, Enrique Eskenazi, Sergio Spolsky o Matías Garfunkel: una “burguesía nacional” cuya acumulación primitiva y posterior acumulación de capital, tiene sus fuentes principales en la corrupción; para ellos sí han sido “diez años de avances prodigiosos.”

A pesar de etapas de crecimiento a tasas sin precedentes, según cifras de Anses la situación laboral crítica -precarizados y desocupados- afecta a casi el 50% de la población activa y para los trabajadores entre 18 y 29 años, llega al 75%. Entre los censos nacionales del 2001 y el 2010, la población total del país creció en un 10%; pero la que vive en villas aumentó un 32%: los “diez años de avances prodigiosos” no pasaron por allí. Sin embargo, para Carta Abierta el problema del kirchnerismo es que enfrenta fuerzas poderosas y que cuando votan, “las personas comunes, los ciudadanos de a pie (…) no suelen fatigar los caminos de la memoria a la hora de sentirse seducidos por opciones políticas”. De este modo, una vez más la responsabilidad y los errores son de otros: las fuerzas poderosas, los desmemoriados y los “progresistas reaccionarios”. La combinación entre la cultura del “yo no fui” y una mirada construida con información del Indec, es explosiva: les recomendamos que traten de “fatigar los caminos” de la realidad, que es la única verdad.

1) Sus comienzos en el campo académico, luego de terminar los estudios en los años 80, serán una advertencia sobre sus futuros trabajos. Como presidente del Colegio de Graduados de Sociología, hacia 1988 promovió una ley destinada a regular el ejercicio profesional de “las y los sociólogas/os”. Cabe mencionar que ese Colegio de Graduados había nacido por resolución ministerial del 29 de febrero de 1976, cuando Alberto Ottalagano se desempeñaba como interventor de la Universidad de Buenos Aires y la carrera de Sociología, expulsando a miles de docentes entre los que me encontraba: sin lugar a dudas, institución signada por una fuerte impronta policial. La ley 23.553, de 1988, creó el Consejo de Profesionales en Sociología, con la atribución de controlar el ejercicio profesional y el gobierno de la matrícula, así como el control disciplinario a través del Tribunal de Ética. Pocas cosas más ridículas que este trabajo de Filmus: como todos saben, las ciencias sociales son esencialmente polémicas y, en sus facetas más ricas, se articulan con el pensamiento político-social extraacadémico. Por lo tanto, la necesidad de exhibir una matrícula para el “ejercicio profesional” implica que quien no la tenga -por ejemplo, periodistas de investigación o intelectuales como José Aricó, Gregorio Selser o Nicolás Casullo, que no eran graduados pero dieron clases en la Universidad- al aplicarse el “control disciplinario” podrían ser acusados de “ejercicio ilegal de la Sociología”.

El negocio era redondo: mantener a una pequeña burocracia de amigos parásitos gracias al aporte de los sociólogos, obligados a pagar regularmente una matrícula; pero no funcionó, porque la gran mayoría consideró que se trataba de una estupidez soberana y pocos cayeron en la trampa.

2) Su siguiente trabajo fue peor. En 1989, ingresó a la gestión pública como director general de Educación de la Ciudad de Buenos Aires -equivalente al cargo de ministro- designado por el intendente Carlos Grosso, quien a su vez había sido nombrado intendente por Menem al asumir la presidencia. Uno de los hechos más destacados de ese trabajo, fue avalar la creación de la tristemente célebre “Escuela shopping”: el 30 de diciembre de 1990, a instancias del intendente, el entonces Concejo Deliberante aprueba una ordenanza por la cual se autoriza la construcción de 17 locales comerciales en la planta baja de la Escuela Presidente Mitre -situada en la esquina de Sarmiento y Pueyrredón- que la Intendencia daría en concesión por veinte años a los empresarios Salomón Salem, Hugo Szeinbaum y Sofía Maraschi Levi.

Como máximo responsable de la educación en la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Filmus fue cómplice de este aberrante negociado de Grosso, que no fue el único. La concesión del Campo Municipal de Golf y del Velódromo de Buenos Aires a la empresa fantasma Asesores Empresarios SA del secretario general de la presidencia Alberto Kohan; la cesión al Ministerio de Economía de la Nación de la red de subterráneos a fin de ser privatizada en favor del consorcio integrado por Benito Roggio, Cometrans y otros; el descomunal fraude de Menem y Grosso con los terrenos de Puerto Madero; son algunas de los actos de ese gobierno municipal, en el que trabajaba Filmus como alto funcionario.

Considerado un icono de la corrupción municipal y jaqueado por múltiples sospechas de malversación de fondos, Carlos Grosso debió renunciar en octubre de 1992 y con él se iría el inefable Filmus.

3) Compenetrado con las concepciones neoliberales, a los pocos meses su siguiente trabajo fue desempeñarse como Jefe del Gabinete de Asesores de la ministra de Educación Susana Decibe. En ese carácter promovió la siniestra Ley Federal de Educación como parte de la Reforma Educativa, que aceleró la destrucción del sistema público iniciada con la dictadura militar: un aporte cuyas consecuencias deterioraron dramáticamente la calidad educativa y los edificios escolares, agudizando además la precarización docente.

4) Rápido para los mandados, cuando se desintegra el gobierno menemista, Daniel Filmus se hace “progresista” y vuelve a ser designado secretario de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ahora bajo el gobierno de Aníbal Ibarra iniciado en agosto del 2000. Por entonces se profundizaba la crisis económica del gobierno de la Alianza, que estalla en diciembre del 2001; en este trabajo Filmus dará cuenta una vez más de su calidad humana y sensibilidad social: por disposición de su Secretaría, se habilita a las concesionarias de los comedores escolares para que “adecuen los menús a la grave situación financiera”. Ante las protestas de los padres y las denuncias de niños mal alimentados -recordemos que muchos se desmayaban de hambre, porque era lo único que comían en todo el día- el secretario de Educación dijo una frase ya famosa: “A la escuela se viene a aprender, no a comer”. Como una manifestación más de sus secuelas neoliberales, pretendió descentralizar la administración educativa municipal a nivel de comunas, dando autonomía a cada escuela para desarrollar sus propias estrategias educativas: copia del sistema chileno de Pinochet, que aniquiló la educación en Chile.

Defendía al mismo tiempo -según relata Página 12 en marzo del 2001- “el sistema de educación privada con subvenciones proporcionales a la cuota; una modalidad muy equitativa de transferencia de recursos públicos a la capacidad de los padres para elegir la escuela de sus hijos”. Sin ninguna duda, un neoliberal mal reciclado.

5) A pesar de este currículum vitae -o tal vez por eso mismo- en 2003 es designado ministro de Educación de la Nación por el presidente Néstor Kirchner y permanece en este trabajo hasta el fin del mandato presidencial en 2007. Impulsa durante su gestión una nueva Ley de Educación Nacional, criticando duramente la “ley menemista” en cuya redacción había participado, así como “la política educativa de los 90″; pero como el reciclaje era defectuoso, reitera su antigua propuesta menemista de aceptar las presiones del Banco Mundial para el “canje de deuda por educación”, que significaba en los hechos la privatización total del sistema educativo. Impulsa también una Ley de Educación Técnica, que convoca a la participación de las organizaciones empresariales en el proceso formativo: lo que se llama soberanía nacional y popular. Vale mencionar que la nueva Ley Nacional de Educación -al margen de algunos artículos rescatables que siguen sin ser aplicados- consagra la descentralización educativa menemista, la precarización laboral docente y los subsidios a la educación privada.

6) Al finalizar su perfomance educativa -algo que, bajo toda evidencia, los niños, los padres y los docentes deben agradecer a los dioses- y luego de un intento frustrado como candidato a la jefatura de gobierno de la CABA en junio del 2007, en octubre de ese mismo año es elegido senador nacional para el período 2007-2013. En su trabajo actual, el senador Filmus ha apoyado algunas leyes que conviene recordar: entre otras, la Ley Antiterrorista, repudiada por todos los organismos de derechos humanos; la aberrante Ley de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, repudiada por los trabajadores; o la Ley de Extranjerización de Tierras Rurales: el pequeño detalle es que, mientras la presidenta Cristina Kirchner informa que “sólo el 5.93% de las tierras rurales están en manos extranjeras” la ley establece que se permitirá vender a extranjeros hasta un 15% de las tierras. Así, al mejor estilo del relato K, en nombre del modelo “nacional y popular”, se habilita a casi triplicar la extranjerización de nuestras tierras rurales: esto significa que podrán pasar de su actual control de unos 15.000.000 de hectáreas a casi 40.000.000. Como no es tonto, recientemente Filmus pidió una licencia laboral en la comisión que debía aprobar el ascenso del general César Milani y -ante las evidencias presentadas por el CELS de Horacio Verbitsky- dejó en su lugar a la senadora Alperovich.

Esta breve reseña indica que, en nombre del interés nacional y del bienestar del pueblo argentino, es imperioso tomar en serio su sutil ironía “No queremos planes descansar para diputados y senadores”, pero aplicarla en sentido contrario: proponemos otorgarle un Plan Descansar, para que Daniel Filmus no trabaje nunca más.