Es sabido que, más allá de discursos, relatos o versos, la estructura del presupuesto de un Gobierno, en términos de ingresos y gastos, constituye la evidencia más contundente de la real orientación de su política: a quiénes beneficia y a quiénes perjudica. El análisis de algunos aspectos del presupuesto 2014, que es el último cerrado hasta la fecha, es una confesión de parte que se reitera en las tendencias exhibidas en el del 2015. Como justificación de la necesidad de un ajuste, en el ejercicio 2014 los niveles de gastos superaron en un 31% a los previstos y, a su vez, los recursos percibidos fueron inferiores en un 9%: el déficit resultante alcanzó unos 185 mil millones de pesos.
Mientras el relato K proclama su lucha contra los privilegios de las corporaciones, los subsidios a las empresas públicas y del sector privado —concentrados principalmente en las áreas de energía y transporte— totalizaron 179 mil millones de pesos, el equivalente al total del déficit, con un incremento del 60% respecto del 2013. Si a este monto se le restan los subsidios destinados al transporte automotor y a los ferrocarriles —que efectivamente favorecen a la población por el precio de los pasajes—, resalta que sólo el sector energético recibe unos 130 mil millones de pesos, lo cual representa más del 70% del déficit fiscal. Continuar leyendo