La deuda del Poder Judicial con el país y con la gente es enorme y recordar ahora todo lo que funciona mal sería demasiado largo para esta columna. Los sistemas judicial y de seguridad argentinos están muy mal, como lo muestran los hechos y las encuestas sobre la bajísima confianza de la gente en esos sectores del Estado.

La investigación por la muerte de Nisman no es el único delito que sigue en un limbo, porque es parte del altísimo porcentaje de impunidad que asola a nuestro país y que nos coloca a todos en una situación de indefensión que percibimos como casi absoluta.

Con el imbatible sentido común que rige en la vida real y que muchas veces se diluye en falacias y silogismos tribunalicios, es lógico que la gente piense —que todos pensemos— que si al fiscal federal a cargo de la masacre de la AMIA el Gobierno entonces kirchnerista no pudo, no supo o no quiso protegerlo, ¿porqué tendríamos que sentirnos seguros el resto de nosotros? De hecho, las tasas de criminalidad se han disparado y sólo bajaron cuando se las falsificó, como a la inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Esto puede comprobarse empíricamente en cualquier reunión de más de cinco personas, si alguien pregunta quiénes fueron víctimas de un delito; esas encuestas amateurs dan índices que rondan en un 80% de habitantes víctimas de algún delito, muchas veces ni siquiera denunciados, para evitar las pérdidas de tiempo y dinero que implicarían una causa judicial que, sospechamos, terminará archivada y sin resultados concretos.

El nuevo Gobierno ha prometido luchar contra la impunidad, contra el narcotráfico y permite que seamos optimistas en que el derecho constitucional a vivir seguros efectivamente se cumpla. Al menos, renace la esperanza de que la impunidad disminuya, ya que pretender que desaparezca sería utópico. Es un buen síntoma que la fuga de los condenados por el triple homicidio descubierto en General Rodríguez al fin terminó como debía: con los tres prófugos recapturados vivos.

El desafío que enfrentan las nuevas autoridades de los tres poderes es enorme y debe ser resuelto con éxito. Es su responsabilidad que las leyes se cumplan y que las sanciones a los delincuentes existan, pasando del actual abolicionismo penal a un sistema como el de cualquier lugar del mundo. Por no viajar lejos, ejemplifiquemos con Uruguay o Chile o Brasil, donde la tasa de presos por habitante es el doble que la nuestra, lo que indica no que ellos tienen peor gente, sino que nosotros no encarcelamos a todos los que debemos encarcelar.

Precisamente porque ese panorama es desalentador, es imperativo que el fiscal Nisman no sea olvidado y que su muerte no quede impune. La Justicia adeuda a todos nosotros saber qué pasó y encarcelar al responsable.

La investigación de su muerte debe terminar de una vez y su resultado debe ser convincente, no un decorado teatral-judicial que, cumpliendo con las formalidades básicas, nos deje a todos más incrédulos que antes. Fue inadmisible que el sistema penal iniciase una pesquisa queriendo encontrar un suicidio, como el tristemente célebre acto fallido que la fiscal Viviana Fein puso en evidencia, pero los 12 largos años de ocultamiento, relato y presiones a la Justicia terminaron, así que las excusas se acabaron: la Justicia debe ser eficiente y rápida.

Es obvio que en la muerte de Nisman los defectos del proceso investigativo han complicado el trabajo de los magistrados, pero para eso hay jueces y no computadoras: para aplicar la sabiduría y el conocimiento, con rigor, equilibrio y —nunca lo olvidemos— sentido común. Por eso, repitámoslo, no debemos admitir excusas.

Además del magnicidio de Nisman, debe retomarse y profundizarse la investigación que evidentemente causó la muerte del fiscal, es decir, el inconstitucional acuerdo con Irán. Quizás en esa investigación pueda avanzarse mucho en saber quién y por qué mató a Nisman.

En estos tiempos, la información hace que la ciudadanía esté alerta y sabe lo que hacen y dejan de hacer sus gobernantes. Algunos creen que la mayor exigencia que se deriva de esa mayor información afecta sobre todo al Poder Ejecutivo y, en segundo plano, al Poder Legislativo, pero en poco abarca al Poder Judicial.

No es así: esos jueces y fiscales que hasta hace pocos años estaban alejados del escrutinio público tienen que saber que ahora la sociedad se entera de cómo trabajan. La gente y el periodismo exigen claridad, rapidez, sin cortinas de humo fabricadas con cataratas de palabras a veces hasta en desuso y hasta con prosa que linda lo incomprensible, por no mencionar la dilapidación del dinero de nuestros impuestos en cargos y gastos peor que superfluos, mientras no se cubren juzgados que se necesitan para dar mejor justicia, por falta de fondos.

El Poder Judicial adeuda a la Argentina que sepamos por qué Nisman murió de un tiro en la cabeza. Lo adeuda naturalmente a la familia del fiscal, lo adeuda a su memoria y lo adeuda a todos nosotros. Las excusas ya son inadmisibles, porque desde el poder político nadie trata de ocultar nada.

Nisman no debe haber muerto en vano y su familia y todos nosotros necesitamos la paz de saber la verdad.

Pero el juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia sin más trámite, hasta teniendo en cuenta elementos ajenos a la causa inicial, que en definitiva sirvieron de prueba a los imputados: para ellos sí hubo posibilidad de pruebas. Para los fiscales, o sea para todos nosotros, no.

Apeló el fiscal Pollicita y el fiscal German Moldes lo acompañó, pese a las presiones brutales que recibió. Incluido el absurdo retiro de su auto oficial.

Ahora la Cámara de Apelaciones, por su Sala I y por el voto de sus miembros Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, convalida la desestimación del juez Rafecas e impide que siga o mejor dicho, que empiece, la investigación de un delito que -si existió- involucra a las máximas figuras del gobierno en un tema de lesa humanidad que costó la vida a 85 argentinos y al fiscal Nisman.

Hasta aquí, parece el argumento inicial de una película clase “B”, en la que los buenos al final triunfarán. Pero desgraciadamente es nuestra realidad, y casi todos tenemos miedo de que el mal triunfe. Esta vez, el mal tendría éxito al impedirse la investigación por formalismos kafkianos sin sentido jurídico ni común.

Todos los fallos merecen respeto, pero eso no implica acatarlos: la decisión de la Cámara Federal es apelable ante la Cámara de Casación y hasta lo que decida ésta Cámara puede llegar a la Corte Suprema, dada la monumental gravedad del caso, a través del “per saltum”.

Recordemos que el sistema de aplicación de las leyes, aquí y en todo el mundo, depende de hombres que tienen debilidades humanas y por eso se superponen etapas apelativas, para al menos reducir el riesgo inevitable del error. Espontáneo o inducido, claro.

El fiscal Moldes ya había anticipado que apelaría. Queda saber si el fiscal que tomará el caso lo seguirá, y si Casación revocará las lamentables decisiones de primera y segunda instancias, que nos niegan a todos los argentinos, saber si la denuncia de los valientes Nisman, Pollicita y Moldes contra la presidente y su grupo, tenía fundamento o no.

Ojalá que el sistema funcione correctamente y que, de una buena vez por todas, empecemos a vencer la brutal impunidad que nos aplasta como personas y como país.

Es inadmisible desde todo punto de vista que semejante escándalo quede sepultado en un archivo, sin ser investigado. Eso se llama impunidad, y no podemos seguir conviviendo con ella.

La denuncia del fiscal Nisman fue ratificada por los fiscales Pollicita y Moldes. El denominador común entre estos tres fiscales ha sido el más básico de una República: no deben impedirse las investigaciones de posibles delitos, sin importar que puedan haber sido cometidos por gobernantes.

Incluso si la Cámara de Casación confirmara el fallo de Rafecas y de la Cámara, debería solicitarse a la Corte Suprema que por el instituto del “per saltum”, intervenga y permita que la investigación se lleve a cabo, porque repitámoslo hasta el cansancio: lo que menos necesita la Argentina es que sigamos con una impunidad que nos mata.

Es obvio que la Presidente sigue sin siquiera lamentar la muerte del fiscal Nisman, cuya seguridad era responsabilidad del Gobierno. Al menos por piedad, o por educación, la familia del fiscal merece su pésame. Pero no lo tuvo. Su resentimiento contra Nisman va más allá de la muerte.

En el aspecto gubernativo, es evidente que los cambios al sistema de inteligencia parten de una premisa falsa: no es una deuda de la democracia, sino de su Gobierno, porque con otros presidentes democráticos no hubo mayores problemas con la ex-SIDE, simplemente porque esos presidentes no la usaron como herramienta política, como sí la ha usado el matrimonio Kirchner.

Los cambios son o negativos o cosméticos, de poco efecto o de imposible ejecución, como por ejemplo concentrar las comunicaciones con el nuevo organismo en solo dos personas. Se trata de la clásica técnica lampedusiana de cambiar algo para que nada cambie.

Y en rigor, la inteligencia argentina empeorará, porque busca colocar a sus personajes K en la agencia que recibirá al nuevo Gobierno: cargos de 4 años, elegidos por el kirchnerismo a meses del cambio de presidente, es sinónimo de infiltrar a quien reemplace a los Kirchner.

Es inconcebible que Cristina Fernández, cuando todos hemos visto cuál es la verdadera relación del Poder Ejecutivo con Alejandra Gils Carbó, pretenda que creamos que transferir a este organismo el sistema de escuchas garantizará su legalidad porque la Procuración es teóricamente independiente. Semejante afirmación podría ser creíble, por ejemplo, si viniese de alguien como el presidente Illia, pero de la señora de Kirchner con seguridad que no.

Por otra parte, la mandataria sigue sin admitir -como es su obligación legal- que si fue denunciada por un fiscal. Deberá ejercer su defensa como una ciudadana más y no usando y abusando de la cadena nacional, en términos que además constituyen una evidente presión al Poder Judicial, violatoria del art. 109 de la Constitución.

Respecto del tema Irán, no puede ignorar ni que el tratado ha sido declarado inconstitucional, ni que constituyó una cesión de soberanía nacional, ni que las prácticas de venta de granos y otros bienes por petróleo han dado lugar a negociaciones con Venezuela que aún deben ser investigadas. Esos antecedentes obligaba al fiscal a analizar, precisamente a través de una denuncia, el intento de acordar con Irán sacrificando la soberanía de nuestro país para juzgar con sus jueces los delitos cometidos en su territorio.

Menos aún puede la Presidente, que actúa en política desde hace tantos años, ignorar que ha sido tradicional que la Secretaría de Inteligencia niegue que tal o cual persona era un agente de inteligencia, como ocurrió por ejemplo con los conocidos Guglielminetti y Aníbal Gordon, con lo que sobre ese tema, también debe investigarse judicialmente qué ha ocurrido y el fiscal no podía dejar de incluir la cuestión de posibles agentes encubiertos en su denuncia. Ni qué decir de su negación de Nisman, cuya designación habrá sido firmada por quien sea, pero fue decidida por Néstor Kirchner. Negarlo es absurdo.

Incluso la permanente referencia a los juicios por derechos humanos es contradictoria con el maltrato implícito de la Presidente al derecho humano a la vida del fiscal Nisman. Porque no sólo ni siquiera se ha lamentado de su muerte, sino que omite reconocer que protegerlo era el trabajo de su Gobierno. Por ejemplo, si se lo hubiese cubierto como las increíbles cámaras que lo siguieron en Ezeiza, probablemente hoy estaría vivo, ya que poco costaba llenar de cámaras el edificio donde vivía, en vez de depender de la seguridad de un simple consorcio. La responsabilidad de las debilidades de ese edificio no es de sus copropietarios, sino del Gobierno que le retaceó seguridad al fiscal.

El colofón de este lamentable monólogo presidencial fue acusar de extorsionadores a quienes pensamos distinto de ella. Es una ofensa inadmisible. La señora de Kirchner no puede seguir tratándonos a quienes no nos sometemos a sus creencias como enemigos del país. Es imperativo que la Presidente empiece a respetar a todos los ciudadanos.

En suma, es muy triste que la Presidente siga, o en realidad, empeore, su actitud de infalibilidad y de considerarse por encima de nosotros, los ciudadanos, que somos sus iguales. Ha muerto un fiscal que la estaba denunciando. Esa responsabilidad política será siempre suya, precisamente porque es la presidente de la Nación y nos debe respuestas, no amenazas ni advertencias.