Es lamentable que, una vez más, se demore y retroceda en la investigación de los delitos que se imputan a la familia presidencial y suframos una verdadera vergüenza.

Al apartar al juez del caso, Claudio Bonadio, la Sala I de la Cámara Federal provoca un retardo y entorpecimiento de la investigación, que desde cualquier punto de vista son negativos. Es inconcebible que un pedido judicial a cuerpos periciales de la Corte Suprema pueda ser causal de nulidades investigativas o de supuesto prejuzgamiento. Estamos viendo cómo simples formalidades son usadas para dilatar y entorpecer una investigación crucial para la confianza de la gente en el gobierno.

La Argentina sufre de una crisis terminal: nuestro sistema legal es estructuralmente favorable a la impunidad. Tanto que somos uno de los pocos o quizás el único país del mundo donde no hay una sola persona presa por corrupción. Si no revertimos esto, la Argentina no tiene ningún futuro.

Lo lógico sería que si se pone en duda el origen de la riqueza presidencial, sea el propio Poder Ejecutivo el que ponga toda la información posible a disposición de los jueces, para demostrar todo lo limpio y legítimo de su fortuna. Usar trucos procesales para impedir el conocimiento de la verdad es, como mínimo, antidemocrático.

La causa Hotesur, precisamente por pertenecer a los Kirchner, tendría que ser un ejemplo de rapidez, profundidad y agudeza investigativa. En vez de eso, todo indica que se convertirá en otra vergüenza nacional.

Afortunadamente, a partir del 10 de diciembre veremos cómo la Justicia estará nuevamente en condiciones de investigar, descubrir y castigar los delitos, sobre todo los de corrupción, de los que somos víctimas 40 millones de argentinos. Aunque haya habido sentencias, podrán ser declaradas nulas si fueron fraudulentas. Y quienes hayan violado la ley deberán ir presos, sin condenas condicionales ni prisiones domiciliarias.