Cristina y el 18F

En un larguísimo texto difundido por internet y titulado El 18F, bautismo de fuego del Partido Judicial”, la Presidente vuelve a insistir tácitamente con su actitud de que el país le pertenece, de que ella no está sometida ni a la Constitución ni a las leyes y, para peor, que quienes no le obedecemos, somos traidores a una Patria ficticia que ella y “él” fundaron en 2003.

Dejemos de lado sus razonamientos numéricos sobre cuántos cientos de miles fuimos al 18F. Obviemos su sistemática repetición de falacias estadísticas que no alcanzarán jamás a tapar la realidad cotidiana que todos palpamos a cada paso. No nos detengamos en su reivindicación de una libertad que cada día se reduce más, o en sus alusiones a insultos que no existieron y solo repiten su tendencia a victimizarse. Tampoco caigamos en discusiones sobre otras afirmaciones presidenciales, que siquiera merecen análisis fuera de Tribunales.

Lo gravísimo es que en estos días en que el modelo chavista acaba de atropellar otra vez a la oposición, encarcelando al alcalde de Caracas con una acusación de golpismo, la Presidente utiliza razonamientos similares para descalificar no a un líder opositor sino a cientos de miles de ciudadanos comunes que nos manifestamos porque quisimos, ejerciendo nuestra libertad.

Todos podemos pedir Justicia porque si la Presidente es abogada debe saber que el Poder Judicial carece de autonomía y autarquía presupuestarias y además, ni siquiera tiene una Policía Judicial que le obedezca. Mientras perduren estas debilidades, nuestros jueces y fiscales podrán, y es más, deberán pedir Justicia, porque no tienen todas las herramientas de las que sí dispone la Justicia en los países realmente republicanos.

Enumerar la lista de intentos de seducción, de presión, de coerción económica, jurídica y hasta física que el kirchnerismo viene cometiendo contra el Poder Judicial desde su época en Santa Cruz sería demasiado largo, pero vale referirlo para que no lo olvidemos.

Oponer los antecedentes de la familia presidencial y sus adláteres a las acusaciones contra algunos fiscales sería entrar en un juego inútil, que debemos dejar a la Justicia, que seguirá investigando y ojalá condene a quienes cometieron de delito de lesa humanidad de corrupción.

El 18F cientos de miles de conciudadanos demostraron su homenaje a Nisman y su pedido de verdad y Justicia. Negarlo es una necedad y en un político es algo peor: un error catastrófico.

Ojalá que estos tweets presidenciales no sean el preaviso de una “madurización” del gobierno, algo que todavía descartamos como antes habíamos descartado excesos que terminaron sucediendo.

Es perverso decir que el 18F fue el bautismo de un supuesto e inexistente “partido judicial”, para colmo golpista, alentado por supuestos grupos económicos perversos. Es Goebbels puro y duro.

Ojalá sean solo palabras y no el preludio de una más feroz demonización del sistema judicial, que tiene por finalidad hacer cumplir las leyes y ponerle límites a los poderosos, de los que el gobierno es, de hecho y de derecho, el primero.

La estrategia de Chávez fue eliminar al Poder Judicial venezolano, hasta encarcelando y violando a una de sus juezas. Otros países similares, por suerte pocos, han hecho barbaridades parecidas. El kirchnerismo intentó controlar a los jueces y después a los fiscales y viene fracasando. Pero sigue dominando al Congreso, en el que sus diputados y senadores actúan con una obediencia debida que sería ilegal hasta en un militar.

Hoy más que nunca debemos estar muy atentos.

Cristina presagia, burlándose claro, que la próxima marcha será de un millón de personas. Si sigue así, va a hacer realidad esa pesadilla. Lo malo es que, mientras tanto, nosotros vamos a tener que sobrellevar nuestra propia pesadilla.

¿Cómo llegamos a esto? La verdadera Argentina es mucho mejor que todo lo que nos está pasando.

Luchemos para que ningún delito quede impune.

El kirchnerismo busca adueñarse de los fiscales

Las designaciones de nuevos fiscales que pretende concretar la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, van a obstruir el funcionamiento de la Justicia en casos de corrupción y amedrentarán a quienes se opongan al Gobierno, desde la política o desde cualquier otro sector.

Es lamentable que invocando el nuevo Código Procesal Penal, que fue votado violando la Constitución, Gils Carbó quiera designar nuevos fiscales que sólo obedecerán sus órdenes, que son de la presidente Cristina Fernández de Kirchner.

Estas designaciones de fiscales están claramente digitadas porque desde la elección arbitraria de los jurados hasta la elección del candidato final, sólo se cumple una regla: hacer lo que quiere el Gobierno y no elegir a los mejores y mas independientes. Es alentador que la Justicia haya suspendido el intento del Ejecutivo y ojalá que en otros amparos se repita lo decidido en el amparo del Dr. Mauricio D’Alessandro.

El Gobierno quiere adueñarse de la mayoría de los fiscales y lograr como mínimo tres objetivos: la impunidad de los delitos de corrupción, el amedrentamiento de los opositores, incluyendo políticos, personas independientes, periodistas y medios gráficos. Y además, retener poder para cuando deban abandonar la Casa Rosada.

Por ejemplo, es evidente que la manipulación de la causa Papel Prensa tiene un objetivo único: presionar a La Nación, a Clarín y, a través de ambos diarios, al resto de la prensa.

Durante los próximos meses veremos muchos ataques a la Justicia, sea con denuncias contra los jueces, o a través del accionar de fiscales dominados, e incluso con presiones presupuestarias a todo el Poder Judicial. Ojalá que no por otros medios, porque el asalto al camarista Eduardo Freiler ojalá haya sido solamente una gota de la ola delictiva que ha provocado el abolicionismo kirchnerista, pero pocos creen en semejante casualidad.

Es imperativo seguir enfrentando maniobras como ésta que, junto a códigos y leyes aprobadas sin discusiones, entregan el futuro del país a Cristina Kirchner. Nuestra única esperanza es que el próximo gobierno, con firmeza, someta a todos los que han sido corruptos, al mayor rigor de la ley, que está por arriba de todos los argentinos, incluyendo al Poder Ejecutivo. Y por supuesto que, además, se anulen las designaciones ilegales, sean de fiscales o de otros funcionarios del cristinismo.