Otro ataque del Gobierno a la independencia de la Justicia

La mayoría kirchnerista en el Consejo de la Magistratura removió al juez Luis Cabral de su  cargo en la Cámara de Casación.

Los argumentos son falaces, porque la Constitución, la jurisprudencia de la Corte y los tratados internacionales firmados por la Argentina otorgan estabilidad a todos los jueces y además imponen que sean nombrados por mayorías especiales del Consejo, elegidos por el Ejecutivo y con acuerdo del Senado. Continuar leyendo

Carlés, un candidato que no está a la altura

El doctor Roberto Carlés, candidato del kirchnerismo para la Corte Suprema, expuso su pensamiento en la audiencia del Senado del día de ayer.

Pero lo hizo parcialmente, porque negó haber escrito tuits que lo comprometen, algo que más allá de ser de difícil prueba, es muy lamentable: una persona que quiere ser juez, aunque fuese de 1º Instancia, debiera tener la honorabilidad y entereza de admitir lo que ha hecho y dicho, en todo caso, pidiendo perdón si ahora considera equivocado lo que hizo antes.

Dejando de lado los otros vicios en los antecedentes de este candidato (falseamiento de datos del currículum, ausencia casi total de experiencia, actividad académica casi exclusiva con Eugenio Zaffaroni), ha sostenido tesis que son sencillamente anti-judiciales y merecerían un aplazo en la facultad.

A la pregunta sobre qué debería hacer ese máximo tribunal cuando sus fallos no son atacados por otros poderes, como tantas veces ocurrió con los Kirchner y concretamente por el caso Sosa, respondió que “La Corte, cuando decide sobre cualquier materia, debe considerar también su imperio, es decir, cuál es la capacidad que tiene de imponer su criterio” y tras decir que el de Santa Cruz no era el único caso insistió en el concepto anterior, añadió que “en un sistema democrático, ninguna decisión tomada por 3 o 4 personas puede, por más Corte Suprema que sea, ir en contra de políticas que requieren mecanismos de decisión más complejos”.

Es decir que para el juez supremo que quiere Cristina Kirchner, la Corte –y todos los jueces, claro- deben fallar solamente aquello que consideren que el gobierno va a aceptar cumplir.

Es la quintaesencia de lo que no debe ser un juez. Ningún juez. Ni siquiera un juez de línea.

Con semejante criterio, la Justicia debería volver al absolutismo previo no a las democracias modernas, sino a la República Romana de hace 2.000 años.

Es increíble que semejante tesis sea sostenida por alguien que ha pasado por una Facultad de Derecho.

Para empeorar su concepto –si cabe- sobre lo que debe ser una Corte Suprema, la equiparó a un organismo representativo, para justificar el aumento del número de sus integrantes y poder así tener “…una mayor representatividad de distintas extracciones sociales, geográfica, de las mujeres, de diferentes especialidades“, lo cual nada tiene que ver con la función de la Justicia.

También fue elíptica pero evidente su negación a la libertad de prensa, al defender la teoría de ciertas formas de control social por “la influencia que tienen los medios de comunicación en la configuración de conducta” de la gente.

Para justificar su total inexperiencia laboral como abogado o funcionario judicial, se defendió diciendo que “para los que no venimos de una familia dedicada al derecho no es fácil entrar en el circuito”, excusa pueril y mendaz, porque desde hace décadas, ingresan al ejercicio de la abogacía más de 3.000 abogados por año, trabajando poco o mucho, pero trabajando al fin. Con esfuerzo y sacrificio. O sea, la antítesis de comenzar una carrera judicial desde la Corte, con el madrinazgo presidencial.

Fue elusivo en su postura frente al aborto, tema en el que se escudó en que la ley lo prohíbe, lo que no significa –aclarémoslo- que él como juez supremo no votaría para declarar inconstitucional esa prohibición. Sobre todo si tenemos en cuenta su referencia a la cantidad de abortos ilegales y sus resultados, argumento usual de los abortistas.

Otra asombrosa afirmación, contraria a las esencia del sistema legal universal, fue su tesis de que los pueblos llamados “originarios” tendrían el privilegio de que las penas contra sus miembros podrían reducirse si en sus comunidades recibieron algún castigo, lo cual además de violar la regla de igualdad ante la ley, habilitaría a los integrantes de cualquier comunidad a invocar similar beneficio.

No vale la pena ahora detallar los argumentos de los senadores del oficialismo para defender al pliego de Carlés, ya que todos sabemos, tras tantos años de kirchnerismo, que pueden decir cualquier cosa. Como por ejemplo, que la juventud del candidato le impondría mayor “dinamismo y calle” a la Corte, como si se tratase de formar un equipo de maratonistas de barrio y no una Corte Suprema.

No fue sorpresivo que la mayoría K aprobara el pliego.

Sí sería sorpresivo que algunos de los 28 senadores que se comprometieron a no votarlo se ausenten a la sesión del 15 de abril, porque eso significaría que el gobierno adquirió su voluntad para poder meter en la Corte alguien que siquiera tiene antecedentes para ser juez de 1º instancia.

Cristina y el 18F

En un larguísimo texto difundido por internet y titulado El 18F, bautismo de fuego del Partido Judicial”, la Presidente vuelve a insistir tácitamente con su actitud de que el país le pertenece, de que ella no está sometida ni a la Constitución ni a las leyes y, para peor, que quienes no le obedecemos, somos traidores a una Patria ficticia que ella y “él” fundaron en 2003.

Dejemos de lado sus razonamientos numéricos sobre cuántos cientos de miles fuimos al 18F. Obviemos su sistemática repetición de falacias estadísticas que no alcanzarán jamás a tapar la realidad cotidiana que todos palpamos a cada paso. No nos detengamos en su reivindicación de una libertad que cada día se reduce más, o en sus alusiones a insultos que no existieron y solo repiten su tendencia a victimizarse. Tampoco caigamos en discusiones sobre otras afirmaciones presidenciales, que siquiera merecen análisis fuera de Tribunales.

Lo gravísimo es que en estos días en que el modelo chavista acaba de atropellar otra vez a la oposición, encarcelando al alcalde de Caracas con una acusación de golpismo, la Presidente utiliza razonamientos similares para descalificar no a un líder opositor sino a cientos de miles de ciudadanos comunes que nos manifestamos porque quisimos, ejerciendo nuestra libertad.

Todos podemos pedir Justicia porque si la Presidente es abogada debe saber que el Poder Judicial carece de autonomía y autarquía presupuestarias y además, ni siquiera tiene una Policía Judicial que le obedezca. Mientras perduren estas debilidades, nuestros jueces y fiscales podrán, y es más, deberán pedir Justicia, porque no tienen todas las herramientas de las que sí dispone la Justicia en los países realmente republicanos.

Enumerar la lista de intentos de seducción, de presión, de coerción económica, jurídica y hasta física que el kirchnerismo viene cometiendo contra el Poder Judicial desde su época en Santa Cruz sería demasiado largo, pero vale referirlo para que no lo olvidemos.

Oponer los antecedentes de la familia presidencial y sus adláteres a las acusaciones contra algunos fiscales sería entrar en un juego inútil, que debemos dejar a la Justicia, que seguirá investigando y ojalá condene a quienes cometieron de delito de lesa humanidad de corrupción.

El 18F cientos de miles de conciudadanos demostraron su homenaje a Nisman y su pedido de verdad y Justicia. Negarlo es una necedad y en un político es algo peor: un error catastrófico.

Ojalá que estos tweets presidenciales no sean el preaviso de una “madurización” del gobierno, algo que todavía descartamos como antes habíamos descartado excesos que terminaron sucediendo.

Es perverso decir que el 18F fue el bautismo de un supuesto e inexistente “partido judicial”, para colmo golpista, alentado por supuestos grupos económicos perversos. Es Goebbels puro y duro.

Ojalá sean solo palabras y no el preludio de una más feroz demonización del sistema judicial, que tiene por finalidad hacer cumplir las leyes y ponerle límites a los poderosos, de los que el gobierno es, de hecho y de derecho, el primero.

La estrategia de Chávez fue eliminar al Poder Judicial venezolano, hasta encarcelando y violando a una de sus juezas. Otros países similares, por suerte pocos, han hecho barbaridades parecidas. El kirchnerismo intentó controlar a los jueces y después a los fiscales y viene fracasando. Pero sigue dominando al Congreso, en el que sus diputados y senadores actúan con una obediencia debida que sería ilegal hasta en un militar.

Hoy más que nunca debemos estar muy atentos.

Cristina presagia, burlándose claro, que la próxima marcha será de un millón de personas. Si sigue así, va a hacer realidad esa pesadilla. Lo malo es que, mientras tanto, nosotros vamos a tener que sobrellevar nuestra propia pesadilla.

¿Cómo llegamos a esto? La verdadera Argentina es mucho mejor que todo lo que nos está pasando.

Luchemos para que ningún delito quede impune.

El kirchnerismo busca adueñarse de los fiscales

Las designaciones de nuevos fiscales que pretende concretar la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, van a obstruir el funcionamiento de la Justicia en casos de corrupción y amedrentarán a quienes se opongan al Gobierno, desde la política o desde cualquier otro sector.

Es lamentable que invocando el nuevo Código Procesal Penal, que fue votado violando la Constitución, Gils Carbó quiera designar nuevos fiscales que sólo obedecerán sus órdenes, que son de la presidente Cristina Fernández de Kirchner.

Estas designaciones de fiscales están claramente digitadas porque desde la elección arbitraria de los jurados hasta la elección del candidato final, sólo se cumple una regla: hacer lo que quiere el Gobierno y no elegir a los mejores y mas independientes. Es alentador que la Justicia haya suspendido el intento del Ejecutivo y ojalá que en otros amparos se repita lo decidido en el amparo del Dr. Mauricio D’Alessandro.

El Gobierno quiere adueñarse de la mayoría de los fiscales y lograr como mínimo tres objetivos: la impunidad de los delitos de corrupción, el amedrentamiento de los opositores, incluyendo políticos, personas independientes, periodistas y medios gráficos. Y además, retener poder para cuando deban abandonar la Casa Rosada.

Por ejemplo, es evidente que la manipulación de la causa Papel Prensa tiene un objetivo único: presionar a La Nación, a Clarín y, a través de ambos diarios, al resto de la prensa.

Durante los próximos meses veremos muchos ataques a la Justicia, sea con denuncias contra los jueces, o a través del accionar de fiscales dominados, e incluso con presiones presupuestarias a todo el Poder Judicial. Ojalá que no por otros medios, porque el asalto al camarista Eduardo Freiler ojalá haya sido solamente una gota de la ola delictiva que ha provocado el abolicionismo kirchnerista, pero pocos creen en semejante casualidad.

Es imperativo seguir enfrentando maniobras como ésta que, junto a códigos y leyes aprobadas sin discusiones, entregan el futuro del país a Cristina Kirchner. Nuestra única esperanza es que el próximo gobierno, con firmeza, someta a todos los que han sido corruptos, al mayor rigor de la ley, que está por arriba de todos los argentinos, incluyendo al Poder Ejecutivo. Y por supuesto que, además, se anulen las designaciones ilegales, sean de fiscales o de otros funcionarios del cristinismo.