La mayoría kirchnerista en el Consejo de la Magistratura removió al juez Luis Cabral de su cargo en la Cámara de Casación.
Los argumentos son falaces, porque la Constitución, la jurisprudencia de la Corte y los tratados internacionales firmados por la Argentina otorgan estabilidad a todos los jueces y además imponen que sean nombrados por mayorías especiales del Consejo, elegidos por el Ejecutivo y con acuerdo del Senado. Continuar leyendo
Las designaciones de nuevos fiscales que pretende concretar la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, van a obstruir el funcionamiento de la Justicia en casos de corrupción y amedrentarán a quienes se opongan al Gobierno, desde la política o desde cualquier otro sector.
Es lamentable que invocando el nuevo Código Procesal Penal, que fue votado violando la Constitución, Gils Carbó quiera designar nuevos fiscales que sólo obedecerán sus órdenes, que son de la presidente Cristina Fernández de Kirchner.
Estas designaciones de fiscales están claramente digitadas porque desde la elección arbitraria de los jurados hasta la elección del candidato final, sólo se cumple una regla: hacer lo que quiere el Gobierno y no elegir a los mejores y mas independientes. Es alentador que la Justicia haya suspendido el intento del Ejecutivo y ojalá que en otros amparos se repita lo decidido en el amparo del Dr. Mauricio D’Alessandro.
El Gobierno quiere adueñarse de la mayoría de los fiscales y lograr como mínimo tres objetivos: la impunidad de los delitos de corrupción, el amedrentamiento de los opositores, incluyendo políticos, personas independientes, periodistas y medios gráficos. Y además, retener poder para cuando deban abandonar la Casa Rosada.
Por ejemplo, es evidente que la manipulación de la causa Papel Prensa tiene un objetivo único: presionar a La Nación, a Clarín y, a través de ambos diarios, al resto de la prensa.
Durante los próximos meses veremos muchos ataques a la Justicia, sea con denuncias contra los jueces, o a través del accionar de fiscales dominados, e incluso con presiones presupuestarias a todo el Poder Judicial. Ojalá que no por otros medios, porque el asalto al camarista Eduardo Freiler ojalá haya sido solamente una gota de la ola delictiva que ha provocado el abolicionismo kirchnerista, pero pocos creen en semejante casualidad.
Es imperativo seguir enfrentando maniobras como ésta que, junto a códigos y leyes aprobadas sin discusiones, entregan el futuro del país a Cristina Kirchner. Nuestra única esperanza es que el próximo gobierno, con firmeza, someta a todos los que han sido corruptos, al mayor rigor de la ley, que está por arriba de todos los argentinos, incluyendo al Poder Ejecutivo. Y por supuesto que, además, se anulen las designaciones ilegales, sean de fiscales o de otros funcionarios del cristinismo.
