El doctor Roberto Carlés, candidato del kirchnerismo para la Corte Suprema, expuso su pensamiento en la audiencia del Senado del día de ayer.

Pero lo hizo parcialmente, porque negó haber escrito tuits que lo comprometen, algo que más allá de ser de difícil prueba, es muy lamentable: una persona que quiere ser juez, aunque fuese de 1º Instancia, debiera tener la honorabilidad y entereza de admitir lo que ha hecho y dicho, en todo caso, pidiendo perdón si ahora considera equivocado lo que hizo antes.

Dejando de lado los otros vicios en los antecedentes de este candidato (falseamiento de datos del currículum, ausencia casi total de experiencia, actividad académica casi exclusiva con Eugenio Zaffaroni), ha sostenido tesis que son sencillamente anti-judiciales y merecerían un aplazo en la facultad.

A la pregunta sobre qué debería hacer ese máximo tribunal cuando sus fallos no son atacados por otros poderes, como tantas veces ocurrió con los Kirchner y concretamente por el caso Sosa, respondió que “La Corte, cuando decide sobre cualquier materia, debe considerar también su imperio, es decir, cuál es la capacidad que tiene de imponer su criterio” y tras decir que el de Santa Cruz no era el único caso insistió en el concepto anterior, añadió que “en un sistema democrático, ninguna decisión tomada por 3 o 4 personas puede, por más Corte Suprema que sea, ir en contra de políticas que requieren mecanismos de decisión más complejos”.

Es decir que para el juez supremo que quiere Cristina Kirchner, la Corte –y todos los jueces, claro- deben fallar solamente aquello que consideren que el gobierno va a aceptar cumplir.

Es la quintaesencia de lo que no debe ser un juez. Ningún juez. Ni siquiera un juez de línea.

Con semejante criterio, la Justicia debería volver al absolutismo previo no a las democracias modernas, sino a la República Romana de hace 2.000 años.

Es increíble que semejante tesis sea sostenida por alguien que ha pasado por una Facultad de Derecho.

Para empeorar su concepto –si cabe- sobre lo que debe ser una Corte Suprema, la equiparó a un organismo representativo, para justificar el aumento del número de sus integrantes y poder así tener “…una mayor representatividad de distintas extracciones sociales, geográfica, de las mujeres, de diferentes especialidades“, lo cual nada tiene que ver con la función de la Justicia.

También fue elíptica pero evidente su negación a la libertad de prensa, al defender la teoría de ciertas formas de control social por “la influencia que tienen los medios de comunicación en la configuración de conducta” de la gente.

Para justificar su total inexperiencia laboral como abogado o funcionario judicial, se defendió diciendo que “para los que no venimos de una familia dedicada al derecho no es fácil entrar en el circuito”, excusa pueril y mendaz, porque desde hace décadas, ingresan al ejercicio de la abogacía más de 3.000 abogados por año, trabajando poco o mucho, pero trabajando al fin. Con esfuerzo y sacrificio. O sea, la antítesis de comenzar una carrera judicial desde la Corte, con el madrinazgo presidencial.

Fue elusivo en su postura frente al aborto, tema en el que se escudó en que la ley lo prohíbe, lo que no significa –aclarémoslo- que él como juez supremo no votaría para declarar inconstitucional esa prohibición. Sobre todo si tenemos en cuenta su referencia a la cantidad de abortos ilegales y sus resultados, argumento usual de los abortistas.

Otra asombrosa afirmación, contraria a las esencia del sistema legal universal, fue su tesis de que los pueblos llamados “originarios” tendrían el privilegio de que las penas contra sus miembros podrían reducirse si en sus comunidades recibieron algún castigo, lo cual además de violar la regla de igualdad ante la ley, habilitaría a los integrantes de cualquier comunidad a invocar similar beneficio.

No vale la pena ahora detallar los argumentos de los senadores del oficialismo para defender al pliego de Carlés, ya que todos sabemos, tras tantos años de kirchnerismo, que pueden decir cualquier cosa. Como por ejemplo, que la juventud del candidato le impondría mayor “dinamismo y calle” a la Corte, como si se tratase de formar un equipo de maratonistas de barrio y no una Corte Suprema.

No fue sorpresivo que la mayoría K aprobara el pliego.

Sí sería sorpresivo que algunos de los 28 senadores que se comprometieron a no votarlo se ausenten a la sesión del 15 de abril, porque eso significaría que el gobierno adquirió su voluntad para poder meter en la Corte alguien que siquiera tiene antecedentes para ser juez de 1º instancia.