Suele decirse que los argentinos no nos interesamos por cuestiones institucionales salvo cuando la economía empieza a flaquear. Sin embargo, lo que sucede en Tucumán es diferente. Allí la gente se manifestó (y lo sigue haciendo) para reclamar contra un proceso electoral que fue, a todas luces, poco transparente. Tanto es así que el propio gobernador José Alperovich –de palabra suelta como su esposa Beatriz Rojkés- reconoció la entrega de bolsones de comida a cambio de votos. Esto no es diferente a lo que sucede en muchas de las provincias argentinas donde ese tipo de prácticas son conocidas y, lamentablemente, aceptadas por todos, pero la reacción de una parte importante de la ciudadanía sí lo fue y marcó un camino que no deberíamos abandonar.

Es muy valioso que los tucumanos hayan logrado poner sobre la mesa un fenómeno que, aunque antiguo y repetido, no deja de ser grave. Queda claro que hay prácticas que se van a reiterar en las elecciones nacionales de octubre dado que los tiempos impiden introducir modificaciones sustanciales, pero existen mecanismos con los que pueden mitigarse esos efectos. Uno de ellos es la Boleta Única Complementaria (BUC), propuesta por la oposición para subsanar el problema del continuo robo de boletas que se observa en cada elección y que ya fue rechazada por el Frente para la Victoria.

La Comisión Nacional Electoral ha hecho una convocatoria a distintas organizaciones especializadas en la temática para que eleven propuestas que ayuden a transparentar las elecciones que restan realizarse durante este año y es una iniciativa auspiciosa. Sin embargo, debería ponerse el foco a largo plazo, sobre todo en aquellos factores que hacen posible las diversas formas de defraudar la voluntad ciudadana. Más allá de las urnas “embarazadas”, autoridades de mesa que militan por un partido, amenazas durante el escrutinio, adulteración de telegramas, carga de datos excesivamente lenta y discrecional, robo de boletas, falta de control en el traslado de las urnas y demás irregularidades que ensucian un proceso que necesita ser transparente, son las causas remotas que permiten estos acontecimientos las que representan el mayor obstáculo para la solución de esta grave dificultad institucional y política que redunda en problemáticas sociales y económicas, aunque estas no aparezcan a primera vista.

La perpetuación de clanes familiares en los gobiernos provinciales, las reelecciones indefinidas, la cooptación de medios de comunicación que viven casi exclusivamente de la pauta oficial, el alto porcentaje de empleo público (con productividad baja o nula) y planes sociales que hacen al ciudadano dependiente de la dádiva estatal generan una relación desigual donde los individuos se sienten en deuda con el Estado o, peor aún, con quienes ejercen circunstancialmente -aunque por largo tiempo en muchos casos- el poder. Está claro que con la limitación de mandatos (una sola reelección por ejemplo) no se soluciona el problema puesto que en ocasiones hay un traslado de dominio hacia el sucesor, pero al menos genera un primer escollo. Debemos entender, sin embargo, que el camino más contundente para este tipo de reformas surge desde la participación ciudadana directa (caso Tucumán con las marchas) o a través de las organizaciones de la sociedad civil que pugnan por el correcto funcionamiento de las instituciones, tales como el Club Político Argentino, Cippec, Poder Ciudadano y la Red Ser Fiscal. Allí están los especialistas mejor preparados para sugerir reformas en pos de este objetivo pero son siempre los ciudadanos de a pie quienes deben impulsar y dar visibilidad a los reclamos. También está en manos de todos los electores castigar severamente a quienes se oponen a todos los cambios que van en dirección de transparentar los comicios. Para esos casos deberíamos invertir la presunción de inocencia y reflexionar acerca de qué los motiva al rechazo.

Los países en (eterno) desarrollo solemos caer en la tentación de los atajos que son, paradójicamente, los que perpetúan la situación. ¿Cómo puede explicar si no el gobierno que ahora conduce Cristina Kirchner que después de 10 años de crecimiento tengamos niveles de pobreza del 30%? ¿Cómo puede justificar que el desempleo en el país, descontados los planes sociales, supera el 15%? No hay medidas que puedan mencionarse en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner que hayan ido en la dirección de “empoderar al ciudadano”  –frase repetida hasta el cansancio por la propia Presidente-  sino, por el contrario, todo ha sido pensado en pos de ponerlo cada vez más bajo la órbita y el “cuidado” del Estado. Desarrollar las instituciones para que sean creíbles e independientes en el funcionamiento de sus integrantes circunstanciales es visto por muchos argentinos como una sofisticación propia de países del primer mundo cuando, en realidad, es la única forma de salir del subdesarrollo.

En la medida en que reproduzcamos un sistema que nos hace dependientes de la ayuda del estatal y, peor aún, de las personas que ocupan sus cargos, nos alejamos de la oportunidad de crear un país con posibilidades de instalarse en una senda de crecimiento y desarrollo sostenido. No está mal que el Estado ayude a quien lo necesita pero es claramente innecesario, nocivo y a todas luces falso que, para cumplir ese objetivo, deba poner el pie encima de todos, ciudadanos e instituciones de la democracia.