En la columna anterior he argumentado de todas las formas que el espacio y mi propia capacidad me permitieron en contra del proyecto de ley antidespidos pero, aún así, creo que fue el propio gobierno de Mauricio Macri quien le ha dado, involuntariamente claro, mayor vuelo. El anuncio de veto logró fijar en la agenda un tema que podría haberse trabajado de manera discreta. Es muy difícil sostener ante la opinión pública que existe una crisis de empleo a 5 meses de asumido un gobierno y cuando era una de las variables en las cuales el kirchnerismo se decía superador. Mucho más difícil era argumentar a favor de una ley de estas características cuando la líder de aquel proyecto político se había manifestado públicamente en contra pocos años atrás. Sin embargo, aún en pleno proceso de descomposición, no se le puede dejar al Frente para la Victoria una herida a la vista porque ellos tienen el salero siempre a mano. Más aún si en esa herida pueden aglutinar nuevamente al justicialismo en fuga.

Lo que bastaba para calmar los ánimos de empresarios asustados era decirles por lo bajo que el gobierno se oponía y no que el jefe de gabinete Marcos Peña sostenga que “vamos a dialogar, pero el veto es constitucional”. Este es un análisis para un constitucionalista y no para un funcionario de alto rango de gobierno. El ministro de trabajo Jorge Triaca señaló por su parte que el kirchnerismo (¿por qué no hacer extensiva la definición a todo el PJ?) tiene “vocación de ponerle palos en la rueda al gobierno”. Es correcto exponer esta verdad de Perogrullo a la luz pública pero debería ser algo que los funcionarios y políticos de Cambiemos internalicen como lucha diaria. Por supuesto que es dable abrirles el crédito luego de haber lidiado, para bien y para mal, durante 8 años con algunos sectores muy arraigados en las estructuras de poder de la ciudad de Buenos Aires y que rechazaban al macrismo desde su propio nombre pero no hay muestras aún del convencimiento necesario para hacerlo.

Es tal el auge que tomó un proyecto absurdo, que permitió la federalización del esperpento. Así fue que el intendente de la ciudad santafesina de San Jorge, Enrique Marcucci, prohibió por decreto la instalación de nuevos negocios hasta el 3 de noviembre. Según el intendente, la decisión respondió a “una inquietud de los propios comerciantes, que celebraron la medida”. El intendente, supuestamente electo para mejorar dentro de sus posibilidades las condiciones de vida de los habitantes de la localidad y generar situaciones para un mayor desarrollo, optó por aplastarlos en la chatura; ¿cobrará por esto?

Lo que subyace debajo de estos errores procedimentales es que los argentinos tenemos internalizada una comprensión equivocada de lo que significa el empleo y la generación de riqueza en una sociedad. El concepto mismo de “puesto de trabajo” implica un anquilosamiento de una actividad que necesita justamente de la dinámica para que rinda frutos. Los trabajos productivos y de calidad atraen más y mejores oportunidades también para el resto de la población mientras que los empleos “para ocupar un puesto” perjudican las posibilidades del resto de la sociedad. Está claro que quien no tiene un trabajo de calidad y productivo prefiere estar empleado en cualquier actividad con la que pueda darle un sustento a su familia, por lo cual es lógico que perciba como positiva una ley que supuestamente lo pone a salvo de perder lo poco que tiene. Lo que resulta cínico es que los políticos que deben tener como meta fundamental el desarrollo económico que permita más empleos y mejor remunerados, opten por el camino que genera lo opuesto, en muchas ocasiones sabiendo de las consecuencias que ello implica, transformando así lo equivocado del planteo en algo cruel.

Finalmente, ¿qué rol juega en esta puja de poder un novísimo partido que aparece, en esta etapa, como llamado a ser el fiel de la balanza en el Congreso Nacional? Sergio Massa es un político -como todos ellos- adicto a las encuestas. Lo que tal vez lo diferencie es que sus posiciones están exclusivamente basadas en estas. En este caso le habrán llegado los sondeos donde un 60% de los argentinos estaría de acuerdo en una ley antidespidos. Pero allí es donde los problemas de su Frente Renovador comienzan. En primer lugar porque se da cuenta de que fue arriado por el Frente para la Victoria (por esto no dio el quorum para la sesión especial de ayer) y, en segundo lugar, porque no logra el consenso en su propio bloque, donde confluyen dirigentes empresariales y sindicales. El capital y el trabajo, aquella armonía soñada por Perón, parecen ausentes en un modesto espacio político como el Frente Renovador.

Las leyes no pueden transformarse en un cúmulo de buenas intenciones y mucho menos si con ello perjudican lo que supuestamente quieren proteger, en este caso, el trabajo. No es posible que tengan como leitmotiv esencial resultar agradables a la opinión pública biempensante. Así, no solamente crean falsas expectativas sino que ingresan medidas distorsivas en un mercado que siempre va a escapárseles por la tangente.

Durante 12 años han probado todo tipo de reglas para prohibir o exigir al sector privado determinadas cosas a la sola voluntad del gobernante y si hay algo que quedó claro, es que los resquicios aparecen, como así también las consecuencias indeseadas. No les alcanza con observar el rotundo fracaso de las economías con planificación centralizada, pretenden seguir intentando con medidas menos extremas pero igual de ineficaces y, en la mayor parte de los casos, altamente nocivas.

El Presidente ha acertado en llamar a esta ley como “cepo al empleo”. El parecido con las prohibiciones a la compra de dólares o al giro de dividendos ejecutados por el Gobierno de Cristina Kirchner es notable, aunque el tema aparezca como más humano. El massismo, en sus referentes más reflexivos, como Roberto Lavagna, se opuso a ambos proyectos, pero primó finalmente esa veta populista que Sergio Massa deja entrever de cuando en cuando y que le permite, en este caso, satisfacer al sector sindical de su propio Frente Renovador (¿qué sería lo renovador en este caso?).

Parecen verdades de Perogrullo, pero ante este nuevo embate de leyes paralizantes, vale la pena preguntarse y reflexionar sobre qué es lo que genera empleo aquí y en cualquier parte del mundo: la actividad económica. ¿En qué aspectos debe trabajar la Argentina para darle impulso a una economía que lleva cuatro años de estancamiento? Algunas cuestiones estructurales ya se hicieron y se siguen haciendo, como la salida del cepo, el acuerdo con los holdouts, el control de la emisión para comenzar a darle una batalla en serio a la inflación, el restablecimiento de relaciones con el mundo y más. ¿Falta? Muchísimo y en eso tienen vital tarea los legisladores. Su paso por el Congreso de la Nación puede tener un sentido constructivo en la regeneración económica que el país necesita. ¿Por qué no revisar los impuestos al trabajo que hacen que cualquier empresario piense una y mil veces antes de tomar un nuevo empleado? ¿Por qué no revisar todas aquellas leyes y reglamentaciones que dificultan el inicio de nuevos emprendimientos? ¿Por qué no trabajar sobre todos los impuestos distorsivos que ponen recursos en manos ineficientes? Es probable que en esta quita de impuestos tengan la renuencia de un Estado federal que necesita cerrar la brecha fiscal pero esa discusión sí sería saludable, porque estaría buscando las formas más adecuadas para recuperar la senda del crecimiento.

Sería grato que en un país con los problemas que tiene la Argentina el debate pasara por cómo mejorar la productividad de nuestras empresas, por investigar qué sectores nos brindan ventajas para ser competitivos, por ver cómo podemos integrarnos y también competir más y mejor con el mundo. También sería interesante debatir sobre la cultura laboral de un país que hace un siglo que indaga los mecanismos para volver a su época dorada. ¿Por qué será que los empresarios buscan el contacto fluido con el sector público más que la mejora en la productividad de sus empresas? ¿Por qué los sindicatos plantean las relaciones laborales como una puja de intereses contrapuestos, cuando deberían pensar en una asociación con el sector empresario? ¿Por qué el ausentismo laboral en Argentina es notablemente superior al resto de los países de la región y alcanza casi el diez por ciento? ¿Qué sucede con los certificados en la medicina laboral, que son a pedido del paciente? Creer que todo esto no influye en el crecimiento económico de un país y en el desarrollo personal de sus habitantes es como pretender jugar profesionalmente a un deporte sin entrenarse para ello.

El día previo a la multitudinaria movilización organizada por los líderes sindicales, un pope del gremio en la zona se comunicó con uno de los dueños de una pyme ligada a la industria del plástico para solicitarle trabajadores de su fábrica para asistir a la movilización. Acostumbrado a este tipo de pedidos, el empresario le prometió darles el día libre a los delegados para que pudieran ir. Sin embargo, en esta ocasión el pedido era por más trabajadores. Que esto frenara la producción entera de la fábrica no resultó de su incumbencia, la misión era cumplir con el plan de los jefes, que querían marcar la cancha a pocos meses del inicio del nuevo Gobierno.

Sería un interesante ejercicio para la sociedad comprender que muchas veces, con la apariencia de pelear por sus derechos, lo que en realidad están haciendo sus dirigentes políticos y sindicales es tratar de reposicionarse en el escenario político. En ocasiones, con simples declaraciones que no afectan mayormente sus empleos, pero a veces con acciones o proyectos que, escudados en la defensa del trabajador, no hacen más que alejarlos del objetivo central que todos ellos persiguen: mejorar su calidad de vida.