En la columna anterior he argumentado de todas las formas que el espacio y mi propia capacidad me permitieron en contra del proyecto de ley antidespidos pero, aún así, creo que fue el propio gobierno de Mauricio Macri quien le ha dado, involuntariamente claro, mayor vuelo. El anuncio de veto logró fijar en la agenda un tema que podría haberse trabajado de manera discreta. Es muy difícil sostener ante la opinión pública que existe una crisis de empleo a 5 meses de asumido un gobierno y cuando era una de las variables en las cuales el kirchnerismo se decía superador. Mucho más difícil era argumentar a favor de una ley de estas características cuando la líder de aquel proyecto político se había manifestado públicamente en contra pocos años atrás. Sin embargo, aún en pleno proceso de descomposición, no se le puede dejar al Frente para la Victoria una herida a la vista porque ellos tienen el salero siempre a mano. Más aún si en esa herida pueden aglutinar nuevamente al justicialismo en fuga.

Lo que bastaba para calmar los ánimos de empresarios asustados era decirles por lo bajo que el gobierno se oponía y no que el jefe de gabinete Marcos Peña sostenga que “vamos a dialogar, pero el veto es constitucional”. Este es un análisis para un constitucionalista y no para un funcionario de alto rango de gobierno. El ministro de trabajo Jorge Triaca señaló por su parte que el kirchnerismo (¿por qué no hacer extensiva la definición a todo el PJ?) tiene “vocación de ponerle palos en la rueda al gobierno”. Es correcto exponer esta verdad de Perogrullo a la luz pública pero debería ser algo que los funcionarios y políticos de Cambiemos internalicen como lucha diaria. Por supuesto que es dable abrirles el crédito luego de haber lidiado, para bien y para mal, durante 8 años con algunos sectores muy arraigados en las estructuras de poder de la ciudad de Buenos Aires y que rechazaban al macrismo desde su propio nombre pero no hay muestras aún del convencimiento necesario para hacerlo.

Es tal el auge que tomó un proyecto absurdo, que permitió la federalización del esperpento. Así fue que el intendente de la ciudad santafesina de San Jorge, Enrique Marcucci, prohibió por decreto la instalación de nuevos negocios hasta el 3 de noviembre. Según el intendente, la decisión respondió a “una inquietud de los propios comerciantes, que celebraron la medida”. El intendente, supuestamente electo para mejorar dentro de sus posibilidades las condiciones de vida de los habitantes de la localidad y generar situaciones para un mayor desarrollo, optó por aplastarlos en la chatura; ¿cobrará por esto?

Lo que subyace debajo de estos errores procedimentales es que los argentinos tenemos internalizada una comprensión equivocada de lo que significa el empleo y la generación de riqueza en una sociedad. El concepto mismo de “puesto de trabajo” implica un anquilosamiento de una actividad que necesita justamente de la dinámica para que rinda frutos. Los trabajos productivos y de calidad atraen más y mejores oportunidades también para el resto de la población mientras que los empleos “para ocupar un puesto” perjudican las posibilidades del resto de la sociedad. Está claro que quien no tiene un trabajo de calidad y productivo prefiere estar empleado en cualquier actividad con la que pueda darle un sustento a su familia, por lo cual es lógico que perciba como positiva una ley que supuestamente lo pone a salvo de perder lo poco que tiene. Lo que resulta cínico es que los políticos que deben tener como meta fundamental el desarrollo económico que permita más empleos y mejor remunerados, opten por el camino que genera lo opuesto, en muchas ocasiones sabiendo de las consecuencias que ello implica, transformando así lo equivocado del planteo en algo cruel.

Finalmente, ¿qué rol juega en esta puja de poder un novísimo partido que aparece, en esta etapa, como llamado a ser el fiel de la balanza en el Congreso Nacional? Sergio Massa es un político -como todos ellos- adicto a las encuestas. Lo que tal vez lo diferencie es que sus posiciones están exclusivamente basadas en estas. En este caso le habrán llegado los sondeos donde un 60% de los argentinos estaría de acuerdo en una ley antidespidos. Pero allí es donde los problemas de su Frente Renovador comienzan. En primer lugar porque se da cuenta de que fue arriado por el Frente para la Victoria (por esto no dio el quorum para la sesión especial de ayer) y, en segundo lugar, porque no logra el consenso en su propio bloque, donde confluyen dirigentes empresariales y sindicales. El capital y el trabajo, aquella armonía soñada por Perón, parecen ausentes en un modesto espacio político como el Frente Renovador.

La movilización que atrajo Cristina Kirchner en Comodoro Py suscitó fuertemente el interés de los medios y de la gente. Kirchneristas y antikirchneristas se batieron en un duelo de cálculos de concurrencia. Pero la pregunta que surge automáticamente es: ¿qué diferencia podría haber entre cinco mil o cincuenta mil personas si su imagen negativa es de más del sesenta por ciento? ¿Cuánto puede influir ese acompañamiento militante cuando gobernadores, legisladores e intendentes ya no reconocen su liderazgo, a pesar de que acuden a sus convites, en un gesto para no recibir el siempre lacerante mote de desleal?

No hay mayor reconocimiento a ese liderazgo desplazado que la mención por parte de la ex Presidente de la necesidad de crear un “gran frente ciudadano”. Es evidente que Cristina Kirchner se da cuenta de que el Frente para la Victoria está en vías de extinción y que el Partido Justicialista la observa desde lejos y con recelo.

Pese a todo, lo que cabe preguntarse entonces es: ¿Por qué todos hablamos de ella cuando reaparece en la escena pública? Las motivaciones son muchas y variadas, pero algunas de ellas están en que hay fuerte interés por saber cómo va a responder ante una Justicia que tiene cada vez más herramientas para ponerla en aprietos (aún queda la duda si se animará a hacerlo); porque es una ex presidente que estuvo en la cima del poder durante 12 años, por lo que hay cierta curiosidad por verla desenvolverse en el llano; porque, aun habiendo perdido el favor mayoritario, conserva miles de fanáticos; porque es pintoresca, divertida, extrovertida, locuaz y con ello genera un interés similar al que suscita Diego Maradona, quien la mayoría de las veces no hace más que irritarnos o hacernos compadecer de sus múltiples problemas. Y porque es capaz de llevar el cinismo a su máxima expresión y así sostener, por ejemplo: “Nunca he visto tantas calamidades en 120 días”.

Está claro que los aumentos en transportes y tarifas generan enojos y malestar entre los ciudadanos, muchos de los cuales apoyaron a Cambiemos. Con este combustible, la ex Presidente intenta bombardear lo más que pueda al Gobierno, mientras trata de mostrar en Comodoro Py que aún conserva cierta relevancia política. Sin embargo, más allá de la mayor o menor comprensión acerca de las razones que llevaron a Macri a avanzar hacia el sinceramiento de la economía, lo cierto es que ese sector puede, en el mejor escenario para Cristina Kirchner, retirarle apoyo al Gobierno, pero lo que ella debería tener claro es que el rechazo que genera su figura en este vasto sector de la sociedad no tiene ninguna posibilidad de ser remontado, y mucho menos fuera del poder y con tantos procesos judiciales y periodísticos deschavando enorme cantidad de ilícitos que se produjeron durante su gestión.

Cristina no sólo ha venido a defenderse política y judicialmente del juez Claudio Bonadio (a quien considera un enemigo), ni a despotricar contra el Gobierno de Macri, sino que también aprovechó para inaugurar, con las facilidades que le otorga una billetera aún muy poderosa, en un petit hotel cercano al Congreso Nacional, un instituto al que denominó Patria. No resulta muy aventurado decir que en algún tiempo esta suerte de think tank K no será más que un refugio donde prepararán sus estrategias judiciales los ex funcionarios de su Gobierno y, por supuesto, también ella misma.

Para algunos, el Presidente fue demasiado breve en el racconto de la herencia, aunque prometió un informe posterior de cada área del Estado. Difícil será que éstos puedan suscitar igual atención que el discurso. Tampoco genera el mismo impacto apelar a la apertura de dependencias públicas para que los medios de prensa más importantes documenten el estado calamitoso en que el gobierno de Cambiemos recibió la administración pública.

Como era de prever, el sector K (ya no tiene sentido hablar de kirchnerismo duro o blando, dado que estos últimos han abandonado un barco que se hunde con varios ex funcionarios procesados, otros citados a declarar y algunos más a punto de hacerlo) recibió al Presidente de manera hostil, con carteles de diverso tipo -algunos tan insólitos que pretendían culpar a la nueva administración por la inflación- quisieron dejar su impronta como feroces opositores. Esto permitió diferenciar de manera clara y muy visual a los dos sectores que hasta hace apenas unos meses acataban –juntos- las férreas directrices de la ex presidente Cristina Kirchner. Esta situación, sumada a los intempestivos gritos en pleno discurso, le dieron a la alocución presidencial un tono épico y emotivo que difícilmente podría generar un Mauricio Macri poco dotado en materia de oratoria y ayudaron a solidificar el heterogéneo bloque de Cambiemos. Mala jugada para el kirchnerismo residual.

El discurso tuvo una altísima aceptación social. Incluso entre muchos de quienes votaron otras opciones hay una real comprensión y un fuerte convencimiento de los errores garrafales cometidos durante los últimos años y la insensatez con la que se manejó el Estado durante el mandato de Cristina Kirchner. Hay también cierto agradecimiento hacia el gobierno de Cambiemos por la apertura informativa que, al menos en este primer momento, sirvió para correr el velo de un Estado opaco para el ciudadano. Los déficits de la gestión anterior, mostrados en la TV y publicados en los diarios, permiten tener una perspectiva que para todos los que alguna vez trabajamos en alguna dependencia estatal no es una novedad.

Sí deberían levantar alarmas las críticas surgidas a posteriori del discurso por parte del camaleónico Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque justicialista del Senado, dispuesto siempre a negociar y haciéndole habitualmente honor a Marx… Groucho claro. El gobierno sabe que con él se puede negociar, que es capaz de votar con igual “convicción’’ leyes contrapuestas, pero también sabe que debe entregar prendas de cambio. Seguramente está dispuesto a olvidar los pasajes más duros del discurso de Macri que también iban dirigidos a él y a la escribanía que comandó, pero será más exigente en cuanto a los recursos que sus aliados gobernadores necesitan.

Suele decirse en ambientes políticos que el gobierno de Cambiemos tiene que construir su propio relato. En ese sentido parece apropiado persistir acerca de la necesidad de que la nueva administración enfoque su discurso en lo importante de ser austeros en el manejo de los recursos del Estado; en explicar que la emisión monetaria es la causa de fondo de la inflación; en insistir en que la corrupción no es solamente un problema moral sino que afecta de manera directa las capacidades del Estado para hacerse cargo de sus funciones esenciales y que incrementa la presión impositiva sobre todos los ciudadanos; en explicar que la gestión de los recursos puesta en manos de quienes no tienen ni la voluntad ni la capacidad para hacerlos funcionar adecuadamente es nocivo para todos; en recalcar que el crecimiento del país y por ende el mayor bienestar no viene de la mano de inventar puestos de trabajo mal remunerados e improductivos; en convencer de que el buen clima de negocios ayuda a crear para el país más y mejor empleo; en machacar que la competitividad de un país no puede estar basada exclusivamente en un tipo de cambio favorable; en repetir en que el sector público debe ser un facilitador e impulsor de la iniciativa privada y no un obstáculo.

La discusión en ambientes intelectuales, políticos y periodísticos entre shock o gradualismo probablemente posea un buen análisis de las condiciones existentes en el país, pero carece de una adecuada observación acerca del humor y las percepciones sociales. En ese sentido, es bueno preguntarse: ¿son políticamente viables las estrategias de shock bajo estas condiciones? Claramente fue el camino elegido —y el único posible— en los inicios del menemismo y la realidad también se lo impuso a Eduardo Duhalde, ante una economía insostenible. ¿Pero es posible utilizar ahora una estrategia similar?

Así como el Gobierno nacional ha adoptado una postura gradual en algunas políticas y algunos cambios más radicales en otras (en política exterior, por ejemplo), lo que me parece absolutamente necesario es trabajar sobre un cambio en la cultura ciudadana. En ese sentido, me parece oportuno establecer claras diferencias entre defender un derecho y sostener privilegios, entre una sociedad plural y una sectaria, entre construir una sociedad de respeto mutuo y una basada en imposiciones de fuerza, entre favorecer el diálogo sobre políticas públicas y extorsionar desde una posición de fuerza.

En esa construcción fueron valiosas las recientes reuniones que mantuvo Estela de Carlotto con los Presidentes argentino y francés, así como la disposición a encontrarse en su próxima visita con el presidente norteamericano Barack Obama. Por otro lado, es ampliamente repudiable la actitud de Hebe de Bonafini y otros sectores intransigentes que creen ser los dueños de una temática que afecta a todos. Está claro que el Gobierno de Néstor y Cristina Kirchner les ha dado todas las herramientas para creerse en el derecho de hacer uso y abuso de un principio universal que, bajo esas circunstancias, se ha privatizado en Argentina. Tal es así que genera una fuerte inquietud saber cómo el Gobierno de Mauricio Macri (declarado enemigo desde hace mucho tiempo por esas organizaciones) podrá conmemorar el 24 de marzo venidero.

Mucho se ha hablado de la revisión que está llevando a cabo el Poder Ejecutivo respecto del trabajo que realizan quienes poseen un cargo en el aparato estatal, sobre todo de aquellos que lo hacen a través de la modalidad de contratos. Más allá de las injusticias que se puedan cometer y que deberán ser revisadas y reparadas, lo fundamental es cambiar el concepto histórico de lo que significa trabajar para el Estado. Si a cualquier habitante del país, para vivir y mantener a su familia, se le exige ser productivo y generar un excedente y que además haya alguien dispuesto a pagar por ello, blandir el derecho a ser improductivo en el Estado (en algunos casos, de algunos sindicalistas, de manera explícita) es ni más ni menos que reclamar un privilegio que abona el resto de la sociedad.

El cambio en la valoración social hacia las prebendas sectoriales es algo a lo que debe apostar el Gobierno de Cambiemos si pretende no tener que enfrentarse con enormes dificultades ante cada paso concreto que dé para eliminarlas. Para eso, tiene oportunidades en medidas concretas de gobierno. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, se libra una batalla por los requisitos que se le piden a la empresa brasileña Easy Taxi para poner nuevamente en servicio su aplicación. Según lo argumentado por las empresas de radiotaxi (eventuales competidoras de la aplicación) y por algunos propietarios, Easy Taxi estaría infringiendo la ley 3622 de código de tránsito y transporte de la ciudad de Buenos Aires, que permite acceder a los taxis mediante un llamado telefónico a una empresa de radiotaxis, o bien deteniéndolo en la vía pública. Una norma no sólo obsoleta, de acuerdo con las nuevas tecnologías, sino que también otorga privilegios a determinados sectores que van contra la libre contratación de un servicio que es legal. Con ello, se perjudica claramente a prestadores y consumidores independientes. Extrañamente, se argumentan cuestiones de seguridad para los pasajeros, quienes, por el contrario, han manifestado que ese es uno de los mayores beneficios de usar Easy Taxi. Al parecer, Uber es la próxima escala de esa batalla de sectores corporativos para conservar sus privilegios.

Mucho se ha dicho de la capacidad de Hugo Moyano —y sus sucesores en el gremio— para conseguir para los camioneros las mejores condiciones laborales. También son muchos los que en voz alta o baja cuestionan esos ingresos al compararlos con otras profesiones u oficios menos favorecidos. Así se plantea la duda de si los salarios en la Argentina se negocian libremente o están a merced de la capacidad de presión del sector en cuestión. Es difícil juzgar negativamente a Moyano por lograr lo mejor para sus afiliados, pero sí debemos exigir que dichos beneficios no sean obtenidos mediante la extorsión. Es el Estado en su versión ejecutiva o judicial quien debe evitar que esto suceda.

El protocolo antipiquetes ha generado fuerte controversia, sobre todo en los sectores de la izquierda argentina. La posibilidad de que desde el Estado se le ponga un límite a su accionar para que no afecte derechos de terceros es una idea que los aterra, aunque efectivamente sea una de las funciones que tiene el Estado. Reclamar para sí el “derecho” de cortar una calle o una ruta, lo que impide la circulación de otro es lisa y llanamente un privilegio que ninguno de los ciudadanos tenemos y que, de tomar esa actitud individualmente, nos exponemos al accionar policial o, peor aún, a la reacción violenta de otro ciudadano que quiere ejercer su derecho a circular.

Los ejemplos son casi infinitos en nuestra sociedad, pero la idea que debe fortalecerse es que adueñarse de nichos, alzarse con privilegios y someter el interés ajeno a las conveniencias propias es altamente repudiable desde el punto de vista individual; hacerlo con la anuencia y el apoyo del Estado lo transforma en fuertemente autoritario y fascista. El Gobierno de Cambiemos deberá trabajar sobre percepciones fuertemente arraigadas si quiere establecer un marco de respeto y convivencia en una sociedad organizada para la paz.

Está claro que en poco más de sesenta días de gestión no es demasiado lo que se le puede exigir a un Gobierno en cuanto a resultados. Sí aparece como lógico el cuestionamiento o el elogio si lo que se evalúan son los planes encarados para el combate de un flagelo que es unánimemente visto como nocivo para la salud de la economía de nuestro país y los bolsillos de quienes lo habitan. En este sentido, puede haber cuestionamientos acerca de la falta de un plan articulado y consecuente que ataque los diversos frentes que componen un fenómeno inflacionario que, convengamos, desde hace un par de décadas se encuentra en los libros de los recuerdos de los economistas. En América Latina, el chavismo y el kirchnerismo han logrado reflotarlo, para desgracia de Venezuela y Argentina.

El Gobierno de Mauricio Macri no utilizó la opción de anunciar un plan completo y ordenado de cambios que conduzcan a la reducción de la inflación, pero sí adoptó medidas que van en ese sentido. El propio Presidente ha marcado con claridad el inicio del problema: ‘’El Gobierno anterior administró mal y gastó mucho más de lo que ingresó por los impuestos. Generó muchísimos billetes y esa cantidad de moneda generó este proceso’’, señaló. El déficit fiscal acumulado durante años (y que las últimas mediciones sitúan en ocho puntos del PBI), cubierto con una emisión monetaria descontrolada (ante el cierre de todo financiamiento externo que se ganó el Gobierno de Cristina Kirchner), es el principal responsable de la inflación. De esta problemática enunciada surgen las soluciones que, anunciadas o no, pasan por aspirar ese excedente de moneda (tarea que por ahora ha llevado adelante el Banco Nación) y por bajar el déficit fiscal. Claro está que la puesta en marcha de ambas medidas tiene limitantes tanto en la economía y como en la política.

Con este objetivo claro y explicitado de reducir paulatinamente la inflación, una de las primeras batallas iniciadas —y que tiene aún muchos y extensos capítulos pendientes— por el Gobierno de Cambiemos ha sido la racionalización del empleo público (una tarea titánica y harto difícil). En ese sentido, sería interesante que el Gobierno, más allá de los trabajos de auditoría que se están haciendo en los distintos estamentos de la administración pública nacional, comience a explicar la necesidad de revalorizar el empleo en el Estado. Para ello, debe quedarle claro a toda la sociedad que el trabajo en el sector público no puede ser un premio a la militancia y que tampoco puede funcionar como seguro de desempleo. El daño que se le hace al Estado y a todos los ciudadanos por el uso del cargo público en estas nocivas formas es enorme al quitarle al sector privado y al país recurso humano productivo para asignarlo en tareas no productivas (o ni siquiera asignarle tareas), acrecentar la voracidad fiscal de un Estado que presiona cada vez más sobre sus contribuyentes para pagar esos sueldos y la mencionada impresión descontrolada de pesos que pierden valor. Esta forma de entender el trabajo en el Estado también quita la posibilidad de profesionalizarlo, retribuirlo con mejores salarios y ponerlo al servicio de facilitarle al ciudadano su vida personal (comercial y civil), que a su vez permita retroalimentar, y no entorpecer, el sistema en beneficio de todos.

En este planteo, el Gobierno ha puesto la lupa sobre los contratados y algunos ascendidos irregularmente a planta permanente durante los últimos años, pero debería también modificar un sistema perverso que impide que los ñoquis y los malos empleados se amparen en la famosa estabilidad del empleo público que impide que sean removidos. De hecho, quienes alguna vez pasamos por la administración pública sabemos que en muchos casos son los contratados quienes sostienen cierto normal funcionamiento del Estado y que deben frecuentemente reemplazar en sus tareas a quienes saben que nada ni nadie los puede desplazar.

En el plano comunicacional, el Gobierno ha percibido que, pese a que las razones de la inflación son estructurales, hay un sector, sobre todo en los medios de comunicación, que le reclaman acciones directas e inmediatas. En este sentido, quedan en evidencia aquellos comunicadores que sólo criticaban al kirchnerismo por sus formas o por los resultados negativos que obtenían, pero que nada tenían para objetar en cuanto a las políticas de fondo, más allá de sus propias percepciones. Es así como nos aturden en radio y televisión con conceptos como “formadores de precios”, “estructuras de costos”, “cadenas de valor”, “empresarios inescrupulosos” y toda la terminología habitual de Guillermo Moreno y compañía.

En su afán por atender ese frente de acción —que, permítame el Gobierno decirle, es un reclamo más de los medios que de los ciudadanos, quienes hasta ahora premian los primeros meses de gobierno con un 70% de aprobación a la gestión— ha lanzado el sistema electrónico de publicidad de precios argentinos (SEPA, una sigla digna del mejor kirchernismo) que obliga a los comercios a informar diariamente los precios de los productos de consumo masivo. Me cuesta comprender cómo este supuesto sistema de información transparente para los clientes pueda reemplazar las páginas enteras de diarios que los principales supermercados utilizan como publicidad para competir con sus rivales o hasta dónde llega el poder de control y sanción sobre empresarios que hacen uso de su libertad para comerciar, prevista en la Constitución Nacional. No obstante ello, es comprensible la necesidad de mostrar que el Gobierno toma medidas para contrarrestar la inflación, aunque, no tengo dudas, son pocos quienes en Cambiemos creen que este tipo de controles sirve para algo.

El Gobierno debería profundizar los temas de fondo que hasta ahora inició en la búsqueda de solucionar no sólo el problema de la inflación, sino también la flagrante distorsión en los precios relativos (tarifas, transporte) instrumentada por el kirchnerismo, la apertura de la economía (proceso que debe agilizarse), las nuevas relaciones con el mundo, la solución de los problemas con nuestros acreedores externos, la atracción de inversores tanto internos como externos, que, como en todo el mundo, claman por reglas de juego claras y estables para invertir, y no perder energías en convencer a quienes en realidad no pretendían un cambio profundo, sino que querían que el nuevo Gobierno ejerciera un kirchnerismo con buenos modales. Al parecer, hay muchos que aún se esfuerzan por vulnerar aquella máxima de Albert Einstein según la cual: “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.

Fuera de ese círculo están los sobrevivientes, aquellos que rinden pleitesía a la familia Kirchner, fundamentalmente porque no pueden (ni quieren) sacar los pies del plato. La independencia de criterio (traición en el diccionario K) puede implicar desventuras. En ninguno de estos círculos de confianza estuvo ni está Daniel Scioli; sin embargo es el candidato del Frente para la Victoria.

El ex menemista y ex duhaldista ha construido, con Néstor Kirchner, primero y con Cristina, luego, una relación de mutua conveniencia que, hasta el momento, ha sido fructífera para ambas partes. La imperturbabilidad del Scioli candidato (a gobernador, presidente, testimonial, o lo que sea), inconmovible ante errores e impericias, propias y ajenas, le ha permitido al kirchnerismo tener en su propio espacio político al antihéroe, el contrapeso medido, equilibrado y amable de un matrimonio combativo. Parafraseando la publicidad de una importante tarjeta de crédito, diríamos que el kirchnerismo tiene épica, relato, pasión y mística; para todo lo demás está Scioli.

Más allá de que el debate sirvió como plataforma para aunar críticas hacia el candidato ausente, aún se sigue hablando de la relación entre el massismo y el sciolismo-kirchnerismo de cara a las elecciones del 25 de octubre. ¿Cuál es la real cercanía entre el Frente para la Victoria (FPV) y el Frente Renovador (FR)? Darle vueltas al asunto para encontrar una explicación unívoca nos lleva al error. Es lógico y normal que Sergio Massa permita la mano tendida del oficialismo y su múltiple aparato de propaganda —que más que nunca abandonó cualquier respeto por las formas periodísticas para dar rienda suelta a su función como agencia gubernamental— para conservar la ilusión de meterse en la pelea por entrar al ballotage. Una mirada racional le daría el convencimiento de que esto es prácticamente imposible a esta altura de la campaña, pero, aun así, sigue conservando la necesidad de mantener a su tropa unida y expectante a la obtención de votos y cargos. En pocas palabras, poder para el escenario que viene. En esa necesidad se planta el kirchnerismo para impulsar al ex intendente de Tigre en la búsqueda de quitarle votos y posibilidades al candidato de Cambiemos, Mauricio Macri. Ante la mayúscula dificultad de alcanzar el 45% de los votos, el oficialismo intenta forzar una mayor paridad entre los candidatos opositores.

No es para extrañarse tampoco que desde el frente Cambiemos se utilicen los vínculos pasados o presentes entre referentes del FR y del FPV para hablar de un pacto. Ciertamente influyen en ese sentido los pases o las vueltas que ha habido desde el FR hacia el FPV. Argumentando la unión del peronismo, la desazón con el espacio, la confianza en el candidato oficialista (“No es Cristina”, esgrimen por lo bajo varios de los nuevos Borocotó) o lisa y llanamente la pérdida de posibilidades del frente massista, los pases se dan linealmente hacia el partido de Scioli.

¿Está Sergio Massa trabajando para el triunfo de Daniel Scioli en primera vuelta? No tendría motivos para hacerlo, salvo como daño colateral de las propias conveniencias mencionadas en los párrafos precedentes. ¿Puede su virtual ascenso tener esa consecuencia? Efectivamente, sí. Para el oficialismo y para el propio sector de Sergio Massa lo difícil será seguir manteniendo esa ilusión de posicionarse como segunda fuerza hasta el final. Por decantación, y más allá del fenomenal esfuerzo de medios paraoficialistas y encuestadores amigos, a medida que se acerque el 25 de octubre, el temor a más kirchnerismo irá volcando el voto opositor hacia el lado de Mauricio Macri.

Con tanto operador político disfrazado de encuestador y tanto agente de prensa disfrazado de periodista, la más fidedigna muestra de posicionamiento político la dieron las últimas PASO. El escenario sigue —puntos más, puntos menos— como esas elecciones lo marcaron (40-30-20). Ante ese panorama, y a pesar del enorme esfuerzo personal realizado por el candidato del FR, el votante de Massa que apuesta por el cambio (más gradual o más drástico) optará finalmente por quien puede arrebatarle el poder al kirchnerismo luego de 12 años de ejercicio.

Muchos interrogantes se abren ante el hecho irreversible del fin del matrimonio Kirchner en el ejercicio de la Presidencia. Hay dentro del votante sciolista algunos distraídos que ven un cambio de formas y contenidos allí donde está la cara más amable del kirchnerismo, pero, aún con la buena voluntad del candidato, lo que cabría preguntarle a ese elector es: ¿cómo piensa que Daniel Scioli puede librarse de los Zannini, los Kicillof, los De Pedro? ¿Cómo hará para manejar su propio Gobierno cuando lo que el tablero político parece mostrar es que Cristina Kirchner lo ha elegido para hacer, a través suyo, kirchnerismo por otros medios?

Los resultados a nivel nacional van en línea con lo que las encuestas más serias venían pronosticando. Un triunfo del Frente para la Victoria que no le permite evitar el ballotage. Desde hoy pocos serán los que puedan insistir con que el número mágico para Daniel Scioli es el 40. Ahora deben ir por el 45, y esa es una empresa difícil. El frente Cambiemos se situó en los 30 puntos, liderado por un Mauricio Macri que obtuvo el 80 % de los votos de esa interna. Si presumimos que muy probablemente un importante porcentaje de los votantes de UNA va a ir en octubre en busca del denominado “voto útil”, la alianza del PRO con la UCR y la Coalición Cívica tiene altas posibilidades de superar el 35 % de los votos, lo que obliga a Scioli a ir por ese 45 % que le permitiría evitar este ballotage “a la argentina”.

Con el 20 % de votos que obtuvo UNA, producto de la sumatoria de Sergio Massa (14 %) y José Manuel De La Sota (6,5 %), sin dudas es un espacio que se afirma como árbitro de las elecciones de octubre. A partir de esto, son muchas las conjeturas que pueden hacerse alrededor del comportamiento que tendrán los votantes de ese espacio. Sin tener claro aún las proporciones pero continuando con el análisis previo, podemos inferir que en ellos hay un porcentaje de votantes tradicionales del peronismo que están alejados del kirchnerismo (al que consideran ajeno al movimiento originado por Juan Domingo Perón), y hay otro porcentaje de votantes que militan decididamente en la oposición y que consideraron, en esta ocasión, a Sergio Massa como el mejor opositor posible. Es muy probable que el primer sector mantenga su voto al exintendente de Tigre en octubre y que el segundo grupo de electores se incline por quien resultó mejor posicionado para darle pelea al Frente para la Victoria, léase Mauricio Macri desde Cambiemos. El discurso del líder del PRO apuntó, sin embargo, a ambos sectores, apelando también al corazón del peronismo.

Luego de confirmarse unos resultados que dejan expectativas para todos, quien puede sentirse como ganadora plena de la elección, por lo importante y difícil del distrito, pero también por lo sorpresivo de los guarismos, es María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Con 8 puntos de diferencias sobre Aníbal Fernández y 10 sobre Felipe Solá -sus competidores en octubre- se acerca a la posibilidad de cambiar de manera rotunda el perfil de gobernador de una provincia comandada desde hace más de 25 años por caudillos peronistas. El 40 % que el FPV obtuvo en provincia, sumando los guarismos del jefe de gabinete y del presidente de la Cámara de Diputados, no resulta esperable en octubre por diversas razones. En primer lugar, porque el candidato que resultó ganador tiene una imagen negativa muy alta y hay perspectivas de que las denuncias que sobre él pesan se profundicen durante la campaña y, en segundo lugar, porque muchos de los votantes de Julián Domínguez se referencian en un peronismo tradicional que Martín Sabbatella (compañero de fórmula de Aníbal Fernández) está lejos de representar, por lo que muchos de esos votos irán a parar en octubre a Felipe Solá y, en un pequeño porcentaje, también a María Eugenia Vidal.

Los contactos entre los sectores que encabezan Sergio Massa y Mauricio Macri empiezan a aflorar. El intento de convocatoria de Scioli al líder del Frente Renovador no tiene chances de prosperar, ya que no es mucho lo que de allí puede obtener el tigrense. El tercer lugar que acaba de ocupar está en las filas de la oposición y abandonarlo para volver al redil del oficialismo lo diluiría rápidamente. Tal vez este 2015 no sea su momento para obtener la presidencia, pero siendo un político joven sabe que tiene una carrera por delante y para ello debe deshacerse ni más ni menos que de Daniel Scioli. De consagrarse presidente el gobernador bonaerense, las chances de Massa para erigirse como líder del peronismo se esfuman, mientras que siendo Macri el elegido, él puede reconstruir alrededor de su figura a un Partido Justicialista que acepta todo menos la derrota. Si Massa confirma que no le alcanza para ser él quien compita en el ballotage frente a Scioli este año, su misión será conservar en octubre los votos que lo apoyaron en las PASO, militar en favor del frente Cambiemos en noviembre y constituirse luego del 10 de diciembre en el líder del nuevo peronismo (renovador). Si todo eso sucede, Daniel Scioli tendrá sin dudas más tiempo para entrenar con sus compañeros de Villa La Ñata Sporting Club.

Ciertamente, el jefe de Gobierno y precandidato a presidente de Cambiemos optó por acercarse a la postura massista del cambio justo que, en el caso del exintendente de Tigre -quien perteneció al espacio kirchnerista durante 7 años-, suena más bien a la búsqueda de cambiar de manos el poder. Es cierto que el PRO en su bloque de diputados se ha opuesto tanto a la reestatización de Aerolíneas Argentinas e YPF como a la de las jubilaciones y las pensiones, pero también es cierto que cuando lo hicieron se fundamentaron más en razones y procesos que en principios. En este sentido y con prudencia política, el discurso del líder de PRO apuntó a desmontar aquello de que la Argentina se mueve por olas, de estatistas a privatistas y viceversa. Sin embargo, era esperable que desde el oficialismo se use el argumento de falsedad e hipocresía para atacar al líder opositor con más chances de arrebatarle el poder al Frente para la Victoria.

Las explicaciones para este supuesto viraje ideológico fueron desde que no se puede estar permanentemente cambiando las reglas de juego en empresas emblemáticas para el país hasta las más temerarias, que, como argumentó Rodríguez Larreta, hacen hincapié en la sabiduría que implica no quedarse pegado a ideas y conceptos sostenidos tiempo atrás, aceptando así una equivocación. Esta última explicación encierra el peligro de aceptar implícitamente que la situación actual es la ideal, cuando en realidad los problemas se escabullen debajo de la alfombra. La aerolínea de bandera pierde a razón de 1 millón de dólares por día, YPF está lejos de acercarse al autoabastecimiento que supo tener en otras épocas y la Anses, con el dinero de todos nosotros dentro, resulta una caja boba y sin control, a disposición de todos los programas que la Presidente decida lanzar.

Siendo sometido a una permanente indagación desde aquel discurso, Mauricio Macri también se inclinó por un argumento de riesgo: la comparación de eficiencia entre el Estado nacional y el Estado autónomo. Si bien resulta bastante evidente que el Gobierno de la ciudad le saca varios cuerpos de ventaja en cuanto a tiempo y formas de trabajos comprometidos de gestión, también es cierto que la propuesta debería ser más sólida que la mera apuesta a la buena labor de los funcionarios de turno. Algunas dignas explicaciones ha dado Macri en el pasado, pero no se ha animado, al menos hasta ahora, a volver sobre ellas. Podría explayarse acerca de la posibilidad de avanzar sobre una política aerocomercial de cielos abiertos que permita mayor competencia entre las aerolíneas en beneficio de los pasajeros. En el ámbito petrolero, la búsqueda de acuerdos público-privados (con innumerables ejemplos exitosos alrededor del mundo), basados en la transparencia, podría ser un camino a desarrollar que mantenga alejada a la compañía del voluntarismo de los gobernantes. También debe hacerse hincapié en la necesidad de establecer reglas que impidan el uso discrecional por parte del Estado de las cajas jubilatorias, tomando de ejemplo incluso algunas de las limitaciones y los controles que la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) ejercía sobre las empresas y sus inversiones.

Se le suele pedir a los candidatos que presenten propuestas de gobierno concretas y sólidas durante las campañas, aunque poco se hace por intentar analizar qué porcentaje de la sociedad está dispuesta a escuchar y tratar de entender esas propuestas. Las campañas y los electores no suelen admitir los detalles. Por otro parte, ¿cuál es el tiempo y el espacio que los candidatos tienen para que el público masivo se entere en detalle de sus propuestas? En ese sentido, es grande la ventaja de la Presidente, que dispone, en clara violación de la Constitución Nacional, de la cadena nacional para insistir sobre el autoelogio, apoyar a sus candidatos y denostar a sus rivales.

Quien también corre con ventaja en esta situación de estabilidad en la crisis es el candidato del Frente para la Victoria, que, fiel a su estilo, se conforma con afirmar que va a seguir trabajando por “mejorar lo que se ha hecho” y “solucionar los problemas”. El inicio oficial de la campaña para las PASO del 9 de agosto le permitió al gobernador ser muy concreto en demostrar que la fuerza de la voluntad todo lo puede (después de todo si logró sobreponerse a un accidente motonáutico) y poner al aire un spot con un fragmento que sostiene que “vamos por una casa más grande”.

El kirchnerismo ha invertido mucho tiempo, dinero y esfuerzo en la construcción de un relato mucho más exitoso de lo que es la realidad en sí misma. De esta forma ha logrado también encorsetar el debate político de esta campaña a los temas donde ellos se sienten más fuertes. Para lograr esto ha contado con el invalorable sustento que le dio la crisis de 2001-2002, que caló fuerte en los corazones y los bolsillos de los argentinos y convirtió a aquellos tristes años en el verdadero mito fundacional de esta etapa que está llegando a su fin, al menos en los términos que hasta ahora se han planteado, y que tal vez en un futuro se conozca como kirchnerato.

La semana política se sacudió cuando Daniel Scioli anunció que quien lo acompañaría en la lucha por el Poder Ejecutivo nacional sería el Secretario Legal y Técnico de la Presidencia y monje negro del Gobierno, Carlos Zannini. Una jugada sorpresiva y que trajo consecuencias inmediatas, tales como la automática imposibilidad para Florencio Randazzo de competir en las PASO. El ministro de Seguridad y Transporte de la Nación tuvo que escuchar de boca de su rival -a través del canal C5N- que quien lo impulsaba y apoyaba para competir en esa interna sería ahora parte de la única fórmula aceptada por la presidente. Aquel hijo de albañil, militante de Vanguardia Comunista (maoísta), abogado, 4 años preso en La Plata y que con el advenimiento de la democracia se mudó a Santa Cruz donde conoció a Néstor y Cristina Kirchner a quienes acompañó hasta el día de hoy, comparte la fórmula con el ex motonauta, ex empresario, ex menemista y eterno estudiante de marketing Daniel Scioli. Sin dudas la presidente ve riqueza en los contrastes o bien, parafraseando a Carl Von Clausewitz, ve en Scioli-Zannini la continuación del kirchnerismo por otros medios.

Así como es difícil imaginárselo a “El Chino” ejerciendo un papel secundario (por más invisible que sea), no lo es en el caso del gobernador (por más visible que sea). La misma definición de las listas del Frente para la Victoria en todos los niveles lo demuestra. Scioli no pudo poner gente de su confianza en casi ningún lugar, y la confección de las mismas quedó bajo exclusivo dominio de Cristina, Máximo y el propio Zannini. Fue el precio que aceptó pagar para no verse impedido de competir dentro del espacio del FPV y así tener chances de cumplir el sueño de sentarse en el sillón de Rivadavia. En alguna medida, este outsider traído a la política por Carlos Menem en 1997 sigue actuando como tal, su ámbito más natural parece seguir en la farándula y sería sin dudas ubicado por los kirchneristas más conspicuos en los oprobiosos contornos de la “anti política” (si no fuera porque es su propio candidato).

Del lado de la oposición, las cartas se acomodaron relativamente como se esperaba. Mauricio Macri decidió apartar aquel enojo con Gabriela Michetti porque no quiso pelear en la provincia de Buenos Aires (en 2013) y desafió sus planes en la ciudad con una postulación para jefa de Gobierno porteño que a su vez rechazaba el ofrecimiento que ahora, habiendo perdido la interna con Rodríguez Larreta, finalmente acepta. La fórmula parece dejar conformes a ambas corrientes internas dentro de los estrategas del partido porque si bien encumbra una fórmula PRO pura, lo hace a través de una figura reconocida también fuera de los límites partidarios al tiempo que formará parte de la interna de Cambiemos con la que pretenden aglutinar y consolidar un frente opositor compacto y cohesionado para enfrentar al sciolismo kirchnerizado, o mejor dicho, al kirchnerismo con Scioli de mascarón de proa.

La elección a gobernador en la provincia más importante del país quedó a merced de señales políticas que aportaron más confusión que claridad. En el caso del Frente para la Victoria, el baño de humildad solicitado por la presidente se lo dieron los dirigentes que a priori aparecían con mayores posibilidades de pelear la gobernación, y le dieron espacio a dirigentes como Aníbal Fernández –dueño de una alta imagen negativa- y a Julián Domínguez, un completo desconocido para el gran público bonaerense. Por el lado del Frente Renovador, la salida inexplicable de Francisco De Narváez –tal vez el candidato que contaba con más chances de obtener la gobernación- había dejado en manos de una desconocida Mónica López la candidatura más importante a nivel distrital, por lo que a última hora, y no habiendo podido acoplarse a un frente más amplio con Mauricio Macri, Sergio Massa reflotó la candidatura de un viejo conocido de los bonaerenses como Felipe Solá. Por el lado de Cambiemos, pudo conformarse una sola lista que combina la voluntad de cambio y nuevos aires (personificado en María Eugenia Vidal) con un anclaje territorial que permita fiscalizar un inmenso y difícil territorio (de la mano del presidente de la UCR bonaerense Daniel Salvador). Atrás quedó la inexplicable postulación de Cristian Ritondo, que parecía exclusivamente destinada a salvaguardar la moral de los fundamentalistas del Propurismo.

Las listas para conformar el próximo Congreso Nacional también trajeron novedades y algunas confirmaciones. El PRO apostó por la trayectoria política de Patricia Bullrich para la Ciudad de Buenos Aires y por un outsider, que no obstante siempre se mantuvo cercano a la política, como el periodista Fernando Niembro para la provincia de Buenos Aires. El FPV por su parte siguió haciendo gala de kirchnerismo puro apostando por Axel Kicillof en la capital y por “Wado” de Pedro en territorio bonaerense. La protección judicial que aparece tan necesaria para algunos funcionarios del Gobierno podría llegar a Julio De Vido de la mano de una diputación bonaerense mientras que dejará afuera al vicepresidente Amado Boudou.

La familia Kirchner se encamina a la extraña situación de Máximo sometiéndose por primera vez al voto popular como candidato a diputado nacional por Santa Cruz mientras que Cristina vuelve a la vida del ciudadano común, sin fueros parlamentarios. Novedades que sin dudas, y de la mano de quien resulte finalmente triunfador en las elecciones de octubre, van a generar movimientos en el Poder Judicial, que podrían también marcar un derrotero diferente al que estamos acostumbrados en cuanto al juzgamiento de aquellos que usaron a la política en beneficio propio.

Más allá de que la Presidente pueda acercarse más a uno u otro candidato -hoy parece ser Florencio Randazzo el más favorecido- lo cierto es que no confía en ninguno de los dos postulantes que han quedado para competir por la precandidatura presidencial dentro de su espacio luego del baño de humildad solicitado por ella misma. Los fantasmas aparecen por todos lados. Quizá la mayor diferencia entre Daniel Scioli y Randazzo pase por la percepción que hay sobre ellos dentro y fuera del oficialismo. El ministro de Interior y Transporte carga con el recelo de muchos compañeros de gabinete que hace tiempo lo critican en voz baja por intentar cortarse solo. Por su parte, los resquemores que pesan sobre Scioli son públicos, conocidos y de larga data. El fenómeno Gabriel Mariotto no lo ha podido replicar en todos los dirigentes de su espacio. El delicado equilibrio que debe hacer el gobernador de cara a las elecciones de octubre pasa por acercarse al fogón de Cristina lo suficiente como para captar sus votos pero no tanto como para quemarse con los independientes que manifiestan intenciones de votarlo; su personalidad y estilo lo favorecen en la tarea. El gobernador nunca responde, ni las críticas, ni las preguntas; él repite su discurso, limitado, básico, difuso, pero bien aprendido. Las innumerables deficiencias que tiene su gestión en la provincia de Buenos Aires las enfrenta apareciendo; Scioli siempre está, no responde ni soluciona, pero está.

Desde que se confirmó el acuerdo político entre la Coalición Cívica, la UCR y el PRO por el cual van a definir a su candidato presidencial en las PASO de agosto y que también sirvió para impulsar acuerdos locales en muchas provincias y municipios, el oficialismo (en todas sus vertientes) ha blandido sobre ellos el antecedente de la Alianza. Sin embargo, ese mismo Frente para la Victoria tiene como candidato con mayores chances de suceder a Cristina Kirchner a un político en el que no confían y al que el matrimonio y sus adláteres han maltratado tanto cuando ejerció como vicepresidente como en su cargo actual de gobernador. ¿Es compatible un gobierno donde el titular del poder ejecutivo y el conductor del partido no sean la misma persona? Jorge Telerman, presidente del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires y uno de los que suele transmitir el pensamiento del gobernador, fue categórico al sostener que “es una fantasía el slogan, Scioli al gobierno, Cristina al poder”.

El gobernador bonaerense parece haber aceptado esperar su triunfo para hacer valer el cargo mientras que asimila las imposiciones de Carlos Zanini, Máximo y Cristina Kirchner en el armado de listas y candidatos. Ha colaborado incluso en la tarea al bajar sucesivamente a Gustavo Marangoni, Cristina Alvarez Rodríguez y Santiago Montoya –dirigentes de su estrecha confianza-, a quienes sepultó diciendo que “ellos priorizan nuestro proyecto presidencial”.

La Presidente no ha sido aún tan taxativa como cuando Perón, aquel 12 de junio de 1974, pronunció la famosa frase “mi único heredero es el pueblo”, pero a medida que se acerquen las elecciones le va a ser cada vez más difícil confiar en sus sucesores. Tal vez su mejor opción sea poblar las listas de fieles (incluyendo a Máximo, a su cuñada Alicia y a ella misma), tratar de luchar para que permanezcan en sus cargos aquellos kirchneristas duros que manejan alguna caja del Estado (militantes de La Cámpora principalmente), y tomar todas las medidas previas a dejar el poder ejecutivo que la ayuden a irse en una posición más favorable a su legado, el que incluye –entre otras cosas- frondosas causas judiciales.