Esto ocurrió con la única pericia contable realizada en la investigación del patrimonio de los Kirchner. Ese peritaje es formalmente irreprochable, pero poco claro, amañado, nada contundente en especial respecto de Néstor Kirchner, cuya conclusión introdujo una terminología ambigua, confusa, que sirvió para que el cuestionado juez Norberto Oyarbide lo entendiera tal como deseaba hacerlo desde antes de iniciar la investigación: sobreseído.

Ahora se viene el peritaje contable del vicepresidente Boudou, quien está siendo investigado por enriquecimiento ilícito. ¿En qué coyuntura? La peor. Veamos. El juez y el fiscal anteriores: desplazados a instancias del imputado (Boudou). Un cuerpo de peritos diezmado, es decir, con la mitad de sus miembros, apenas suman una decena nada más.

Si a ello agregamos el reciente paquete de leyes que pone contra la pared al Poder Judicial, mal llamadas de “democratización”, en especial aquella que elimina información patrimonial de los funcionarios y su posible “enriquecimiento” y tenemos en cuenta los embates del Poder Ejecutivo a la Justicia, pues nos encontramos en el peor de los mundos. En esas condiciones, es difícil que el sistema funcione bien.

Todas las condiciones indican que la investigación patrimonial del vicepresidente no será como Dios manda. Creo no equivocarme en el pronóstico, pero es altamente probable que nada pase. Que volvamos a tener una pericia contable “lavada” de contenido y una sentencia con anunciado sobreseimiento. Si fuese así, esta vez ¿apelarán los fiscales?, quienes ya no están bajo la conducción de Esteban Righi, sino de un personaje que hasta ahora no respondió a las expectativas de los ciudadanos, la procuradora Alejandra Gils Carbó.

Un aditamento más: todavía no está claro cómo resultará la pulseada entre los fiscales de “Justicia Legítima” y los restantes. Es una trama con final abierto pero con pronóstico reservado.