El reciente proyecto de ley antidespidos contiene una certidumbre y varias incertidumbres. La certidumbre es que la oposición le puede imponer una ley al Gobierno, ya que lo aprobado por el Congreso tiene el valor de un derecho reconocido constitucionalmente.

Claro que también es legítima la atribución presidencial de recurrir al veto. Pero este tiene un carácter teñido por una conveniencia política y se lo puede considerar más un acto de naturaleza política del que no conviene abusar. Para algunos analistas es una potestad que juega a favor de la división de poderes y del sistema republicano de gobierno.

Sin embargo, el Congreso puede insistir en aprobar la ley vetada, para lo cual necesita contar con los dos tercios de los votos en cada Cámara, según el artículo 83 de la Constitución Nacional.

Por otra parte, las incertidumbres están dadas por la interpretación que los posibles inversores extranjeros puedan hacer de esta reciente controversia entre el Presidente y el Congreso, finalmente clausurada con el veto. Tampoco escaparía a ese análisis externo que el Gobierno acaba de sufrir un nuevo paro sorpresivo por parte de los docentes bonaerenses; que los taxistas, en su pelea con Uber, cortaron 25 puntos de la ciudad y ocasionaron un caos vehicular sin que el Gobierno pudiera evitarlo y, finalmente, que la Iglesia insiste en señalar su honda preocupación por el aumento de los niveles de pobreza y desocupación. El Gobierno aceptó culpas y tomó algunas medidas para paliar la situación, aunque los reclamos continúan. Continuar leyendo →