El Gobierno anterior tuvo una actitud perversa frente a este reclamo al apelar cada fallo en contra y dilatar las soluciones sin tener en cuenta que quienes reclamaban son adultos mayores de 70 o 75 años, a quienes se obligó a esperar un tiempo prolongado, aunque atente contra sus expectativas de vida.

El cambio de gobierno trajo nuevas perspectivas para la política previsional. La primera gran noticia es que la administración del presidente Mauricio Macri no piensa utilizar la caja de la Anses como caja política útil a todo servicio, como hacía el kirchnerismo, que abusó de sus recursos al punto de que alineaba intendentes con promesas de obras y fondos que provenían de la caja de todos los jubilados.

Esa decisión marca una gran diferencia con el anterior Gobierno, la más importante tanto en términos de rendimiento de esos fondos como en su utilización. Celebramos que, a partir de ahora, será más transparente y dedicada al fin para que se recaudan: el bienestar de todo el sector pasivo.

Pero aún hay que darles una solución a todos los jubilados litigantes lo antes posible. Hace dos años nos prometieron terminar con el flagelo de las demandas por ajustes, pero nunca dejaron de apelar sentencias. Por eso, es una gran decisión del Gobierno actual que la Anses haya dispuesto no apelar más esas sentencias a favor de los jubilados, al evitar procesos judiciales que superan los diez años hasta su instancia final y avanzar así para encontrar una solución inmediata.

El tema es complejo, pero solucionable. Hay que recordar que las sentencias no se pagan con fondos de la Anses, sino con partidas presupuestarias especiales aprobadas por el Congreso. Este año se esperan liquidar cincuenta mil sentencias, un número interesante pero que apenas alcanza menos del 10% del total de las demandas, sin olvidar de que en el mismo Congreso existen proyectos para extender a todos los jubilados, con o sin demanda, los beneficios del fallo de la Corte (caso Badaro) y que además la misma Corte Suprema de Justicia tiene pendiente y sigue sin resolver esa extensión por un pedido que hizo la Defensoría del Pueblo en 2010.

Ante este escenario, sería muy importante buscar una solución alternativa y rápida que no debe exceder el año 2017, incorporando partidas especiales en el presupuesto del año entrante. En ese sentido, el Congreso debe trabajar con el Poder Ejecutivo sobre un proyecto realizable que contemple distintas soluciones de acuerdo con la edad del beneficiario.

Podríamos avanzar en la idea de pagar las deudas por reajustes con bonos a 5 y 10 años a todos los jubilados menores de 70 años, en efectivo y en cuotas a la franja entre 70 y 75 años y en un sólo pago en efectivo a los mayores de 75.

Estamos ante una situación límite, nuestros adultos mayores merecen que prestemos una atención considerable a sus demandas y dejemos de lado una política de dilatación que caracterizó al Gobierno anterior, que ni siquiera cumplió con el compromiso adoptado frente a la Organización de Estados Americanos de no hacerlo.

Los jubilados deben ser prioridad y sus necesidades deben ser atendidas de inmediato. Entre todos debemos encontrar una salida inmediata para poder actuar con celeridad con el fin de brindar una pronta solución que esperan desesperadamente decenas de miles de argentinos.

Estos indicadores falsos desnudan las intenciones, tanto del Gobierno provincial como del Gobierno nacional, solo atinan y pretenden ocultar la pobreza en lugar de llevar adelante políticas para paliar ese flagelo. El Indec dice, además, por ejemplo, que la desocupación en Gran Resistencia es inexistente. Esto es simplemente una broma de mal gusto. Parece que se ríen de los chaqueños. Basta conocer el área metropolitana de nuestra ciudad capital, basta hablar con los vecinos y observar sus costumbres para darse cuenta de que se trata de una gran mentira. Cualquier medición seria muestra que los problemas socioeconómicos en el Chaco, como el desempleo, son alarmantes. Recorremos barrios periféricos de Resistencia constantemente, preguntamos y escuchamos qué opinan nuestros comprovincianos, vemos cómo viven, su realidad social desviste esta gran falacia.

Hay muchas ONG en la provincia trabajando contra la desnutrición, en especial la que padecen los pueblos originarios que habitan el interior, hay comunidades en El Impenetrable que se alimentan de lo que cazan o pescan y, como muchos otros, son víctimas de la política clientelar del Gobierno de la provincia. Sabemos que hay otras mediciones, como la del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, que marca una pobreza cercana al 30 % y el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI), que ya señalaba el año pasado que solo en Resistencia la pobreza ronda del 49,6 % y la indigencia del 13,4 %. Y estos indicadores sí tienen que ver con nuestra realidad.

En el Chaco falta trabajo, vivienda, agua potable, cloacas, el sistema sanitario es deficiente y la educación pública es castigada por la pérdida de días de clases por distintos conflictos, desde gremiales hasta problemas de infraestructura. Ese es el Chaco que vivimos diariamente, no el que nos quiere vender el Indec. Sabemos que el kirchnerismo va a manipular todos los indicadores sociales, va a mentir, va a tocar todos los números para poder mostrar a fin de año, cuando deje el Gobierno, que se irá dejando un país en una situación social inmejorable, está construyendo esa mentira de la mano del gran aparato de propaganda que maneja. Pero, hasta ahora, más que soluciones encontramos que han provocado un daño irreparable en todas las estadísticas económicas y sociales. En el futuro, no solo en el Chaco, sino también en cada una de las provincias argentinas, vamos a tener que trabajar muchísimo para corregir y ordenar los indicadores y conocer la realidad que nos permita salir de la mejor manera de esta situación.

La pobreza chaqueña es un problema grave que no se va a solucionar de un día para otro, no negamos eso, pero no tenemos dudas de que para poder reconstruir la situación social necesitamos alejarnos de la mentira y dar a conocer la verdad.

Hoy necesitamos que se tome una medida extrema y urgente para que se aceleren los tiempos de cobro de los miles de jubilados que esperan que les paguen sus actualizaciones previsionales que ya ganaron en la Justicia.

Es por esto que la semana pasada solicité a la excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social que informe los avances que se han producido en la implementación de lo dispuesto a través de la acordada n.^o 14/2014 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las otras medidas procesales o de fondo que se han adoptado ante el colapso del fuero de la seguridad social. Los motivos de este pedido de informes se basan en que, en mi carácter de integrante de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, he recibido numerosos reclamos de jubilados y pensionados que se encuentran en juicio contra la Anses por la demora que se está produciendo en el trámite de esos expedientes, principalmente en aquellos casos donde alguna de las partes apela la sentencia y, por tal razón, la causa es derivada a la Cámara Federal de la Seguridad Social para su tratamiento. No se me escapa que la grave situación que afecta al fuero de seguridad social está directamente relacionada con la actitud procesal asumida por la Anses en las causas previsionales, donde muchas veces apela la sentencia cuando su normativa interna autoriza a consentirlas. Por lo tanto, y ante la situación de colapso en que se encuentra el fuero mencionado, es que entendemos que llegó el momento de atender con medidas urgentes y excepcionales que logren satisfacer los derechos alimentarios de los litigantes.

Necesitamos conocer e interiorizarnos sobre la magnitud de este grave problema, cuál es la situación general, qué tipos de posibilidades existen de acelerar las sentencias y si es posible mediar ante la Anses para que de una vez por todas los jubilados con sentencia a favor cobren lo que les corresponde. Además, necesitamos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación actúe y solicite acelerar los tiempos de ejecución de las sentencias trabadas en el fuero de la seguridad social.

Todos los legisladores debemos ponernos a disposición de esta urgencia, lo mismo que la Anses y el poder judicial, y entre todos debemos encontrar una salida inmediata para poder actuar con celeridad con el fin de brindar una pronta solución que esperan desesperadamente decenas de miles de jubilados. A la mayoría de los que atraviesan una difícil situación económica se les está yendo la vida sin poder cobrar lo que les corresponde. Para ellos, ganarle al tiempo sería su mayor triunfo.

Gracias a la masiva convocatoria en las últimas semanas abundaron datos que dan cuenta de la gran cantidad de hechos violentos y asesinatos que tuvieron como víctimas a muchísimas mujeres en nuestro país. A falta de indicadores oficiales confiables debemos tomar muy en cuenta la seriedad del trabajo presentado por la ONG “La Casa del Encuentro” que muestra que solo en el año 2014 se registraron en Argentina 277 femicidios. El relevamiento también arrojó que Buenos Aires es la provincia con mayor tasa de crímenes por violencia de género, seguida por Córdoba y Salta. También esta organización determinó que durante seis años, desde el año 2008, fueron 1.808 las mujeres que se convirtieron en víctimas de femicidio. Otro de los datos que se desprende del informe es que, en la mayoría de los casos, tanto víctima como victimario tienen entre 31 y 50 años.

Las cifras oficiales ubican al Chaco, mi provincia, como uno de los distritos con mayor cantidad de femicidios teniendo en cuenta la relación de la cantidad de habitantes con otras provincias, con un total de 15 muertes en 2014, es decir, un promedio de una mujer asesinada cada 22 días aproximadamente. Los números son alarmantes. El Observatorio del Chaco registró 13 mujeres asesinadas en 2012; 16 en 2013 y 15 en el 2014. Además, el organismo señala que de cuatro mujeres violentadas en la provincia, sólo una denuncia a su agresor.

Entonces, es necesario reiterar con crudeza, todas las veces que debamos hacerlo, estos indicadores para que el tema penetre en nuestra sociedad con todas las características que deben tener los flagelos sociales. Y ésta debería ser una cuestión a tratarse con la mayor seriedad política y compromiso público, respecto de la cual no alcanza ni libra de responsabilidades a funcionarios públicos el sacarse una foto con el cartel que porta la consigna “Ni Una Menos”.

Ministros con responsabilidad en la gestión de los temas públicos, que cargan con una deuda social respecto a este tema, que han sido duramente cuestionados por las organizaciones que llevan adelante esta demanda, tienen el derecho de mostrarse a favor de la convocatoria, por supuesto, pero mejor sería que se dediquen a elaborar las herramientas que encuentren las soluciones necesarias.

También resultó indignante ver a Karina Rabolini, esposa del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, posar con un cartel con la consigna que nos une en esta marcha, pero sobre el característico color naranja de la campaña Scioli Presidente y el logo del gobierno bonaerense.

Si van a utilizar este asunto para hacer campaña política con miras a las próximas elecciones es porque están más interesados en éstas que en resolver el tema de fondo. Y a eso debemos apuntar, a involucrar a todos en esta lucha y a no permitir su utilización política, no es un tema que merezca mezclarse con el egoísmo de la política partidaria, por el contrario, debe convertirse sí o sí en una política de Estado.

En ese sentido, con la incorporación de la figura del femicidio en el Código Penal con el fin de agravar las penas donde exista violencia de género, le estamos dando a los jueces una herramienta más para administrar justicia de la mejor manera, ojalá estén ellos a la altura de la circunstancias para saber utilizarla. Es que los funcionarios judiciales también deben involucrarse con este tema, porque la  erradicación de la violencia contra las mujeres, en todos sus tipos, en sus formas visibles o en las no visibles; en forma de violencia física, económica, psicológica, sexual, institucional o  simbólica, es una lucha que nos reclama y compromete a todas y todos, tanto para castigar con dureza al que comete el delito como para asumir un rol activo en la construcción de la conciencia colectiva.

Esperemos que todos nos demos cuenta de que la sociedad espera otra cosa y demanda un compromiso mayor de quienes somos representantes parlamentarios y en especial de los funcionarios y gobernantes de los distintos poderes ejecutivos que tienen a su cargo los organismos pertinentes. Porque si hay algo que ya sabemos, es que no alcanza con mostrarse con fotos sensibles. Hay que actuar más para que definitivamente no falte ni una menos entre nosotros.

Reiteramos este pedido porque hace cinco años la Presidenta de la Nación vetó la ley, sancionada por el parlamento, que garantizaba ese derecho constitucional a todo el sector pasivo. Los argumentos que usó el gobierno nacional en ese momento intentaron demostrar de modo irresponsablemente exagerado y alarmante, que se trataba de “la ley que llevaría a la quiebra al sistema previsional de reparto”.

Hoy siguen con el mismo libreto pero las mentiras están quedando expuestas. Hace unos días la propia presidenta se mostraba alegre inaugurando la central nuclear de Atucha por cadena nacional obviando en su discurso que gran parte de los fondos para financiar semejante obra provenían de la ANSES, la caja “todo servicio”, según la consideración del oficialismo que echó mano a ella varias veces para financiar viviendas u obra pública a municipios afines al gobierno y también para sostener bonos que le permiten, cada tanto, tapar el déficit fiscal real. Solo hasta el año pasado el Fondo de Sustentabilidad de la ANSES debió oficiar como sostenedor de bonos Discount por un total de más de dos mil millones de dólares para cubrir problemas fiscales.

En ese sentido observamos también que durante el 2014 se fijaron $28.000 millones para préstamos al tesoro nacional que cambia “promesas de pago” por plata fresca de los jubilados. Pero en realidad nunca terminamos de saber bien qué van a hacer con los fondos de la ANSES, es imposible anticiparse porque no brindan información precisa. Un trabajo presentado por la AGN en el 2013 titulado El Control Público en la Argentina, realidades y perspectivas señalaba que la ANSES no brinda la información necesaria para que los organismos de control puedan realizar su trabajo y  que, fuera del financiamiento específico de gastos que corresponde a los fondos previsionales de acuerdo a la normativa vigente, la ANSES financió, solo en el 2013, casi 50.000 millones de pesos a otras áreas del gobierno, como la creciente y aparatosa publicidad oficial, quizás la peor utilización que se le pueda dar al dinero de los jubilados.

Cuesta entender por qué, para el gobierno, mejorar la vida de nuestros adultos mayores asignándoles una mejor remuneración con fondos específicos como son los de la ANSES, pone en peligro de quiebra a esta institución y usar los mismos para obras, publicidad e inversiones financieras, que nada tienen que ver con el sector previsional, no. Sobre todo  si tenemos en cuenta que hoy  la inflación real hace que sea necesario que el estado atienda la grave realidad de los haberes jubilatorios porque una remuneración media  se encuentra apenas rondando 40% del haber mínimo del sector activo y la jubilación mínima no alcanza ni quiera a cubrir el 50% de la canasta familiar.

Por todo esto creemos que para impedir que en el futuro nos lamentemos de ver vaciadas las arcas previsionales en políticas y proyectos ajenos al sector, lo mejor sería que el congreso nacional sancione nuevamente la ley del 82% móvil, que ese dinero sea ahora y para siempre para los jubilados y de esa manera asegurarnos que ni éste, ni futuros gobiernos, puedan verse tentados a tomar estos fondos que, en definitiva, se recaudan y existen para garantizarles a nuestros adultos mayores la mejor calidad de vida. Como no tenemos dudas de que la caja previsional corre un mayor peligro de quebrar en la medida que se utilicen sus fondos discrecionalmente y de modo arbitrario para cualquier destino, es que estamos convencidos que los jubilados deben cobrar hoy y siempre el 82% móvil.

Para llevar este proceso adelante, fue necesario expulsar a esas comunidades de sus hogares y obligarlos así a enfrentar una realidad social atravesada por caminos minados de xenofobia, racismo y violencia y muchas veces, aunque sea imposible verlo reflejado en las estadísticas oficiales, sin amparo y protección del Estado. Además, llamar un “hecho aislado” es desconocer una situación de gravedad social que ya tiene como antecedente un amparo ratificado por el Superior Tribunal de Justicia, que ordenó al Gobierno del Chaco garantizar los derechos de los pueblos originarios Qom, Wichí y Mocoví, en cumplimiento del artículo 37 de la Constitución Provincial, ante una presentación judicial realizada en 2007 por el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACh)

Estas comunidades aborígenes están insertas en un cuadro general que señala que la mitad de los chaqueños son pobres. Basta ver cómo, en los alrededores de la Ciudad de Resistencia, se fue conformando un cordón de viviendas precarias, hechas de cartón y chapas, que va rodeando la capital de la provincia. Cada día más grande. Se trata de familias enteras desterradas de sus lugares de origen en el interior de la provincia. Todos ellos víctimas del clientelismo llevado adelante por el partido de gobierno, que solo reparte a cuenta gotas lo justo y necesario para su subsistencia pero que no alcanza, muchas veces, para evitar que las situaciones más graves terminen en tragedia como la de este niño Qom recientemente fallecido.

Los tienen hacinados para tenerlos a mano y poder manejar su voto a voluntad, fortaleciendo con prebendas a punteros políticos que se mezclan entre esos vecinos proliferando falsas promesas. ¿O vamos a dejar pasar por alto que fue el Chaco una de las provincia más afectadas por la estafa del programa de viviendas Sueños Compartidos? Toda esa gente debería estar reubicada en viviendas dignas, de acuerdo a lo que prometían en ese entonces cuando llenaron los espacios publicitarios de los medios de comunicación, pauta pagada con fondos públicos, para instalar una mentira, una estafa, porque estos comprovincianos, lamentablemente, no solo son víctimas del clientelismo inescrupuloso, la desidia y la mentira, también son víctimas de la corrupción

Es bueno que hoy recordemos que hace dos años, cuando asesinaron a un joven Qom llamado Imer Flores, la respuesta del Gobierno fue similar, decían que se trataba de un hecho policial, aislándolo de una situación social de injusticia y violencia. Nunca quieren mirar el fondo del vaso porque saben que allí pueden ver reflejada su responsabilidad.

Observemos algunos indicadores sociales que nos aporta el Centro de Estudios Sociales Nelson Mandela, quizás la ONG más prestigiosa que trabaja en el Chaco. Este centro de estudios sostiene que en la provincia existe un 49,7% de pobreza y un 17,2% de indigencia, y que en ese contexto unos 15 mil niños se encuentran desnutridos, anémicos o mal nutridos, muchos de ellos o la mayoría, perteneciente a la comunidad Qom. Esto explica, también, porque el Chaco tiene la tasa de desnutrición infantil más alta de la Argentina, ya que casi un 20% de los niños bajo atención médica tienen algún tipo de desnutrición.

Con estas cifras aterradoras, decir que la muerte de Feminia es “un hecho aislado” es una irresponsabilidad, es negar la realidad para poder seguir apostando al modelo de exclusión, el que clienteliza a los más necesitados, el que solo aspira a atender a los pobres en la pobreza y nunca trabajar para intentar sacarlo de ella.

Un modelo fracasado, que solo traerá consigo más tragedias que lamentar.

Una parte de este estilo populista de reparto sin planificación, se financia con plata de los jubilados, ya sea directamente porque los fondos provienen de la ANSES o indirectamente cuando se recurre a esa caja para que sea sostenedora de Letras del Tesoro, con las cuales el gobierno financia parte de su déficit fiscal. Y no es poco dinero, solo la ANSES emitió en los últimos años ocho Letras del Tesoro por un total de $23.503 millones tomados del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y decimos “solo la ANSES” porque a ello habría que sumarle las letras emitidas por el PAMI, que de manera progresiva prestó dinero al estado desde el año 2007, primero en alrededor de $500 millones, suma que fue creciendo en $1000 millones en el 2008, para terminar sumando $2380 millones en los años sucesivos. Algo alarmante porque hay que tener en cuenta que esas cajas, el PAMI y la ANSES, se conforman tanto con aportes de trabajadores activos como de los mismos jubilados, por lo tanto tomar esos recursos para financiar bonos que permiten al estado cubrir su déficit producto de una pésima y desprolija administración es algo inmoral, propio de los gobiernos que creen que la justicia social se alcanza con un buen aparato de propaganda política y no con acciones concretas que promuevan equidad y mejoren la calidad de vida de la gente.

Cualquier ciudadano sabrá que no exagero si digo que todos tenemos experiencias directas o a través de parientes, vecinos o amigos que dan cuenta que la atención del PAMI a sus afiliados no es considerada de excelencia, al contrario, siempre faltan insumos, las prestaciones suelen ser tardías o las ambulancias no dan a basto para cubrir la demanda de emergencias, sobre todo en el interior del país. Evidentemente esta percepción no es la misma que tiene el gobierno nacional, ya que puede darse el lujo de financiarse quitándole recursos al ente encargado de prestar un servicio de salud al sector con menores ingresos del país. No olvidemos que 3 de cada 4 jubilados reciben haberes que no cubren el 50% de la canasta básica.

Así que la cuenta es sencilla, si le sacan dinero a la ANSES y al PAMI para prestarle al mismo estado que permite, por ejemplo, que Aerolíneas Argentinas, una empresa estatal administrada por funcionarios que se identifican con la Agrupación La Cámpora que en 6 años dio pérdidas por $18.100 millones, antes que utilizarlo para mejorar los haberes previsionales o el servicio y las prestaciones de salud, tenemos que acordar entonces que a este gobierno le interesa privilegiar el financiamiento de la militancia y el aparato político antes que mejorar el presente de nuestros adultos mayores.

Jubilados que le pagan el déficit fiscal al Estado: ésta es una definición que los pone en un lugar muy lejano al de un perfil verdaderamente “progresista”, ese mismo con el que gustan vanagloriarse.

Como Coalición Cívica-ARI, la preservación de los recursos naturales es y ha sido una de nuestras banderas desde el nacimiento de nuestra fuerza política. Por eso no podemos aprobar a libro cerrado lo que nos presentan como una iniciativa que traería progreso a una de las zonas más olvidadas del Chaco sin conocer los antecedentes. Es bueno recordar que el titular del dominio expropiado -la Estancia La Fidelidad- era Manuel Roseo, quien poseía 150.000 hectáreas en el Chaco y  100.000 más en Formosa. Este hombre, a lo largo de su vida, se esforzó para mantener y cuidar todos los recursos naturales que albergaban sus propiedades. Por lo tanto podríamos quizás entender que la creación de un Parque Nacional en dicho predio sería la forma de garantizar la continuidad del cuidado de todo un eco-sistema. Esa sería una buena noticia. Sin embargo no podemos cerrar los ojos ante algo que viene mal barajado desde un principio y que, dados los antecedentes, nos despierta muchísimas sospechas sobre lo que se está tramando.

Dijimos entontes que en primer lugar la expropiación no ha concluido de parte de la Provincia del Chaco, por lo tanto el gobierno provincial no está habilitado a ceder jurisdicción de unos terrenos para la creación de un Parque Nacional. Esto se debe a que no se ha pagado el precio total fijado por la Junta de Valuaciones de la Provincia del Chaco. Para los que desconocen los pormenores del tema les informamos que por Ley Provincial N° 6.928 se expropió el inmueble de propiedad de Manuel Roseo y luego por otra ley provincial N° 6.929 se creó un fondo fiduciario para el pago del precio; aquí quiero destacar que ambas leyes han sido cuestionadas por los herederos de Roseo con planteo de inconstitucionalidad que se encuentran en trámite ante el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, por no haberse cumplido con lo establecido por el art. 57 de la Constitución Provincial. Es importante destacar que nunca se pagó el total de la expropiación. Dato no menor porque es algo que va en contra de lo que establece el art. 40 de la Constitución del Chaco y el art. 11 de la Ley 2.289 de expropiación. Ambos artículos disponen como condición previa el pago en efectivo del total del precio para concretar la expropiación por causa de utilidad pública. Primer punto oscuro de la trama.

Por otra parte hay que mencionar que la Junta de Valuaciones determinó como valor del inmueble, un predio de 150.000 hectáreas, en la suma de $ 64.000.000. Esto se debe a que fijaron en $ 497 el valor de cada hectárea. Un valor al menos sospechoso, ya que la Resolución provincial N° 235 había tasado el Departamento General Güemes, en donde se encuentra la estancia La Fidelidad, en $ 5.600 el valor de cada hectárea. Es evidente la desproporción de los valores ya que lo fijado por la Junta de Valuación solo representa el 0.08 % del determinado por el Organismo Provincial. Segundo punto oscuro.

En cuanto al pago, hasta ahora sólo se depositó la suma de $10.500.000 en bonos y no en efectivo, como marca la Ley 2.289 y en relación al depósito en bonos, según la publicación realizada por la organización CLT (Conservation Land Trust) que le pertenece al señor Douglas Tompkins, reconoce que distintas ONG realizaron campañas particulares y masivas para recaudar los fondos. Se lograron recolectar alrededor de $ 2.700.000 entre empresas y particulares. Pero lo asombroso es que el resto lo donó C.L.T o sea el Señor Tompkins. Tercera observación sospechosa.

Ahora nos preguntamos ¿quién es Douglas Tompkins? Al parecer no se trata simplemente de un filántropo extranjero enamorado del bosque chaqueño, ya que a través de su organización (C.L.T) explota actualmente el Parque Iberá en la Provincia de Corrientes, el Parque Nacional Monte León en la Patagonia de 66.000 hectáreas, la estancia El Rincón de 15.000 hectáreas en el Parque Nacional Perito Moreno y el Parque Provincial el Piñalito en la Provincia de Misiones. Agregamos también que idéntica situación se produce en Chile en distintos parques nacionales. El mismo Tompkins reconoció en distintas entrevistas que eligió la Argentina y Chile porque en Estados Unidos “las trabas para crear un Parque Nacional son inmensas”. Parece que aquí decidieron facilitarle las cosas.

Por último queremos aclarar que no nos oponemos al desarrollo de zonas que cuentan con un patrimonio natural único para convertirlas en atractivos turísticos siempre y cuando la preservación del medio ambiente sea el punto central de cualquier emprendimiento, pero no podemos permitir que una provincia pobre, como es el Chaco, expropie, no pague lo legislado y ceda irregularmente el dominio de esas tierras a la Nación para que finalmente un ecologista americano, multimillonario, termine siendo el gran beneficiado de todo una cadena de desprolijidades que pueden terminar siendo perjudiciales al interés colectivo.

En su momento, en la Coalición Cívica-ARI, rechazamos el proyecto oficial e impulsamos una iniciativa legislativa alternativa con el objetivo de “reglamentar ese derecho reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto el Estado argentino se ha comprometido a garantizarle a las personas, la posibilidad de perseguir judicialmente, una indemnización del daño sufrido como consecuencia de acciones u omisiones del  Estado y sus agentes”. De esta manera estaríamos regulando una materia que sin dudas es Derecho de fondo, aplicable en todo los casos, respecto de las consecuencias dañosas que pudieran generar por un lado, la actividad ilegítima del Estado Nacional, y los Estados provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipales; y las acciones u omisiones ilegítimas de sus agentes en ejercicio o en ocasión de sus funciones, asegurando que este recurso efectivo obligue al Estado como correlato necesario de la efectiva vigencia de esos derechos, a la reparación integral por los daños causados por su actividad ilegítima o la de sus funcionarios, tanto por acción, omisión o control irregular de las concesiones o contrataciones otorgadas en materia de servicios públicos.

Es que no se puede privar a los ciudadanos del derecho de promover demandas contra los funcionarios responsables de los daños provocados por su actuar ilegítimo o ilícito. Se nos ocurren muchos ejemplos, quizás el más doloroso e impactante sea el de los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Once. Nos preguntamos qué pasaría si nos toca sufrir nuevamente una tragedia similar a ésta. ¿Podemos privar a las familias que sufrieron pérdidas irreparables a accionar civilmente contra un Estado negligente y funcionarios corruptos e ineficientes? No, desde todo punto de vista. En casos como éste necesitamos que la justicia pueda establecer las responsabilidades de los distintos agentes estatales en el hecho dañoso para que las personas perjudicadas no sólo puedan ejecutar sus indemnizaciones en contra del Estado, sino también en contra de todo funcionario responsable que tuviera patrimonio suficiente para responder. Además, de esta forma, no se diluyen las responsabilidades de los funcionarios ante sus actos ilícitos, respecto de los cuales ya son serán impunes desde el aspecto civil. Porque donde la justicia penal no ha sido eficiente, la justicia civil puede hacer responsables patrimonialmente, a los funcionarios corruptos del daño ocasionado a la sociedad.

Debemos devolverle a la ciudadanía la posibilidad de lidiar con un Estado que sea responsable penal y civilmente de sus actos, de lo contrario solo consagraríamos su impunidad.

En este caso a los pobres. Como si implícitamente reconocieran que, al no poder ofrecer soluciones concretas, es mejor negar el problema y esconder a las víctimas de la desigualdad del modelo económico.

Pero Capitanich no se equivoca: sencillamente miente. No podemos pensar otra cosa de quién dice, suelto de cuerpo, algo así y aún es gobernador del Chaco, una de las provincias más azotadas por la pobreza y la indigencia.

Veamos. Chaco es una provincia que supera el millón de habitantes y casi la mitad es comprobadamente pobre. Según el Isepci (Instituto de Investigación Social, Económica, Política y Ciudadana), en el Chaco el 40,3% de la población es pobre porque sus ingresos familiares no superan los $5600 y el 17% es indigente al no superar ingresos mensuales los $2650. A eso deberíamos agregar la trágica situación de las comunidades aborígenes que son víctimas del maltrato, social y del desamparo estatal, que solo recurre en su ayuda cuando necesita “clientelizar” su voluntad política, un comportamiento corriente de parte del partido de gobierno que los chaqueños comprobamos cotidianamente.

Si en el Chaco se contabilizaran como desocupados, como debería ser, a los 86.000 adultos beneficiarios de Planes Sociales, sobre un total de 310.000 personas que cobran algún tipo de beneficio social y a los jóvenes entre 18 y 24 años que no buscan trabajo por desaliento y porque, esto duele decirlo, para ellos es más sencillo someterse a la extorsión política de un plan social, nos encontraríamos con que más de 100 mil chaqueños no tienen trabajo. Es que en la mal llamada “década ganada” en el Chaco el empleo público creció un 42%, casi 10 veces más que el empleo privado, del que casi no existen ofertas en el mercado. No está mal que el sector público emplee personal si necesita hacerlo, pero se convierte en una bomba de tiempo si el motivo es netamente político, como la construcción de una mayoría de votos a través del trabajo estatal, un abuso que hace que en muchos municipios sea absolutamente innecesario.

El clientelismo en el Chaco es moneda corriente, se gastan millones en camisetas de fútbol, shows mediáticos. La asistencia social no tiene otra lógica que no sea la prebenda política, siempre buscan algo a cambio, coaccionando al ciudadano. Señalamos esto con preocupación porque ninguna de estas medidas populistas va a sacar a los chaqueños de la pobreza. Podrá paliar su angustia, mejorar su situación momentáneamente, pero con este tipo de políticas los pobres nunca dejarán de serlo.

El problema de la vivienda en el Chaco es grave. Con el anunció del Plan PROCREAR, muchos chaqueños se llenaron de expectativas ante la posibilidad de poder acceder a su casa propia. La falta de viviendas es uno de los grandes problemas sociales que padecemos, situación agravada por toda la corrupción que existió y existe sobre el uso de los fondos de viviendas. En ese oscuro sitial podemos ubicar al tristemente afamado Programa Sueños Compartidos que llevó a la Justicia a los hermanos Schoklender, caso muy conocido en el Chaco, y donde aún existe un sinfín de denuncias cruzadas que salpican, entre otros actores, a muchos funcionarios que no terminan de aclarar su situación. Además constantemente nos anoticiamos de programas de viviendas inconclusos, con adjudicaciones cuestionadas por su discrecionalidad política o peor aún, viviendas que se entregan y son inhabitables. Fueron muchas las viviendas que se debieron construir en estos últimos años con fondos propios del Ministerio de Planificación y, sin embargo, gran parte de esas sumas millonarias fueron entregadas sin control y pasó lo que ya sabemos, la gente que confió y necesita su casa propia nunca pudo acceder a la misma.

En el Chaco falta agua potable. La tan anunciada obra pública conocida como El Segundo Acueducto para el Interior del Chaco, rebautizada por el gobernador Capitanich como Acueducto Néstor Kicrhner, está muy demorada. En el 2004 se anunció esta obra, unos 512 kilómetros de tubería que abastecería de agua potable a 350.000 chaqueños. Sin embargo, diez años después solo se han instalado 12 kilómetros de tubería en medio de escándalos por sobre precios y polémicas por las fuentes de financiamiento. Desde aquel anuncio se cambiaron todas las reglas. Mientras tanto, miles de chaqueños padecen la falta de agua potable sobre todo en las zonas del Impenetrable Chaqueño y el Departamento de Güemes, donde habitan las comunidades Tobas y Wichis. Allí se estima que más de 60.000 personas son víctimas de la falta de agua potable, lo que afecta su salud e imposibilita desarrollar una vida normal. La desertización de la zona agrava la situación.

Podríamos agregar también que el Chaco cuenta con una de los indicadores más altos del país en cuanto a la deserción escolar en el nivel medio. También hablar sobre los graves problemas de salud pública que atraviesa la provincia para que la sociedad observe que las declaraciones del jefe de Gabinete sobre la desaparición de la pobreza y la indigencia en el país tienen una provincia que lo desmiente a simple vista. Justamente ese distrito es el Chaco, que aún lo tiene como gobernador con uso de licencia.