Estos indicadores falsos desnudan las intenciones, tanto del Gobierno provincial como del Gobierno nacional, solo atinan y pretenden ocultar la pobreza en lugar de llevar adelante políticas para paliar ese flagelo. El Indec dice, además, por ejemplo, que la desocupación en Gran Resistencia es inexistente. Esto es simplemente una broma de mal gusto. Parece que se ríen de los chaqueños. Basta conocer el área metropolitana de nuestra ciudad capital, basta hablar con los vecinos y observar sus costumbres para darse cuenta de que se trata de una gran mentira. Cualquier medición seria muestra que los problemas socioeconómicos en el Chaco, como el desempleo, son alarmantes. Recorremos barrios periféricos de Resistencia constantemente, preguntamos y escuchamos qué opinan nuestros comprovincianos, vemos cómo viven, su realidad social desviste esta gran falacia.

Hay muchas ONG en la provincia trabajando contra la desnutrición, en especial la que padecen los pueblos originarios que habitan el interior, hay comunidades en El Impenetrable que se alimentan de lo que cazan o pescan y, como muchos otros, son víctimas de la política clientelar del Gobierno de la provincia. Sabemos que hay otras mediciones, como la del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, que marca una pobreza cercana al 30 % y el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI), que ya señalaba el año pasado que solo en Resistencia la pobreza ronda del 49,6 % y la indigencia del 13,4 %. Y estos indicadores sí tienen que ver con nuestra realidad.

En el Chaco falta trabajo, vivienda, agua potable, cloacas, el sistema sanitario es deficiente y la educación pública es castigada por la pérdida de días de clases por distintos conflictos, desde gremiales hasta problemas de infraestructura. Ese es el Chaco que vivimos diariamente, no el que nos quiere vender el Indec. Sabemos que el kirchnerismo va a manipular todos los indicadores sociales, va a mentir, va a tocar todos los números para poder mostrar a fin de año, cuando deje el Gobierno, que se irá dejando un país en una situación social inmejorable, está construyendo esa mentira de la mano del gran aparato de propaganda que maneja. Pero, hasta ahora, más que soluciones encontramos que han provocado un daño irreparable en todas las estadísticas económicas y sociales. En el futuro, no solo en el Chaco, sino también en cada una de las provincias argentinas, vamos a tener que trabajar muchísimo para corregir y ordenar los indicadores y conocer la realidad que nos permita salir de la mejor manera de esta situación.

La pobreza chaqueña es un problema grave que no se va a solucionar de un día para otro, no negamos eso, pero no tenemos dudas de que para poder reconstruir la situación social necesitamos alejarnos de la mentira y dar a conocer la verdad.

Para llevar este proceso adelante, fue necesario expulsar a esas comunidades de sus hogares y obligarlos así a enfrentar una realidad social atravesada por caminos minados de xenofobia, racismo y violencia y muchas veces, aunque sea imposible verlo reflejado en las estadísticas oficiales, sin amparo y protección del Estado. Además, llamar un “hecho aislado” es desconocer una situación de gravedad social que ya tiene como antecedente un amparo ratificado por el Superior Tribunal de Justicia, que ordenó al Gobierno del Chaco garantizar los derechos de los pueblos originarios Qom, Wichí y Mocoví, en cumplimiento del artículo 37 de la Constitución Provincial, ante una presentación judicial realizada en 2007 por el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACh)

Estas comunidades aborígenes están insertas en un cuadro general que señala que la mitad de los chaqueños son pobres. Basta ver cómo, en los alrededores de la Ciudad de Resistencia, se fue conformando un cordón de viviendas precarias, hechas de cartón y chapas, que va rodeando la capital de la provincia. Cada día más grande. Se trata de familias enteras desterradas de sus lugares de origen en el interior de la provincia. Todos ellos víctimas del clientelismo llevado adelante por el partido de gobierno, que solo reparte a cuenta gotas lo justo y necesario para su subsistencia pero que no alcanza, muchas veces, para evitar que las situaciones más graves terminen en tragedia como la de este niño Qom recientemente fallecido.

Los tienen hacinados para tenerlos a mano y poder manejar su voto a voluntad, fortaleciendo con prebendas a punteros políticos que se mezclan entre esos vecinos proliferando falsas promesas. ¿O vamos a dejar pasar por alto que fue el Chaco una de las provincia más afectadas por la estafa del programa de viviendas Sueños Compartidos? Toda esa gente debería estar reubicada en viviendas dignas, de acuerdo a lo que prometían en ese entonces cuando llenaron los espacios publicitarios de los medios de comunicación, pauta pagada con fondos públicos, para instalar una mentira, una estafa, porque estos comprovincianos, lamentablemente, no solo son víctimas del clientelismo inescrupuloso, la desidia y la mentira, también son víctimas de la corrupción

Es bueno que hoy recordemos que hace dos años, cuando asesinaron a un joven Qom llamado Imer Flores, la respuesta del Gobierno fue similar, decían que se trataba de un hecho policial, aislándolo de una situación social de injusticia y violencia. Nunca quieren mirar el fondo del vaso porque saben que allí pueden ver reflejada su responsabilidad.

Observemos algunos indicadores sociales que nos aporta el Centro de Estudios Sociales Nelson Mandela, quizás la ONG más prestigiosa que trabaja en el Chaco. Este centro de estudios sostiene que en la provincia existe un 49,7% de pobreza y un 17,2% de indigencia, y que en ese contexto unos 15 mil niños se encuentran desnutridos, anémicos o mal nutridos, muchos de ellos o la mayoría, perteneciente a la comunidad Qom. Esto explica, también, porque el Chaco tiene la tasa de desnutrición infantil más alta de la Argentina, ya que casi un 20% de los niños bajo atención médica tienen algún tipo de desnutrición.

Con estas cifras aterradoras, decir que la muerte de Feminia es “un hecho aislado” es una irresponsabilidad, es negar la realidad para poder seguir apostando al modelo de exclusión, el que clienteliza a los más necesitados, el que solo aspira a atender a los pobres en la pobreza y nunca trabajar para intentar sacarlo de ella.

Un modelo fracasado, que solo traerá consigo más tragedias que lamentar.

Como Coalición Cívica-ARI, la preservación de los recursos naturales es y ha sido una de nuestras banderas desde el nacimiento de nuestra fuerza política. Por eso no podemos aprobar a libro cerrado lo que nos presentan como una iniciativa que traería progreso a una de las zonas más olvidadas del Chaco sin conocer los antecedentes. Es bueno recordar que el titular del dominio expropiado -la Estancia La Fidelidad- era Manuel Roseo, quien poseía 150.000 hectáreas en el Chaco y  100.000 más en Formosa. Este hombre, a lo largo de su vida, se esforzó para mantener y cuidar todos los recursos naturales que albergaban sus propiedades. Por lo tanto podríamos quizás entender que la creación de un Parque Nacional en dicho predio sería la forma de garantizar la continuidad del cuidado de todo un eco-sistema. Esa sería una buena noticia. Sin embargo no podemos cerrar los ojos ante algo que viene mal barajado desde un principio y que, dados los antecedentes, nos despierta muchísimas sospechas sobre lo que se está tramando.

Dijimos entontes que en primer lugar la expropiación no ha concluido de parte de la Provincia del Chaco, por lo tanto el gobierno provincial no está habilitado a ceder jurisdicción de unos terrenos para la creación de un Parque Nacional. Esto se debe a que no se ha pagado el precio total fijado por la Junta de Valuaciones de la Provincia del Chaco. Para los que desconocen los pormenores del tema les informamos que por Ley Provincial N° 6.928 se expropió el inmueble de propiedad de Manuel Roseo y luego por otra ley provincial N° 6.929 se creó un fondo fiduciario para el pago del precio; aquí quiero destacar que ambas leyes han sido cuestionadas por los herederos de Roseo con planteo de inconstitucionalidad que se encuentran en trámite ante el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, por no haberse cumplido con lo establecido por el art. 57 de la Constitución Provincial. Es importante destacar que nunca se pagó el total de la expropiación. Dato no menor porque es algo que va en contra de lo que establece el art. 40 de la Constitución del Chaco y el art. 11 de la Ley 2.289 de expropiación. Ambos artículos disponen como condición previa el pago en efectivo del total del precio para concretar la expropiación por causa de utilidad pública. Primer punto oscuro de la trama.

Por otra parte hay que mencionar que la Junta de Valuaciones determinó como valor del inmueble, un predio de 150.000 hectáreas, en la suma de $ 64.000.000. Esto se debe a que fijaron en $ 497 el valor de cada hectárea. Un valor al menos sospechoso, ya que la Resolución provincial N° 235 había tasado el Departamento General Güemes, en donde se encuentra la estancia La Fidelidad, en $ 5.600 el valor de cada hectárea. Es evidente la desproporción de los valores ya que lo fijado por la Junta de Valuación solo representa el 0.08 % del determinado por el Organismo Provincial. Segundo punto oscuro.

En cuanto al pago, hasta ahora sólo se depositó la suma de $10.500.000 en bonos y no en efectivo, como marca la Ley 2.289 y en relación al depósito en bonos, según la publicación realizada por la organización CLT (Conservation Land Trust) que le pertenece al señor Douglas Tompkins, reconoce que distintas ONG realizaron campañas particulares y masivas para recaudar los fondos. Se lograron recolectar alrededor de $ 2.700.000 entre empresas y particulares. Pero lo asombroso es que el resto lo donó C.L.T o sea el Señor Tompkins. Tercera observación sospechosa.

Ahora nos preguntamos ¿quién es Douglas Tompkins? Al parecer no se trata simplemente de un filántropo extranjero enamorado del bosque chaqueño, ya que a través de su organización (C.L.T) explota actualmente el Parque Iberá en la Provincia de Corrientes, el Parque Nacional Monte León en la Patagonia de 66.000 hectáreas, la estancia El Rincón de 15.000 hectáreas en el Parque Nacional Perito Moreno y el Parque Provincial el Piñalito en la Provincia de Misiones. Agregamos también que idéntica situación se produce en Chile en distintos parques nacionales. El mismo Tompkins reconoció en distintas entrevistas que eligió la Argentina y Chile porque en Estados Unidos “las trabas para crear un Parque Nacional son inmensas”. Parece que aquí decidieron facilitarle las cosas.

Por último queremos aclarar que no nos oponemos al desarrollo de zonas que cuentan con un patrimonio natural único para convertirlas en atractivos turísticos siempre y cuando la preservación del medio ambiente sea el punto central de cualquier emprendimiento, pero no podemos permitir que una provincia pobre, como es el Chaco, expropie, no pague lo legislado y ceda irregularmente el dominio de esas tierras a la Nación para que finalmente un ecologista americano, multimillonario, termine siendo el gran beneficiado de todo una cadena de desprolijidades que pueden terminar siendo perjudiciales al interés colectivo.

En este caso a los pobres. Como si implícitamente reconocieran que, al no poder ofrecer soluciones concretas, es mejor negar el problema y esconder a las víctimas de la desigualdad del modelo económico.

Pero Capitanich no se equivoca: sencillamente miente. No podemos pensar otra cosa de quién dice, suelto de cuerpo, algo así y aún es gobernador del Chaco, una de las provincias más azotadas por la pobreza y la indigencia.

Veamos. Chaco es una provincia que supera el millón de habitantes y casi la mitad es comprobadamente pobre. Según el Isepci (Instituto de Investigación Social, Económica, Política y Ciudadana), en el Chaco el 40,3% de la población es pobre porque sus ingresos familiares no superan los $5600 y el 17% es indigente al no superar ingresos mensuales los $2650. A eso deberíamos agregar la trágica situación de las comunidades aborígenes que son víctimas del maltrato, social y del desamparo estatal, que solo recurre en su ayuda cuando necesita “clientelizar” su voluntad política, un comportamiento corriente de parte del partido de gobierno que los chaqueños comprobamos cotidianamente.

Si en el Chaco se contabilizaran como desocupados, como debería ser, a los 86.000 adultos beneficiarios de Planes Sociales, sobre un total de 310.000 personas que cobran algún tipo de beneficio social y a los jóvenes entre 18 y 24 años que no buscan trabajo por desaliento y porque, esto duele decirlo, para ellos es más sencillo someterse a la extorsión política de un plan social, nos encontraríamos con que más de 100 mil chaqueños no tienen trabajo. Es que en la mal llamada “década ganada” en el Chaco el empleo público creció un 42%, casi 10 veces más que el empleo privado, del que casi no existen ofertas en el mercado. No está mal que el sector público emplee personal si necesita hacerlo, pero se convierte en una bomba de tiempo si el motivo es netamente político, como la construcción de una mayoría de votos a través del trabajo estatal, un abuso que hace que en muchos municipios sea absolutamente innecesario.

El clientelismo en el Chaco es moneda corriente, se gastan millones en camisetas de fútbol, shows mediáticos. La asistencia social no tiene otra lógica que no sea la prebenda política, siempre buscan algo a cambio, coaccionando al ciudadano. Señalamos esto con preocupación porque ninguna de estas medidas populistas va a sacar a los chaqueños de la pobreza. Podrá paliar su angustia, mejorar su situación momentáneamente, pero con este tipo de políticas los pobres nunca dejarán de serlo.

El problema de la vivienda en el Chaco es grave. Con el anunció del Plan PROCREAR, muchos chaqueños se llenaron de expectativas ante la posibilidad de poder acceder a su casa propia. La falta de viviendas es uno de los grandes problemas sociales que padecemos, situación agravada por toda la corrupción que existió y existe sobre el uso de los fondos de viviendas. En ese oscuro sitial podemos ubicar al tristemente afamado Programa Sueños Compartidos que llevó a la Justicia a los hermanos Schoklender, caso muy conocido en el Chaco, y donde aún existe un sinfín de denuncias cruzadas que salpican, entre otros actores, a muchos funcionarios que no terminan de aclarar su situación. Además constantemente nos anoticiamos de programas de viviendas inconclusos, con adjudicaciones cuestionadas por su discrecionalidad política o peor aún, viviendas que se entregan y son inhabitables. Fueron muchas las viviendas que se debieron construir en estos últimos años con fondos propios del Ministerio de Planificación y, sin embargo, gran parte de esas sumas millonarias fueron entregadas sin control y pasó lo que ya sabemos, la gente que confió y necesita su casa propia nunca pudo acceder a la misma.

En el Chaco falta agua potable. La tan anunciada obra pública conocida como El Segundo Acueducto para el Interior del Chaco, rebautizada por el gobernador Capitanich como Acueducto Néstor Kicrhner, está muy demorada. En el 2004 se anunció esta obra, unos 512 kilómetros de tubería que abastecería de agua potable a 350.000 chaqueños. Sin embargo, diez años después solo se han instalado 12 kilómetros de tubería en medio de escándalos por sobre precios y polémicas por las fuentes de financiamiento. Desde aquel anuncio se cambiaron todas las reglas. Mientras tanto, miles de chaqueños padecen la falta de agua potable sobre todo en las zonas del Impenetrable Chaqueño y el Departamento de Güemes, donde habitan las comunidades Tobas y Wichis. Allí se estima que más de 60.000 personas son víctimas de la falta de agua potable, lo que afecta su salud e imposibilita desarrollar una vida normal. La desertización de la zona agrava la situación.

Podríamos agregar también que el Chaco cuenta con una de los indicadores más altos del país en cuanto a la deserción escolar en el nivel medio. También hablar sobre los graves problemas de salud pública que atraviesa la provincia para que la sociedad observe que las declaraciones del jefe de Gabinete sobre la desaparición de la pobreza y la indigencia en el país tienen una provincia que lo desmiente a simple vista. Justamente ese distrito es el Chaco, que aún lo tiene como gobernador con uso de licencia.

¿Cómo es posible que tengamos tan baja desocupación y pobreza cuando paralelamente se invierten año tras año más fondos públicos en planes sociales? Observemos que, mientras el año pasado existían 58 planes sociales diferentes que tenían como beneficiarios a 16 millones de personas por los que el Estado invertía 74 mil millones de pesos, este año los planes pasaron a ser 60 con una cobertura de 18 millones de personas y con una inversión de 120 mil millones de pesos. Esto indica que el 40% de los argentinos reciben algún tipo de ayuda social.

Ningún país donde 4 de cada 10 habitantes recibe ayuda social del Estado puede, paralelamente, mostrar datos de pleno empleo y de pobreza casi inexistentes. Nunca nos opusimos a que el Estado asista a los sectores más rezagados; al contrario, desde el ARI fuimos impulsores de la Asignación a la Niñez hace más de 10 años, sí nos oponemos al uso político de la pobreza, a la que se oculta para mejorar los indicadores sociales pero se asiste de manera clientelar como indica la matriz populista de este gobierno que hace que su propio partido construya una dependencia política del ciudadano con el aparato estatal que ellos mismos administran.

Es que desde un comienzo nunca se pensaron los planes sociales como una ayuda para mejorar los ingresos de los sectores más vulnerables como hicieron en muchos países luego de una crisis donde se implementaban como una asistencia coyuntural para terminar siendo, con el correr del tiempo y al compás de una mejora, un complemento en los salarios de los nuevos trabajadores. Aquí no: decidieron que esta fuese la única fuente de ingreso de gran parte de la sociedad para que la subordinación con el partido del gobierno y sus representantes provinciales se extendiese a lo largo del tiempo atropellando los derechos republicanos que deben tener todos los ciudadanos.

En las provincias más pobres, como en el Chaco, podemos ver ese manejo arbitrario y esa coacción hacia las familias apartadas del mercado formal de trabajo y marginadas de la vida económica.

Pero hay un dato que explica aún más y mejor el modelo social inequitativo que propone el kirchnerismo, que es el del origen de los fondos con es financiada gran parte de los planes sociales. Notamos que es la ANSES una gran fuente de financiamiento al aportar 61 mil millones de pesos, poco más de la mitad de lo que invierte en total el Estado nacional; es decir que usan el dinero de los jubilados para financiar la mayor parte de la ayuda social, o sea que en lugar de gravar la especulación o la renta financiera para tener otras fuentes de recaudación y poder pagar así el 82% móvil, deciden usar el dinero de nuestros jubilados soslayando que 3 de cada 4 son categóricamente pobres, ya que sus ingresos no cubren la mitad del costo de la canasta básica de un jubilado, según lo indica la Defensoría de la Tercera Edad.

Así es el modelo populista, cuya inequidad se pone de relieve al financiar la ayuda social a los más pobres con dinero que les corresponde a otros tanto o más necesitados, como son la mayoría de nuestros jubilados. Les quitan a los pobres para financiar la asistencia a otros igualmente pobres; así la base de la pirámide es cada vez más ancha y la brecha con los sectores más acomodados es más amplia. La indignación es mayor aun al observar la opulencia que ostentan los nuevos ricos, muchos de ellos funcionarios y dirigentes oficialistas que, para colmo, se dicen progresistas.

Parece una broma de mal gusto.

Si eso fuera verdad estaríamos asistiendo a un crecimiento cuantitativo de 2,3 millones de alumnos, algo que seguramente se hubiese notado en la demanda de familias solicitando vacantes y la falta de docentes y escuelas. Hoy sabemos que nos mintieron. Datos oficiales, los pocos que se conocen, señalan que poco más del 50% de los adolescentes no terminan la escuela media en tiempo y forma. Mi provincia, el Chaco, tiene uno de los índices más altos de deserción escolar del país. Estos indicadores, reales y contundentes, no coinciden con los que ligera e irresponsablemente presentaron las publicidades. Esto es muy preocupante, no se cuida una política pública con aceptación social apelando a datos inexactos que distorsionarán a futuro una lectura correcta de su alcance y pueden poner en riesgo una legítima valoración del programa. La implementación de una política pública con real impacto social requiere de un Estado con capacidad de gestión, lo que implica no solamente buenas intenciones, discursos políticamente correctos, sino también capacidad de planificación estratégica para alcanzar sus objetivos y, más aún, capacidad de control sobre los procesos y los resultados. Sólo con mediciones precisas, basadas en indicadores transparentes podremos dar cuenta de los aciertos de la Asignación Universal por Hijo en materia de educación.

No debemos olvidar que el modelo argentino de escuela pública se ha caracterizado, a lo largo de su historia, como el más inclusivo en la región. En la actualidad, su principal problema es garantizar tanto la permanencia de los estudiantes en la escuela media como asegurar los aprendizajes que deben adquirir. Por este motivo, el Estado debe pensar estrategias de anticipación, en términos de organización pedagógica y de intervención institucional para una escuela que reciba a los jóvenes, los contenga, motive y sea capaz de enseñarles, considerando que vienen de situaciones sociales complejas.

No sería mala idea observar otras experiencias cercanas y exitosas, como el Programa Bolsa Familia (PBF) en Brasil, el programa público de transferencia de recursos más grande del mundo que lleva un recorrido de casi 10 años y que también requiere, como nuestra AUH, que los beneficiarios cumplan con la condición de escolarizar a sus hijos. Bolsa Familia constituyó un fuerte estímulo a las familias brasileñas para escolarizar a los niños y permitió a Brasil consolidar un crecimiento de su matrícula, que pasó de una tasa de escolarización en el nivel primario del 82%, a principios de los 90, al 98% en el 2008. Alcanzado este objetivo, el desafío para muchas escuelas era y es evitar el fracaso escolar de niños que no están preparados social y familiarmente para responder a las demandas de la escuela. Con este fin, los municipios brasileros comenzaron a realizar relevamientos locales mensuales que informan periódicamente la asistencia obligatoria a clases de los niños para mantenerse en el programa, que debe ser del 85% para los alumnos de primaria y del 75% para los de escuela media. Estos controles revelaron en 2007 que cerca de 1,5 millones de beneficiarios no cumplían con esta condición. Para atender esta población el Estado implementó un programa de “acompañamiento familiar” que obtuvo excelentes resultados logrando que más del 90% de esos niños vuelvan a la escuela. A su vez, el Estado desarrolló modelos de abordaje pedagógico para aquellas poblaciones con necesidades particulares que incluyen desde programas destinados a promover la identificación social de los niños y sus familias con la escuela, hasta políticas especiales que contemplan la identidad cultural de las poblaciones originarias. Con estas políticas educativas Brasil logra no sólo incorporar masivamente alumnos a su sistema educativo, sino también cumplir con la misión de que permanezcan en la escuela.

La experiencia brasileña nos sugiere pensar que un programa tan importante como la Asignación Universal por Hijo necesita no sólo distribuir recursos sino también contar con un Estado capaz de desarrollar políticas que permitan a la escuela cumplir con la difícil tarea de incluir, retener y enseñar. Porque con la mitad de nuestros jóvenes fuera o sin terminar la escuela media, no podemos ni empezar a hablar de un modelo de movilidad social.