El Gobierno anterior tuvo una actitud perversa frente a este reclamo al apelar cada fallo en contra y dilatar las soluciones sin tener en cuenta que quienes reclamaban son adultos mayores de 70 o 75 años, a quienes se obligó a esperar un tiempo prolongado, aunque atente contra sus expectativas de vida.

El cambio de gobierno trajo nuevas perspectivas para la política previsional. La primera gran noticia es que la administración del presidente Mauricio Macri no piensa utilizar la caja de la Anses como caja política útil a todo servicio, como hacía el kirchnerismo, que abusó de sus recursos al punto de que alineaba intendentes con promesas de obras y fondos que provenían de la caja de todos los jubilados.

Esa decisión marca una gran diferencia con el anterior Gobierno, la más importante tanto en términos de rendimiento de esos fondos como en su utilización. Celebramos que, a partir de ahora, será más transparente y dedicada al fin para que se recaudan: el bienestar de todo el sector pasivo.

Pero aún hay que darles una solución a todos los jubilados litigantes lo antes posible. Hace dos años nos prometieron terminar con el flagelo de las demandas por ajustes, pero nunca dejaron de apelar sentencias. Por eso, es una gran decisión del Gobierno actual que la Anses haya dispuesto no apelar más esas sentencias a favor de los jubilados, al evitar procesos judiciales que superan los diez años hasta su instancia final y avanzar así para encontrar una solución inmediata.

El tema es complejo, pero solucionable. Hay que recordar que las sentencias no se pagan con fondos de la Anses, sino con partidas presupuestarias especiales aprobadas por el Congreso. Este año se esperan liquidar cincuenta mil sentencias, un número interesante pero que apenas alcanza menos del 10% del total de las demandas, sin olvidar de que en el mismo Congreso existen proyectos para extender a todos los jubilados, con o sin demanda, los beneficios del fallo de la Corte (caso Badaro) y que además la misma Corte Suprema de Justicia tiene pendiente y sigue sin resolver esa extensión por un pedido que hizo la Defensoría del Pueblo en 2010.

Ante este escenario, sería muy importante buscar una solución alternativa y rápida que no debe exceder el año 2017, incorporando partidas especiales en el presupuesto del año entrante. En ese sentido, el Congreso debe trabajar con el Poder Ejecutivo sobre un proyecto realizable que contemple distintas soluciones de acuerdo con la edad del beneficiario.

Podríamos avanzar en la idea de pagar las deudas por reajustes con bonos a 5 y 10 años a todos los jubilados menores de 70 años, en efectivo y en cuotas a la franja entre 70 y 75 años y en un sólo pago en efectivo a los mayores de 75.

Estamos ante una situación límite, nuestros adultos mayores merecen que prestemos una atención considerable a sus demandas y dejemos de lado una política de dilatación que caracterizó al Gobierno anterior, que ni siquiera cumplió con el compromiso adoptado frente a la Organización de Estados Americanos de no hacerlo.

Los jubilados deben ser prioridad y sus necesidades deben ser atendidas de inmediato. Entre todos debemos encontrar una salida inmediata para poder actuar con celeridad con el fin de brindar una pronta solución que esperan desesperadamente decenas de miles de argentinos.

Reiteramos este pedido porque hace cinco años la Presidenta de la Nación vetó la ley, sancionada por el parlamento, que garantizaba ese derecho constitucional a todo el sector pasivo. Los argumentos que usó el gobierno nacional en ese momento intentaron demostrar de modo irresponsablemente exagerado y alarmante, que se trataba de “la ley que llevaría a la quiebra al sistema previsional de reparto”.

Hoy siguen con el mismo libreto pero las mentiras están quedando expuestas. Hace unos días la propia presidenta se mostraba alegre inaugurando la central nuclear de Atucha por cadena nacional obviando en su discurso que gran parte de los fondos para financiar semejante obra provenían de la ANSES, la caja “todo servicio”, según la consideración del oficialismo que echó mano a ella varias veces para financiar viviendas u obra pública a municipios afines al gobierno y también para sostener bonos que le permiten, cada tanto, tapar el déficit fiscal real. Solo hasta el año pasado el Fondo de Sustentabilidad de la ANSES debió oficiar como sostenedor de bonos Discount por un total de más de dos mil millones de dólares para cubrir problemas fiscales.

En ese sentido observamos también que durante el 2014 se fijaron $28.000 millones para préstamos al tesoro nacional que cambia “promesas de pago” por plata fresca de los jubilados. Pero en realidad nunca terminamos de saber bien qué van a hacer con los fondos de la ANSES, es imposible anticiparse porque no brindan información precisa. Un trabajo presentado por la AGN en el 2013 titulado El Control Público en la Argentina, realidades y perspectivas señalaba que la ANSES no brinda la información necesaria para que los organismos de control puedan realizar su trabajo y  que, fuera del financiamiento específico de gastos que corresponde a los fondos previsionales de acuerdo a la normativa vigente, la ANSES financió, solo en el 2013, casi 50.000 millones de pesos a otras áreas del gobierno, como la creciente y aparatosa publicidad oficial, quizás la peor utilización que se le pueda dar al dinero de los jubilados.

Cuesta entender por qué, para el gobierno, mejorar la vida de nuestros adultos mayores asignándoles una mejor remuneración con fondos específicos como son los de la ANSES, pone en peligro de quiebra a esta institución y usar los mismos para obras, publicidad e inversiones financieras, que nada tienen que ver con el sector previsional, no. Sobre todo  si tenemos en cuenta que hoy  la inflación real hace que sea necesario que el estado atienda la grave realidad de los haberes jubilatorios porque una remuneración media  se encuentra apenas rondando 40% del haber mínimo del sector activo y la jubilación mínima no alcanza ni quiera a cubrir el 50% de la canasta familiar.

Por todo esto creemos que para impedir que en el futuro nos lamentemos de ver vaciadas las arcas previsionales en políticas y proyectos ajenos al sector, lo mejor sería que el congreso nacional sancione nuevamente la ley del 82% móvil, que ese dinero sea ahora y para siempre para los jubilados y de esa manera asegurarnos que ni éste, ni futuros gobiernos, puedan verse tentados a tomar estos fondos que, en definitiva, se recaudan y existen para garantizarles a nuestros adultos mayores la mejor calidad de vida. Como no tenemos dudas de que la caja previsional corre un mayor peligro de quebrar en la medida que se utilicen sus fondos discrecionalmente y de modo arbitrario para cualquier destino, es que estamos convencidos que los jubilados deben cobrar hoy y siempre el 82% móvil.

Una parte de este estilo populista de reparto sin planificación, se financia con plata de los jubilados, ya sea directamente porque los fondos provienen de la ANSES o indirectamente cuando se recurre a esa caja para que sea sostenedora de Letras del Tesoro, con las cuales el gobierno financia parte de su déficit fiscal. Y no es poco dinero, solo la ANSES emitió en los últimos años ocho Letras del Tesoro por un total de $23.503 millones tomados del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y decimos “solo la ANSES” porque a ello habría que sumarle las letras emitidas por el PAMI, que de manera progresiva prestó dinero al estado desde el año 2007, primero en alrededor de $500 millones, suma que fue creciendo en $1000 millones en el 2008, para terminar sumando $2380 millones en los años sucesivos. Algo alarmante porque hay que tener en cuenta que esas cajas, el PAMI y la ANSES, se conforman tanto con aportes de trabajadores activos como de los mismos jubilados, por lo tanto tomar esos recursos para financiar bonos que permiten al estado cubrir su déficit producto de una pésima y desprolija administración es algo inmoral, propio de los gobiernos que creen que la justicia social se alcanza con un buen aparato de propaganda política y no con acciones concretas que promuevan equidad y mejoren la calidad de vida de la gente.

Cualquier ciudadano sabrá que no exagero si digo que todos tenemos experiencias directas o a través de parientes, vecinos o amigos que dan cuenta que la atención del PAMI a sus afiliados no es considerada de excelencia, al contrario, siempre faltan insumos, las prestaciones suelen ser tardías o las ambulancias no dan a basto para cubrir la demanda de emergencias, sobre todo en el interior del país. Evidentemente esta percepción no es la misma que tiene el gobierno nacional, ya que puede darse el lujo de financiarse quitándole recursos al ente encargado de prestar un servicio de salud al sector con menores ingresos del país. No olvidemos que 3 de cada 4 jubilados reciben haberes que no cubren el 50% de la canasta básica.

Así que la cuenta es sencilla, si le sacan dinero a la ANSES y al PAMI para prestarle al mismo estado que permite, por ejemplo, que Aerolíneas Argentinas, una empresa estatal administrada por funcionarios que se identifican con la Agrupación La Cámpora que en 6 años dio pérdidas por $18.100 millones, antes que utilizarlo para mejorar los haberes previsionales o el servicio y las prestaciones de salud, tenemos que acordar entonces que a este gobierno le interesa privilegiar el financiamiento de la militancia y el aparato político antes que mejorar el presente de nuestros adultos mayores.

Jubilados que le pagan el déficit fiscal al Estado: ésta es una definición que los pone en un lugar muy lejano al de un perfil verdaderamente “progresista”, ese mismo con el que gustan vanagloriarse.

¿Cómo es posible que tengamos tan baja desocupación y pobreza cuando paralelamente se invierten año tras año más fondos públicos en planes sociales? Observemos que, mientras el año pasado existían 58 planes sociales diferentes que tenían como beneficiarios a 16 millones de personas por los que el Estado invertía 74 mil millones de pesos, este año los planes pasaron a ser 60 con una cobertura de 18 millones de personas y con una inversión de 120 mil millones de pesos. Esto indica que el 40% de los argentinos reciben algún tipo de ayuda social.

Ningún país donde 4 de cada 10 habitantes recibe ayuda social del Estado puede, paralelamente, mostrar datos de pleno empleo y de pobreza casi inexistentes. Nunca nos opusimos a que el Estado asista a los sectores más rezagados; al contrario, desde el ARI fuimos impulsores de la Asignación a la Niñez hace más de 10 años, sí nos oponemos al uso político de la pobreza, a la que se oculta para mejorar los indicadores sociales pero se asiste de manera clientelar como indica la matriz populista de este gobierno que hace que su propio partido construya una dependencia política del ciudadano con el aparato estatal que ellos mismos administran.

Es que desde un comienzo nunca se pensaron los planes sociales como una ayuda para mejorar los ingresos de los sectores más vulnerables como hicieron en muchos países luego de una crisis donde se implementaban como una asistencia coyuntural para terminar siendo, con el correr del tiempo y al compás de una mejora, un complemento en los salarios de los nuevos trabajadores. Aquí no: decidieron que esta fuese la única fuente de ingreso de gran parte de la sociedad para que la subordinación con el partido del gobierno y sus representantes provinciales se extendiese a lo largo del tiempo atropellando los derechos republicanos que deben tener todos los ciudadanos.

En las provincias más pobres, como en el Chaco, podemos ver ese manejo arbitrario y esa coacción hacia las familias apartadas del mercado formal de trabajo y marginadas de la vida económica.

Pero hay un dato que explica aún más y mejor el modelo social inequitativo que propone el kirchnerismo, que es el del origen de los fondos con es financiada gran parte de los planes sociales. Notamos que es la ANSES una gran fuente de financiamiento al aportar 61 mil millones de pesos, poco más de la mitad de lo que invierte en total el Estado nacional; es decir que usan el dinero de los jubilados para financiar la mayor parte de la ayuda social, o sea que en lugar de gravar la especulación o la renta financiera para tener otras fuentes de recaudación y poder pagar así el 82% móvil, deciden usar el dinero de nuestros jubilados soslayando que 3 de cada 4 son categóricamente pobres, ya que sus ingresos no cubren la mitad del costo de la canasta básica de un jubilado, según lo indica la Defensoría de la Tercera Edad.

Así es el modelo populista, cuya inequidad se pone de relieve al financiar la ayuda social a los más pobres con dinero que les corresponde a otros tanto o más necesitados, como son la mayoría de nuestros jubilados. Les quitan a los pobres para financiar la asistencia a otros igualmente pobres; así la base de la pirámide es cada vez más ancha y la brecha con los sectores más acomodados es más amplia. La indignación es mayor aun al observar la opulencia que ostentan los nuevos ricos, muchos de ellos funcionarios y dirigentes oficialistas que, para colmo, se dicen progresistas.

Parece una broma de mal gusto.

Ahora bien, cuando observamos en detalle el movimiento de estos fondo,s lamentablemente llegamos a la conclusión de que la noticia, que puede ser buena en términos de impacto periodístico, no va a repercutir positivamente en los haberes jubilatorios. Pero lo más preocupante es que deja expuesto que su sustentabilidad futura está en peligro por varias decisiones políticas que el Gobierno adoptó sobre estos recursos.

Existe una razón principal: queda claro que está desbalanceada la relación aportantes-beneficiarios que, en un sistema solidario como el nuestro, debería ser de 4 a 1 para que su crecimiento sea sustentable en el futuro y que hoy no alcanza el de 1,4 a 1 -hasta fin del 2013 la relación era 8,1 millones de aportantes para 7,3 millones de beneficiarios-.

Pero también incide el uso indiscriminado de los recursos del FGS sin fijar un tope tanto para fines que no corresponden a su órbita como para inversiones financieras que hoy resultan muy riesgosas porque los mercados están menos confiables y alertas ante la situación judicial que beneficia a un sector de bonistas conocidos como “fondos buitre” que jaquean nuestras finanzas.

Además, y esto es una decisión política de este gobierno, porque cada vez que se echa mano a los recursos de la ANSES, se está postergando la consideración y el derecho de cada jubilado que debería ser el principal beneficiario de todos estos aportes recaudados.

La situación es cada vez más delicada porque, como bien lo señala la Defensoría de la Tercera Edad, de lo que recauda el sistema el 48% proviene de impuestos, principalmente del IVA, el impuesto más regresivo y que afecta a los más pobres. Todo esto en un marco donde la renta financiera no aporta, como tampoco lo hacen la renta minera y la de hidrocarburos.

Sabemos también que el último aumento de los topes y montos de las asignaciones familiares  no compensó la inflación; esto hace que cada día más trabajadores dejen de cobrar las asignaciones y de esta manera la Ansés puede transferir mayores recursos al Tesoro Nacional que servirán para tapar el déficit fiscal, algo parecido a lo que ocurre con el impuesto a las ganancias, porque la lógica del Gobierno es usar la inflación como medio para absorber recursos que se recaudan para un fin pero que finalmente se destinan a financiar el crecimiento del gasto público. De esta manera pueden anunciar que crece el FGS en todos los medios oficialistas y venderlo como si fuera una buena noticia, pero la realidad señala que el 80% de los jubilados cobra un ingreso por debajo de la canasta de necesidades básicas y esto ocurre no por falta de dinero, sino porque esos recursos se utilizan como caja política para alinear intendentes con obra pública, en propaganda oficial, para regular la cotización del dólar y también porque participan de la timba financiera y para tapar los desbarajustes fiscales de una política económica que hace agua ante la inflación y el déficit fiscal.

Se sigue gastando a cuenta sin siquiera prever la intangibilidad de una buena porción de estos fondos que alcancen para adoptar el camino correcto, que sería pagar el 82% móvil. Si así se hiciera evitaríamos que éste o cualquier otro gobierno pueda en el futuro tomar los fondos previsionales para otros usos que no sean, ante todo, garantizar el mayor bienestar posible a sus verdaderos beneficiarios que son nuestros jubilados y pensionados.

Cada día que pasa, una eternidad y un sufrimiento inmerecido para estos jubilados, nos convencemos de que el gobierno nacional realiza estas apelaciones para retrasar estos pagos y para así poder seguir manejando la caja de la ANSES como caja política. Porque desde que se estatizaron los fondos previsionales está más que claro que el gobierno nacional privilegia el manejo discrecional de la caja sobre los genuinos derechos de nuestros adultos mayores. Esto ya quedó demostrado cuando insensiblemente vetaron la ley, que legítimamente había sancionado el Congreso de la Nación que garantizaba el derecho constitucional de cobrar el 82% móvil a nuestros jubilados, nos dijeron que lo hacían para que no quiebre el estado, nos mintieron, ahora están manejando arbitrariamente esos fondos y vaciando la ANSES.

Es injusto desde todo punto de vista que se obligue a nuestros jubilados a judicializar sus demandas, haciéndoles perder un tiempo irrecuperable en una etapa complicada de la vida de una persona que trabajó por más de 30 años. Estas demandas, que siguen apilándose en fueros judiciales, pueden tardar hasta 23 años en solucionarse y el estado sigue apelando sentencias sin respetar el compromiso a no hacerlo adoptado años atrás ante la Organización de Estados Americanos. Necesitamos darle una salida inmediata a este atolladero. Lo ideal sería que inmediatamente se extienda la doctrina de la Corte Suprema de la Nación sobre la actualización de haberes a todos los jubilados para evitar más juicios. Además hay otros caminos, en ese sentido he presentado un proyecto de ley que permite, a los jubilados que obtuvieron un fallo favorable de la justicia, embargar ese dinero de los fondos de la ANSES que no estén afectados a sueldos como una manera de garantizarlos para que no sean usados para otros fines.

Estamos convencidos que si hay voluntad de dar un debate serio, los legisladores podemos encontrarle una solución a este problema. Para ello será necesario que exista la decisión política del oficialismo de dejar de usar los fondos de la ANSES para fines políticos y electoralistas. Si no comenzamos a buscar hoy una solución integral a las demandas judiciales por ajustes previsionales en los próximos años será demasiado tarde para ordenar esta situación que se convertirá en una de las grandes deudas que nos dejará esta década de gobierno kirchnerista que, para los jubilados, de “ganada” no ha tenido nada.