En los últimos años, lamentablemente, nos hemos acostumbrado a pensar que cuando una joven desaparece fue secuestrada por una red de trata de personas. Ya son centenares las denuncias hechas por familias que vieron cómo se esfumaron sus hijas, sin dejar huellas y tienen que soportar la revictimización policial que no toma estas denuncias, que sugiere que las jóvenes “se habrán ido con el novio” o que, seguramente, huyeron “enojadas con la mamá”. Cuando estamos frente a probables secuestros de redes de trata, el tiempo que se pierde por decisión policial es el que ganan los proxenetas para sacar a las jóvenes del país, bajo la mirada cómplice de las fuerzas de seguridad que, muchas veces, son encubridores, clientes y hasta partícipes activos.
Durante la última década, las redes de trata se expandieron de manera descomunal en Argentina, vinculadas al turismo, a la “ruta de la soja” y “la ruta del petróleo” –cuyos recorridos se convirtieron en los principales lugares de reclutamiento y destino de las mujeres secuestradas- y, fundamentalmente, porque estas redes actúan con la impunidad de contar con funcionarios políticos, jefes de las fuerzas represivas, empresarios y jueces entre los propios proxenetas o clientes “vip”.