Sistema financiero y producción nacional

El sistema financiero argentino fue radicalmente transformado por Martínez de Hoz y su reforma de 1977. A partir de allí, se dio un proceso de centralización, concentración y extranjerización del sistema, que se profundizó con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de 1992, entrando en crisis en el 2001 en conjunto con el colapso de la convertibilidad y de la economía argentina toda.

A mediados de la década del setenta, el sistema contaba con aproximadamente 730 entidades financieras; para mediados de los ochenta se habían reducido a 240. Gran parte de la esa disminución se debió al cierre y concentración en grandes entidades, propiciada por el ley (decreto) 21.526 de Entidades Financieras.

En los noventa se realiza la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Ésta respondía a las necesidades del momento: tener un Banco Central que sostenga el modelo de convertibilidad que se iniciaba en ese entonces. Al definir, desde una concepción totalmente monetarista, que la misión más importante es la de preservar el valor de la moneda, se pierde al Banco Central como una herramienta del Estado para poder hacer muchas más cosas, y mucho mas importantes, como por ejemplo trazar una política financiera y productiva para el país. Esta reforma fue muy importante porque es la Carta Orgánica la que reglamenta, en última instancia, a la Ley de Entidades Financieras.

Este panorama cambió totalmente cuando en abril de 2012 se reformó la Carta Orgánica. Entre los objetivos que se incorporaron se encuentran: “promover, en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Como podemos ver, un cambio total en lo que respecta a injerencia del Banco Central en las definiciones de la política macroeconómica.

Además de esta reforma, una serie de herramientas propiciaron el fortalecimiento del modelo productivo con inclusión social desde el sistema financiero. Por un lado, la creación de la Línea de Créditos para la Inversión Productiva, que obliga a los bancos de destinar el 5% de sus préstamos a la producción, de manera semestral. La mitad de esos fondos debe ser destinada a pequeñas y medianas empresas y, en 2012, la medida sumó un volumen total de $16.763 millones de pesos en créditos productivos. Según informa el propio Banco Central, dado el importante rol contracíclico y de promoción de la inversión de la Línea de Créditos para la Inversión Productiva, a fines de 2012 el BCRA decidió renovarlo, manteniendo las mismas condiciones generales anteriores. En junio de 2013, se renovó la Línea de Créditos para la Inversión Productiva para el resto del año, incorporando la exigencia de que el 20% de esos fondos sean destinados a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

Más allá de las críticas de la oposición, que lo catalogaron como que a los bancos se los obligaba a hacer “inversiones de riesgo” y que iban a perder rentabilidad, durante 2012 las entidades financieras tuvieron un gran rendimiento y lograron ganancias por $19.497 millones. Esto representó una mejora del 32% interanual, y permitió ubicar al sector como uno de los más beneficiados de la economía argentina.

En la última década, el sistema financiero se ha beneficiado del crecimiento económico con inclusión social que la actual gestión de gobierno impulsó. La elevación de los salarios, jubilaciones y pensiones, junto con la creación de empleo, se tradujeron en altos niveles de consumo que el Estado sostuvo incluso en períodos de crisis. Las entidades financieras cumplieron con la tarea de sacar provecho de la mencionada coyuntura, y adaptaron sus carteras de negocios a mantener altas tasas de rentabilidad por la explotación de créditos al consumo, dejando de lado el negocio de créditos a la ampliación de la capacidad productiva.

Es por ello que el Estado, mediante normativas orientadas a regular la actividad financiera o constituyéndose como competidor en el mercado de créditos, participa activamente para revertir la asimetría existente entre los ciudadanos y el sistema financiero; orientando la política económica y financiera para continuar creciendo con empleo e inclusión social. Esto explica el gran crecimiento del sector en la última década y nos muestra un nuevo paradigma para el sistema financiero: la orientación hacia la producción nacional y el trabajo.