El nuevo liderazgo que imprime el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en México avizoró, oportunamente, que es necesario abrirse a las inversiones extranjeras en el sector energético. Por ello su denominada “reforma energética”, que en líneas generales para el gran público latinoamericano debiera servir de modelo de gestión en lo que es una nueva concepción del negocio energético integral: implica modificar la Constitución, asegurar nuevos negocios energéticos con Estados Unidos (que es su mayor comprador de crudo), incursionar en nuevos procesos exploratorios en territorio mexicano y en aguas marítimas, iniciar nuevos procedimientos exploratorios shale-gas, aumentar producción de petróleo tanto para consumo interno (estabilizando precio de combustibles) como para “monetizar” el petróleo, vale decir, retomar con mayor tecnología y dinero derivados de petroquímica, reformar procesos de refinación, evitar importación de combustibles y superar el rezago económico-energético con un nuevo plan de infraestructura en donde la estatal PEMEX sea el gran key-player bajo el mando de un poderoso Ministerio (Secretaría) de Energía.
Ambicioso plan del Partido Revolucionario Institucional que está dando pasos certeros para estructurar un nuevo modelo societal basado en exitosos negocios energéticos. Adicional al cúmulo de iniciativas se incorporará una nueva Ley de Ingresos sobre los Hidrocarburos, que incluye el cambio de régimen fiscal de PEMEX, que adicionalmente permitirá superar la producción de petróleo (hoy cerca a 2,5 millones de barriles diario BPD versus el histórico de 3,4 millones en 2004).