Al comienzo del informe, Oxfam parte del principio ideológico según el cual la existencia de un cierto grado de desigualdad económica es fundamental para estimular el progreso, el crecimiento y los talentos de aquellas personas que han hecho esfuerzos necesarios para el desarrollo de sus propias habilidades y que tienen la ambición necesaria para innovar y asumir riesgos empresariales.

A pesar que esta idea individualista no tiene asideros en la realidad (excluye total e intencionadamente relaciones sociales entre los distintos actores, desconociendo el mayor económico y simbólico de unos sobre otros), la ONG detalla que la desigualdad económica extrema es perjudicial y preocupante por varios motivos: moralmente cuestionable, repercute negativamente en el crecimiento económico, agrava problemas sociales y políticos. Como resultado, se genera un debilitamiento y/o destrucción del sistema democrático, de la cohesión social y de la igualdad de oportunidades.

Para ello, ofrece datos de magnitud sobre la situación actual de la desigualdad y concentración económica alrededor del mundo: siete de cada diez personas viven en países donde la desigualdad económica ha aumentado desde la década de los ochenta; el 1% de las familias de todo el mundo centralizan el 46% de la riqueza (110 billones de dólares); a nivel mundial, las empresas y las personas más ricas esconden billones de dólares en una compleja red de paraísos fiscales repartidos por todo el mundo (se estima que hay 21 billones de dólares no registrados o en terceros países), entre otras cosas.

En el marco de lo explicado anteriormente, Oxfam propone una serie de “recomendaciones” a los líderes y a los gobiernos participantes del Foro Económico Mundial: la adopción de medidas firmes contra el secreto bancario y la evasión fiscal; las transferencias redistributivas y el fortalecimiento de los mecanismos de protección social; la inversión en el acceso universal a la atención sanitaria y la educación; la fiscalidad progresiva; el fortalecimiento de los umbrales salariales y de los derechos de los trabajadores; la eliminación de las barreras a la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres.

Después de leer lo desarrollado anteriormente, surgen los siguientes interrogantes: ¿Cómo ha sido la evolución de las desigualdades en nuestro país a lo largo de los últimos diez años desde la llegada al gobierno de Néstor Kirchner en el 2003? ¿Siguió la tendencia mundial de un fuerte proceso de concentración de la riqueza o fue a contracorriente, como lo hacen los salmones en los ríos?

Si uno observa las anteriores “sugerencias”, se podría deducir que el Gobierno Nacional las “cumplió”, poniendo en marcha un sin fin de políticas sociales y económicas (creación de cinco millones de puestos de trabajo, reducción del desempleo, aumento del salario real, fortalecimiento de instituciones laborales tales como convenios colectivos y el Salario Mínimo Vital y Móvil y la ampliación de la cobertura de los programas de protección social como la moratoria jubilatoria y la Asignación Universal por Hijos, además del reciente plan ProgreAR) en pos de lograr una mayor redistribución del ingreso a favor de los sectores sociales más desfavorecidos.

Para ver los logros, se utilizará algunos indicadores que muestran los avances durante la última década. El primero de ellos es el Coeficiente de Gini. Mide el grado de desigualdad del ingreso y se encuentra entre los valores 0 y 1 (valores cercano a cero implica mayor igualdad mientras que cerca de uno significa mayor desigualdad). Según los estándares internacionales, el índice en un país desarrollado debería estar cercano a 0,25, mientras que de 0,55 en adelante la situación es considerada de “alta asimetría”. Cabe subrayar que dicho indicador se construye a partir de la medición de los salarios y otras fuentes de ingreso de la población, sin considerar la variación de los precios, de modo que se descarta cualquier cuestionamiento sobre el Índice de Precios al Consumidor. El Coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar de la población tuvo un descenso del orden del 20% pasando de 0,534 a 0,429 entre el tercer trimestre de 2003 y del 2013 (último dato disponible).

El otro es la brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre, es decir cuántas veces se supera el ingreso de los más ricos con los de los más pobres. También se ve una dinámica de disminución realmente importante. Mientras que en el tercer trimestre de 2003 era de 13,4 %, en el tercer trimestre del 2013 fue 8 %, una caída de 40%. Como se puede observar, nuestro país ha tenido un recorrido totalmente contrario a lo sucedido a los principales países del mundo debido a la decisión política de lograr mejoras en el bienestar social mediante la distribución de la riqueza y del ingreso, a pesar de las presiones e intereses para que dicho fin no sea llevado a cabo.

Las principales metas de los distintos “Planes” son lograr una transformación de la estructura productiva hacia un entramado industrial que produzca mayor valor agregado, empleo de calidad e inclusión social, e impulsar un perfil de especialización productiva basado en sectores dinámicos.

En ello, el Estado tiene un papel primordial como organizador y guía de procesos de mayor sofisticación en la producción, creando y fortaleciendo eslabonamientos productivos, cadenas de valor e inversiones públicas y privadas entre la inversión del sector público (ISP), que ha tenido una evolución positiva en la última década. Su participación, con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), creció más del 253% entre 2003-2011, pasando del 1,3% al 4,5%. En tanto, la ISP sobre el total de la inversión en la economía del país (IBIF, Inversión Bruta Interna Fija) siguió el mismo sendero comentado anteriormente: pasó del 8,5% al 20% entre 2003-2011. Un dato interesante para agregar: el 2011 fue el año en que la relación IBIF/PIB fue más alta (24,5%), mientras que el año pasado fue menor al 23%, a pesar del bajo crecimiento económico.

Para sustentar lo descripto, se puso en marcha el “Plan Nacional de Inversión Pública 2013-2015”. El PNIP esta compuesto por los siguientes ítems: Inversión Real Directa de la Administración Nacional (IRD), Transferencia de Capital de la Nación a Provincias y Municipios (TC), Transferencias de Fondos Fiduciarios Nacionales a Provincias y Municipios e Inversión de Empresas Públicas, otros entes y servicios concesionados.

El PNIP, además, engloba una inversión presupuestaria con recursos del Estado Nacional de casi $70.000 millones para 2013 (10,7% superior al 2012) en el cual el 29% corresponde a la Inversión Real Directa mientras y 71% a las Transferencias de Capital. Un punto a destacar es que la fuente de financiamiento fue de origen interno (cerca del 90%). Asimismo, cerca del 70% de dicha inversión se dirige básicamente a los Servicios Económicos (Transporte) y Sociales (Educación y Cultura, Ciencia y Técnica, Salud, entre otros).

Por un lado, si analizamos detalladamente la Inversión Real Directa, podemos observar que, de los más de $ 20 mil millones que corresponde su inversión, los Organismos con mayor asignación son la Dirección Nacional de Vialidad (49%) seguida por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), bajo dependencia del Ministerio de Trabajo, debido al equipamiento para el programa Conectar Igualdad (7%), los programas ejecutados por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública, específicamente Obras de Arquitectura, Plan Argentina Conectada y Recursos Hídricos (7%). La lista en importancia continúa con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, con el desarrollo de Misiones Satelitales (3%), Comisión de Energía Atómica (3%), entre otros.

Por otro lado, las Transferencia para Gastos de Capital, previstas para este año en algo más de $49.000 millones, en la cual la mayor parte corresponde a Obligaciones del Tesoro y al Ministerio de Planificación, concentrando el 89% de la misma. Las transferencias emitidas por Obligación a cargo del Tesoro Nacional incluyen mayormente las destinadas al Fondo Federal Solidario (20% del total) y a empresas públicas (ENARSA, NASA, AySA, entre otras). Por el lado de las partidas giradas a Planificación, los destinos son las mejoras de la infraestructura habitacional, energía eléctrica, de infraestructura hídrica, vial y comunicaciones.

Por último, por el lado de la Inversión de Empresas Públicas y Otros entes, para el trienio 2013-2015 se estima que se destinará cerca de $16.400 millones para la financiación de varios proyectos de gran envergadura para el desarrollo nacional: la continuación de las obras para Atucha II e inicio de nueva central nuclear (Nucleoeléctrica), mejoramiento de vías en FFCC Belgrano Cargas para el tramo AviaTerai – Las Breñas y obras de mejora de infraestructura y material rodante para el FFCC Belgrano Sur, entre tantas otras. Además, la Administración General de Puertos tiene entre sus proyectos destacados la construcción de los nuevos accesos ferroviarios al puerto de Buenos Aires.

En síntesis, estamos hablando de todas obras fundamentales para el desarrollo nacional. La prensa dominante invisibiliza cada uno de estos proyectos, en parte por el sesgo que supone tratar solo lo que pasa en Capital Federal y conurbano- como si todos estos proyectos no tuvieran efecto real sobre el resto de los argentinos que no viven en las grandes ciudades pero que, gracias a un gasoducto o tendido cloacal, quizás puedan disponer de los mismos servicios públicos que desde estos lugares damos por obvios: agua potable y gas. Para las corporaciones mediáticas, claramente, es más importante la denuncia sin fundamento o la imposición de una agenda sensible a sus intereses, que el tratamiento de temas que hacen a la esencia del desarrollo del país. Es tiempo que en la Argentina, pues, el denostado “gasto público” sea valorado en términos de lo que aporta al país y su incidencia incide en la vida de todos los habitantes de la patria, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego.