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La hora terrible de los hombres fuertes

Las calles de América Latina se han llenado de personas que protestan airadamente contra sus gobiernos. Las protestas son contra gobiernos de izquierda (Venezuela -el peor de todos-, Brasil, Ecuador, Bolivia, Chile, Nicaragua y Argentina); contra los de centro (Perú y México); y contra los de derecha (Guatemala y Honduras). Seguramente se sumarán otros en el camino.

Quienes recorren las calles en América Latina se quejan, esencialmente, por uno, varios o todos de los siguientes doce motivos: la corrupción, la ineficiencia, la inseguridad frente a los delitos violentos, la impunidad de los criminales, la subordinación de los otros poderes republicanos el legislativo y el judicial- a la voluntad del ejecutivo, el descarado cambio de las reglas para mantenerse en el poder indefinidamente, la violación de los derechos humanos, las trampas electorales, el control sobre los medios de comunicación, el desabastecimiento, el atropello de los derechos previamente concedidos a gremios o pueblos primigenios y los irresponsables maltratos al delicado ecosistema.

El fenómeno es gravísimo. La percepción general es que en la región se gobierna terriblemente mal, lo que en parte explica el secular atraso relativo. Se ha roto el contrato social entre gobernantes y gobernados, y estos últimos les niegan su consentimiento a los primeros. Tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe.

En la concepción republicana, todos somos iguales, estamos obligados a cumplir las leyes, no podemos hacer constituciones o dictar leyes a gusto de una camarilla abusadora, las elecciones son para organizar los mecanismos colectivos de toma de decisión y no para legitimar a unos mandamases corruptos.

Asimismo, se supone que los políticos y funcionarios obtengan sus cargos y asciendan y se mantengan en ellos por sus méritos y no por sus relaciones. Se trata de servidores públicos que llegan al gobierno para cumplir con el mandato que le ordena la sociedad que los ha elegido. No los han seleccionado para mandar, sino para obedecer. Esa, al menos, es la teoría.

Y la teoría no está equivocada. Los latinoamericanos la hemos violentado hasta hacerla fracasar.

La han violentado los malos empresarios, quienes, en contubernio con los gobernantes, se reparten las rentas y les cierran el camino a los actores económicos carentes de padrinos o incapaces de incurrir en sobornos.

Se han burlado de ella los gremios y sindicalistas que negocian privilegios con el poder a sabiendas de que les hacen casi imposible a los jóvenes entrar en el mercado laboral.

Le han hecho mucho daño ciertos religiosos de todos los rangos, ciertos periodistas palabreros y ciertos profesores radicales que condenan la búsqueda del triunfo personal, como si lograr el éxito económico en la vida –logro viene de lucro—fuera delito y pecado.

Por supuesto que el diseño republicano funciona y es correcto. Lo vemos en la veintena de países más prósperos y libres del planeta. Unos son repúblicas y otros monarquías parlamentarias, pero todos aceptan las normas esenciales del Estado de Derecho parido por la Ilustración y perfeccionado por las revoluciones liberales.

Entre esas naciones exitosas, unos gobiernos son liberales que renunciaron al anticlericalismo de los primeros tiempos, mientras otros son socialdemócratas que se despojaron de las supersticiones del marxismo, democristianos carentes de fanatismo religioso y conservadores que abandonaron el regusto por la mano dura y el culto desmedido por el orden.

A veces integran coaliciones, a veces se adversan en el terreno político, pero siempre se suceden democráticamente en el ejercicio del poder. Forman parte de una misma familia política presidida por la tolerancia, surgida de las revoluciones americana y francesa, aunque dividida por un factor importante, pero no vital ni irreconciliable: la intensidad y destino de la carga fiscal, lo que determina el tamaño y las responsabilidades que cada grupo le atribuye al Estado.

No incluyo en ese linaje a comunistas, fascistas y autoritarios de todo pelaje –militaristas, ultranacionalistas, fanáticos religiosos—porque no creen en la virtud de convivir con el que es diferente y respetarlo, ni en el pluralismo inherente a toda sociedad, ni en la alternancia democrática en el gobierno, como demuestra el infinito rastro de cadáveres que han dejado en sus esfuerzos por conservar el poder.

Es conveniente que los latinoamericanos aprendamos de una vez una lección bastante obvia: la estructura republicana es muy frágil y sólo se sostiene a largo plazo si las sociedades son capaces de segregar gobiernos que acepten y cumplan las reglas que le dan sentido y forma a esa manera de organizar la convivencia. O gobiernan bien o todo se va a bolina.

Cuando gobiernan mal, sobreviene primero la generalizada sensación de fracaso, y luego los caudillos, los militares de ordeno y mando, los revolucionarios iluminados, y se enseñorean sobre nuestros pueblos agravando todos los males que juraban arreglar. Ésa es la hora terrible de los hombres fuertes.

El secreto de los Estados totalitarios

¿Cuál es la pieza clave en la construcción de la jaula totalitaria? Sencillo: la eliminación real de la separación de poderes, aunque se mantenga la fantasía formal de que continúa existiendo.

Lo explico.

Max Weber describió el fenómeno y acuñó la frase “monopolio de la violencia”. Lo hizo en La política como vocación. Era la facultad que tenían los Estados para castigar. Sólo a ellos les correspondía la responsabilidad de multar, encarcelar, maltratar y hasta matar a quienes violaban las reglas.

Podían, eso sí, delegar esa facultad, pero sin renunciar a ella. Permitir mafias y bandas paramilitares que actúan al margen de la ley descalificaba totalmente al Estado. Era una disfuncionalidad que lo convertía en una entidad totalmente fallida, en la medida en que abdicaba de una de sus responsabilidades esenciales.

No obstante, el Estado, si se acomodaba al diseño republicano, incluso si se trataba de una monarquía constitucional, no podía recurrir a los castigos sin que lo decidiera una corte independiente. Este tribunal, a su vez, debía interpretar una ley previa, y sancionar de acuerdo con un código penal igualmente aprobado por un parlamento independiente.

El Barón de Montesquieu, lector de John Locke, lo había propuesto en 1748 en el Espíritu de las leyes: el Estado debía fragmentar la autoridad en tres poderes independientes y de rango similar para evitar la tiranía. Las monarquías absolutistas reunían en el soberano esas tres facultades y eso, precisamente, las hacía repugnantemente autoritarias.

Si quien castigaba se arrogaba las facultades de hacer las reglas y de aplicarlas, la sociedad, carente de protección, se convertía en rehén de sus caprichos. Los gobernantes podían hacer de ella y con ella lo que les daba la gana.

Ese elemento –la separación de poderes— era la médula de las repúblicas creadas los siglos XVIII y XIX tras las revoluciones norteamericana, francesa y, por supuesto, latinoamericanas. De alguna manera, era la garantía de la libertad.

Este preámbulo viene a cuento del bochornoso espectáculo de la Venezuela de Nicolás Maduro, donde los paramilitares en sus motos, amparados por la complicidad del gobierno, asesinan impunemente a los manifestantes que ejercen su derecho constitucional a manifestarse pacíficamente.

Viene a cuento de un parlamento convertido en un coso taurino en el que se lidia a la oposición, se le clavan banderillas, se golpea a los diputados que protestan, o los expulsan arbitrariamente, como hicieron con María Corina Machado, y se dictan medidas ajustadas a las necesidades represivas de la oligarquía socialista que gobierna.

Si Maduro necesita eliminar las manifestaciones de los estudiantes o encerrar a los alcaldes que protestan, o a los líderes a los que teme, como a Leopoldo López, solicita las normas, hechas a la medida por tribunales o por parlamentarios obsecuentes, y da la orden a los cuerpos represivos para que actúen.

Viene a cuento de unos tribunales que sentencian con arreglo a la voluntad del Poder Ejecutivo, porque la ley ha dejado de ser una norma neutral para convertirse en un instrumento al servicio de la camarilla gobernante, empeñada en arrastrar por la fuerza a los venezolanos hacia “el mar de la felicidad” cubano.

Un país, Cuba, donde, como en cualquier dictadura totalitaria, sencillamente no creen en las virtudes de la separación de poderes y repiten, con Marx y con Lenin, que ésa es una zarandaja de las sociedades capitalistas para mantener los privilegios de la clase dominante.

Esta falsificación de las ideas republicanas –las de Bolívar y Martí, las de Juárez— van gestando una nueva facultad propia de este tipo de Estado: desarrollan el monopolio de la intimidación. Gobiernan mediante el miedo. Ese es el elemento que uniforma a la sociedad y la convierte en un coro amaestrado.

Como quienes mandan hacen las leyes y juzgan e imponen los castigos, acaban por generar un terror insuperable entre los ciudadanos e inducen en ellos una actitud de sumisa obediencia que suelen transmitirles a los hijos “para que no se metan en problemas”.

La víctima termina por colaborador con su verdugo. Ése exactamente es el objetivo. Una vez que las tuercas han sido convenientemente apretadas y la jaula perfeccionada, el común de la gente, con la excepción de un puñado de rebeldes, aplaude y baja la cabeza.

En ese punto ya no existen vestigios de la separación de poderes.