El vicejefe de gabinete Mario Quintana reconoció el viernes pasado frente a varios periodistas que habrá modificaciones estructurales en el FGS para vender esas acciones. En tanto, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, declaró a la prensa: “Para pagar a los jubilados no hace falta vender esas acciones”. Por otro lado, el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, manifestó: “Esa opción forma parte de las fuentes de financiamiento que se plantearon para pagar la deuda con los jubilados. Las otras fuentes son el producido por la exteriorización de capitales, los títulos públicos y los plazos fijos que están dentro del FGS, que cuenta hoy con unos 770 mil millones de pesos”. Llama la atención que haya tres versiones distintas de funcionarios que participaron en la redacción del proyecto de ley.

La intención del Gobierno de Mauricio Macri de utilizar parte de los fondos —plazos fijos, títulos públicos y acciones privadas— del FGS de la Anses para pagar a los jubilados puede tener un fuerte rechazo de la oposición en el Congreso. En particular porque se quiere derogar la ley 27181 de 2015, promulgada en octubre del 2015, que prohíbe la venta de las participaciones accionarias de la Anses en empresas sin la autorización previa del Congreso mediante una mayoría calificada de dos tercios de cada una de las Cámaras.

En caso de una venta total de las acciones en poder de la Anses —cotizadas a unos 92 mil millones de pesos a valor de mercado—, el Gobierno debería reconocer que será una privatización de estas. Podría ser la primera del Gobierno de Mauricio Macri y la primera acción de desfinanciamiento del sistema previsional. La venta total o parcial de esas acciones debería hacerse en bloques en el mercado local como si fuera una licitación de títulos públicos. La Anses no debería comprar acciones transitoriamente, como algunos funcionarios pretenden. En particular porque esas operaciones podrían realizarse discriminadamente por un funcionario del Gobierno, que decidiría a quién vender y a quién comprar. La Anses sí tiene permitido vender y comprar títulos del Estado nacional, como lo ha venido haciendo desde la creación del FGS, en octubre del 2008.

Los activos del FGS, a fin de diciembre, revelan que un 60% eran títulos públicos y las acciones, un 15%; el resto son plazos fijos. En caso de que la Anses vendiese los bonos, habría una caída del valor de los títulos. Pero si vende las acciones, perdería su participación en los directorios de algunas de las principales empresas cotizantes. Lo importante es que la Anses informe sobre el estado actual de los activos que posee el FGS. Los legisladores del Frente para la Victoria acusan al Gobierno de Mauricio Macri de haber montado una especie de cepo informativo sobre la situación del FGS, que sostiene todo el sistema previsional argentino.

El último informe de la evolución de los activos del FGS publicado en la web de la ANSES es el sexto bimestre del 2015. En él se da a conocer que, a diciembre de 2015, el valor de la cartera del FGS fue de 664.029 millones de pesos, una tasa de rendimiento neto interanual del cuarenta por ciento. Lo curioso es que desde ese informe hasta el presente el Gobierno no presentó ningún informe bimestral sobre la evolución del FGS. Sólo nombró al ex Goldman Sachs, Luis María Blaquier, como el gerente del FGS, pero no nombró a los funcionarios que componen el directorio, entre los cuales había empresarios, sindicalistas y jubilados. Tampoco se formó la Comisión Bicameral de Seguimiento del FGS. En ella debe haber seis senadores y seis diputados. Por el momento, el Gobierno no informó sobre la situación del FGS luego de la devaluación de diciembre pasado y a más de cinco meses de gestión. Ese último informe está firmado por la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y el ex director ejecutivo de Anses Diego Bossio. La gran pregunta es por qué el Gobierno todavía no actualizó sus valores, que deben ser públicos y transparentes. La venta de las acciones es una de las grandes dudas que encierra el proyecto de reparación histórica para los jubilados.

Las principales ventajas de estas tres variantes es que no se necesitará demostrar un nivel de ingresos tan alto como ocurría con el anterior sistema. La cuota mensual, que no puede superar más del 30 por ciento de los ingresos demostrados, será más baja. La desventaja es que los montos que financiarán los bancos sólo alcanzan para comprar un departamento de unos 60 metros cuadrados en Capital Federal. Ese monto estará entre  1.500.000 y 2.500.000 de pesos.

El primer sistema, indexado por la Unidad de Vivienda (UVI) que lanzó el Banco Central, es ofrecido por bancos locales -Macro, Galicia, Hipotecario y Ciudad-, mientras que los extranjeros no se sumaron todavía y lo harían en los próximos meses. El plazo más largo es de 20 años y la tasa de interés es del 5,5 por ciento nominal anual más la inflación medida por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) con la que se actualiza la UVI.

El segundo esquema es el del proyecto de ley del senador Julio Cobos, denominado Casa de Ahorro, que ya tiene media sanción en el Senado. En este caso la UVI para ajustar las cuotas mensuales de esos créditos estará determinada por el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en lugar del CER, un indicador que mide el Banco Central y que es similar a la evolución de los índices de precios minoristas que el Indec comenzará a publicar el próximo 18 de junio. Tanto en la cuota como en los ingresos familiares que se necesitan para acceder a un crédito la reducción es de casi un 150 por ciento con respecto al viejo sistema que todavía esta vigente. Muchos bancos ofrecen todavía los hipotecarios utilizando la “Línea de Créditos Productivos” a una tasa subsidiada del 19 por ciento anual, pero la mayor parte no llega a cumplir los requisitos solicitados.

El problema que plantean los sistemas de Sturzenegger y de Cobos es la diferencia de tomar un crédito hipotecario a través de una UVI actualizada con la inflación minorista (CER) o con la de la construcción (ICC). Entre enero y abril, el primero muestra una suba del 13 por ciento y el segundo un aumento cercano al 15 por ciento. En abril el ICC aumentó un 9,1 por ciento, por lo tanto la cuota se encarecería en esa magnitud para quien hubiese tomado un crédito en mayo pasado. Una persona que tome un crédito hipotecario en mayo deberá pagar a partir de junio la indexación de abril de la UVI. Tendría una suba de un 6,5 por ciento de su crédito al estar atado a la inflación. Este tipo de efecto impactaría en la capacidad de pago de quienes tomaron esos créditos para la vivienda. Además, si la tasa de inflación no se reduce a  partir del segundo semestre del año, el total del valor actual de ese crédito podría incrementarse fuertemente. La novedad es que el proyecto presentado por el senador Cobos establece el reemplazo del artículo 2.189 del nuevo Código Civil y Comercial que en algunos casos impide constituir una hipoteca como garantía de un préstamo de largo plazo.

El tercer sistema, al parecer el más seductor, es el que proyecta lanzar en junio próximo el Banco Nación con “Nación Tu Casa”, la gran apuesta de su presidente Carlos Melconián. El plazo es a 20 años. La tasa de interés fija 14 por ciento anual en los primeros tres años y un esquema de actualización de las cuotas con el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) para los restantes 17 años. Esta operatoria busca que el aumento de la cuota de cada año no exceda el incremento de salarios que es determinado a partir del Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Este se calculará cada mes de agosto, luego de concluidas las negociaciones paritarias. Las cuotas se mantendrán fijas por un año, cuando serán recalculadas, siempre con el tope en el aumento salarial del año anterior. En la medida que se reduzca la inflación, este tipo de sistemas de crédito hipotecario parecen más atractivos que el que se aplicó en los últimos años. El fantasma: si aumenta el desempleo, habrá menos gente dispuesta a tomar un crédito de esas características.

El compromiso: no despedir trabajadores en los próximos 90 días y tomar empleados en caso de que haya reactivación económica. El objetivo: dinamitar la ley antidespidos. Con este acuerdo el Gobierno trata de bajar el costo político de un potencial veto que interpondría Mauricio Macri de la ley antidespidos que la oposición busca sancionar en Diputados. El trío —Quintana, Lopetegui y Cabrera— consideraba, hasta antes de anunciarse el acuerdo, que era una estupidez que los empresarios no se hubieran involucrado en la discusión legislativa y además les reclamaban en las reuniones un compromismo, por escrito y que dieran la cara. Al final, los convencieron.

El Gobierno logra, por ahora, una especie de paraguas protector empresarial que denota una gran contradicción. El Estado tiene piedra libre para despedir. Ha cesanteado a unos 15 mil trabajadores y tiene en carpeta a otros 45 mil más hasta fin de año, pero les solicita a los empresarios que no despidan trabajadores. La primera señal la dio el presidente del banco HSBC, Gabriel Martino, quien ha manifestado: “En lo que va del año contratamos a casi doscientas personas y tenemos más de sesenta búsquedas activas en este momento para distintos roles, que serán nuevas incorporaciones”.

La semana pasada, con el anuncio de una leve baja de las tasas de interés del BCRA, anticipada en esta columna, Mauricio Macri comenzó a manejar directamente las decisiones de política económica. El presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, fue el primero en entenderlo. Luego le siguió la presidente de Aerolíneas Argentinas, Isela Costantini. Le informaron que los subsidios para la empresa se reducirían de unos 430 a  unos 230 millones de pesos para este año, por lo tanto deberá hacer un fuerte ajuste en la compañía. “Ahora tengo que cuidarme de lo que digo, porque la política es distinta del mundo de los negocios. De hecho, no es el ambiente en el que quiero seguir haciendo mi carrera, no tengo ambiciones políticas”, reconoció luego de que le informaran la reducción de los subsidios, después de prometerle que no habría una baja en enero pasado. Lo sugestivo es que no fue el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, de quien ella depende, el encargado de transmitir el mensaje.

La orden vino desde el vicejefe de gabinete, Mario Quintana, quien, junto a otro vicejefe, Gabriel Lopetegui, está analizando una restructuración del gasto público que involucrará a la mayor parte de las secretarías y subsecretarías del Gobierno nacional. Esta semana se conocerá un aumento en los gastos del Ministerio de Seguridad en unos 1.400 millones de pesos. En medio de la tensión existente con el justicialismo, el Frente Renovador, el peronismo y el sindicalismo por la ley antidespidos que debate el Congreso.

La falta de coordinación de los últimos anuncios y las medidas de política económica de los primeros meses del año han llevado al presidente Mauricio Macri a cambiar de rumbo la semana pasada y el acuerdo firmado va en esa dirección. El Presidente ha decidido terminar con los problemas que han sucedido en el gabinete económico, como el debate sobre los desacertados anuncios de aumentos de tarifas, las distintas formas de bajar la inflación, de la que han opinado la mayoría de los ministros que conformaban ese gabinte económico, como Alfonso Prat-Gay, Rogelio Frigerio, Juan José Aranguren y Guillermo Dietrich. Ahora, Quintana, Lopetegui y Cabrera son quienes tienen más protagonismo. Ellos son los ejecutores de las decisiones presidenciales que traslada el jefe de gabinete, Marcos Peña, desde la semana pasada, como el reciente acuerdo firmado con los empresarios.

La primera orden de esa mesa chica se comenzará a observar esta semana. Una baja de las tasas de las letras del Banco Central (lebac), que en la actualidad llegan al 38% anual, para que se reduzcan luego el resto de las tasas para préstamos y depósitos. La segunda es ampliar las medidas de ayuda social y evitar que las empresas despidan trabajadores para lograr posteriormente la reactivación económica.

Por estos motivos, el presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, dio a conocer el programa monetario y el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, el programa financiero para el 2016. En ambas presentaciones se observa una gran coincidencia. Las dos proyectan para el final del año que la tasa de inflación se reduzca a un 25% anual, que la tasa para un bono a diez años baje a cerca del 5% anual y que la economía se reactive a partir del segundo semestre el año. No existen por el momento diferencias entre lo que plantean Prat-Gay y Sturzenegger, a pesar de lo que algunos editorialistas poco informados hacen trascender. En ningún momento de su presentación de la semana pasada Federico Sturzenegger puso en duda la meta de inflación de entre el 20% y el 25% que proyecta Prat-Gay. “No es imposible llegar a fin de año a una inflación del 25%”, afirmó el presidente del BCRA el jueves pasado en su presentación a la prensa. Las proyecciones de la mayor parte de las consultoras están entre un 30 y un 35 por ciento.

Los programas, monetario y financiero, presentados la semana pasada muestran consistencia con la proyección de las distintas variables macro y microeconómicas. En ambos se observa la búsqueda de una baja de interés, tanto en las colocaciones de bonos y letras a nivel local como internacional. Esto, en el fondo, significará un aumento de la tasa de inversión interna y de la inversión externa. La inversión es una función inversa de la tasa de interés. Por lo tanto, si la tasa baja, la inversión aumenta. Como consecuencia de una mayor inversión habrá una reducción de la tasa de inflación. Lo que no aseguran ninguno de los dos programas es que a partir del segundo semestre la tasa de inflación se reduzca al 1% mensual, como afirma el Gobierno. Una tranquilidad para el futuro es que Sturzenegger y Prat-Gay buscan lo mismo: que la reactivación económica empiece en el segundo semestre de este año. Otro de los aspectos a favor es la coordinación económica que hay entre el Ministerio de Hacienda y el BCRA, que está a cargo del viceministro Pedro Lacoste, quien fue el segundo de Prat-Gay en el BCRA entre el 2002 y el 2004.

Hay dos hombres del Gobierno: el ministro de Producción, Francisco Cabrera y el secretario de Industria, Martín Etchegoyen, que están en contacto permanente con el BCRA, el Ministerio de Hacienda y las entidades empresarias, como la Unión Industrial Argentina (UIA) y Asociación Empresaria Argentina (AEA), para analizar la evolución del nivel de actividad y del empleo. Desde ambas entidades ven con desagrado la aprobación de una ley antidespidos, pero solicitan que el Gobierno acelere las medidas de ayuda social y la baja de la inflación para reactivar la economía. Hay otro hombre del Gobierno: el secretario de Finanzas, Luis Caputo, que habla con los banqueros.

A esto se suma la próxima llegada de un empresario —Cristiano Rattazzi— y un banquero —Gabriel Martino— al nuevo directorio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, cuyas autoridades reelegirán en los próximos días a Adelmo Gabi en la presidencia. Gabi es un hombre de contacto permanente con Nicolás Caputo, el dueño de empresas como Caputo, Mirgor, entre otras. Él logró el nombramiento del amigo de toda la vida de Macri como vicepresidente del Mercado de Valores (Merval), una de las patas del sistema bursátil argentino, cuyo presidente es Ernesto Allaria.

En los tiempos del kirchnerismo se decía que la mesa chica estaba conformada por Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y la mesa en la que se sentaban. Ahora la mesa es más amplia y es la que marca el ritmo de la política económica al presionar a Prat-Gay y a Sturzenegger para que apuren las medidas para bajar la inflación, las tasas de interés y reactivar así la economía.

La puesta en marcha de una agencia para captar inversiones es crucial para que se consoliden los planes de inversión extranjera. Pese a anunciar su lanzamiento en tres ocasiones, todavía no se publicó un decreto del Poder Ejecutivo para crearla. El 23 de marzo pasado, en el AmCham Argentina Sumit 2016, Cabrera declaró que se crearía la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional (AICI).

Malcorra y Cabrera están de acuerdo en compartir el manejo de ese organismo, pero hay un gran problema que señalan varios empresarios, en particular algunos que forman parte del Directorio de la Fundación Exportar, un ente mixto constituido por el sector público y el sector privado. Esta sólo se dedica a fomentar las exportaciones, pero no las inversiones, que es lo que debería hacer la agencia. El Gobierno pretende transformar esa fundación en una agencia, pero sus socios privados no están de acuerdo. En diciembre pasado, el economista Marcelo Elizondo estaba a cargo de armar la agencia, pero se retiró del proyecto por las pujas internas que había. El problema que marcó Elizondo fue que no se podría montar la agencia sobre la estructura de la Fundación Exportar.

Curiosamente, cuando entramos al sitio de esa fundación, hay un logo de Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, que todavía no ha sido creada por ningún decreto del Poder Ejecutivo. Además, figura como una página conjunta del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Producción y están las fotos de Malcorra y Cabrera. Se informa sobre la creación de la agencia, lo que nunca ocurrió. Entre las autoridades de la agencia figuran las de la Fundación Exportar, todo muy desprolijo. En la actualidad, el presidente ejecutivo de la Fundación Exportar es el economista Juan Procaccini, que trabajó en el Fondo Pegasus, que creó el vicejefe de Gabinete Mario Quintana. Como presidente figura el ex titular de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez.

La confusión dentro del Gobierno, para manejar las inversiones, es el factor común del problema. El ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile, armó una Secretaría de Mercados Externos, el secretario de Comercio, Miguel Braun, que depende de Cabrera, tiene una Subsecretaría de Comercio Exterior para buscar inversiones y el ministro de Comunicación, Oscar Aguad, creó una Secretaría de Promoción de Inversión Internacional para manejar las inversiones de las empresas de telefonía. La Unidad Presidente dentro de la Casa Rosada diseñó una agencia para promover el comercio internacional y las inversiones donde fue nombrado Horacio Reyser como asesor especial para inversiones extranjeras directas. El interés de los ministros por tener su propia agencia de inversiones es porque desde allí se pueden negociar líneas de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial o de otro organismo financiero internacional para proyectos de infraestructura.

La historia de desencuentros comenzó en diciembre, cuando Cabrera había logrado llevarse la Fundación Exportar a Producción, a través de la ley de los ministerios. Pero en enero pasado, Malcorra hizo un movimiento y recuperó todas las atribuciones que antes estaban bajo la órbita de Cabrera, sobre las negociaciones internacionales y la promoción del comercio exterior, gracias al decreto 223, publicado el 20 de enero pasado, para quedarse con ese organismo que antes estaba en manos de Cabrera.

La salida definitiva del default del 2001, el abandono del default del 2014 que dejó Axel Kicillof y los siete mil millones de dólares adicionales que se consiguieron para el programa financiero del 2016 son los tres tiros que menciona el ministro, quien en los últimos diez días ha comenzado a eclipsar a algunos ministros del gabinete económico que conforman Rogelio Frigerio, Francisco Cabrera, Juan José Aranguren y Guillermo Dietrich.

Prat-Gay consiguió en sólo cuatro meses unificar el mercado cambiario, eliminar el cepo, obtener unos 16.500 millones dólares en el mercado internacional de capitales para pagar a los holdouts y sacar a la Argentina definitivamente del default. Es un logro que ningún ministro en la historia había conseguido. En las principales reuniones de empresarios, estos señalan una gran diferencia con la tarea de otros ministros y su imagen de gradualismo. “Prat-Gay sólo ha dado buenas noticias a la sociedad, mientras que otros fueron encargados de anunciar despidos en la administración pública, aumentos de las tarifas de luz y gas y de los boletos del transporte público”, comentan muchos de ellos.

En esas reuniones, también se dice que fue Prat-Gay quien recomendó a Mauricio Macri pagarle en efectivo a los holdouts, en lugar de darles bonos, como ellos querían. Con esta operación ideada por el ministro junto al secretario de Finanzas Luis Caputo, el Gobierno se ahorró unos tres mil millones de dólares. Esto se debe a que los holdouts pedían una tasa del 11%, frente al promedio del 7,5% que consiguió el Gobierno. A eso hay que sumarle que Prat-Gay fue el encargado de bajar los intereses que querían cobrar los holdouts y parte del capital adeudado, lo que le generó al Gobierno otro ahorro de unos cuatro mil millones de dólares con respecto a lo que la Argentina tendría que haber pagado. Con esas dos ideas de Prat-Gay, el Gobierno se ahorró unos siete mil millones de dólares.

Los empresarios destacan de Prat-Gay su independencia para manejarse dentro del Gobierno, a diferencia de otros ministros del equipo económico, que responden al jefe de Gabinete Marcos Peña. En la conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda del martes pasado, el ministro destacó la labor de su equipo económico, del Congreso de la Nación y el apoyo que tiene del presidente Mauricio Macri. Dejó de lado el nombre de algunos funcionarios que esperaban tener un reconocimiento de su parte.

Esta es la segunda vez que Prat-Gay muestra su estilo independiente. La ocasión anterior fue en otra conferencia de prensa en el mismo lugar, el 16 de diciembre del año pasado, cuando explicó la salida del cepo cambiario, pero evitó hablar de la devaluación del peso. Pese a que el jefe de Gabinete Marcos Peña lo sumó al vicejefe de Gabinete Mario Quintana para seguir sus pasos y amenaza con crear una Oficina de Presupuesto similar a la que funciona en los Estados Unidos, que dependa de él, para reducir la injerencia de Prat-Gay en el manejo del presupuesto de la nación, Prat-Gay se las ingenió para evitar cualquier tipo de problema y se apoyó en sus principales colaboradores, como su viceministro Pedro Lacoste y el secretario de Finanzas Luis Caputo. Manejó directamente las negociaciones con el mediador Daniel Pollack.

La tarea de Prat-Gay sólo es comparable con la de Roberto Lavagna, cuando entre abril del 2002 y septiembre del 2005 logró estabilizar el valor del dólar, normalizar la economía, hacerla crecer y comenzar a sacar a la Argentina del default con el canje I de la deuda, con el apoyo de Eduardo Duhalde, primero y de Néstor Kirchner, luego. La reducción de la inflación es una asignatura pendiente para Prat-Gay y habrá que ver si el ministro logra bajarla al 25% anual, como prometió en febrero pasado, mientras que hoy llega al 35% anual y no se observa por el momento una gran baja.

Una de las ventajas que tiene este tipo de crédito es que el plazo máximo será en general de 15 años y la tasa de interés promediará el 5% anual. En el mercado actual, que sólo representa un 1% del PBI, no hay créditos a ese plazo y la tasa promedio del mercado llega a superar el 40% anual. Otra de las ventajas es que con el nuevo esquema, si bien se permite acceder como máximo a un préstamo de 1.500.000 pesos, la cuota inicial sería de unos doce mil pesos y el ingreso familiar mínimo requerido, de cuarenta mil pesos. Mientras que con el sistema actual a tasa variable la cuota sería de treinta mil pesos y el ingreso familiar requerido, de cien mil pesos, todos valores aproximados. Tanto en la cuota a pagar como en los ingresos familiares que se necesitan para acceder a un crédito la reducción es del 150% con respecto al actual sistema.

Por otro lado, la cuota de los créditos actuales está entre 250% y 300% por encima del alquiler que se paga por una vivienda, mientras que con el nuevo sistema anunciado la brecha se reduce en aproximadamente un sesenta por ciento. La actualización del capital del préstamo a través del valor de las UVI genera la posibilidad de que en el futuro tomar un crédito hipotecario sea una opción a pagar un alquiler, algo que ocurrió en la década del noventa. La otra ventaja es que con este nuevo sistema el banco está obligado a ofrecer una prolongación del plazo del crédito que puede llegar a hasta un 25% en caso de que la cuota aumente del tal forma que el importe a pagar supere en 10% lo que hubiera resultado de seguirse la evolución del Coeficiente de Evolución Salarial (CVS). Será importante ver en qué medida el ingreso guarda relación con ese índice en cada caso.

Pero la nueva operatoria anunciada plantea varios problemas. El primero es lo acotado del crédito, ya que con el máximo valor que se ofrecerá una familia o una persona sólo puede comprar un departamento de un ambiente. El máximo de 1.500.000 pesos son unos cien mil dólares: es el valor promedio de un departamento de un ambiente en Capital Federal. El segundo es la indexación, ya que al 31 de marzo el BCRA fijó el valor de la UVI en 14,053 pesos y ese valor se irá ajustando con el Coeficiente de Actualización de Referencia (CER), que, a su vez, refleja lo que pasa con el índice de precios. La gran duda es saber, hasta que salga el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), si se utilizará el IPC de San Luis que en febrero pasado dio un 2,7% o el de la CABA, que dio el 4,1 por ciento. El gran interrogante es cómo se comenzarán a indexar en abril, ya que la inflación calculada para ese mes será del 6% mensual. Como ejemplo hay que señalar que a partir del 25 de marzo y hasta el 26 de abril el valor del CER se construirá con base en el IPC de la ciudad de San Luis. Por lo tanto, hasta que el Indec no dé a conocer su nuevo IPC podría ser muy arbitraria la indexación de estos créditos, como ocurre con la indexación de bonos, que se indexan a través del CER desde la intervención de ese instituto en el 2007.

El otro inconveniente es que si la tasa de inflación no se reduce a partir del segundo semestre del año, el total del valor actual de ese crédito se podría incrementar muy fuerte. En la medida en que el dólar se mantenga estable o baje, la deuda podría superar al valor de la propiedad comprada, algo muy similar a lo que ocurrió con la famosa Circular 1050, donde la gente debía más que la propiedad que había comprado por la indexación del préstamo. El Gobierno por ahora no tiene un plan antiinflacionario, por lo tanto habrá que ser prudente a la hora de endeudarse con este tipo de créditos. Pero en la medida en que la inflación disminuya será muy conveniente tomarlos, ya que el valor de la UVI aumentará menos y se hará más fácil acceder a un crédito de esas características.

Obra de la casualidad, tal vez, ese mismo día la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner deberá presentarse en los tribunales de Comodoro Py frente al juez federal Claudio Bonadio, que pretende imputarla por asociación ilícita y administración fraudulenta en las ventas de dólar futuro que hasta ahora le han hecho perder unos setenta mil millones de pesos al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y podrían llegar a los cien mil pesos en junio.

La decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York es fundamental para que Argentina normalice su situación en los mercados de deuda. La colocación será la mayor emisión de deuda pública soberana en los mercados financieros internacionales. En lo que respecta a las colocaciones en dólares de deuda soberna de este año, México lidera, con una emisión de 2.500 millones de dólares a 10 años a una tasa del 4,95, le sigue Chile con 1.240 millones de dólares en bonos a 10 años, con un rendimiento 3,4 por ciento. La novedad y la buena noticia para la Argentina es que Brasil por ahora continúa afuera de los mercados de deuda por su situación política. La mala noticia es que nuestro país deberá pagar una tasa anual que oscilará entre un 7,5% y un 8% por la emisión de bonos similares. El Gobierno argentino luego tendrá que salir a buscar en lo que resta del año aproximadamente otros 15 mil millones de dólares en los mercados financieros internacionales, y podría transformarse en uno de los mayores emisores de deuda de los países de la región.

A nivel corporativo la emisión más alta de deuda latinoamericana en los mercados internacionales es un bono de Petróleos Mexicanos (PEMEX) por seis mil millones de dólares en el 2015. La Argentina duplicará esa cifra.

El otro acontecimiento es de origen local. La citación a declarar por las ventas de dólar futuro a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, quien todavía no designó abogado pero en la lista figuran Carlos Beraldi o el ex juez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni. El problema es que la investigación no está relacionada con una decisión de política económica, esta no es judiciable, sino con la venta de esos dólares baratos, antes de la devaluación y con que el Gobierno anterior haya buscado beneficiar a funcionarios o empresas como producto de la diferencia entre los precios pactados y los finalmente pagados por el BCRA tras la devaluación y el levantamiento del cepo cambiario.

En caso de que la investigación de Bonadio avance se podrían poner en duda los pagos de las operaciones que efectivizaron las nuevas autoridades del BCRA de diciembre pasado a la fecha en los mercados de dólar futuro, tanto en el Mercado Abierto Electrónico como en el Rofex. Las autoridades tendrán que explicar por qué pagaron esos contratos de futuros que habían sido denuciados por los diputados Federico Pinedo y Mario Negri el 30 de noviembre pasado, por pedido del ministro Alfonso Prat-Gay. El problema es que se acusa al Gobierno anterior por pérdidas que se produjeron luego de que el actual Gobierno devaluara y después pagara esos futuros.

El BCRA deberá dar a conocer el monto total de las operaciones y quiénes fueron las instituciones financieras y las empresas que se beneficiaron con esas operaciones al comprar un dólar a unos 9,80 pesos en el mercado oficial, mientras que en los Estados Unidos el dólar futuro cotizaba a unos 15 pesos por unidad desde noviembre del año pasado. Una operación de dólar futuro consiste en fijar un precio del valor del dólar para un momento futuro determinado. Si la cotización es más alta el día fijado, el BCRA le paga al comprador la diferencia en pesos, y si la cotización está por debajo de lo fijado, el comprador le debe pagar al BCRA. Una de las excusas que se manejan dentro del equipo económico es que se cancelaron para salir del cepo cambiario. Frente a ex directores del BCRA que desfilaron ante Bonadio la semana pasada, este formuló una acusación por asociación ilícita. De un total de trece imputados, la ex Presidente fue citada en último lugar y deberá presentarse en Comodoro Py el 13 de abril, mientras que Axel Kicillof y Alejandro Vanoli lo deberán hacer antes. Por esos dos acontecimientos los mercados financieros estarán muy atentos a lo que pase el próximo miércoles 13 de abril.

Esta tercera Revolución Industrial, que cumplió ya más de 25 años desde aquel 12 de marzo de 1989, cuando el equipo inglés Tim Berners-Lee publicó un documento técnico que luego se convirtió en la base teórica de internet llamada World Wide Web, se ha comenzado a extender a las ventas de servicios, lo que provocó significativos cambios en diversas industrias. Entre ellos, la reducción en los costos de intermediación, la baja en los costos de transacción, las modificaciones en las formas de empleo y la comunicación directa del cliente con el vendedor, el servicio los 365 días del año, a cualquier hora.

La llegada de Uber al mercado de taxis y remises en el mundo puede considerarse dentro de las características de los servicios que venden Netflix o Spotify, que han provocado grandes cambios a través de una empresa que vende servicios por internet. La novedad que ha generado esta tercera Revolución Industrial, con estos modelos de venta de servicios, es que se trata de mercados de competencia perfecta abiertos, transparentes y desregulados, que alientan a la libre competencia y favorecen en gran medida al consumidor a la hora de fijar el precio. Esta es una de las grandes novedades que plantean los servicios por internet.

No hace falta hacer lobby con el gobierno de turno, no hay que negociar con ningún gremio, ni hay que solicitar ventajas impositivas para ingresar al mercado. En este caso, se trata de una plataforma, una aplicación móvil que une a conductores particulares con pasajeros que requieren un vehículo. No tienen necesidad de estar registrados como una empresa de radiotaxi o taxi o remise, como sugiere el titular del sindicato de peones de taxi que conduce Omar Viviani.

En estos casos, el consumidor tiene la libertad de elegir, no sólo a la hora de pagar el precio por el servicio, sino también su calidad. Los mercados, al ser libre su oferta y demanda y no estar regulados por el Estado ni tener barreras de entrada y salida, permiten que los precios se determinen por medio de la oferta y la demanda y no por leyes que los regulen y protejan, como ocurre hoy con el mercado de taxis y remises en la Argentina. Por esos motivos, podemos considerar como una buena noticia para los usurarios la llegada de este tipo de servicios de internet a la Argentina, que ha despertado una gran polémica, en particular en el sindicato de peones de taxi que conduce Omar Viviani hace 32 años.

En la ciudad de Buenos Aires está vigente el Código de Tránsito y Transportes que regula la actividad de taxis, remises y colectivos. Este código señala: “Sólo se puede tomar taxis en la calle o a través de una empresa legal de radiotaxis” y para los remises los requisitos son más flexibles. Pero en el caso de Uber, se trata de una plataforma de servicios por internet que no está legislada, por lo tanto, no tendría que anotarse en este tipo de actividad.

Además, por las declaraciones de Viviani, podemos decir que no estamos hablando de un mercado de competencia perfecta abierto, transparente y desregulado. “Hay una ley en la ciudad de Buenos Aires que prohíbe la instalación de cualquier sistema que no sea por radiotaxi y las empresas de radiotaxi tienen aplicaciones que han hecho ellos mismos. Es decir que si usted quiere con una aplicación solicitar un auto en cualquier esquina de la ciudad de Buenos Aires, usted lo puede hacer. Acá lo que quieren es desregular todo el sistema”, dijo Viviani y dejó en claro que se trata de un mercado totalmente regulado.

Es un mercado poco transparente, ya que dentro de esa estructura funcionan especies de cotos de caza como Aeroparque, Ezeiza, el Hipódromo de Palermo y el Casino Flotante, donde sólo algunos taxis, autorizados por su sindicato, pueden entrar para levantar pasajeros. Viviani ha manifestado que el desembarco de la empresa va a traer desocupación. Una gran parte de los choferes del mercado que él maneja solamente acceden a un trabajo si alquilan el taxi al dueño de la flota o al dueño de la licencia. En Argentina, desde hace unos años, en particular desde el 2003 en adelante, se ha montado un negocio que genera grandes distorsiones en el mercado de precios y salarios.

Esto ocurre porque los dueños de las flotas de taxis le cobran a un chofer en promedio unos 1.200 pesos por día para alquilarle el auto y, en las actuales condiciones, al chofer le quedan solamente unos doscientos pesos diarios luego de pagar el alquiler y la carga el combustible. Además, se los obliga a registrase en la AFIP como trabajadores autónomos para poder facturar al dueño, lo que distorsiona totalmente el mercado, que cuenta hoy con unas 35 mil licencias que se venden a aproximadamente doscientos mil pesos en promedio cada una. El taxista de hoy se ha convertido en un proveedor de servicios del dueño de una flota y su trabajo se ha precarizado de una manera descomunal. Una gran mayoría de los choferes o los peones de taxi alquilan diariamente las licencias para conducir taxis y se pagan su propio salario. Una gran cantidad de dueños de esas empresas no paga sueldo a sus trabajadores.

La llegada de Obama el miércoles marca, entre otras cosas, el apoyo a la reinserción financiera y comercial de Argentina en el mundo. El punto de partida es cerrar el acuerdo con los holdouts, donde se observa un gran respaldo del Gobierno de los Estados Unidos. La mayoría de los fondos de inversión que le ganaron los juicios a la Argentina o tenían demandas pendientes son norteamericanos. Si es exitosa la colocación de unos 12.500 millones de dólares en bonos en el mercado internacional, que se utilizarán para pagar a los holdouts, los Estados Unidos se transformarán en un prestamista de última instancia y acelerarán los créditos de organismos financieros internacionales. El reciente anuncio de préstamos del Banco Mundial por más de cinco mil millones de dólares va en esa dirección.

Este apoyo no será gratis. Tendrá como contraparte permitir no sólo que el FMI audite las cuentas públicas por el artículo IV, sino que vuelva a tener una sede en el país, probablemente a partir de julio próximo. Como corolario, desde abril comenzarían a ingresar a la Argentina una gran cantidad de dólares provenientes de los Estados Unidos, el principal país inversor en Argentina. Pero nuestro país tiene un elevado déficit comercial bilateral, que llegó a los 4.700 millones de dólares en 2015, mientras que en el 2004 la Argentina tenía un superávit comercial a favor de unos 470 millones de dólares. A diferencia de Brasil, se trata de un país que no se complementa en la producción de bienes, como, por ejemplo, la industria automotriz.

A pesar de la poca complementariedad, no hay que descartar que la Argentina inicie un rápido acercamiento comercial a los Estados Unidos, por medio de un Tratado de Libre Comercio (TLC) que formen este país, Canadá y México. El kirchnerismo rechazó enérgicamente ese acuerdo cuando George W. Bush visitó la Argentina, en noviembre de 2005. “Es un proceso que va a tardar, que va a ir más lento pero al menos debemos empezar a poder venderle limones, aumentar el biodiesel, y a traer tecnología”, ha manifestado Mauricio Macri al respecto.

El Mercosur es un bloque que representa el principal destino de las exportaciones, en particular a Brasil, que demanda el 80% de los autos que exportan Argentina y Brasil; es el destino de un 17% de las exportaciones argentinas. En 2015, el saldo comercial fue deficitario en 2.500 millones de dólares. Pese a la reciente devaluación en la Argentina, el tipo de cambio bilateral con Brasil todavía muestra una apreciación del peso frente al real del 30% respecto del promedio de los últimos 18 años, pero en caso de que la crisis se agrave, este podría transformarse en un expulsor de dólares, muchos de los cuales podrían tener como destino la Argentina.

Hay un flojo desempeño comercial, un bajo grado de institucionalidad y un reducido grado de integración con el mundo, pero la cercanía es un factor a favor. En los últimos años, se ha interrumpido la integración productiva por trabas de Argentina para importar insumos para producir y la imposibilidad de que las empresas envíen dividendos al exterior. La coordinación de las políticas macroeconómicas no se ha producido tampoco.

La gran duda luego del afianzamiento de las relaciones con los Estados Unidos es qué pasará con el Mercosur. Brasil muestra una crisis política con final impredecible y la peor recesión desde la crisis del treinta. La alternativa que se comenzará a plantear dentro del Gobierno y en los ambientes empresariales y financieros será seguir en un Mercosur muy golpeado, que cumplirá 25 años el 20 de abril o enfilar directamente hacia un TLC con los Estados Unidos y mejorar el acuerdo bilateral con la Unión Europea también.