Hacia la primera privatización del macrismo

Uno de los aspectos que no queda claro en el proyecto de ley de reparación histórica a los jubilados que el Gobierno enviará al Congreso de la Nación es si el Estado venderá finalmente las acciones de empresas privadas que tiene en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para pagar la deuda con los jubilados.

El vicejefe de gabinete Mario Quintana reconoció el viernes pasado frente a varios periodistas que habrá modificaciones estructurales en el FGS para vender esas acciones. En tanto, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, declaró a la prensa: “Para pagar a los jubilados no hace falta vender esas acciones”. Por otro lado, el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, manifestó: “Esa opción forma parte de las fuentes de financiamiento que se plantearon para pagar la deuda con los jubilados. Las otras fuentes son el producido por la exteriorización de capitales, los títulos públicos y los plazos fijos que están dentro del FGS, que cuenta hoy con unos 770 mil millones de pesos”. Llama la atención que haya tres versiones distintas de funcionarios que participaron en la redacción del proyecto de ley.

La intención del Gobierno de Mauricio Macri de utilizar parte de los fondos —plazos fijos, títulos públicos y acciones privadas— del FGS de la Anses para pagar a los jubilados puede tener un fuerte rechazo de la oposición en el Congreso. En particular porque se quiere derogar la ley 27181 de 2015, promulgada en octubre del 2015, que prohíbe la venta de las participaciones accionarias de la Anses en empresas sin la autorización previa del Congreso mediante una mayoría calificada de dos tercios de cada una de las Cámaras. Continuar leyendo

Kicillof, ideólogo de otro peligroso proyecto antiempresa

El proyecto de ley de creación de la Agencia Nacional de Participaciones en Estatales en Empresas (ANPEE), anunciado por la presidenta Cristina Kirchner el jueves pasado en cadena nacional, genera preocupación en el ambiente empresarial, particularmente en los principales operadores del sistema financiero y en los bancos. El objetivo de dicho proyecto, ideado por el ministro de Economía Axel Kicillof, que entrará esta semana al Congreso de la Nación, busca impedir que las próximos gobiernos pueda vender las acciones que están en poder de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

En caso de ser aprobado, se declarará de interés público la participación del Estado en las más de 40 empresas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES con una capitalización bursátil de unos 61.000 millones de pesos sobre un total de $540.000 millones que tiene el fondo. Pero también de otras empresas en donde el Estado tiene participación. El proyecto de ley excluye de los alcances de la norma a YPF e YPF GAS y aclara que las mismas se regirán por la Ley de Soberanía Hidrocarburífera. Esta agencia estará integrada por un directorio de cuatro miembros, elegidos cada cuatro años, en línea con los mandatos presidenciales y el presidente será el director ejecutivo de la ANSES que es elegido por el Poder Ejecutivo.

Si la ley fuese aprobada, hay que destacar que podria provocar una fuerte caída de la inversión privada, que se traduciría en una  baja del nivel de actividad económica y concecuentemente en la generacion de empleo. El proyecto genera varios inconvenientes queremos destacar. Primero, le restará liquidez a las acciones de las empresas que forman parte del FGS que cotizan en la Bolsa de Comerciro de Bs. As. y tambien los ADR de Nueva York, ya que frente a la posibilidad tener de socio a un accionista que no quiere vender -eso es lo que en definitiva busca el proyecto-, el valor de esa empresa en el mercado bursátil es probable que caiga ya que el valor de una empresa no solo se da por sus ganancias sino también por su liquidez. Al tener de socio a un Estado que depende de una decisión del Congreso para vender, le resta margen de maniobra al resto de los accionistas de la empresa en caso de querer venderla o recapitalizarla.

En segundo lugar, se reduce el retorno sobre los activos de la empresa, porque las ganancias operativas que pueden generar los activos de la empresa dependerán de un socio como el Estado que tiene directores nombrados por él mismo que pueden manejar la política comercial de la empresa.

Finalmente, sube la tasa de descuento por dos vías, por el daño institucional que produce un gobierno que aumenta el riesgo o pais y aumenta el riesgo de la empresa porque su funcionamiento se puede asimilar al de una empresa pública  como los casos de YPF o Aerolineas Argentinas o las viejas empresas del Estado de antes de las privatizaciones. Por lo tanto se podría reducir la capacidad de creación de valor de las empresas y se derrumbará la inversión privada y esto significará un menor stock de capital per cápita y menores salarios reales

El proyecto de ley aclara que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) seguirá como dueño de las acciones, cobrará los dividendos que le correspondan, y seguriá designado los directores en representación del Estado en las compañías que irán a las  asambleas de accionistas de las empresas en las cuales la ANSES tiene participación. Pero para vender alguna de esas acciones deberá contar con dos tercios de los votos del Congreso. Esta es la misma proporción que se necesita para reformar la Constitución Nacional y además se  traslada el poder de decisión desde el Ejecutivo al Legislativo.

Esto implica que los derechos políticos de las acciones que estaban en la Direccion de Empresas, que depende de la Secretaría de Competitividad del ministerio de Economía, se trasladarán a la nueva agencia. “Se crea una agencia para definir las políticas que los directores estatales pretenden de las empresas, que las obliguen a inviertir mas, que repartan dividendos, y que hagan una supervisión general de las empresas”, dijo Axel Kicillof este fin de semana. El futuro luce ominoso -y la Argentina, poco rentable.

Cambio discursivo y nueva corrida cambiaria

El cambio discursivo de Mauricio Macri luego del ajustado triunfo del PRO en el ballottage en Capital Federal ha acelerado una nueva corrida cambiaria producto de las inconsistencias de la política económica. Un efecto no deseado tanto para Daniel Scioli como para Mauricio Macri, los dos candidatos que por ahora lideran las encuestas presidenciales para las PASO del 9 de agosto próximo. El problema es que la fuerte suba del dólar blue, en caso de no frenarse, puede dañar más al Gobierno y al candidato del oficialismo que al propio Macri, quien en su discurso del domingo pasado ha dejado de privilegiar su perfil antikirchnerista. Otro de lo problemas es que las elecciones presidenciales serán las primeras desde 1989 donde coexisten un dólar oficial y un dólar paralelo o ilegal, y ese no es un tema menor.

El eslogan de “Continuidad o cambio” que el PRO utilizó en su campaña para identificar al oficialista Daniel Scioli como el candidato que seguirá la política del Gobierno y a Macri como el hombre que cambiaría la política actual, ha pasado a ser “Continuidad o mejorar lo hecho”. Esa modificación impacta hoy en el valor del dólar por un cambio en las expectativas de los agentes económicos. La suba del dólar blue o ilegal, que se ubica por encima de los 15 pesos, mientras el valor del dólar oficial sigue prácticamente quieto a 9,17 pesos, con una brecha entre ambos del 65 %, es algo que ninguno de los candidatos esperaba antes de las PASO, pero que podía ocurrir.

Lo que asombró al mundo financiero y a los empresarios que confiaban en Macri fue comenzar a escuchar frases como: “Aerolíneas Argentinas seguirá en manos del Estado, pero debe ser mejor administrada”, “YPF no será privatizada”, “En un eventual gobierno del PRO no corren peligros los planes sociales y los subsidios” y “No habrá una privatización del sistema jubilatorio que maneja la Anses”. Continuar leyendo

El teorema de Axel Kicillof

Por definición, un teorema es la demostración de una verdad que se deduce de ciertas hipótesis que se dan por ciertas. Se trata de una explicación lógica que parte de postulados que no se discuten o de otros teoremas ya demostrados. En la política económica argentina pocas veces se habla de teoremas, pero hay uno muy popular. Este fue enunciado allá por 1985 por el entonces diputado por la Unión Cívica Radical, Raúl Baglini. En síntesis, sostiene que “cuanto más lejos se está del poder, más irresponsables son los enunciados políticos; y cuanto más cerca, más sensatos y razonables se vuelven”. En otras palabras, lo que quiere decir Baglini es que el mantenimiento de las convicciones de un político es inversamente proporcional a su cercanía al poder.

Pero ahora, en función de los últimos acontecimientos que han tenido como principal actor al ministro de Economía, en particular su reciente pelea con el presidente del Banco Central de la República Argentina, Juan Carlos Fábrega, para presionarlo a que baje las tasas de interés en medio de una nueva mini corrida cambiaria, se ha comenzado a hablar del “Teorema de Axel Kicillof”, tanto en ambiente empresarial como en el mercado financiero.

Éste expresa que, en la medida que un funcionario del Gobierno se acerca al joven ministro, corre el riesgo de irse o de ser fulminado políticamente por acercarse a sus ideas. El primer caso fue el del ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien pensó que cerca de Kicillof continuaría en su puesto. Se equivocó. Significó su ida del Gobierno a una representación diplomática en Roma. “Los pendejos de La Cámpora me traicionaron y en particular Axel”, comenta Moreno” en su círculo íntimo. El segundo funcionario que sufrió en carne propia el “Teorema de Axel Kicillof” fue el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, ya que pese a ser socio en una consultora en los 90 y uno de los empleadores del joven ministro, vio como su poder se esfumaba cuando se acercó en las ideas económicas: fue dejado de lado en las decisiones económicas y dentro del equipo de Kicillof comentan que el ex gobernador del Chaco no ha sido un buen comunicador de las acciones del Gobierno.

El tercer funcionario alcanzado por el “Teorema de Axel Kicillof” fue el ex ministro de Economía, Hernán Lorenzino, a quien su sucesor comenzó a esmerilar desde que llegó como su viceministro. Se había acercado luego de ser designado como Director de la Unidad de Reestructuración de la Deuda, creada por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, pero fue desplazado rápidamente en los primeros días de enero de este año, quedando la reestructuración de la deuda a cargo del nuevo súper ministro y su secretario de Finanzas, Pablo López. Lorenzino fue eyectado y todavía la Cancillería no le aprobó su placet como embajador en la Unión Europea.

Cintura política para preservarse

Por el momento hay tres funcionarios del Gobierno que forman parte de las decisiones de política económica que toma la presidente Cristina Kirchner y que prefieren preservarse para no ser alcanzados por el “Teorema de Axel Kicillof”.

En primer lugar, se encuentra el presidente del BCRA, Juan Carlos Fábrega, quien prefiere estar lejos del ministro y hasta podría dejar su sillón en Reconquista 266 para dedicarse a la política. Se habla de una probable candidatura a gobernador en su Mendoza natal. Además, prefiere hablar más con los banqueros que con el propio Kicillof, quien cuenta con tres directores que le responden en el directorio del BCRA, mientras “El Garante” -así lo llaman a Fábrega en el mercado financiero- cuenta con dos directores que le respoden.

Otro de los funcionarios que prefiere no estar cerca de Kicillof es el titular de la Anses, Diego Bossio, un economista técnico con buena relación con la presidente y su hijo Máximo Kirchner. Este economista egresado de la Universidad de San Andrés, que maneja el segundo presupuesto mas grande de la Argentina, unos 380.000 millones de pesos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la Anses, prefiere recorrer la provincia de Buenos Aires y todas las semanas para luego candidatearse como futuro gobernador por el oficialismo. Bossio surge dentro de los gobernadores peronistas como uno de lo candidatos a ministro de Economía en caso que la situación de Kicillof se complique en el futuro.

También el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, ha preferido estar distante del ministro de Economía. Esta semana se lo vio muy serio al anunciar una virtual moratoria impositiva. El recaudador ya tuvo dos pasos en falso cuando dio a entender que el Gobierno no extendería el blanqueo de capitales o exteriorización de divisas y luego fue prorrogado las dos veces por un pedido de Kicillof a la Presidente.

Echegaray estuvo a punto de entrar dentro de las víctimas que plantea el “Teorema de Kicillof” cuando comenzaron a analizar conjuntamente una aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, pero dejó todo en manos del joven ministro, porque habría considerado que es mejor estar distante y consolidarse como el funcionario más eficiente de este Gobierno. A este listado se suma el CEO de YPF, Miguel Galluccio, a quien varios empresarios también encumbran como uno de los funcionarios más capacitados. Responde a la presidente Cristina Kirchner y se acerca lo menos posible al ministro para no ser opacado y no formar parte de las víctimas del “Teorema de Axel Kicillof”.