Considerando los acuerdos que ha logrado el Ministerio de Hacienda y Finanzas con gran parte de los acreedores que no entraron a los canjes, el Gobierno necesita la derogación de esas dos leyes para reestructurar definitivamente la deuda en default originada desde el 2001 y que le ha traído grandes problemas a la Argentina, como los que detalló el presidente Mauricio Macri en su discurso para abrir las sesiones del Congreso de la Nación.

La ley cerrojo, aprobada en febrero de 2005, impide que el Estado argentino les ofrezca a los acreedores que no entraron en los canjes de 2005 y 2010 mejores condiciones que a los tenedores de bonos que habían aceptado la reestructuración de deuda. Establece además que el Poder Ejecutivo no podrá reabrir el proceso de canje de bonos después del 25 de febrero de 2005 ni efectuar cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada respecto de esos bonos, y aquellos papeles que no se hayan canjeado hasta ese día serán retirados de todas las bolsas y los mercados de valores en los que estuvieran cotizando. Con esta ley, el Poder Ejecutivo se reservó también la potestad para negociar la deuda en razón de la delegación de facultades cedida por el Congreso de la Nación.

Lo curioso es que fue suspendida en octubre de 2010, cuando el ministro de Economía, Amado Boudou, logró la aprobación de un proyecto de ley enviado al Congreso para suspenderla transitoriamente y lanzar el canje II de la deuda con el que la Argentina llegó a un 93% de aceptación por parte de los bonistas, pero dejó un 7% afuera. Estos bonistas, los holdouts, empezaron a litigar contra la Argentina y lograron ganar un juicio en la Corte de Nueva York que condenó al Estado argentino a pagar unos 1.330 millones de dólares por la aplicación de la cláusula pari passu que implica un trato igualitario para los acreedores que no entraron en los canjes I y II.

El gran inconveniente es que, con esta ley, el Estado argentino trabó las reaperturas de canjes de deuda y es la principal culpable de los juicios originados por los holdouts a la Argentina, la mayoría iniciados en la Corte de Nueva York, en el Juzgado del juez Thomas Griesa. En caso de haber quedado abierto el canje II, más bonistas hubieran entrado, pero por orden de la presidente Cristina Fernández de Kirchner el canje se cerró definitivamente en octubre de 2010. Este fue el primer error del kirchnerismo en la reestructuración de la deuda iniciada con el canje I del 2005. Esto provocó que de una deuda no canjeada original de unos seis mil millones de dólares pasara a un valor de unos veinte mil millones de dólares.

No conforme con eso, el kirchnerismo logró, en septiembre de 2014, aprobar en el Congreso la ley de pago soberano, el segundo gran error del kirchnerismo. En particular, porque agravó el problema original. Esta ley autorizó al Gobierno el reemplazo del Bank of New York (BONY) por Nación Fideicomisos para el pago en Buenos Aires de la deuda reestructurada, pero fue un fracaso total. Ese reemplazo fue ideado para evitar una orden del juez Thomas Griesa que le impedía a la Argentina pagar a los bonistas en el exterior. Lo que se logró fue que quedaran depositados en la Argentina en cuentas del Banco Central unos tres mil millones de dólares que no pudieron ser pagados a los bonistas.

El cambio de la sede de pago y la salida del BONY, una idea del ex ministro de Economía, Axel Kicillof, no resolvió el  litigio que Argentina tenía con los holdouts. Muy por el contrario, lo agravó. Provocó que los bonistas que habían entrado a los canjes I y II, que estaban cobrando los intereses y las amortizaciones, los llamados holdin, dejaran de cobrar por no aceptar el cambio en la jurisdicción extranjera que establecía las condiciones de los bonos reestructurados en lugar de la jurisdicción local. Fue una iniciativa innecesaria, porque cambiar la jurisdicción y el banco pagador no resolvió el problema original, que es una sentencia definitiva para pagarles a los bonistas unos 1.300 millones de dólares por la aplicación del pari passu ordenada por el juez de Nueva York en noviembre de 2012. Por lo tanto, para resolver el problema que generó, una ley debe ser derogada por el Congreso de la Nación.

Pero en los pasillos del Palacio de Hacienda la palabra que más se mencionó el día después de la elección fue “traición”. ¿De quién? De Daniel Scioli, tal vez por eso el ministro no concurrió al Luna Park y se quedó en el búnker de La Cámpora.

Desde el viernes pasado, cuando el Daniel Scioli anunció que aumentaría el mínimo no imponible de ganancias para los trabajadores a unos treinta mil pesos por mes, Axel Kicillof comenzó a hablar entre sus colaboradores más cercanos de traición. Se mencionan a dos funcionarios del Gobierno: el director general de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Diego Bossio y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray.

Estos dos funcionarios habrían sido quienes le sugirieron a Scioli que hiciera ese anuncio sin la venia del ministro de Economía, el principal defensor de ese impuesto.

Rol pasivo en Diputados

Pero, además, Axel Kicillof se enteró a través de mensajeros del gobernador que sus posibilidades de ser presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda eran casi nulas. En particular no por una sugerencia de Daniel Scioli, sino por la mayoría de los gobernadores a quien Kicillof ni siquiera les atiende el teléfono y ellos lo consideran como el responsable de la debacle de las economías regionales por el cepo cambiario y el dólar retrasado.

Hay que recordar que Kicillof es el ministro más devaluador en la historia del kirchnerismo, pero, aun así, el ajuste cambiario del 25% en enero de 2014 fue inferior a la suba acumulada de los precios.

Más allá de todas esas razones, se suma que la gestión de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía es la peor de los últimos 12 años. Sólo se diferencia de sus antecesores en que ha sido el más pagador de la historia de deuda externa: al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), Repsol, Club de París, vencimiento del Boden 2015, aunque no pagó una sentencia firme que la Argentina tiene con los holdouts. Kicillof es quien muestra los peores indicadores de los últimos doce años, como lo explicó Daniel Sticco en Infobae este fin de semana.

Su fuerte influencia sobre la presidente Cristina Kirchner y la libertad para administrar casi todo le han dado poderes superiores a los que tuvo en su momento Domingo Cavallo y es el verdadero ideólogo del nefasto cepo cambiario. Además, es el que ordenó que no se publiquen las estadísticas de pobreza y de indigencia desde diciembre del 2013.

Balance claramente negativo

Axel Kicillof es el ministro que repudió el aumento de la deuda pública, pero es el que más emisiones de títulos convalidó después de la reestructuración de 2005 y 2010. Se estima que la deuda pública terminaría en el equivalente al 50% del PBI.

Pero también es el que impuso un freno a la actividad económica. En el primer mandato de Néstor Kirchner el PBI creció a un promedio del 8,7% al año, en el primer Gobierno de Cristina Kirchner se atenuó a 5,2%; luego desaceleró en la primera parte del segundo mandato a 2%, con la gestión de Hernán Lorenzino y cayó 3% en promedio bajo su conducción.

El ministro y ahora diputado nacional electo siempre manifestó su desprecio por la formación de los precios en la economía. Los dos claros ejemplos son el cepo cambiario y los Precios Cuidados, que vende como los éxitos de su gestión, pese a la caída del consumo.

Pero el mayor deterioro de su gestión se ha registrado en la inversión: entre 2003 y 2007 poseía un promedio de suba del 25% anual y desde la vigencia del cepo cambiario comenzó a caer sin ninguna recuperación.

Basta comparar el saldo comercial del Indec, que se mide con exportaciones menos las importaciones, y las ventas de dólar ahorro del BCRA entre enero y julio de 2014 y 2015 para entender el problema. En el 2014 el saldo comercial fue de unos 4400 millones, mientras que las ventas de dólar ahorro llegaron a los 1000 millones de dólares, lo que deja una diferencia positiva de unos 3400 millones de dólares. En cambio, si comparamos el mismo período en este año, la diferencia es negativa de unos 1600 millones de dólares como consecuencia de un superávit comercial de unos 1400 millones contra ventas de dólar ahorro por 3000 millones. Esto refleja que el BCRA está vendiendo más dólares ahorro de los dólares netos que le quedan entre la liquidación que hacen los exportadores y las compras que hacen los importadores. La dupla Kicillof-Vanoli vende más dólares comerciales de los que entran y, para colmo, los dólares financieros que ingresan se evaporan con los pagos de deuda y de importaciones de energía que hace el Gobierno.

Lo llamativo es que en el mismo período se registra una suba de unos 2100 millones de dólares de las reservas internacionales del BCRA. ¿Cuál es la explicación? Además de vender más dólares de los que entran a las arcas del Central, la dupla Kicillof-Vanoli ha decidido maquillar las reservas internacionales, lo que puede costarle muy caro al país en el futuro. El atraso cambiario, tarde o temprano, este o el próximo Gobierno lo terminará pagando. El dólar oficial barato a un “precio cuidado” de 9,30 pesos es solo para algunos trabajadores que lo pueden comprar, para el Estado y para algunos importadores. En tanto que el dólar paralelo a “precio descuidado”, que va de 13,50 a 15,50 pesos, según la modalidad que uno elija, entre el contado con liqui y el dólar blue o ilegal, es difícil de adquirir por los controles del Gobierno.

En los últimos meses la gran ayuda para mantener las reservas internacionales en su actual nivel llegó por el lado de los llamados dólares financieros provenientes de ingresos netos del sector público y del BCRA. Estos surgen de la utilización del swap con China por unos 8000 millones de dólares, por lo que quedan todavía disponibles unos 3000 millones de dólares más que son un pasivo. En segundo término, lo ingresado por la colocaciones de Bonar 2024, cerca de 2000 millones de dólares, emisiones de deuda de YPF por 1500 y colocaciones de las provincias por unos 1000 millones de dólares y otros 1000 millones de dólares por la licitación de la banda 4G. En tercer lugar, 1500 millones de dólares más producto de la imposibilidad de pagar la deuda del canje con legislación extranjera que el BCRA computa como un activo y deberían contabilizarse como un pasivo. En total, 15.000 millones de dólares ingresados entre enero y julio, de los cuales unos 9500, como el swap y lo que no se pagó a los bonistas, deberían contabilizarse como deuda del BCRA.

Si al total de 33.800 millones de dólares de las reservas que mostraba el BCRA al cierre de julio le descontamos esos 9500 millones, 7000 millones de dólares de encajes de los ahorristas y otros 600 ingresados por el blanqueo de capitales, las reservas brutas del BCRA llegarían a los 16.700 millones de dólares. Esta suma solo alcanza para pagar cuatro meses de importaciones, que es la relación técnica adecuada que utiliza el FMI para medir la capacidad de pago de un país. Tal vez por ese motivo la semana pasada llegó esa especie de sincericidio del presidente del BCRA al afirmar: “No hay reservas suficientes para abrir el cepo cambiario”. Luego, el ministro de Economía manifestó: “Es relativo si las reservas del Central son muchas o pocas y depende para qué se usen”.

En caso de ser aprobado, se declarará de interés público la participación del Estado en las más de 40 empresas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES con una capitalización bursátil de unos 61.000 millones de pesos sobre un total de $540.000 millones que tiene el fondo. Pero también de otras empresas en donde el Estado tiene participación. El proyecto de ley excluye de los alcances de la norma a YPF e YPF GAS y aclara que las mismas se regirán por la Ley de Soberanía Hidrocarburífera. Esta agencia estará integrada por un directorio de cuatro miembros, elegidos cada cuatro años, en línea con los mandatos presidenciales y el presidente será el director ejecutivo de la ANSES que es elegido por el Poder Ejecutivo.

Si la ley fuese aprobada, hay que destacar que podria provocar una fuerte caída de la inversión privada, que se traduciría en una  baja del nivel de actividad económica y concecuentemente en la generacion de empleo. El proyecto genera varios inconvenientes queremos destacar. Primero, le restará liquidez a las acciones de las empresas que forman parte del FGS que cotizan en la Bolsa de Comerciro de Bs. As. y tambien los ADR de Nueva York, ya que frente a la posibilidad tener de socio a un accionista que no quiere vender -eso es lo que en definitiva busca el proyecto-, el valor de esa empresa en el mercado bursátil es probable que caiga ya que el valor de una empresa no solo se da por sus ganancias sino también por su liquidez. Al tener de socio a un Estado que depende de una decisión del Congreso para vender, le resta margen de maniobra al resto de los accionistas de la empresa en caso de querer venderla o recapitalizarla.

En segundo lugar, se reduce el retorno sobre los activos de la empresa, porque las ganancias operativas que pueden generar los activos de la empresa dependerán de un socio como el Estado que tiene directores nombrados por él mismo que pueden manejar la política comercial de la empresa.

Finalmente, sube la tasa de descuento por dos vías, por el daño institucional que produce un gobierno que aumenta el riesgo o pais y aumenta el riesgo de la empresa porque su funcionamiento se puede asimilar al de una empresa pública  como los casos de YPF o Aerolineas Argentinas o las viejas empresas del Estado de antes de las privatizaciones. Por lo tanto se podría reducir la capacidad de creación de valor de las empresas y se derrumbará la inversión privada y esto significará un menor stock de capital per cápita y menores salarios reales

El proyecto de ley aclara que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) seguirá como dueño de las acciones, cobrará los dividendos que le correspondan, y seguriá designado los directores en representación del Estado en las compañías que irán a las  asambleas de accionistas de las empresas en las cuales la ANSES tiene participación. Pero para vender alguna de esas acciones deberá contar con dos tercios de los votos del Congreso. Esta es la misma proporción que se necesita para reformar la Constitución Nacional y además se  traslada el poder de decisión desde el Ejecutivo al Legislativo.

Esto implica que los derechos políticos de las acciones que estaban en la Direccion de Empresas, que depende de la Secretaría de Competitividad del ministerio de Economía, se trasladarán a la nueva agencia. “Se crea una agencia para definir las políticas que los directores estatales pretenden de las empresas, que las obliguen a inviertir mas, que repartan dividendos, y que hagan una supervisión general de las empresas”, dijo Axel Kicillof este fin de semana. El futuro luce ominoso -y la Argentina, poco rentable.

Por primera vez menciona la palabra ‘holdouts’ para dirigirse a los acreedores en lugar de los fondos buitre como el Gobierno ha llamado siempre en forma despectiva a aquellos acreedores que no entraron en el canje I y II de la deuda. Al parecer el cambio discursivo que Jaime Durán Barba impuso a Mauricio Macri en el PRO ha generado modificaciones en el discurso de Kicillof para ganar votos. Pero quienes seguimos día al día la agenda del ministro como periodistas acreditados en su sala de prensa podemos afirmar que hace bastante tiempo Kicillof se muestra como un muy buen alumno de Durán Barba, que le ha recomendado a los dirigentes del PRO que no digan lo que van a hacer. Kicillof ha seguido esa teoría desde que entró al Palacio de Hacienda el 10 de diciembre de 2011 como viceministro.

Hay varios ejemplos. Con respecto al caso Repsol, hay que recordar que Kicillof estuvo más de un año afirmando, no solo en Argentina sino también en foros internacionales, que el Estado no le iba a pagar un centavo a Repsol, porque la empresa había estafado a la Argentina, se había llevado el petróleo y había dejado de producir. Finalmente, con un decreto firmado por él se le pagaron a la empresa española el equivalente en bonos por unos 6500 millones de dólares por la expropiación.

Lo mismo ocurrió con el Club de París. Kicillof decía que no había que pagarle nada, porque era una deuda vieja, que venía desde 1954 y que no tomó este Gobierno. Finalmente accedió a pagarle unos 9000 millones de dólares sin negociar absolutamente nada. Como se puede observar en estos casos y también con los 600 millones pagados al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), Kicillof no decía lo que iba a hacer.

Kicillof relata a la gente, en sus caminatas como candidato a diputado: “Estos 12 años han servido para que todas estas cosas que en economía eran imposible de comprender porque te la vendían difícil, hoy los argentinos hemos entendido que distribuir es uno de los instrumento más grandes, no solo para la justicia social, sino para el crecimiento económico”. Lo que el ministro no le dice a la gente es que desde que él llegó al ministerio de Economía el PBI de la Argentina no crece y sin crecer la economía será difícil distribuir riqueza y aumentará más la pobreza. Tampoco Kicillof le cuenta a la gente que por una orden suya en enero de 2013 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dejó de publicar los datos de pobreza e indigencia en la Argentina. El ministro manifiesta en su campaña: “Desendeudar la Argentina no es una tarea de una época, es una actividad permanente para tener soberanía económica e independencia política para seguir creciendo como pueblo”. Lo que no les dice es que desde que él asumió como ministro de Economía la Argentina no para de endeudarse y que se terminó el “Desendeudarnos para desintervenirnos” que recitaba Néstor Kirchner.

Lo cierto es que no hay muchas posibilidades de mantener la actual política fiscal monetaria y cambiaria, que conduce inexoralmente a esa mala palabra que se llama “retraso cambiario” o, dicho de otra forma, una fuerte apreciación del peso frente al dólar o al euro. Esta política consiste en emitir una gran cantidad de pesos sin respaldo en reservas del Banco Central de la Republica Argentina (BCRA) para financiar el exagerado déficit fiscal que llega a unos 6 puntos del PBI pagando altas tasas de interés a los bancos por sus títulos en cartera. A esto se suma mantener el tipo de cambio oficial semifijo que no ajusta con la inflación vendiendo dólares baratos al Estado para pagar deuda pública y a los particulares a través del dólar ahorro. El Gobierno debería estar atento a las PASO de agosto ya que las elecciones del 2011 y el 2013 marcaron importantes subas en la cotización del dólar.

La política monetaria muestra que su hacedor, el BCRA, está quebrado en términos patrimoniales. Por lo tanto no podrá pagar a los bancos tasas del 28 % anual como la que paga por la renovación de las LEBACs, cuyo monto total llega a los 320.000 millones de pesos. Hay que sumar un Tesoro Nacional deficitario que no podrá pagar mucho tiempo mas tasas del 24% anual por sus bonos aunque su bajo nivel de endeudamiento le permitiria seguir colocando deuda en el mercado.

En lo que respecta a la política cambiaria, podemos decir que no será fácil mantener la política que privilegia un dólar barato subsidiado de 9 pesos para que compre la gente a través del dólar ahorro, el Gobierno para pagar los intereses de la deuda pública y con el que se hace mas difícil poder exportar frente al súper dólar del mundo. Al respecto, se puede mencionar un reciente trabajo presentado por el economista Martín Redrado a los equipos técnicos del Fremte Renovador. Redrado puntualiza que las reservas internacionales del BCRA llegarán a unos 25.000 millones de dólares a fin de año. Pero a eso le suma que la institución está cuasi quebrada. Los pasivos monetarios llegan a unos $ 750.000 millones dice el informe, y puntualiza que se trata de una relación 22 a 1 contra las reservas internacionales, mientras que en el 2009, cuando él presidía el BCRA, esa relación llegaba a solo 4 veces las reservas internacionales.

El trabajo destaca además que el BCRA tiene un patrimonio neto negativo de $470.000 millones, ajustado por el valor de las letras intransferibles que el Tesoro colocó en el BCRA, los adelantos transitorios al Tesoro y las utilidades del ejercicio 2014 recientemente aprobadas y que distribuirán. Redrado plantea modificar la Carta Orgánica del Banco Central para terminar con la práctica que en los hechos implica ser la chequera del Gobierno, es decir, fijando límites precisos a las transferencias de dólares y pesos a la Tesorería. En este caso, debe quedar claro que el BCRA no tiene mucho tiempo más para pagar los intereses que le paga los bancos mientras mantiene el valor del dólar oficial cuasi fijo.

Analizando la política monetaria, un trabajo de la consultora Ecolatica indica que el stock de plazos fijos subió a una tasa anual del 26,5% desde fines de diciembre hasta abril pero en mayo ese valor pasó al 35,5%. Pero gran parte de esa suba está explicada por los depósitos a menos de 90 días de plazo y 60 días o menos. Esto indica que los inversionistas no están dispuestos a dejar el dinero en los bancos más allá de setiembre próximo. La suba de las tasas de interés impulsada por el BCRA alienta colocarse en pesos en lugar de comprar dólares en el mercado libre pero solo se ha logrado que el vencimiento de los plazos fijos no superen los tres meses. Las tasas del 25 % anual que pagan algunos bancos parecen rentables, pero no lo son frente a una inflación del 25% anual. En la actualidad el rendimiento del plazo fijo es nulo si lo medimos contra la inflación y de casi un 2 % si lo medimos contra un dólar cuasi fijo. Esta especie de bicicleta financiera transita a gran velocidad por una bicisenda que al parecer no está preparada para soportar ese sprint al que la somete la dupla Kicillof y Vanolli. Con gradualismo o con shock habrá que salir de ella.

Kicillof fue más allá al asegurar que “la teoría económica ortodoxa no ha tenido avances desde 1870”. A diferencia de lo que afirma el ministro, la ciencia económica se consolidó a partir del siglo XIX y tuvo una gran evolución en particular con el capitalismo o la ortodoxia como denomina el ministro. En lo que respecta a la ortodoxia se puede calificar como ortodoxa a la persona que actúa de acuerdo a una doctrina que considera verdadera, pero una doctrina, a su vez, es un conjunto de ideas, sean filosóficas, religiosas o económicas, cuyo rasgo es la coherencia de sus fines y de sus medios. En cambio un heterodoxo, como podriamos definir a Kicillof, es aquella persona que no respeta a una doctrina. Este combina medios o fines que no respetan la debida coherencia. La heterodoxia. como definen algunos expertos, puede responder al intento de satisfacer objetivos inmediatos aunque sean en última instancia excluyentes, o bien puede ser consecuencia de la ignorancia. Tambien puede resultar del escepticismo sobre la validez de las distintas doctrinas.

En la ciencia económica hoy se toman como doctrinas económicas al capitalismo y al socialismo pero ninguna se aplica en estado puro. Lo cierto es que el sistema capitalista que Kicillof llama “ortodoxia económica” para descalificarlo se ha extendido como el único sistema compatible con la democracia en los últimos tiempos. Se debe destacar que una política económica ortodoxa requiere instituciones públicas sólidas e independientes de grupos de interés y un estado que no intervenga tanto en la economía junto a una clase política bien formada. En su exposición Kicillof destacó que “ahora tenemos una realidad distinta, aquella ortodoxia ecnómica choca con un obstáculo que es la realidad, incluso reconociendo las dificultades que se presentan en el terreno económico y tomando medidas para resolverlas en beneficio de la gente, siempre con una mirada de inclusión social”. Kicillof no explica es que los ciclos económicos expansivos no son eternos tanto desde la ortodoxia como desde la heterodoxia.

Los principales teóricos ortodoxos y heterodoxos han notado el desarrollo de etapas más o menos fijas en la evolución de las sociedades y esas etapas vista del lado clásico, neoclásico, keynesiano, capitalista, neoliberal o marxista no cambian. Estas se denominan ciclos económicos o ciclos comerciales y son las oscilaciones de la economía, en las que se observa una fase de auge o expansión económica, seguida de otra contracción o recesión, que luego se transforman en una depresión y finalmente desembocan en una crisis. Se pueden modificar las formas de frenar una fuerte expansión económica como lo ha hecho China en los últimos años, o salir de una crisis financiera mundial como la originada en el 2008 por la crisis de la hipotecas subprime en los Estados Unidos. La Argentina utilizó una forma heterodoxa de salir de la crisis del 2001 que fue el desendeudamiento. Este le significó un gran rédito económico entre 2003 y 2010 pero ese proceso finalizó. Con el mismo criterio que el ministro considera a los economistas otortodoxos o neolibelares como eunucos de la teoría económica se podría considerar al ministro como una especie de eunuco de la Teoría del Crecimiento Económico.

Vale recordar que Kicillof tuvo que volver a la ortodoxia al recurrir al mercado de capitales como lo hizo recientemente. Lo grave es que Kicillof se queje de la ortodoxia del neoliberalismo cuando él mismo la aplica. La única diferencia es que todavía no se produjo el tan temido ajuste o una corrección. Esto no es mas que equilibrar las cuentas públicas deficitarias y a la larga habrá que hacerlo.

Para finalizar, quiero referirme a una última frase de Kicillof: “Los economistas ortodoxos que alentaron las políticas neoliberales de los noventa siempre auguran un futuro peor para justificar la incomprensión que tienen de lo que sucede en el presente y esta es parte de su teoría económica que no sirve para explicar porque con este modelo se pude crecer como crece la Argentina”. Lo que se le olvidó mencionar Kicillof es que desde el 2011, cuando asumió como viceministro, la economía dejó de crecer. Debería reconocer entonces en la última parte del kirchnerismo los eunucos del liberalismo ortodoxo acertaron con sus pronósticos.

Los cambios en el organigrama del MECON a partir del decreto 741/2015 no son sólo funcionales sino también tienen que ver con lo ideológico. En total se crean unos 15 puestos nuevos de funcionarios de alto rango, todos con la categoría de subsecretarios, que cobrarán salarios superiores a los 40.000 pesos mensuales y que serán cubiertos por profesionales que pertenecen a La Cámpora. Hay modificaciones en tres de las seis Secretarías.

A las dos subsecretarías que dependen del viceministro Emanuel Álvarez Agis no sólo se les ha cambiado en nombre sino que se suma una tercera la de Desarrollo Económico. Esta se encargará de lo referente a las políticas públicas del gobierno como plan Procrear, Progresar, la diversas asignaciones que se realizan a través de la Anses y todo lo referente a la política de subsidios. La secretaria de Política Económica se denominará secretaria de Política Económica y Planificación del Desarrollo. La gran novedad con respecto a estos cambios es que para cada una las tres subsecretarias se crea el cargo de Coordinador de Gabinete. El decreto también modifica la estructura de la secretaría de Coordinación Económica y Mejora de la Competitividad a cargo de la camporista Mariana González, quien cada vez gana más espacio en el equipo de Kicillof. La misma se subdividirá en tres subsecretarías: la de  Coordinación Económica y de la Mejora de la Competitividad a la que se suma la de de Vías Navegables porque Kicillof se quedó con el manejo de los puertos.

Otra de las novedades se da en la secretaría de Finanzas a cargo de Pablo López, donde se crea la subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales que reemplaza a la de Servicios Financieros junto a la  subsecretaría de Financiamiento vigente. En la secretaria de Legal y Administrativa a cargo de Federico Tea se crea el cargo extraescalafonario de Coordinador de gabinete también. La secretaría de Comercio a cargo de Augusto Costa continua con la subsecretaria de Comercio Interior y la de Comercio Exterior pero su suma una nueva Dirección Nacional de Defensa al Consumidor y Arbitraje al Consumo que funcionará junto a de Defensa de la Competencia y de Lealtad Comercial.

Kcillof quiere acrecentar su poder en todas las áreas de la economía.  Con la designación de Alejandro Formento, Mariano Beltrani y Bárbara Emilia Domatto Conti, todos jóvenes funcionarios de La Cámpora, se ha completado el directorio de 10 miembros de esa institución. Kicillof ahora cuenta como propios a 6 directores los 3 designados, el presidente Alejandro Vanoli, y los jóvenes camporistas Germán Feldman y Pedro Biscay. Estos permanecerán en algunos casos hasta el 2021. Sólo está en duda la aprobación del pliego en el senado de la joven Domato Conti ya que no cuenta con el título universitario y por lo tanto no podría asumir como directora del BCRA. Es la primera vez que esto ocurre desde enero del 2010 cuando Martín Redrado fue obligado a dejar su puesto en el BCRA. Los directores eran siete, de los diez que marca la Carta Orgánica. Las reestructuraciones en el MECON no terminarían aquí ya que en el futuro mediato habría más cambios. Está en duda la continuidad de la Unidad de Reestructuración de Deuda que podría pasar a depender de la secretaría de Finanzas o disolverse directamente por iniciativa del propio ministro.

Hasta el jueves pasado los directores eran siete, de los diez que marca la Carta Orgánica. El presidente, Alejandro Vanoli, su vice, el radical Miguel Pesce, los kirchneristas Santiago Carnero y Waldo José Farías y los jóvenes camporistas Germán Feldman y Pedro Biscay. La intención del kirchnerismo, luego de la partida de Redrado fue mantener un directorio con seis o siete miembros para evitar presiones. Al quedar cuatro o tres lugares vacantes con la firma del presidente y vice y cuatro directores tenía la mayoría absoluta para sesionar y tomar decisiones.

Kicillof cubre esos tres puestos para mantener su poder dentro del BCRA con el actual gobierno y con el entrante, sea éste oficialista u opositor, después de diciembre. Estos nuevos directores permanecerán hasta el 2021 en caso que el Senado apruebe sus pliegos. Vanoli y los directores German Feldman y Pedro Biscay tienen mandato hasta el 2020 mientras que los patagónicos Santiago Garnero y Waldo Farias todavía permanecen nombrados en comisión. El periodo del vice Miguel Ángel Pesce vence en el 2016. Pesce es considerado un intocable en el BCRA. Llegó en junio de 2003 para luego ocupar el cargo de vicepresidente durante las gestiones de Martín Redrado, Mercedes Marcó del Pont, Juan Carlos Fábrega. Estos dos últimos fueron echados por pedido de Kicillof.

El poder de Kicillof creció sin límites desde abril de 2012, cuando se reformó la Carta Orgánica (CO) del BCRA. Kicillof fue el ideólogo de las modificaciones. Era viceministro de Economía de Hernán Lorenzino y Mercedes Marcó del Pont la presidente del BCRA. Su desembarco en el directorio fue en junio de 2013, cuando por un decreto del Poder Ejecutivo hizo nombrar a Pablo López, el actual secretario de Finanzas, en el directorio de la entidad. Luego, en setiembre de ese mismo año, al vencer los mandatos de tres directores del Banco Central -Carlos Pérez, Carlos Sánchez y la vicepresidente segunda de la entidad Gabriela Ciganotto-, el gobierno decidió no nombrar reemplazantes para manejar el directorio a su manera. Con la llegada de Juan Carlos Fábrega a la presidencia del Banco la designación como director en comisión del joven economista camporista Germán Feldman y lo nombró al frente de la superintendencia de Entidades Financieras quedándose con el manejo de bancos, financieras y casas de cambio.

En abril de 2012 entró en vigencia la nueva Carta Orgánica del BCRA (Ley 26.739) que modificó el objetivo del banco que era preservar el valor de la moneda. El artículo 3° de la nueva normativa establece que “el BCRA promueve no sólo la estabilidad monetaria y del sistema financiero sino que también procura el pleno empleo de los recursos y el desarrollo de la economía con equidad social”. Un cambio sustancial para que el ente monetario emita dinero sin respaldo como lo viene haciendo. La normativa amplía peligrosamente los límites previstos en el Artículo 20°, al generar un canal adicional de financiamiento al Tesoro Nacional que es equivalente al 10% de sus ingresos en efectivo. Se trata de adelantos  transitorios, que deben ser cancelados pasados los dieciocho meses de su otorgamiento y esto aumenta el financiamiento del banco al Tesoro Nacional que aumenta su déficit fiscal irresponsablemente. Otro de los aspectos cuestionables es que se eliminó la relación fija entre la base monetaria y las reservas internacionales. Con esto se abandonó el régimen de tipo de cambio fijo para que el gobierno pueda definir la relación de paridad entre el dólar y el peso. “Este nivel de reservas necesarias para la conducción de las políticas cambiaria y monetaria deberá definirse en cada caso, a través de un ejercicio dinámico de evaluación de las fortaleces y los riesgos que enfrente la economía argentina”, dice.

La nueva ley permite al BCRA intervenir en el sistema financiero. En los últimos tiempos hubo una embestida contra casas de cambio y agentes de bolsa por la venta del dólar blue o ilegal, y hasta con un banco extranjeros como el Citibank suspendiéndolo como agente en la operatoria de títulos y acciones. La nueva CO reformulada por Kicillof le otorga al BCRA facultades e instrumentos que antes no tenía para incidir sobre el empleo y la producción y aumenta el poder de intervención del Estado sobre el BCRA que ha dejado de ser un organismo independiente. 

Y ahora al parecer Kicillof va por más: quedarse en el BCRA con Cristina o sin Cristina.

Aunque el ministro de Economía Axel Kicillof o el presidente del Banco Central Alejandro Vanoli nieguen la existencia del cepo lo que deberían entender y analizar son los problemas que éste genera. Kicillof afirmó que “el término cepo para describir las restricciones a la compra de divisas fue instalado con intencionalidad y que sería sensato que aquellos que hablan de levantarlo expliquen qué significa”. Además agregó que “no hay cepo cambiario porque se pagan importaciones, se giran utilidades y se vende esa moneda a la gente que quiere”. En tanto que Vanoli optó por la ironía diciendo que “el cepo es un elemento de tortura abolido por la Asamblea del año 13 y llamar a las cosas con ese nombre tiene toda una significación, que tiende a desnaturalizar cualquier intento de un Banco Central de establecer regulaciones financieras y cambiarias mínimas”.

Esta definición de cepo, le guste o no al gobierno, sirve para definir lo que ha pasado en la Argentina desde el 29 de octubre del 2011, unos días después de que Cristina Kirchner fuese reelecta, cuando el todavía ministro de Economía, Amado Boudou, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y el secretario de de Finanzas, Hernán Lorenzino, nos adelantaron a un grupo de cinco periodistas de la sala de prensa del ministerio de Economía (MECON) que el gobierno instrumentaría un control a las compras de dólares por parte de la AFIP y que podrían comprar dólares y vender dólares en el mercado financiero las personas físicas y empresas que estuvieran en regla para hacerlo y mostraran capacidad contributiva. Esto es, lisa y llanamente, una especie de control de cambios pero mal instrumentado y se llama cepo cambiario. En caso de que el mercado paralelo fuese declarado legal, el Banco Central se quedaría con las ganancias de ese arbitraje y no el sector privado, como casas de cambio, arbolitos etc.

Este cepo cambiario generó a su vez tres problemas. La aparición de un mercado de dólar paralelo o blue -o ilegal, como lo llamó el gobierno-, con sus diversas variantes como dólar contado con liqui, dólar bolsa, dólar ahorro y dólar tarjeta, estos dos últimos financiados por el propio gobierno. El segundo problema, consecuencia de ese desdoblamiento con un dólar oficial y otro paralelo, fue que dejaron de ingresar dólares financieros a la Argentina. Estos pueden entrar vendiéndoselos al Banco Central al valor del dólar oficial pero no los pueden sacar al exterior a ningún valor porque el gobierno impide la remesa de utilidades de las empresas al exterior. No sólo hay una diferencia cambiaria del 40% entre el dólar oficial de 8,80 pesos y el paralelo de 12,80 pesos sino que las empresas o el inversor no se pueden llevar los dólares lo que configura un control de capitales disfrazado y mal instrumentado.

Estos dos problemas a su vez generaron un tercero. Este es el más grave de todos que es la falta de dólares comerciales. La fuerte caída de las importaciones ha provocado una caída en las exportaciones que en caso de mantenerse llevará a un déficit comercial que se calcula por la diferencia entre las importaciones y las exportaciones de bienes. Por consiguiente no habrá más dólares comerciales para la economía. Lo cierto es que el cepo cambiario impide la compra de dólares a gran parte de la sociedad y es el gobierno el que los compra para pagar importaciones de petróleo y gas y para pagar deuda. Lo que comenzó como una idea de restringir las compras de dólares en el mercado interno con el objetivo de pesificar la economía como intentaba hacer Axel Kicillof desde mediados del 2012 finalizó una ausencia total de dólares que dolarizó aun más la economía.

Ahora el gobierno necesita los dólares, por eso los tiene que buscar como sea. Con China, con Rusia, o colocando deuda en el mercado, lo que configura un gran avance. Pero el cepo es el gran problema. Porque cierra el camino para producir, para importar y para exportar y por ahora el gobierno lo niega. Este problema es similar al que los candidatos presidenciales del 99 tenían con la Convertibilidad. Eduardo Duhalde, el candidato del Partido Justicialista, no la quería, en tanto que Fernando De la Rua, el candidato de la Alianza, ganó las elecciones porque anunció que la mantendría. Para cualquiera de los candidatos presidenciales que lideran las encuestas, como Mauricio Macri, Daniel Scioli o Sergio Masa, adoptar una solución será crucial en caso que alguno de los tres llegue a presidente.