El primero es que por primera vez el presidente que asuma el 10 de diciembre próximo encontrará varios tipos de cambio diferenciales, algo que no ocurría desde que Carlos Menem asumió el poder, el 9 de julio de 1989. En ese entonces existían por los menos cinco tipos de cambio diferentes, como el dólar oficial, el financiero, el turista y el paralelo, entre otros, una situación parecida a la actual, pero donde la brecha cambiaria no superaba más del 40 % entre el valor más caro y el más barato, mientras que hoy la diferencia es del 70 %, pero con un mercado declarado ilegal, una diferencia muy importante con respecto a aquella época donde el Banco Central (BCRA) podía intervenir en el mercado cambiario comprando y vendiendo dólares en el mercado paralelo, algo que ahora está impedido de hacer. Por consiguiente, esta situación de desdoblamiento cambiario se debe modificar.

El segundo aspecto se relaciona con el precio del dólar en el mercado de futuros frente al valor calculado por el Gobierno para fin de ese año, en 9,70 pesos, de acuerdo con las minidevaluaciones del BCRA. Este valor está por debajo del dólar futuro de aproximadamente unos 9,90 pesos que se opera en los contratos que se realizan en mercados como el Rofex y el Mercado Abierto Electrónico y considerando que el dólar paralelo, libre o ilegal cotiza a 15,95 pesos. Se observa una situación de atraso cambiario que afecta a las economías regionales que tienen problemas a la hora de exportar al valor del tipo de cambio oficial. En la plaza de futuros de Nueva York, los contratos de dólar en el mercado NDF reflejan apuestas de que el valor del dólar oficial será de 10,55 pesos a fin de diciembre y de 14,65 de pesos en octubre del año próximo. En estos casos se deben considerar las circunstancias locales de un atraso cambiario producto de una alta inflación y un tipo de cambio oficial semifijo, y razones externas, como las devaluaciones de las monedas de países emergentes, en particular Brasil, que podrían obligar al próximo Gobierno a aumentar el ritmo de devaluación del peso para recuperar la competitividad.

El tercer aspecto es el nivel de las reservas del BCRA, que a fin de octubre podrían llegar a unos 28.000 millones de dólares, luego de hacer frente al pago del vencimiento del Boden 2015, si el Gobierno no esgrime antes alguna estrategia financiera para evitar la caída, como hizo hasta ahora con el swap de monedas con China. Ese total de reservas internacionales parece escaso para mantener la actual paridad cambiaria del mercado oficial de 9,40 pesos, comparado con la cantidad de pesos que hay en el mercado. Si comparásemos la vieja relación de convertibilidad entre el total de activos del BCRA y el total de pasivos, ese valor está más cerca de los 15,85 del dólar paralelo o ilegal que del dólar oficial. A su vez, este nivel de reservas estará afectado por la cantidad de dólares ahorro y dólares turista que decida seguir vendiendo este Gobierno a los particulares hasta antes del 10 de diciembre. Desde que se empezó a aplicar este sistema, en enero de 2014, los particulares se han llevado unos 8500 millones de dólares de las reservas internacionales del BCRA a un valor de dólar subsidiado por el Estado que será difícil mantener luego del 10 de diciembre, cuando asuma otro presidente, que al parecer no podrá evitar esa devaluación tan temida que está antes de doblar la esquina.

Pero el error de diagnostico del equipo económico que comanda Axel Kicillof, de creer que el aumento de la inflación es producido por un aumento de la demanda de bienes y servicios superior a la oferta de los mismos o culpa de empresarios inescrupulosos que aumentan los precios, le juega en contra. El problema es que la inflación se debe a un fenómeno monetario. Un proceso de emisión de pesos nunca visto desde los 90 a la fecha para financiar el déficit fiscal, agravado ahora por una caída en la demanda de dinero de los agentes económicos que se desprenden de los pesos para comprar bienes o dólares legales, ilegales o los que consiga.

Los números de inflación de setiembre que dio el Indec muestran  un aumento de la tasa de inflación anualizada que no se observaba desde los primeros meses del 2002. De no modificarse, este diagnóstico equivocado podría llevar a la Argentina a otro proceso hiperinflacionario similar al vivido entre enero y marzo de 1990 que desembocó luego en el Plan de Convertibilidad instrumentado a partir de abril de 1991 después de una abrupta megadevaluación del peso
frente al dólar. Por el momento no están dadas las condiciones para una Primera Hiperinflación como la de julio de 1989 donde los aumentos de precios llegaron al 5000 % anual.

La teoría económica describe tres tipo de inflación. La inflación por demanda que está  relacionada con un aumento de  la demanda de bienes y servicios por encima de la oferta de los mismos, la inflación por costos provocada por el incremento de los salarios, y la inflación por  emisión monetaria para financiar el déficit fiscal del gobierno. Esta es la causa de la inflación actual.

El fenómeno inflacionario que se ha desatado en el país desde principios del 2007 cuando se intervino el Indec y con mayor virulencia a partir del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner responde efectivamente a un aumento de la emisión  monetaria desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para financiar el déficit fiscal producto de ingresos que crecen a una tasa anual del 25 % y un gasto público que aumenta al 50 % anual en promedio. Ese déficit fiscal, de acuerdo a los números del Presupuesto 2015, llegará este año a unos 160.000  millones de pesos y, en caso de no reducirse, incrementará la inflación a valores insospechados, lo que a su vez podría provocar fuertes presiones en el mercado cambiario oficial y paralelo que obligarían al gobierno a devaluar el peso frente al dólar de una manera más brusca que la del 25 % realizada por el BCRA en enero de este año.

Para entender el error de diagnóstico hay que destacar que el Presupuesto 2014 preveía un superávit fiscal de unos 4600 millones de pesos y una inflación del 9,8 % en todo el año. En realidad, el acumulado de los primeros nueve meses muestra una tasa de inflación que llega al 20 %. Esto significa que, medida con los sospechosos datos del Indec, la inflación calculada en términos anualizados se duplicó entre setiembre del año pasado que llegaba al 10 % y septiembre de este año. El valor de septiembre adquiere más gravedad, si a eso le sumamos que este número fue logrado durante la vigencia de un programa de Precios Cuidados lanzado por la Secretaría de Comercio a partir de enero pasado y que lleva ya su cuarta versión de ajuste de precios. El error de diagnóstico puede costar muy caro.

Este fenómeno de brecha cambiaria no es una novedad y es una concecuencia del cepo cambiario instrumentado a partir de noviembre de 2011. Lo que sí es original es que se sumen dos brechas más, agravando todavía más la situación. La brecha de precios, del 80%, que surge de la diferencia en las estimaciones de inflación entre la consultoras privadas que calculan un 40 % para este año mientras el INDEC proyecta un 25 % de aumento, distorsiona el calculo del retraso del tipo de cambio para las proyecciones de la macroeconomía.

Además, se suma la brecha energética del 150 % entre el costo que el Estado se paga por importar gas a 17,50 dólares el millón de BTU y el costo de venderlo en el país a 7 dólares para subsidiar la energía, lo que provoca una demanda adicional de dólares por parte del Gobierno que compra los dólares en el mercado oficial y un déficit de la balanza energética de unos USD 8000 millones.

El crecimiento de esas importaciones hace que la administración kirchnerista gaste cada vez mas reservas internacionales, lo que a su vez genera una mayor emisión de pesos sin respaldo para que el Gobierno compre los dólares oficiales baratos que necesita para pagar esa energía. Estas importaciones avanzan a tanta velocidad que se llevan cada año una porción mayor de los dólares que ingresan al país por la soja. Estas brechas nunca estuvieron presentes en las mega devaluaciones históricas que tuvo la Argentina, convirtiendo al problema en más espinoso que en anteriores ocasiones.

El dólar blue no sube, como afirma Kicillof, por un supuesto “plan de cinco puntos los fondos buitre”; lo hace porque el Gobierno no hace nada para que baje. ¿La razón? No le interesa ese mercado. Grave error.

Un trabajo del economista del IEERAL, Gustavo Reyes, señala que “la brecha cambiaria tradicionalmente ha aparecido en Argentina debido a la tentación de los distintos gobiernos de mitigar los procesos inflacionarios retrasando el tipo de cambio real con devaluaciones inferiores al ritmo de crecimiento de los precios y anclando el valor del dólar. Tarde o temprano, esta política termina generando pérdidas en las reservas internacionales del Banco Central y cuando ésta dinámica comienza a ser importante, en numerosas veces las autoridades monetarias han decidido restringir la venta de divisas sin permitir que el tipo de cambio oficial flote hacia su  nivel de equilibrio por temores inflacionarios”.

Esta menor venta de dólares del BCRA, sumada a una mayor demanda de la divisa de los particulares, empresas que consideran que valor del tipo de cambio es“barato” y la falta de ajuste en el tipo de cambio “oficial”, genera automáticamente la aparición de un tipo de cambio marginal, pero ahora el escenario es más preocupante.

En los últimos 70 años, la Argentina ha soportado fenómenos como el de la brecha cambiaria que inevitablemente finalizaron luego en abruptas devaluaciones del peso frente al dólar. El último ejemplo de una situación similar a la actual fue el final de la Convertibilidad. La Argentina no está lejos de un proceso semejante y hasta podría ser peor. Con esta dinámica, la devaluación del 25 % de enero pasado podría ser solo una anécdota si el Gobierno no reacciona.