El primero es que por primera vez el presidente que asuma el 10 de diciembre próximo encontrará varios tipos de cambio diferenciales, algo que no ocurría desde que Carlos Menem asumió el poder, el 9 de julio de 1989. En ese entonces existían por los menos cinco tipos de cambio diferentes, como el dólar oficial, el financiero, el turista y el paralelo, entre otros, una situación parecida a la actual, pero donde la brecha cambiaria no superaba más del 40 % entre el valor más caro y el más barato, mientras que hoy la diferencia es del 70 %, pero con un mercado declarado ilegal, una diferencia muy importante con respecto a aquella época donde el Banco Central (BCRA) podía intervenir en el mercado cambiario comprando y vendiendo dólares en el mercado paralelo, algo que ahora está impedido de hacer. Por consiguiente, esta situación de desdoblamiento cambiario se debe modificar.

El segundo aspecto se relaciona con el precio del dólar en el mercado de futuros frente al valor calculado por el Gobierno para fin de ese año, en 9,70 pesos, de acuerdo con las minidevaluaciones del BCRA. Este valor está por debajo del dólar futuro de aproximadamente unos 9,90 pesos que se opera en los contratos que se realizan en mercados como el Rofex y el Mercado Abierto Electrónico y considerando que el dólar paralelo, libre o ilegal cotiza a 15,95 pesos. Se observa una situación de atraso cambiario que afecta a las economías regionales que tienen problemas a la hora de exportar al valor del tipo de cambio oficial. En la plaza de futuros de Nueva York, los contratos de dólar en el mercado NDF reflejan apuestas de que el valor del dólar oficial será de 10,55 pesos a fin de diciembre y de 14,65 de pesos en octubre del año próximo. En estos casos se deben considerar las circunstancias locales de un atraso cambiario producto de una alta inflación y un tipo de cambio oficial semifijo, y razones externas, como las devaluaciones de las monedas de países emergentes, en particular Brasil, que podrían obligar al próximo Gobierno a aumentar el ritmo de devaluación del peso para recuperar la competitividad.

El tercer aspecto es el nivel de las reservas del BCRA, que a fin de octubre podrían llegar a unos 28.000 millones de dólares, luego de hacer frente al pago del vencimiento del Boden 2015, si el Gobierno no esgrime antes alguna estrategia financiera para evitar la caída, como hizo hasta ahora con el swap de monedas con China. Ese total de reservas internacionales parece escaso para mantener la actual paridad cambiaria del mercado oficial de 9,40 pesos, comparado con la cantidad de pesos que hay en el mercado. Si comparásemos la vieja relación de convertibilidad entre el total de activos del BCRA y el total de pasivos, ese valor está más cerca de los 15,85 del dólar paralelo o ilegal que del dólar oficial. A su vez, este nivel de reservas estará afectado por la cantidad de dólares ahorro y dólares turista que decida seguir vendiendo este Gobierno a los particulares hasta antes del 10 de diciembre. Desde que se empezó a aplicar este sistema, en enero de 2014, los particulares se han llevado unos 8500 millones de dólares de las reservas internacionales del BCRA a un valor de dólar subsidiado por el Estado que será difícil mantener luego del 10 de diciembre, cuando asuma otro presidente, que al parecer no podrá evitar esa devaluación tan temida que está antes de doblar la esquina.

Como manifiesta Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones: “Los precios que se establecen en transacciones voluntarias entre compradores y vendedores son capaces de coordinar la actividad de miles de millones de personas, quienes, buscando cada una de ellas su propio interés, contribuyen al bienestar general de la población”. Un sistema de precios libres genera los incentivos para producir más y eficientemente, para determinar un valor de equilibrio en el mercado y da información para la toma de decisiones de los agentes económicos.

Este festival de cepos a desactivar se compone de: 1) cepo a la compra de dólares con autorización de la AFIP a través de las compras de dólar ahorro, 2) cepo a los precios con el Programa de Precios Cuidados, que deteriora el nivel de rentabilidad de las empresas, porque el Indec no se ha normalizado, 3) cepo para importar que consiste en la autorización de las declaraciones juradas de autorización de importaciones (DJAI), que autoriza la Secretaría de Comercio y ha provocado una deuda de unos 5000 millones de dólares con el sector importador, 4) cepo para exportar con los registros de operación de exportaciones (ROE) que autoriza el Ministerio de Agricultura y obliga a los productores a vender en el mercado interno a un precio menor que el que podrían obtener exportando el producto para una mesa de los argentinos que cada vez está más cara, 5) cepo para distribuir utilidades de las empresas que autoriza la Comisión Nacional de Valores, 6) cepo para remisión de utilidades al exterior de los bancos y las empresas multinacionales que autoriza el Banco Central, entre ambos suman unos 3500 millones de dólares, y 7) cepo inmobiliario, que ha congelado las operaciones de compra-venta de propiedades, que solo hoy se realizan en su mayoría por medio del blanqueo de capitales.

Estos siete cepos son producto de las restricciones económicas y financieras que impuso este Gobierno desde la crisis del campo en el 2008. Estas medidas restrictivas han provocado caída de exportaciones e importaciones, caída del empleo en el sector privado, fuerte baja de la actividad industrial y del crecimiento económico, algo que deberá revertirse en la medida en que se eliminen esos cepos. Esas restricciones cambiarias han provocado además una fuerte caída en las reservas, que de un récord de 52.654 millones de dólares registrados en enero del 2011 cayeron a los actuales 33.600 millones de dólares. Durante su gestión, Cristina Kirchner perdió la mitad de las reservas internacionales que logró acumular Néstor Kirchner en su mandato.

Cualquiera de los candidatos mejor posicionados que gane las elecciones, Daniel Scioli, Mauricio Macri o Sergio Massa, deberá desactivar el cepo cambiario y el festival de cepos que distorsiona la fijación de precios libres y transparentes del mercado de bienes y servicios para que la economía crezca. En ese aspecto, Scioli sostiene: “El cepo se irá eliminando gradualmente en la medida en que ingresen dólares de inversiones”. Por su parte, Macri ha manifestado: “El 11 de diciembre no habrá más cepo cambiario”, en tanto que Sergio Massa dijo que en cien días eliminará el cepo cambiario. Ese tiempo es muy largo para la Argentina, que se devora presidentes de bancos centrales, ministros de Economía y hasta presidentes de la nación cuando hay crisis financieras y cambiarias y la economía no crece, como en la actualidad.