La salida definitiva del default del 2001, el abandono del default del 2014 que dejó Axel Kicillof y los siete mil millones de dólares adicionales que se consiguieron para el programa financiero del 2016 son los tres tiros que menciona el ministro, quien en los últimos diez días ha comenzado a eclipsar a algunos ministros del gabinete económico que conforman Rogelio Frigerio, Francisco Cabrera, Juan José Aranguren y Guillermo Dietrich.

Prat-Gay consiguió en sólo cuatro meses unificar el mercado cambiario, eliminar el cepo, obtener unos 16.500 millones dólares en el mercado internacional de capitales para pagar a los holdouts y sacar a la Argentina definitivamente del default. Es un logro que ningún ministro en la historia había conseguido. En las principales reuniones de empresarios, estos señalan una gran diferencia con la tarea de otros ministros y su imagen de gradualismo. “Prat-Gay sólo ha dado buenas noticias a la sociedad, mientras que otros fueron encargados de anunciar despidos en la administración pública, aumentos de las tarifas de luz y gas y de los boletos del transporte público”, comentan muchos de ellos.

En esas reuniones, también se dice que fue Prat-Gay quien recomendó a Mauricio Macri pagarle en efectivo a los holdouts, en lugar de darles bonos, como ellos querían. Con esta operación ideada por el ministro junto al secretario de Finanzas Luis Caputo, el Gobierno se ahorró unos tres mil millones de dólares. Esto se debe a que los holdouts pedían una tasa del 11%, frente al promedio del 7,5% que consiguió el Gobierno. A eso hay que sumarle que Prat-Gay fue el encargado de bajar los intereses que querían cobrar los holdouts y parte del capital adeudado, lo que le generó al Gobierno otro ahorro de unos cuatro mil millones de dólares con respecto a lo que la Argentina tendría que haber pagado. Con esas dos ideas de Prat-Gay, el Gobierno se ahorró unos siete mil millones de dólares.

Los empresarios destacan de Prat-Gay su independencia para manejarse dentro del Gobierno, a diferencia de otros ministros del equipo económico, que responden al jefe de Gabinete Marcos Peña. En la conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda del martes pasado, el ministro destacó la labor de su equipo económico, del Congreso de la Nación y el apoyo que tiene del presidente Mauricio Macri. Dejó de lado el nombre de algunos funcionarios que esperaban tener un reconocimiento de su parte.

Esta es la segunda vez que Prat-Gay muestra su estilo independiente. La ocasión anterior fue en otra conferencia de prensa en el mismo lugar, el 16 de diciembre del año pasado, cuando explicó la salida del cepo cambiario, pero evitó hablar de la devaluación del peso. Pese a que el jefe de Gabinete Marcos Peña lo sumó al vicejefe de Gabinete Mario Quintana para seguir sus pasos y amenaza con crear una Oficina de Presupuesto similar a la que funciona en los Estados Unidos, que dependa de él, para reducir la injerencia de Prat-Gay en el manejo del presupuesto de la nación, Prat-Gay se las ingenió para evitar cualquier tipo de problema y se apoyó en sus principales colaboradores, como su viceministro Pedro Lacoste y el secretario de Finanzas Luis Caputo. Manejó directamente las negociaciones con el mediador Daniel Pollack.

La tarea de Prat-Gay sólo es comparable con la de Roberto Lavagna, cuando entre abril del 2002 y septiembre del 2005 logró estabilizar el valor del dólar, normalizar la economía, hacerla crecer y comenzar a sacar a la Argentina del default con el canje I de la deuda, con el apoyo de Eduardo Duhalde, primero y de Néstor Kirchner, luego. La reducción de la inflación es una asignatura pendiente para Prat-Gay y habrá que ver si el ministro logra bajarla al 25% anual, como prometió en febrero pasado, mientras que hoy llega al 35% anual y no se observa por el momento una gran baja.

Obra de la casualidad, tal vez, ese mismo día la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner deberá presentarse en los tribunales de Comodoro Py frente al juez federal Claudio Bonadio, que pretende imputarla por asociación ilícita y administración fraudulenta en las ventas de dólar futuro que hasta ahora le han hecho perder unos setenta mil millones de pesos al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y podrían llegar a los cien mil pesos en junio.

La decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York es fundamental para que Argentina normalice su situación en los mercados de deuda. La colocación será la mayor emisión de deuda pública soberana en los mercados financieros internacionales. En lo que respecta a las colocaciones en dólares de deuda soberna de este año, México lidera, con una emisión de 2.500 millones de dólares a 10 años a una tasa del 4,95, le sigue Chile con 1.240 millones de dólares en bonos a 10 años, con un rendimiento 3,4 por ciento. La novedad y la buena noticia para la Argentina es que Brasil por ahora continúa afuera de los mercados de deuda por su situación política. La mala noticia es que nuestro país deberá pagar una tasa anual que oscilará entre un 7,5% y un 8% por la emisión de bonos similares. El Gobierno argentino luego tendrá que salir a buscar en lo que resta del año aproximadamente otros 15 mil millones de dólares en los mercados financieros internacionales, y podría transformarse en uno de los mayores emisores de deuda de los países de la región.

A nivel corporativo la emisión más alta de deuda latinoamericana en los mercados internacionales es un bono de Petróleos Mexicanos (PEMEX) por seis mil millones de dólares en el 2015. La Argentina duplicará esa cifra.

El otro acontecimiento es de origen local. La citación a declarar por las ventas de dólar futuro a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, quien todavía no designó abogado pero en la lista figuran Carlos Beraldi o el ex juez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni. El problema es que la investigación no está relacionada con una decisión de política económica, esta no es judiciable, sino con la venta de esos dólares baratos, antes de la devaluación y con que el Gobierno anterior haya buscado beneficiar a funcionarios o empresas como producto de la diferencia entre los precios pactados y los finalmente pagados por el BCRA tras la devaluación y el levantamiento del cepo cambiario.

En caso de que la investigación de Bonadio avance se podrían poner en duda los pagos de las operaciones que efectivizaron las nuevas autoridades del BCRA de diciembre pasado a la fecha en los mercados de dólar futuro, tanto en el Mercado Abierto Electrónico como en el Rofex. Las autoridades tendrán que explicar por qué pagaron esos contratos de futuros que habían sido denuciados por los diputados Federico Pinedo y Mario Negri el 30 de noviembre pasado, por pedido del ministro Alfonso Prat-Gay. El problema es que se acusa al Gobierno anterior por pérdidas que se produjeron luego de que el actual Gobierno devaluara y después pagara esos futuros.

El BCRA deberá dar a conocer el monto total de las operaciones y quiénes fueron las instituciones financieras y las empresas que se beneficiaron con esas operaciones al comprar un dólar a unos 9,80 pesos en el mercado oficial, mientras que en los Estados Unidos el dólar futuro cotizaba a unos 15 pesos por unidad desde noviembre del año pasado. Una operación de dólar futuro consiste en fijar un precio del valor del dólar para un momento futuro determinado. Si la cotización es más alta el día fijado, el BCRA le paga al comprador la diferencia en pesos, y si la cotización está por debajo de lo fijado, el comprador le debe pagar al BCRA. Una de las excusas que se manejan dentro del equipo económico es que se cancelaron para salir del cepo cambiario. Frente a ex directores del BCRA que desfilaron ante Bonadio la semana pasada, este formuló una acusación por asociación ilícita. De un total de trece imputados, la ex Presidente fue citada en último lugar y deberá presentarse en Comodoro Py el 13 de abril, mientras que Axel Kicillof y Alejandro Vanoli lo deberán hacer antes. Por esos dos acontecimientos los mercados financieros estarán muy atentos a lo que pase el próximo miércoles 13 de abril.

La llegada de Obama el miércoles marca, entre otras cosas, el apoyo a la reinserción financiera y comercial de Argentina en el mundo. El punto de partida es cerrar el acuerdo con los holdouts, donde se observa un gran respaldo del Gobierno de los Estados Unidos. La mayoría de los fondos de inversión que le ganaron los juicios a la Argentina o tenían demandas pendientes son norteamericanos. Si es exitosa la colocación de unos 12.500 millones de dólares en bonos en el mercado internacional, que se utilizarán para pagar a los holdouts, los Estados Unidos se transformarán en un prestamista de última instancia y acelerarán los créditos de organismos financieros internacionales. El reciente anuncio de préstamos del Banco Mundial por más de cinco mil millones de dólares va en esa dirección.

Este apoyo no será gratis. Tendrá como contraparte permitir no sólo que el FMI audite las cuentas públicas por el artículo IV, sino que vuelva a tener una sede en el país, probablemente a partir de julio próximo. Como corolario, desde abril comenzarían a ingresar a la Argentina una gran cantidad de dólares provenientes de los Estados Unidos, el principal país inversor en Argentina. Pero nuestro país tiene un elevado déficit comercial bilateral, que llegó a los 4.700 millones de dólares en 2015, mientras que en el 2004 la Argentina tenía un superávit comercial a favor de unos 470 millones de dólares. A diferencia de Brasil, se trata de un país que no se complementa en la producción de bienes, como, por ejemplo, la industria automotriz.

A pesar de la poca complementariedad, no hay que descartar que la Argentina inicie un rápido acercamiento comercial a los Estados Unidos, por medio de un Tratado de Libre Comercio (TLC) que formen este país, Canadá y México. El kirchnerismo rechazó enérgicamente ese acuerdo cuando George W. Bush visitó la Argentina, en noviembre de 2005. “Es un proceso que va a tardar, que va a ir más lento pero al menos debemos empezar a poder venderle limones, aumentar el biodiesel, y a traer tecnología”, ha manifestado Mauricio Macri al respecto.

El Mercosur es un bloque que representa el principal destino de las exportaciones, en particular a Brasil, que demanda el 80% de los autos que exportan Argentina y Brasil; es el destino de un 17% de las exportaciones argentinas. En 2015, el saldo comercial fue deficitario en 2.500 millones de dólares. Pese a la reciente devaluación en la Argentina, el tipo de cambio bilateral con Brasil todavía muestra una apreciación del peso frente al real del 30% respecto del promedio de los últimos 18 años, pero en caso de que la crisis se agrave, este podría transformarse en un expulsor de dólares, muchos de los cuales podrían tener como destino la Argentina.

Hay un flojo desempeño comercial, un bajo grado de institucionalidad y un reducido grado de integración con el mundo, pero la cercanía es un factor a favor. En los últimos años, se ha interrumpido la integración productiva por trabas de Argentina para importar insumos para producir y la imposibilidad de que las empresas envíen dividendos al exterior. La coordinación de las políticas macroeconómicas no se ha producido tampoco.

La gran duda luego del afianzamiento de las relaciones con los Estados Unidos es qué pasará con el Mercosur. Brasil muestra una crisis política con final impredecible y la peor recesión desde la crisis del treinta. La alternativa que se comenzará a plantear dentro del Gobierno y en los ambientes empresariales y financieros será seguir en un Mercosur muy golpeado, que cumplirá 25 años el 20 de abril o enfilar directamente hacia un TLC con los Estados Unidos y mejorar el acuerdo bilateral con la Unión Europea también.

Considerando los acuerdos que ha logrado el Ministerio de Hacienda y Finanzas con gran parte de los acreedores que no entraron a los canjes, el Gobierno necesita la derogación de esas dos leyes para reestructurar definitivamente la deuda en default originada desde el 2001 y que le ha traído grandes problemas a la Argentina, como los que detalló el presidente Mauricio Macri en su discurso para abrir las sesiones del Congreso de la Nación.

La ley cerrojo, aprobada en febrero de 2005, impide que el Estado argentino les ofrezca a los acreedores que no entraron en los canjes de 2005 y 2010 mejores condiciones que a los tenedores de bonos que habían aceptado la reestructuración de deuda. Establece además que el Poder Ejecutivo no podrá reabrir el proceso de canje de bonos después del 25 de febrero de 2005 ni efectuar cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada respecto de esos bonos, y aquellos papeles que no se hayan canjeado hasta ese día serán retirados de todas las bolsas y los mercados de valores en los que estuvieran cotizando. Con esta ley, el Poder Ejecutivo se reservó también la potestad para negociar la deuda en razón de la delegación de facultades cedida por el Congreso de la Nación.

Lo curioso es que fue suspendida en octubre de 2010, cuando el ministro de Economía, Amado Boudou, logró la aprobación de un proyecto de ley enviado al Congreso para suspenderla transitoriamente y lanzar el canje II de la deuda con el que la Argentina llegó a un 93% de aceptación por parte de los bonistas, pero dejó un 7% afuera. Estos bonistas, los holdouts, empezaron a litigar contra la Argentina y lograron ganar un juicio en la Corte de Nueva York que condenó al Estado argentino a pagar unos 1.330 millones de dólares por la aplicación de la cláusula pari passu que implica un trato igualitario para los acreedores que no entraron en los canjes I y II.

El gran inconveniente es que, con esta ley, el Estado argentino trabó las reaperturas de canjes de deuda y es la principal culpable de los juicios originados por los holdouts a la Argentina, la mayoría iniciados en la Corte de Nueva York, en el Juzgado del juez Thomas Griesa. En caso de haber quedado abierto el canje II, más bonistas hubieran entrado, pero por orden de la presidente Cristina Fernández de Kirchner el canje se cerró definitivamente en octubre de 2010. Este fue el primer error del kirchnerismo en la reestructuración de la deuda iniciada con el canje I del 2005. Esto provocó que de una deuda no canjeada original de unos seis mil millones de dólares pasara a un valor de unos veinte mil millones de dólares.

No conforme con eso, el kirchnerismo logró, en septiembre de 2014, aprobar en el Congreso la ley de pago soberano, el segundo gran error del kirchnerismo. En particular, porque agravó el problema original. Esta ley autorizó al Gobierno el reemplazo del Bank of New York (BONY) por Nación Fideicomisos para el pago en Buenos Aires de la deuda reestructurada, pero fue un fracaso total. Ese reemplazo fue ideado para evitar una orden del juez Thomas Griesa que le impedía a la Argentina pagar a los bonistas en el exterior. Lo que se logró fue que quedaran depositados en la Argentina en cuentas del Banco Central unos tres mil millones de dólares que no pudieron ser pagados a los bonistas.

El cambio de la sede de pago y la salida del BONY, una idea del ex ministro de Economía, Axel Kicillof, no resolvió el  litigio que Argentina tenía con los holdouts. Muy por el contrario, lo agravó. Provocó que los bonistas que habían entrado a los canjes I y II, que estaban cobrando los intereses y las amortizaciones, los llamados holdin, dejaran de cobrar por no aceptar el cambio en la jurisdicción extranjera que establecía las condiciones de los bonos reestructurados en lugar de la jurisdicción local. Fue una iniciativa innecesaria, porque cambiar la jurisdicción y el banco pagador no resolvió el problema original, que es una sentencia definitiva para pagarles a los bonistas unos 1.300 millones de dólares por la aplicación del pari passu ordenada por el juez de Nueva York en noviembre de 2012. Por lo tanto, para resolver el problema que generó, una ley debe ser derogada por el Congreso de la Nación.

Por primera vez menciona la palabra ‘holdouts’ para dirigirse a los acreedores en lugar de los fondos buitre como el Gobierno ha llamado siempre en forma despectiva a aquellos acreedores que no entraron en el canje I y II de la deuda. Al parecer el cambio discursivo que Jaime Durán Barba impuso a Mauricio Macri en el PRO ha generado modificaciones en el discurso de Kicillof para ganar votos. Pero quienes seguimos día al día la agenda del ministro como periodistas acreditados en su sala de prensa podemos afirmar que hace bastante tiempo Kicillof se muestra como un muy buen alumno de Durán Barba, que le ha recomendado a los dirigentes del PRO que no digan lo que van a hacer. Kicillof ha seguido esa teoría desde que entró al Palacio de Hacienda el 10 de diciembre de 2011 como viceministro.

Hay varios ejemplos. Con respecto al caso Repsol, hay que recordar que Kicillof estuvo más de un año afirmando, no solo en Argentina sino también en foros internacionales, que el Estado no le iba a pagar un centavo a Repsol, porque la empresa había estafado a la Argentina, se había llevado el petróleo y había dejado de producir. Finalmente, con un decreto firmado por él se le pagaron a la empresa española el equivalente en bonos por unos 6500 millones de dólares por la expropiación.

Lo mismo ocurrió con el Club de París. Kicillof decía que no había que pagarle nada, porque era una deuda vieja, que venía desde 1954 y que no tomó este Gobierno. Finalmente accedió a pagarle unos 9000 millones de dólares sin negociar absolutamente nada. Como se puede observar en estos casos y también con los 600 millones pagados al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), Kicillof no decía lo que iba a hacer.

Kicillof relata a la gente, en sus caminatas como candidato a diputado: “Estos 12 años han servido para que todas estas cosas que en economía eran imposible de comprender porque te la vendían difícil, hoy los argentinos hemos entendido que distribuir es uno de los instrumento más grandes, no solo para la justicia social, sino para el crecimiento económico”. Lo que el ministro no le dice a la gente es que desde que él llegó al ministerio de Economía el PBI de la Argentina no crece y sin crecer la economía será difícil distribuir riqueza y aumentará más la pobreza. Tampoco Kicillof le cuenta a la gente que por una orden suya en enero de 2013 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dejó de publicar los datos de pobreza e indigencia en la Argentina. El ministro manifiesta en su campaña: “Desendeudar la Argentina no es una tarea de una época, es una actividad permanente para tener soberanía económica e independencia política para seguir creciendo como pueblo”. Lo que no les dice es que desde que él asumió como ministro de Economía la Argentina no para de endeudarse y que se terminó el “Desendeudarnos para desintervenirnos” que recitaba Néstor Kirchner.

Pero el error de diagnostico del equipo económico que comanda Axel Kicillof, de creer que el aumento de la inflación es producido por un aumento de la demanda de bienes y servicios superior a la oferta de los mismos o culpa de empresarios inescrupulosos que aumentan los precios, le juega en contra. El problema es que la inflación se debe a un fenómeno monetario. Un proceso de emisión de pesos nunca visto desde los 90 a la fecha para financiar el déficit fiscal, agravado ahora por una caída en la demanda de dinero de los agentes económicos que se desprenden de los pesos para comprar bienes o dólares legales, ilegales o los que consiga.

Los números de inflación de setiembre que dio el Indec muestran  un aumento de la tasa de inflación anualizada que no se observaba desde los primeros meses del 2002. De no modificarse, este diagnóstico equivocado podría llevar a la Argentina a otro proceso hiperinflacionario similar al vivido entre enero y marzo de 1990 que desembocó luego en el Plan de Convertibilidad instrumentado a partir de abril de 1991 después de una abrupta megadevaluación del peso
frente al dólar. Por el momento no están dadas las condiciones para una Primera Hiperinflación como la de julio de 1989 donde los aumentos de precios llegaron al 5000 % anual.

La teoría económica describe tres tipo de inflación. La inflación por demanda que está  relacionada con un aumento de  la demanda de bienes y servicios por encima de la oferta de los mismos, la inflación por costos provocada por el incremento de los salarios, y la inflación por  emisión monetaria para financiar el déficit fiscal del gobierno. Esta es la causa de la inflación actual.

El fenómeno inflacionario que se ha desatado en el país desde principios del 2007 cuando se intervino el Indec y con mayor virulencia a partir del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner responde efectivamente a un aumento de la emisión  monetaria desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para financiar el déficit fiscal producto de ingresos que crecen a una tasa anual del 25 % y un gasto público que aumenta al 50 % anual en promedio. Ese déficit fiscal, de acuerdo a los números del Presupuesto 2015, llegará este año a unos 160.000  millones de pesos y, en caso de no reducirse, incrementará la inflación a valores insospechados, lo que a su vez podría provocar fuertes presiones en el mercado cambiario oficial y paralelo que obligarían al gobierno a devaluar el peso frente al dólar de una manera más brusca que la del 25 % realizada por el BCRA en enero de este año.

Para entender el error de diagnóstico hay que destacar que el Presupuesto 2014 preveía un superávit fiscal de unos 4600 millones de pesos y una inflación del 9,8 % en todo el año. En realidad, el acumulado de los primeros nueve meses muestra una tasa de inflación que llega al 20 %. Esto significa que, medida con los sospechosos datos del Indec, la inflación calculada en términos anualizados se duplicó entre setiembre del año pasado que llegaba al 10 % y septiembre de este año. El valor de septiembre adquiere más gravedad, si a eso le sumamos que este número fue logrado durante la vigencia de un programa de Precios Cuidados lanzado por la Secretaría de Comercio a partir de enero pasado y que lleva ya su cuarta versión de ajuste de precios. El error de diagnóstico puede costar muy caro.

Lo grave del caso es que esta baja de un punto se produce en un escenario peor al de mediados de enero pasado, antes de la devaluación del 25 % del peso frente al dólar oficial decidida por Fábrega con el aval de Cristina Fernandez y sin la venia de Kicillof. En ese momento, se pensaba que la Corte Suprema de los EE.UU. tomaría el caso argentino y el pago de la sentencia con los holdouts por unos 1350 millones de dólares se pasaría al 2015. Ahora, en cambio, el mercado teme que hasta se pueda acelerar el pago de los bonos del canje porque la Argentina no pudo hacer el pago a los bonistas que entraron a a los canjes I y II. Un default técnico tampoco estaba en consideración y la activación de la cláusula RUFO y el pago de seguros de default menos. Mientras, la única esperanza para arreglar la situación -un acuerdo entre privados para comprar esa sentencia -se desvanece.

Cabe recordar que, antes de la devaluación de enero, el BCRA emitía dinero a un ritmo diario de unos 500 millones de pesos. En la actualidad, emite aproximadamente unos 1000 millones de pesos por día y con el agravante que se ha producido una importante caída de la demanda de dinero por parte del público, que empieza a desprenderse de la moneda argentina mas rápido que antes. Este es el peor de los mundos en materia de política monetaria: un excesivo aumento de la emisión de pesos y una moneda local cada vez menos en demanda.

La contracara se observará en la política cambiaria. Por lo tanto, es muy probable que el BCRA se vea obligado a devaluar mas rápido el valor del dólar oficial -que está casi en los 8,25 pesos- frente al resto de las variedades de dólar como el contado con liqui, el dólar bolsa o el dólar paralelo. Alcanzando un nuevo máximo histórico, la divisa norteamericana se ubica por encima de la barrera de los 13 pesos en el mercado informal, ya que que los agentes buscan su cobertura frente a un futura devaluación. Si en estas condiciones el BCRA no devalúa el peso, perderá todavía más reservas internacionales, que llegan hoy a los 29,000 millones de dólares. La situación no podría ser peor: faltan dólares (por una menos liquidación de exportaciones con el precio de una soja en baja), el déficit fiscal crece para financiar el gasto público y el de cuenta corriente es el más alto de los últimos años, la suba de la inflación no se detiene y los problemas de conflictividad laboral se acrecientan.

Esta nueva intromisión de Kicillof en la política monetaria del BCRA no hace más que alentar las versiones que indican que en pocos días -y en la medida que la Presidente lo acepte- sería inevitable la renuncia de Fábrega, el llamado “Garante” del sistema financiero. Esta vez, su final parece estar más cerca de lo que muchos creen. Fiel a su estilo, Kicillof ya está preparado para tomar el control del organismo, el único bastión de la economía que todavía no maneja directamente. Si saca a Fábrega, la posibilidad de emitir pesos libremente ya será una realidad.

Se trata de tres cláusulas fueron establecidas por los distintos gobiernos de turno para incentivar a los inversores minoristas e institucionales a la compra de bonos argentinos luego de los default ocurridos desde la crisis de la deuda de América Latina en 1982. Por haber sido una especie de “defaulteador serial”, la Argentina tuvo que colocar esas cláusulas que ahora pueden hacer caer una de las reestructuraciones de deuda “más exitosas del mundo”, en palabras del gobierno.

La primera es la llamada cláusula “Pari Passu”(PP), que figura en la  mayor parte de las emisiones de deuda soberana. Significa “un trato igualitario para aquellos bonistas de un país que entren o no entren a un canje de deuda pública”. Está en la primera página del Prospecto de emisión de los títulos de deuda y establece que ningún bonista que haya participado de un canje puede recibir un pago sin que el resto, que prefirió rechazar la oferta, también lo haga. La Argentina quedó expuesta a esta cláusula al realizar el Canje I, en marzo de 2005, y luego el Canje II, en octubre de 2010, ya que hubo un 93 % de acreedores que entró en esos canjes pero un 7 % restante no lo hizo; son los llamados holdouts y, entre ellos, los Fondos Buitre. De estos últimos, los fondos Elliot, Aurelius, Blue Angel y 13 bonistas ganaron finalmente el juicio a la Argentina con una sentencia favorable de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, a cargo del Juez Thomas Griesa, que obliga a la Argentina a pagar unos 1500 millones de dólares a esos demandantes.

Esta cláusula se empezó a utilizar a partir de 1995, cuando el fondo especulativo Elliott, el que le ganó la demanda a la Argentina, la utilizó en un juicio en el año 2000 contra el gobierno peruano de Alberto Fujimori cuando un tribunal de Bélgica le ordenó a ese país pagar una sentencia por unos USS 60 millones por bonos defaulteados en el Plan Brady comprados por unos 20 millones dólares.

En cuanto a la Argentina, la deuda total por la aplicación de la PP no sólo incluiría los 1500 millones de dólares más intereses, sino que podrían sumarse demandas de otros holdouts que alcanzarían un monto de entre 4000 y 8000 millones de dólares, y no 15000 millones como afirma el ministro Axel Kicillof.

La segunda cláusula es la Right Upon Future Offer, más conocida por sus siglas: RUFO. Significa el derecho a una oferta mejor para los que entraron en los canjes si el gobierno mejora las condiciones propuestas a alguno de los bonistas que no ingresaron en los Canjes I y II. Esto implica que, si el gobierno mejora la oferta al 7 % de los bonistas que no entraron al canje hasta ahora, tiene la obligación de hacer lo mismo con el 93 por ciento de acreedores que sí aceptaron los Canjes  I y II.

Esta cláusula vence el 31 de diciembre de este año. En este caso, desde el gobierno afirman que, si se les paga a estos fondos como lo exige el fallo Griesa, también habrá que pagar unos 150.000 millones que demandarán quienes entraron en los canjes I y II, es decir, el 93 por ciento que aceptó la oferta frente a un minoritario 7 % que no la rechazó.

La cifra de 150.000 millones de dólares, que dio a conocer el ministro Axel Kicillof, suena desmesurada en función de lo que han cobrado los bonistas que aceptaron los canjes. Pero Kicillof sostiene que podrían reclamar una mejora del 1600 %, que es lo que lograron los fondos que demandaron a la Argentina ante el tribunal de Nueva York.

Hasta su vencimiento, el gobierno tampoco puede cambiar la jurisdicción de pago de los bonos, como intentaba hacer y el juez Thomas Griesa se lo prohibió. Esta subordinación de la reestructuración de deuda a la justicia extranjera buscaba darles seguridad jurídica a los inversores. Por lo tanto, si la Argentina quiere cambiar el lugar de jurisdicción de los bonos con legislación extranjera con Nueva York, Europa o Japón, o si no se pagan los vencimientos de los bonos, puede incurrir en una falta y caer en lo que se llama “default técnico”.

La tercera es la “Class Actions” (CCAs) o Acción de Clase. Se trata de una cláusula instrumentada como un símil de escudo que busca minimizar el daño que puede ocasionar el creciente atractivo de la estrategia de los holdouts.  Se la conoce como cláusula de acción colectiva o directamente CACs, y se trata de un artilugio legal que permite imponer a los bonistas que no entran en los canjes -los holdouts- el acuerdo de una mayoría que oscila entre el  66% y el 75%. Pero en este caso lo que complica a la Argentina es el no haber apelado a esta cláusula. Para algunos especialistas, hubiera evitado problemas mayores dado que un 93 % aceptó la reestructuración; pero al no existir esta cláusula los fondos buitre lograron su cometido en la justicia.

La impericia, la soberbia y la inexperiencia con la que se aborda el problema para pagarle unos 1500 millones de dólares a los holdouts tal vez sean los términos que más se adecúen a esta nueva cruzada “anti-buitre” que encabeza el  ministro Axel Kicillof, quien ha manifestado irresponsablemente a través de un comunicado enviado por el ministerio de Economía que el 30 de junio próximo la Argentina no pagará un vencimiento de deuda por 900 millones de dólares.

Lo más grave del caso es que Kicillof podría trasformase en una de las victimas de esa “crisis de deuda sin problemas de deuda” si el  dólar libre o ilegal se dispara en los próximos días como ocurrió en las tantas crisis cambiarias y financieras que se produjeron en nuestro país. Kicillof debería considerar que la última se produjo en enero pasado y en esa oportunidad el BCRA tuvo que devaluar el dólar oficial un 25%. Como dato, hay que mencionar que las reservas del BCRA desde que llegó Axel Kicillof en noviembre pasado a la titularidad de la cartera de Economía cayeron unos 3000 millones de dólares.

Un nuevo aumento del tipo de cambio junto a una baja en las reservas intencionales del BCRA en Argentina podría ser un golpe letal para un ministro que ha quedado inmovilizado, sin reflejos y sin respuestas, ante al decisión de la Corte Suprema de los EEUU y del levantamiento del stay por parte de la Cámara de Apelaciones del segundo Circuito de Nueva York a cargo del Juez Thomas Griesa. En particular porque una nueva crisis financiera llevará consigo un aumento de los precios que el gobierno esta vez no podrá contener con el programa de Precios Cuidados. Solo basta mencionar que el vienes antes de conocerse la decisión de la Corte de los EEUU el valor del dólar en el mercado libre llegaba a los 11,70 pesos, mientras que en la actualidad supera los 12,50 mostrando un aumento del 7 %.

En caso de defaultear y no mostrar voluntad de pago frente a una sentencia de un tribunal de Nueva York avalada por la Corte Suprema de Justicia de los EEUU, Argentina se expone a perder el reducido financiamiento internacional que tenía para el sector público y también para el sector privado.  Cabe recordar que en el corto plazo la Provincia de Buenos Aries necesita colocar en el mercado internacional unos 500 millones de dólares, la Ciudad de Buenos Aires debe financiar unos 890 millones de dólares y la provincia de Mendoza busca unos 250 millones de dólares en el mercado de externo. Nadie les prestará a gobernadores de un Estado que puede caer en defualt.

El proyecto de YPF para financiar el yacimiento de Vaca Muerta, donde se necesitarían invertir aproximadamente unos 20.000 millones de dólares en los próximos cinco años, quedaría en el olvido. Ningún inversor se atreverá a financiar el crecimiento de una compañía estatizada de un país en cesación de pagos. Este escenario tambien afectará fuertemente a las inversiones en el sector privado.

El ministerio de Economía sostuvo este miércoles por la noche que la suspensión de las medidas cautelares dictadas por el juez de Nueva York Thomas Griesa “impiden” el pago de los cupones de la deuda reestructurada que vencen el 30 de junio próximo en la jurisdicción de Nueva York. Lo llamativo es que el comunicado finaliza indicando que ”Argentina reitera la voluntad de pago a sus acreedores reestructurados”. Esto deja abierta la posibilidad aún de cambiar la jurisdicción, pese al rechazo del juez Griesa y la  posibilidad de declarar el primer default de la deuda sin problemas de deuda, a diferencia de anteriores ocasiones cuando se defaulteaba porque el país no podía pagar su deuda por crisis financieras internacionales
como las del 82 que sacudió a todos los países de la región o la ultima tan recordada de fines del 2001.