La puesta en marcha de una agencia para captar inversiones es crucial para que se consoliden los planes de inversión extranjera. Pese a anunciar su lanzamiento en tres ocasiones, todavía no se publicó un decreto del Poder Ejecutivo para crearla. El 23 de marzo pasado, en el AmCham Argentina Sumit 2016, Cabrera declaró que se crearía la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional (AICI).

Malcorra y Cabrera están de acuerdo en compartir el manejo de ese organismo, pero hay un gran problema que señalan varios empresarios, en particular algunos que forman parte del Directorio de la Fundación Exportar, un ente mixto constituido por el sector público y el sector privado. Esta sólo se dedica a fomentar las exportaciones, pero no las inversiones, que es lo que debería hacer la agencia. El Gobierno pretende transformar esa fundación en una agencia, pero sus socios privados no están de acuerdo. En diciembre pasado, el economista Marcelo Elizondo estaba a cargo de armar la agencia, pero se retiró del proyecto por las pujas internas que había. El problema que marcó Elizondo fue que no se podría montar la agencia sobre la estructura de la Fundación Exportar.

Curiosamente, cuando entramos al sitio de esa fundación, hay un logo de Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, que todavía no ha sido creada por ningún decreto del Poder Ejecutivo. Además, figura como una página conjunta del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Producción y están las fotos de Malcorra y Cabrera. Se informa sobre la creación de la agencia, lo que nunca ocurrió. Entre las autoridades de la agencia figuran las de la Fundación Exportar, todo muy desprolijo. En la actualidad, el presidente ejecutivo de la Fundación Exportar es el economista Juan Procaccini, que trabajó en el Fondo Pegasus, que creó el vicejefe de Gabinete Mario Quintana. Como presidente figura el ex titular de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez.

La confusión dentro del Gobierno, para manejar las inversiones, es el factor común del problema. El ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile, armó una Secretaría de Mercados Externos, el secretario de Comercio, Miguel Braun, que depende de Cabrera, tiene una Subsecretaría de Comercio Exterior para buscar inversiones y el ministro de Comunicación, Oscar Aguad, creó una Secretaría de Promoción de Inversión Internacional para manejar las inversiones de las empresas de telefonía. La Unidad Presidente dentro de la Casa Rosada diseñó una agencia para promover el comercio internacional y las inversiones donde fue nombrado Horacio Reyser como asesor especial para inversiones extranjeras directas. El interés de los ministros por tener su propia agencia de inversiones es porque desde allí se pueden negociar líneas de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial o de otro organismo financiero internacional para proyectos de infraestructura.

La historia de desencuentros comenzó en diciembre, cuando Cabrera había logrado llevarse la Fundación Exportar a Producción, a través de la ley de los ministerios. Pero en enero pasado, Malcorra hizo un movimiento y recuperó todas las atribuciones que antes estaban bajo la órbita de Cabrera, sobre las negociaciones internacionales y la promoción del comercio exterior, gracias al decreto 223, publicado el 20 de enero pasado, para quedarse con ese organismo que antes estaba en manos de Cabrera.

La impericia, la soberbia y la inexperiencia con la que se aborda el problema para pagarle unos 1500 millones de dólares a los holdouts tal vez sean los términos que más se adecúen a esta nueva cruzada “anti-buitre” que encabeza el  ministro Axel Kicillof, quien ha manifestado irresponsablemente a través de un comunicado enviado por el ministerio de Economía que el 30 de junio próximo la Argentina no pagará un vencimiento de deuda por 900 millones de dólares.

Lo más grave del caso es que Kicillof podría trasformase en una de las victimas de esa “crisis de deuda sin problemas de deuda” si el  dólar libre o ilegal se dispara en los próximos días como ocurrió en las tantas crisis cambiarias y financieras que se produjeron en nuestro país. Kicillof debería considerar que la última se produjo en enero pasado y en esa oportunidad el BCRA tuvo que devaluar el dólar oficial un 25%. Como dato, hay que mencionar que las reservas del BCRA desde que llegó Axel Kicillof en noviembre pasado a la titularidad de la cartera de Economía cayeron unos 3000 millones de dólares.

Un nuevo aumento del tipo de cambio junto a una baja en las reservas intencionales del BCRA en Argentina podría ser un golpe letal para un ministro que ha quedado inmovilizado, sin reflejos y sin respuestas, ante al decisión de la Corte Suprema de los EEUU y del levantamiento del stay por parte de la Cámara de Apelaciones del segundo Circuito de Nueva York a cargo del Juez Thomas Griesa. En particular porque una nueva crisis financiera llevará consigo un aumento de los precios que el gobierno esta vez no podrá contener con el programa de Precios Cuidados. Solo basta mencionar que el vienes antes de conocerse la decisión de la Corte de los EEUU el valor del dólar en el mercado libre llegaba a los 11,70 pesos, mientras que en la actualidad supera los 12,50 mostrando un aumento del 7 %.

En caso de defaultear y no mostrar voluntad de pago frente a una sentencia de un tribunal de Nueva York avalada por la Corte Suprema de Justicia de los EEUU, Argentina se expone a perder el reducido financiamiento internacional que tenía para el sector público y también para el sector privado.  Cabe recordar que en el corto plazo la Provincia de Buenos Aries necesita colocar en el mercado internacional unos 500 millones de dólares, la Ciudad de Buenos Aires debe financiar unos 890 millones de dólares y la provincia de Mendoza busca unos 250 millones de dólares en el mercado de externo. Nadie les prestará a gobernadores de un Estado que puede caer en defualt.

El proyecto de YPF para financiar el yacimiento de Vaca Muerta, donde se necesitarían invertir aproximadamente unos 20.000 millones de dólares en los próximos cinco años, quedaría en el olvido. Ningún inversor se atreverá a financiar el crecimiento de una compañía estatizada de un país en cesación de pagos. Este escenario tambien afectará fuertemente a las inversiones en el sector privado.

El ministerio de Economía sostuvo este miércoles por la noche que la suspensión de las medidas cautelares dictadas por el juez de Nueva York Thomas Griesa “impiden” el pago de los cupones de la deuda reestructurada que vencen el 30 de junio próximo en la jurisdicción de Nueva York. Lo llamativo es que el comunicado finaliza indicando que ”Argentina reitera la voluntad de pago a sus acreedores reestructurados”. Esto deja abierta la posibilidad aún de cambiar la jurisdicción, pese al rechazo del juez Griesa y la  posibilidad de declarar el primer default de la deuda sin problemas de deuda, a diferencia de anteriores ocasiones cuando se defaulteaba porque el país no podía pagar su deuda por crisis financieras internacionales
como las del 82 que sacudió a todos los países de la región o la ultima tan recordada de fines del 2001.