El primero es que por primera vez el presidente que asuma el 10 de diciembre próximo encontrará varios tipos de cambio diferenciales, algo que no ocurría desde que Carlos Menem asumió el poder, el 9 de julio de 1989. En ese entonces existían por los menos cinco tipos de cambio diferentes, como el dólar oficial, el financiero, el turista y el paralelo, entre otros, una situación parecida a la actual, pero donde la brecha cambiaria no superaba más del 40 % entre el valor más caro y el más barato, mientras que hoy la diferencia es del 70 %, pero con un mercado declarado ilegal, una diferencia muy importante con respecto a aquella época donde el Banco Central (BCRA) podía intervenir en el mercado cambiario comprando y vendiendo dólares en el mercado paralelo, algo que ahora está impedido de hacer. Por consiguiente, esta situación de desdoblamiento cambiario se debe modificar.

El segundo aspecto se relaciona con el precio del dólar en el mercado de futuros frente al valor calculado por el Gobierno para fin de ese año, en 9,70 pesos, de acuerdo con las minidevaluaciones del BCRA. Este valor está por debajo del dólar futuro de aproximadamente unos 9,90 pesos que se opera en los contratos que se realizan en mercados como el Rofex y el Mercado Abierto Electrónico y considerando que el dólar paralelo, libre o ilegal cotiza a 15,95 pesos. Se observa una situación de atraso cambiario que afecta a las economías regionales que tienen problemas a la hora de exportar al valor del tipo de cambio oficial. En la plaza de futuros de Nueva York, los contratos de dólar en el mercado NDF reflejan apuestas de que el valor del dólar oficial será de 10,55 pesos a fin de diciembre y de 14,65 de pesos en octubre del año próximo. En estos casos se deben considerar las circunstancias locales de un atraso cambiario producto de una alta inflación y un tipo de cambio oficial semifijo, y razones externas, como las devaluaciones de las monedas de países emergentes, en particular Brasil, que podrían obligar al próximo Gobierno a aumentar el ritmo de devaluación del peso para recuperar la competitividad.

El tercer aspecto es el nivel de las reservas del BCRA, que a fin de octubre podrían llegar a unos 28.000 millones de dólares, luego de hacer frente al pago del vencimiento del Boden 2015, si el Gobierno no esgrime antes alguna estrategia financiera para evitar la caída, como hizo hasta ahora con el swap de monedas con China. Ese total de reservas internacionales parece escaso para mantener la actual paridad cambiaria del mercado oficial de 9,40 pesos, comparado con la cantidad de pesos que hay en el mercado. Si comparásemos la vieja relación de convertibilidad entre el total de activos del BCRA y el total de pasivos, ese valor está más cerca de los 15,85 del dólar paralelo o ilegal que del dólar oficial. A su vez, este nivel de reservas estará afectado por la cantidad de dólares ahorro y dólares turista que decida seguir vendiendo este Gobierno a los particulares hasta antes del 10 de diciembre. Desde que se empezó a aplicar este sistema, en enero de 2014, los particulares se han llevado unos 8500 millones de dólares de las reservas internacionales del BCRA a un valor de dólar subsidiado por el Estado que será difícil mantener luego del 10 de diciembre, cuando asuma otro presidente, que al parecer no podrá evitar esa devaluación tan temida que está antes de doblar la esquina.

Por ese motivo, esta decisión del BCRA puede ser tal vez el último intento de la autoridad monetaria para evitar una mayor caída de reservas internacionales y una devaluación del peso. Si bien se trata de una medida muy parecida a la febrero pasado, cuando el BCRA obligó a los bancos a desprenderse de activos dolarizados que tenían en sus carteras, es probable que esta vez su efecto sobre el mercado del dólar paralelo sea mucho menor. La apuesta a comienzos del año tuvo una fuerte consecuencia en el mercado del dólar paralelo en todas sus versiones, que bajó 13 a 10,50 pesos el valor del dólar blue, así como también impactó en el dólar contado con liqui y en el dólar bolsa, las otras dos versiones que se pueden comercializar en la Argentina legalmente.

¿Por qué en esta ocasión la estrategia no funcionará? En aquella oportunidad,  los bancos se desprendieron de unos 4000 millones de dólares, ya que contaban con muchos activos dolarizados en sus carteras. En cambio, en esta nueva liquidación, no se superaría los 1000 millones de dólares, con el riesgo adicional de dejar a los bancos más vulnerables patrimonialmente a la hora de una posible futura devaluación del peso frente al dólar, similar a la de enero pasado.

A eso debemos agregar una situación económica financiera peor que la de comienzos de año. El BCRA había devaluado el peso frente al dólar en un 25 %, la Argentina no estaba en un principio de default, los bancos habían ganado unos 12.000 millones de pesos por la diferencia de valorización de esos activos. Además, el precio de la soja en el mercado internacional estaba en los 480 dólares la tonelada, mientras que ahora se encuentra en los usd 370, lo que reducirá en gran medida la liquidación de las exportaciones de la próxima campaña y redundará en menores ingresos por retenciones para el Gobierno.

Vale recordar que, con esta medida, el BCRA busca frenar la estampida cambiaria desatada luego del 30 de junio, cuando la Argentina no pudo pagarle a los tenedores de deuda los vencimiento de ese mes. En un contexto de corrida y brecha cambiaria, caída de reservas internacionales, récord de emisión monetaria con inflación imparable, níveles históricos de compra de dólares oficiales a través del dólar ahorro, es difícil que esta decisión tenga un efecto en el mediano plazo.

Tal vez se observe una baja en las diferentes variantes del dólar paralelo en los primeros días de la vigencia de la medida, pero la misma no asegura que el Gobierno evite realizar una nueva devaluación del peso. Solo queda la opción de conseguir unos 11.000 millones de dólares de un swaps de monedas que el Gobierno negocia con China. ¿Lo conseguirá?

El problema es que ahora, a diferencia de ese momento, la situación es más grave. Como era de esperarse, este principio de default -que será defualt definitivo cuando los acreedores finalmente lo declaren- ha puesto a la Argentina en una situación mucho mas complicada que la de fines del año pasado. Los medios oficialistas le han puesto a esta situación el ingenioso nombre de ”Griefault”, aunque es más bien un “Kicifault”, considerando que fue el ministro Axel Kicillof el encargado de cumplir la orden presidencial de no pagar la sentencia definitiva que beneficiaba a un minoritario grupo de bonistas. Desconocer el pago del fallo del Juez Thomas Griesa por unos 1350 millones de dólares es probable que le cueste muy caro a este Gobierno, mas allá de las alternativas que busque para no pagar, como por ejemplo el cambio de jurisdicción de los bonos que pretende el oficialismo y el desplazamiento del banco BONY como agente pagador.

El Gobierno se ha quedado entrampado entre el Griefault o el Kicifualt, que implica por el momento no pagar la deuda a quienes entraron en los canjes I y II. Por lo tanto, no se debe descartar una fuerte caída del peso parecida a la de enero, cuando se produjo una devaluación que llevó a la cotización de la monda nacional de 6,50 a 8 por dólar. Hoy, si el BCRA sube mucho las tasas de interés provocará más recesión y, si las baja, tendrá mas pérdida de reservas. La suba del dólar oficial es una de las pocas salidas que tienen en un contexto de alta inflación y récord de emisión de pesos para financiar el déficit fiscal.

Agravando la situación, en medio de una importante corrida cambiaria que comienza a drenar al BCRA luego de unos meses de tranquilidad, los funcionarios se encuentran más preocupados en modificar un ley vieja y mala como la Ley de Abastecimiento, y en aprobar la Ley Soberana de Pago de Deuda Exterior, que podría provocar el fin de un exitoso proceso de restructuración y desendeudamiento que llevó a la Argentina a mostrar una de las reducciones mas importantes de la deuda pública interna y externa de los últimos 50 años.

El principio de default -o Kicifault- en el que entró la Argentina desde el 30 de junio ha frenado el magro ingreso de capitales, proveniente de la entrada de dólares genuinos y por liquidación de exportaciones del  comercio exterior. A esto se ha sumado una fuerte caída en el precio internacional de la soja, que en la actualidad se ubica en valores cercanos a los de setiembre de 2010. De no modificarse este contexto, esto derivará en un estrangulamiento del sector externo y un stress financiero en el país, que probablemente deberá obligar al Gobierno a realizar una nueva devaluación del peso. Analizados todos los frentes, todos los caminos parecen llevar al mismo -y conocido- final.