La pérdida de 10 millones de cabezas de ganado; el cierre de 130 frigoríficos, con la consecuente baja de 15.600 puestos de trabajo; la caída del 75% en las exportaciones; el aumento del precio al público en un 200%; y la disminución en un 20% del consumo per cápita, son los efectos directos de años de erráticas restricciones a la comercialización en la industria frigorífica, lo cual ha generado disrupciones en los mercados y destrucción de las señales-precio necesarias para orientar (e incentivar) la capacidad productiva, a lo que se le agrega la falta de una política ganadera de mediano y largo plazo.
Particularmente alarmante resulta la situación de los frigoríficos registrada en los últimos años, con declinantes niveles de faena por insuficiencia de materia prima, lo cual implica costo creciente de producción por kilo de carne. Y, si a ello le sumamos una menor demanda de subproductos como cueros y cebo, queda configurada una situación de colapso sin precedentes en el sector. En efecto, especialmente durante el último bienio, han cerrado 130 de las 400 plantas frigoríficas que existían en el país, en su mayoría dedicadas a la exportación. Para tomar una dimensión del asunto, por las restricciones vigentes las exportaciones argentinas de carne bovina cayeron en 2012 a apenas 217.000 toneladas, cifra comparable a la de 2001, año de la aftosa.
Por supuesto, la caída de las exportaciones no sólo afecta a los frigoríficos sino también al productor ganadero. La menor demanda generada de animales en pie mantiene el precio del ganado a valores nominales casi constantes con costos crecientes, que debe absorber el productor, limitando el incentivo para invertir y aumentar la producción. Esta crítica situación impacta fuertemente en nuestras economías regionales, marginando de manera directa e indirecta a miles de trabajadores, con consecuencias sociales graves que no podemos ignorar.
Por su parte, como suele ocurrir en toda crisis, el segmento pyme es el primero en quedar fuera del negocio, dado que no cuenta con la capacidad de las grandes empresas para integrar la comercialización y la distribución y proveerse la hacienda. Esto no hace más que profundizar el proceso de concentración evidenciado particularmente durante los últimos años, con progresiva participación de capital extranjero.
A dicha concentración, ha contribuido significativamente la poco transparente administración de la “cuota Hilton” de exportación, principal negocio de la industria frigorífica, que representa ingresos potenciales por 480 millones de dólares. En 2014 se incumplirá por séptimo año consecutivo con dicha cuota, lo que significa una pérdida de 134,26 millones de dólares según estimaciones privadas, siendo el principal factor de desincentivación la discresionalidad en su asignación. Se han reducido tanto las empresas frigoríficas beneficiarias –de las 65 que participaban hace seis años, hoy hay 27, concentrándose en las 11 primeras el 70% del total a asignar-, como las asociaciones de productores participantes –las 40 del ciclo 2007/2008 se redujeron a 27 en 2013/2014.
Cabe señalar que la desviación en el enfoque del problema que experimentan muchos funcionarios del gobierno nacional responde a una concepción de la política completamente vetusta, a través de la cual se coloca en la vereda de enfrente a los productores, enfatizando la dicotomía mercado interno/exportación, algo absolutamente falso ya que el potencial productivo del sector es suficiente para abastecer a ambos mercados.
La actividad cárnica se trata de un proceso productivo en el que se articulan múltiples y diversos actores. En sus distintos eslabones, incorpora tecnología y agrega valor. Es por ello que merece desarrollar todo su potencial, con el acompañamiento de políticas estratégicas basadas en datos de la realidad y no en un concepto perimido de la política, para contribuir con la generación de ingresos y empleo genuino para todo el país.
En este sentido, con el acompañamiento de los diputados Francisco De Narváez (Unión Celeste y Blanco), Cornelia Schmidt Liermann, Patricia Bullrich y Pablo Tonelli (Unión-PRO), hemos decidido solicitar al Subsecretario de Ganadería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Dr. Jorge Horacio Dillon, que brinde ante la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados un informe verbal acerca del cuadro de situación productiva, laboral, comercial y regulatoria a lo largo de la cadena de valor de la carne vacuna, a fines de promover eventualmente desde el ámbito legislativo acciones que garanticen la preservación de esta actividad primordial para el desarrollo de la Argentina.