En los últimos días hemos recibido, con mucha preocupación, información acerca de una serie de operaciones de exportación de materia prima sin elaboración con destino a Venezuela con significativos sobreprecios por parte de una empresa totalmente ajena al conglomerado arrocero, lo cual trae aparejado un fuerte impacto negativo en toda esa cadena productiva.

Algunas entidades vinculadas al sector revelaron que el contrato que tenían para exportar un gran volumen de arroz cáscara a ese país durante este año -al igual que ya lo habían hecho en años anteriores- se ha visto desplazado por la empresa Bioart S.A. de la ciudad de Rosario, la cual pertenece a empresarios santafesinos con ligazón al Ministro de Planificación, Julio De Vido.

De acuerdo a la Cámara de Industriales Arroceros de Entre Ríos (CIAER), dicha operatoria se ha venido intensificando durante los últimos meses y Bioart S.A. ya habría colocado 37.700 toneladas de arroz a 606,5 dólares por tonelada, mientras que el valor real del mercado oscila entre los 350 y 380 dólares. Y todo esto a pesar de las reiteradas denuncias que se presentaron ante altos funcionarios del gobierno nacional.

Esta situación, por cierto, conlleva graves consecuencias para el sector, entre ellas el encarecimiento de la materia prima –y con ello del precio en góndola-; la pérdida de mercados de exportación de arroz elaborado; e incluso grandes riesgos en la continuidad laboral de muchos trabajadores de esta importante actividad.

La industria arrocera, que emplea a más de 4000 personas en Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa y Misiones, procesa en sus molinos el arroz que recibe del campo, entregando el producto listo para el consumo interno y a la vez exportando productos elaborados a diversos países, que valoran la calidad del arroz de nuestro país. La exportación de arroz representa aproximadamente el 70 por ciento de la producción nacional.

En este contexto, las secuelas de este tipo de operaciones espurias, sospechadas de gozar de cierta connivencia por parte de funcionarios del gobierno, son absolutamente negativas y graves para nuestro país, ya que ponen en riesgo la continuidad de una importante economía regional, cuya prioridad siempre ha sido agregar valor a la materia prima argentina, ofrecer trabajo digno y mantener precios razonables en ambos mercados.

Es así que, atento a la enorme gravedad de la situación descrita y ante la falta de respuesta por parte de los funcionarios nacionales competentes, con un conjunto de diputados hemos decidido solicitar a la Secretaría de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, información precisa al respecto para promover oportunamente desde el ámbito legislativo acciones tendientes a preservar la industria arrocera, fuente esencial de trabajo y alimentos para todos los argentinos.