Esos dos modelos se distinguen claramente en los programas de crédito que cada gobierno ha diseñado para el acceso de las clases de menores ingresos a la primera vivienda. Esta nota comparará el plan Pro.Cre.Ar del gobierno nacional y el plan Mi casa BA, implementado entre el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y el Banco Ciudad.

Mi casa BA es el típico plan gestado desde los intereses del mercado. En principio, el IVC aportará sólo 200 millones de pesos, 625 créditos aproximadamente y, para ampliar el programa, “se prevé ofrecer a inversores privados la posibilidad de participar en un fondo fiduciario que emita a su favor títulos representativos de deuda que generen una tasa de retorno similar a la inflación real”, como expresa Iván Kerr, presidente del IVC en Infobae. Son préstamos hipotecarios para vivienda de hasta 1 millón de pesos, a 15 años de plazo con una tasa de interés fija del 5% en pesos, que promocionan como la más baja del mercado; pero este costo viene con un agregado no menor: el capital se indexará o ajustará por inflación. La Ciudad habla eufemísticamente de una “Unidad de Cuenta Estable” que seguirá el valor de una canasta de bienes y servicios de la CABA que elabora el gobierno de Macri con un importante peso del costo del alquiler.

Iván Kerr plantea que “los tomadores de estos créditos pagan una cuota que se mantiene en línea con la evolución de sus ingresos a lo largo de todo el crédito, alcanzando niveles de tasas muy accesibles, incluso en un contexto de alta inflación como el actual”. No comparto esa observación, los tomadores de crédito comenzarán pagando una cuota de $ 820 por cada $ 100.000 de crédito, pero lo que no se dice es que a los doce meses, si tomamos la evolución de la canasta desde noviembre 2011 a noviembre 2012, último dato informado por el GCBA, la cuota ascenderá a cerca de 1.000 pesos, y un dato más impactante aún, estarán debiendo $ 123.000 de capital, mayor a los $ 100.000 solicitados. En realidad, con cada cuota que paguen deberán más capital; esto sucederá, con el nivel considerado de precios, durante aproximadamente los primeros diez a once años del préstamo. Porque así funciona un crédito indexado, y porque además no es ninguna línea “innovadora” como la define Kerr, sino que es muy parecida a la fatídica RF 1050, pergeñada por Alfredo Martínez de Hoz en abril de 1980, que llevó a un impago masivo. Y ni hablar de que si la cuota supera el 40% del ingreso mensual, el tope fijado por “Mi Casa BA” se acumulará lo que reste pagar en futuras cuotas, haciendo el crédito prácticamente interminable.

Imaginémonos cómo evolucionarían los precios y los salarios con una devaluación del 40% como propuso el actual presidente del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger. La historia ha demostrado que desde 1976 a 2003 los salarios, con sus altibajos, han subido mucho menos que los precios.

No queda la menor duda de que es el inversor el que está absolutamente protegido; Kerr menciona en tres oportunidades en la nota aludida los beneficios que obtendrán. Los acreedores poseerán una inversión que se ajusta por la inflación de la CABA, y si el deudor no pudiera pagar porque la inflación supera al aumento de salarios, tienen la propiedad en hipoteca para cobrarse. Es el típico enfoque neoliberal, todos los beneficios a los inversores y todos los riesgos a los deudores. Por eso, la “Unidad de Cuenta Estable”, que es la que ajustará el capital, más que un eufemismo parece una burla cruel.

Las líneas del Plan Pro.Cre.Ar son totalmente distintas, están destinado a las clases populares (el máximo de préstamo son $ 400.000 con la última actualización) y se cobran tasas fijas durante los primeros cinco años de entre el 2% anual para los ingresos menores, al 11% para los de mayores ingresos; durante los 25 restantes se ajustará la tasa por el coeficiente de variación salarial pero con un tope del 4% para los ingresos menores y del 16% para los de ingresos mayores; con cada cuota que se paga, se reduce el capital. Por ejemplo por cada $ 100.000, una persona con ingresos de $ 5.000 mensuales pagará una cuota aproximada de $ 370 (contra $ 820 de Mi Casa BA), cuota que se mantendrá fija los primeros cinco años; a los doce meses tendrá un saldo de deuda de $ 97.500. Para quien gana $ 20.000 mensuales, pagará una cuota de $ 1.248 fija durante los primeros 5 años. El efecto inflacionario irá reduciendo el peso sobre el salario para los créditos del Pro.Cre.Ar, lo que no ocurre con Mi Casa BA, que mantendrá o superará el peso inicial sobre el presupuesto del deudor.

Además, el Pro.Cre.Ar tiene varias líneas para construcción, modalidad que tiende a revitalizar el mercado de la construcción, cuestión que no posee Mi Casa BA. Pro.Cre.Ar destinará más de $ 20.000 millones en los dos primeros años del programa, más de cien veces lo que destina el IVC; la asignación porteña sabe a poco, considerando que los ingresos de la administración nacional son unas diez veces superiores a los del GCBA.

Son dos concepciones totalmente contrapuestas, en la del gobierno nacional se subsidia fuertemente la adquisición de la vivienda popular. En la propuesta de Macri se le deja al mercado la solución del problema habitacional de los individuos de menores ingresos, imponiendo toda la carga sobre los deudores. Son dos modelos de país distintos: en las próximas elecciones se premiará a quienes desean continuar con el Pro.Cre.Ar y todas las demás iniciativas destinadas a construir un país más igualitario e inclusivo, o se dará mayor peso a quienes intentarán desactivar este plan y todos los otros mecanismos distributivos.

Son muchas las decisiones que han ido hilvanando esta política, que van más allá de lo económico: las políticas de derechos humanos y sociales -articuladas en pilares incontrastables como son la memoria, la justicia y la no represión de la protesta social-, la conformación de una nueva Corte Suprema de Justicia, la Ley de Matrimonio Igualitario, Fútbol para Todos, la ley de muerte digna; la Ley de tierras, que limita la tenencia de tierras en manos extranjeras; y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que democratiza la actividad y regula a los actuales monopolios, por mencionar sólo algunas. Creo que, entre las políticas económicas, resaltan aquellas que han tenido un impacto directo en las condiciones sociales, por ejemplo la estatización de las AFJP, que cerró el negocio especulativo con los fondos de los jubilados y habilitó que prácticamente se duplicara la cantidad de beneficiarios previsionales incorporando a más de tres millones de personas y permitiendo el financiamiento de la actualización semestral de los haberes previsionales. Otra política esencial es la Asignación Universal por Hijo (AUH), implementada en noviembre de 2009 y que actualmente alcanza a más de 3,5 millones de niños, transformándola en una de las herramientas de política social más ambiciosa a escala regional. No se pueden dejar de mencionar las leyes sobre trata de personas, como norma fundamental para el accionar contra el trabajo esclavo, la prohibición del trabajo infantil para menores de 16 años, el Nuevo Estatuto del Trabajador Rural y la reciente ley de Trabajadores de Casas Particulares.

Otro importante grupo de decisiones es aquel que impacta en la estructura económica y que revierte las herencias de la dictadura genocida y de la década neoliberal de los noventa, como la reestatización de Aerolíneas Argentinas y de YPF, que recuperan soberanía; las nuevas funciones otorgadas en su Carta Orgánica al Banco Central, por las que éste puede direccionar el crédito, fijando montos y tasas; al igual que la nueva Ley de Mercado de Capitales, que derriba la autorregulación y unifica el control en el Estado. Por último, y no por ello menos importante, cabe mencionar otra medida que caracteriza al modelo iniciado en 2003: la implementación de retenciones sobre los productos primarios, para captar parte de la renta extraordinaria de ciertos sectores exportadores, así como desvincular los precios internos de la volatilidad de las cotizaciones de las materias primas en los mercados internacionales.

Se ha logrado muchísimo, pero también queda mucho por avanzar, como realizar una reforma impositiva profundamente progresiva; una nueva ley de inversiones extranjeras -para lo cual es necesario ir desarmando los tratados bilaterales de libre comercio que se firmaron en la década menemista y que impiden que las inversiones extranjeras sean funcionales a los intereses del país-; y también hay que desactivar la adhesión al Ciadi, la justicia del Banco Mundial que siempre falla a favor de las empresas multinacionales. De allí la importancia de sustentar la continuidad de este proyecto político que es el único que garantiza no volver a las políticas neoliberales de los noventa.