Desde luego que su determinación es tan inconveniente para el país, incoherente por haber litigado una década y aceptado la jurisdicción extranjera, que “la lógica” indicaba que había que cerrar trato y pagar, en efectivo o con nuevos bonos pero pagar. Sin embargo, a todos el Gobierno les decía en la cara que no iba a cumplir, aún cuando se ingresara en default por la deuda regularizada del 2005 producto de embargos que afectaran a sus titulares. Pero casi nadie lo quiso creer hasta el discurso del Ministro Kicillof del miércoles 30 de julio desde el Consulado en Nueva York.

El propio juez Griesa es otro de los engañados. Pensó que en verdad Argentina estaba chicaneando sobre la forma de pago, no sobre el hecho mismo del cumplimiento de su fallo. Nombró un mediador para arreglar un modo no ofensivo ni humillante para la Argentina de pago del juicio, pero los representantes del gobierno lo trataron como si comenzara el proceso de vuelta y armaron otra campaña política pública para fundamentar su desconocimiento a la decisión de la Justicia.

Mintieron a todo el país y al extranjero con la cláusula RUFO, alegándola para no pagar el falllo, cuando es tan obvio que no se trata de ningún modo de una liberalidad de Argentina de andar regalando nada distinto a lo de los acreedores 2005/2010 sino que cumple obligadamente porque el proceso llegó al final. Y, por el mismo motivo, mienten ahora si dicen que desde el 1 de enero de 2015 se abre otra oportunidad para acordar no condicionados por la RUFO.

El ministro Kicillof, que hasta frustró una negociación privada de bancos motorizada por otros sectores del gobierno más racionales, representa ahora la ideología financiera kirchnerista que consiste, en esta materia, en lo siguiente:

1) El titular de un título del Estado no tiene derecho a cobrar lo que el bono dice que se debe pagar sino lo que voluntariamente el Gobierno decida que se paga, siempre. Las obligaciones contenidas en el contrato son meramente potestativas, tipificación del Código Civil argentino específicamente prohibida en el derecho nacional, que son aquellas donde el deudor cumple si quiere y si no quiere no cumple. O sea, son obligaciones establecidas “en broma”, no son verdaderas conductas debidas por parte del deudor al acreedor.

2) Quien compra un título del Estado en el mercado secundario a descuento no tiene derecho a percibir aquello que está escrito en el bono sino mucho menos y siempre es lo que el Estado arbitrariamente diga que paga. Se considera injusto que quien compra un papel del Estado barato pueda pretender el 100% del crédito, por más de que las oscilaciones de precios en el mercado sean hechos normales y legales y formen parte de las reglas de juego, y aunque el Estado emisor deba siempre lo mismo con independencia del fenómeno de precios del bono o sea el 100%. Este ha sido el argumento más fuerte para no pagar la sentencia, “pusieron 60 millones y pretenden el 1600% de rentabilidad”, “nosotros les ofrecemos a los buitres el 300% y ellos quieren el 1600%”. Este fraude propagandístico del kirchnerismo lo compró casi todo el país, hasta uno escucha gente de ideología liberal decir que los demandantes no merecen cobrar porque pretendieron ganar demasiado. ¿Cómo es posible que nadie, desde la política o el derecho, descalifique semejante absurda construcción? No se puede confundir una ganancia de capital (resultante de la compra-venta de activos) de la ganancia consistente en la tasa de interés a la que se comprometió el deudor. La ganancia de capital que terceros realicen no le afecta al emisor del bono, cuya obligación pertenece al universo rentístico y no de capital, puesto a que debe solo lo recibido en préstamo más la tasa de interés y su deuda es inflexible al precio cotizado en el mercado. Así lo ha reconocido la Justicia competente de Estados Unidos, tema que ni trata ni discute porque no es jurídico como no jurídico es el concepto de “fondo buitre” tal cual lo manifesté en este medio en 2013.

3) Nos presentamos en los juicios de Nueva York simplemente para ganar tiempo. Si los ganábamos, todo bien. Si los perdíamos, como sucedió, no cumplimos nada. Solo nosotros determinamos qué, cuándo, cómo y dónde pagar. No hay autoridad que esté por sobre nuestra voluntad política absoluta. Las declaraciones de ayer del juez Eugenio Zaffaroni atacando a la Justicia norteamericana son el agregado político final que se necesitaba para confirmar que Argentina hace lo que quiere. El repudio al fallo judicial equivocadamente suele compararse con la decisión de recuperar las Malvinas de 1982. Es un error. El antecedente de este comportamiento es el de la Junta Militar y de Videla del 25 de enero de 1978, cuando insólitamente se decide repudiar el laudo arbitral que determinó que tres islas del Canal de Beagle eran de Chile y no de nuestro país, tras lo cual estuvimos al borde de entrar en guerra solo por el disparate máximo de ir a juicio y, como se pierde, no aceptar la sentencia. No hay modo de que ahora el Gobierno se salga con la suya. Se embargarán bienes del país, inclusive fuera de los EE.UU., y los acreedores “buitres” y “no buitres” cobrarán. En breve llegarán sentencias adicionales por los restantes holdouts, unos 18.000-22.000 millones más, y caerá el canje de bonos de 2005 por reclamos de acreedores que pedirán la aceleración de cobro de sus créditos acorde a los mismos contratos firmados por el gobierno de Néstor Kirchner. Todo esto por la traba ideológica de Kicillof y Cristina Kirchner de no aceptar que los “buitres” tenían razón y que deben cumplir la sentencia que les resultó adversa. La reacción en cadena económica que se libera ahora con estos hechos es de extrema gravedad para el país, y la negación generalizada también. Atención, que la presunta deuda pública “reducida” que tenemos se puede como nada duplicar o más en pocos meses producto del delirio del gobierno de defaultear una sentencia de poca monta y de defaultear los pagos a los bonos de 2005 (aunque pretenda decir que pagó cuando no pagó).

Es mayoritario el sentimiento corporativo político nacional en cuanto a que el pago de un título público es un hecho más de la política económica del Gobierno, es decir, se cuenta con absoluta facultad para cumplir o no cumplir según los intereses y deseos del momento. No se visualiza en Argentina que los contratos financieros como éstos constituyan una actividad que el Estado desarrolla como un privado más y que por ello es susceptible de ser demandado como cualquiera con resultados que en los juicios pueden resultarles favorables o desfavorables.

Esta mentalidad nacional, que nos consagra como campeones mundiales del incumplimiento y que deriva evidentemente en una decisión política de la sociedad, debería generar correlativamente una política permanente de Estado al no endeudamiento por incapacidad psicológica de asumir que lo que una vez se recibe como préstamo tiene un único destino que es la devolución con intereses del capital obtenido acorde a los compromisos del contrato firmado. Analícense los sentimientos de quienes administran el país, provincias o municipios en esta materia. Piden créditos, emiten bonos para formalizarlos, incorporan los fondos a su patrimonio como activos que se gastan, pero directamente borran de sus pensamientos la obligación de repagar la deuda. Alcanzadas las fechas de pago, y no obteniéndose renovación del crédito, comienza la guerra contra el acreedor al que se reputa culpable de haber prestado. Estimo que frente a esta realidad cíclica nacional, la corporación política toda debería decidir no tomar deuda nunca más, ni externa, ni interna, ni de organismos internacionales, nada de nada. Sería lo más prolijo en virtud de la incapacidad para manejarse en este terreno.

Advertencia: Declaro no ser acreedor de la República Argentina, no estar ni haber estado en juicio contra el país por causas de deuda incumplida ni asesorar a acreedores del estado de ninguna clase.

1) Cómo juega su pedido de buscar crédito contra la política de presunto desendeudamiento reiteradamente anunciada por Néstor y Cristina Kirchner desde 2003 en adelante?

2) Por qué buscar financiamiento mediante oscuras negociaciones bilaterales con banqueros y con sus mesas de dinero, al estilo setentista de Martínez de Hoz y del dictador Videla, en vez de salir a pedir plata mediante transparentes suscripciones públicas de bonos en el mercado de capitales?

3) Qué garantía hay de que créditos concedidos por el mecanismo que usted propone no sean después repudiados como ilegítimos además de defaulteados de oficio alegando que no se va a pagar deuda sobre el hambre del pueblo?

4) Por qué no recurrir, en cambio, al FMI solicitando 30.000 millones a tasa bajísima para salir de esta situación de coyuntura desesperante?

5) No cree usted que este pedido que formula es una muestra de debilidad financiera que incentivará mayor corrida cambiaria, mayor corrida bancaria y mayor corrida bajista contra la deuda pública argentina que cotiza en los mercados?

6) Usted dijo en el Congreso cuando confiscó YPF en 2012 que hay dos términos que le parecían horribles: “clima de negocios” y “seguridad jurídica”. Si su ideología es que el deudor de una obligación puede liberarse repudiando la deuda, como cada tanto tiempo hace el Estado argentino, dado que se profesa la no-seguridad jurídica como doctrina oficial de la política nacional, ¿por qué prestamistas del exterior lo van a ayudar ahora si saben de antemano que usted, y los que lo continúen en el poder más adelante, dirán que no pagarán capital e intereses de los créditos otorgados porque no pueden, porque no quieren, o porque los acreedores sabían que era muy riesgoso prestarle a la Argentina y que por lo tanto deben embromarse y aceptar el default, además de que serán difamados bajo el rótulo de “acreedores buitres”?

Gracias anticipadamente por sus respuestas, señor ministro Kicillof.

La fuerza inmediata que gobierna el mercado real de cambios dólar-peso, que la autoridad decidió reputarlo como “negro” hace más de dos años al declarar con sus actos la definitiva inconvertibilidad del peso argentino de papel, es el movimiento que comenzara el 5 de julio de 2013 en los mínimos de 7,88. A este registro se había llegado tras un descenso fuerte desde el nivel de 10,45 del 8 de mayo de 2013. Desde 7,88 se produjo una subida hasta 10,20 en octubre, para verificarse luego una retracción hasta 9,05 a principios de diciembre a los pocos días de la asunción de Capitanich y Kicillof. La superación posterior de 9,70 y el testeo de estos días de la zona de 9,95-10,20 está habilitando nuevas estructuras alcistas de importancia. Considero, en primer lugar, que el dólar volará hasta 11,37 a velocidad, pero como parte integrante de una expansión mayor hacia 12,78 pesos por dólar en las próximas semanas. El final del recorrido, sin embargo, no concluiría ni en 11,37 ni en 12,78. Una secuencia posterior de movimientos estimo llevaría al dólar norteamericano, en esta primera parte de 2014, a niveles tan elevados como 14,93 y 18,66. Expansiones, ya de mediano plazo, colocarían al dólar posteriormente en 23,89 y 36,96 pesos argentinos de papel.

No es fácil la instancia política que deberá transitar el gobierno en base a la dinámica que se avecina en el mercado real de cambios. Para empezar, si quisiera amortiguar los daños de la política ya realizada, deberá abandonar el sueño del congelamiento de precios, aun cuando lo exponga como presunto acuerdo entre sectores. En la posición técnica en que se encuentra el peso, no funcionarán ya pactos de ninguna clase, que serán automática e impunemente ignorados y tampoco operarán con éxito ni llamados telefónicos ni inspecciones de ningún tipo, ni siquiera tributarias frente a una realidad de mercado que se llevará todo puesto. El gobierno kirchnerista estuvo desde siempre incapacitado para comprender la relación entre expansión monetaria, demanda de dinero del público y precios de los bienes y servicios. Más aún, ha negado ideológicamente las relaciones causales de estas relaciones económicas. Sin embargo, aun cuando quisiera repentinamente darles validez científica, su margen de maniobra actual es casi nulo. La economía y las finanzas tienen un punto donde se quiebra la confianza en un determinado estado de cosas y se aceleran por ello los movimientos y deslizamientos de precios. Estamos ingresando en una fase técnica donde los precios subirán más que la emisión monetaria y donde el dólar sobrepasará también al ritmo de creación de dinero por parte del BCRA. Así como los años 2007-2011 le jugaron a favor al gobierno subiendo los precios menos que la falsificación de moneda perpetrada, en estos momentos sucederá lo contrario al mejor estilo 1975-1976 ó 1989-1990. A propósito, el próximo 6 de febrero se cumplen 25 años de una de las fechas claves de la historia argentina, cuando el BCRA de Alfonsín tuvo que retirarse forzosamente del mercado de cambios y explotó, en un día, la hiperinflación. En este fenómeno económico los precios van delante de la emisión, siempre. Más aún, el gobierno tiene que imprimir moneda porque los precios suben y no al revés.

Para los tiempos duros que se vienen en la Argentina, resultará conveniente que el gobierno abandoné su “plan” secreto para hacer converger su dólar “oficial” con el dólar negro que en esta época se ha llamado incomprensiblemente “blue” para que suene menos grave a periodistas y a lectores de medios de comunicación. Esta batalla ya la tiene perdida. La intervención en el mercado negro, realizada por el gobierno desde mayo de 2013 y que continúa hasta la actualidad, además de haber legalizado el “negro” por sus propios incomprensibles actos vendiendo títulos en su poder (confiscados a los que tenían derechos como futuros jubilados en las AFJP) para que bajaran sus precios y se ajustaran relaciones teóricas de dólar implícito en el mercado, ha sido un completo fracaso y no ha servido para nada más que para “marcar” en una pantalla de cotizaciones valores irreales. El gobierno debe entender que los precios de los cambios son sólo uno de los elementos constitutivos del mercado, el otro gran elemento es la accesibilidad al mercado que es la que ha restringido o prohibido tanto en el “oficial” como en el negro. Si desea ahora evitar males mayores a los que sobrevendrán como consecuencia del colapso del peso de papel, mi sugerencia es que al menos restaure un mercado unificado, donde cualquiera pueda comprar y vender sin dar explicaciones, y donde el precio surja de la flotación libre o sucia, da igual, o bien si se anima y tiene con qué, con cambio fijo, aunque sabemos que carece tanto de los medios como de la comprensión intelectual para hacerlo con el elenco de ideólogos que comandan actualmente los destinos del país.

En verdad es el sistema cambiario, es decir una cuestión netamente financiera, la que determina según el modelo que se desee la forma en que se ordena el comercio internacional. La simplificación adquirida hace ya más de cuatro décadas consiste primeramente en permitir el libre acceso de cualquiera al mercado de cambios. Esto significa, en la práctica, que pueden comprar y vender divisas sin que la operación deba ser previamemte “aprobada” por el gobierno tanto importadores como exportadores, egresantes e ingresantes de capitales, turistas al exterior como turistas que visitan el país, quienes quieren tener posesión de moneda extranjera como quienes desean desprenderse de ella a cambio del papel moneda local. Pero, además, como tienden todas estas fuentes operacionales a converger en mercados de divisas, los precios que se forman en las transacciones se tornan públicos, transparentes, con bajo spread entre compra y venta, y fundamentalmente flotan, o sea se mueven muchas veces por día hasta en cienmilésimos de entero y a gran velocidad.

Las cotizaciones se convierten así en mundiales todos los días del año, sólo cesan desde el viernes a la noche hasta la tarde del domingo. El modelo se denomina entonces “tipo de cambio de libre acceso con flotación de precios para el establecimiento de los precios entre las monedas”. Dólar, yen, franco suizo, euro, libra esterlina, real brasilero, peso mexicano, won surcoreano, no sólo las principales monedas sino casi todas las del mundo funcionan de esta manera y es irrelevante si los países están gobernados por centroderechas liberales o por centroizquierdas socialdemócratas. El peso argentino de papel y el bolívar venezolano son, en este sentido, toda una exoticidad mundial y no por casualidad ambos países tratan con desesperación a su sector externo al no poder técnica y lógicamente dirigir qué se puede o qué se debe comprar y a qué precios al suprimirse los medios de ajuste automáticos y naturales de la economía espontánea.

El sistema descripto permite, justamente al ser los precios conformados el resultado de las valoraciones de consumidores y productores, que el Estado se desentienda de tener que autorizar importaciones, fijar cupos de exportaciones, restringir el egreso de capitales o la más estrafalaria idea de bloquear el ingreso de capitales. No se necesita regular cantidades, dado que los precios libres y flotantes de las divisas permitirán que se encuentren equilibrios variables que ordenen esta cuestión central de la economía. Argentina se fue alejando en los últimos años de este sistema normal de operaciones. Primero el Estado se adueñó de las divisas de los exportadores, obligando a ingresarlas al país como si fueran propias, a consecuencia de lo cual luego se sintió en el derecho y en la obligación de decidir qué se importa y qué no otorgando cupos y permisos destructivos. A continuación bloqueó primero el ingreso y luego el egreso de capitales, y como consecuencia de sus propios actos produjo luego el cepo cambiario en etapas hasta la proscripción total de las transacciones. La historia seguida por ideólogos y hacedores de política económica como Moreno y Kicillof es impresionante, inimaginable tanto infantilismo político perfectamente previsible en sus consecuencias, dado que una medida restrictiva sin motivo que lo justifique fue llevando a otra, y a otra de grado mayor sin que ninguna de ella pudiera solucionar el sentimiento de falta de divisas que muestra el gobierno; al contrario, cada desafortunada decisión agrava la situación convirtiendo a Argentina en país no invertible y de donde casi todos quieren huir. El último remate, el blanqueo de capitales -y más allá de sus aspectos morales-, es imposible tenga éxito en las actuales condiciones.

Lo bueno para el gobierno, y para todos, es que este desastre cambiario causante de tantos males nacionales se arregla fácil, en poco tiempo, porque su normalización no requiere de un cambio estructural sino tan sólo de liberar el mercado del modo normal y habitual en el mundo. Se necesita que el Estado restablezca un mercado de cambios de libre acceso, con los precios del peso argentino formados por flotación, terminar con la manía psicológica de que el comercio exterior tiene que ser dirigido y autorizado por el poder, eliminar la obligación de liquidar divisas resultantes de exportaciones, derogar toda traba al ingreso y egreso de capitales, retirar al Banco Central del mercado de cambios. Arancelariamente la Aduana puede seguir aplicando aranceles razonables, pero nunca cupos, nunca meterse con cantidades transables. No se necesita gradualismo alguno de política económica en este punto. Se puede proceder de inmediato, a lo sumo estableciendo un par de feriados cambiarios para preparar las cosas y nada más. Los problemas de faltante de insumos se solucionarán bastante rápido también. No hace falta dirigir nada, la Secretaría de Comercio debe ser cerrada y Guillermo Moreno neutralizado en su accionar destructivo. Los beneficios del giro serán enormes, no falla aplicar aquello que funciona en todas partes con excepción de unos pocos países extraviados por puro prejuicio ideológico irracional o por la manía de sus dirigentes de exponer sus tendencias dictatoriales frente a una población oprimida por la pobreza que causa la falta de libertad.