En verdad es el sistema cambiario, es decir una cuestión netamente financiera, la que determina según el modelo que se desee la forma en que se ordena el comercio internacional. La simplificación adquirida hace ya más de cuatro décadas consiste primeramente en permitir el libre acceso de cualquiera al mercado de cambios. Esto significa, en la práctica, que pueden comprar y vender divisas sin que la operación deba ser previamemte “aprobada” por el gobierno tanto importadores como exportadores, egresantes e ingresantes de capitales, turistas al exterior como turistas que visitan el país, quienes quieren tener posesión de moneda extranjera como quienes desean desprenderse de ella a cambio del papel moneda local. Pero, además, como tienden todas estas fuentes operacionales a converger en mercados de divisas, los precios que se forman en las transacciones se tornan públicos, transparentes, con bajo spread entre compra y venta, y fundamentalmente flotan, o sea se mueven muchas veces por día hasta en cienmilésimos de entero y a gran velocidad.

Las cotizaciones se convierten así en mundiales todos los días del año, sólo cesan desde el viernes a la noche hasta la tarde del domingo. El modelo se denomina entonces “tipo de cambio de libre acceso con flotación de precios para el establecimiento de los precios entre las monedas”. Dólar, yen, franco suizo, euro, libra esterlina, real brasilero, peso mexicano, won surcoreano, no sólo las principales monedas sino casi todas las del mundo funcionan de esta manera y es irrelevante si los países están gobernados por centroderechas liberales o por centroizquierdas socialdemócratas. El peso argentino de papel y el bolívar venezolano son, en este sentido, toda una exoticidad mundial y no por casualidad ambos países tratan con desesperación a su sector externo al no poder técnica y lógicamente dirigir qué se puede o qué se debe comprar y a qué precios al suprimirse los medios de ajuste automáticos y naturales de la economía espontánea.

El sistema descripto permite, justamente al ser los precios conformados el resultado de las valoraciones de consumidores y productores, que el Estado se desentienda de tener que autorizar importaciones, fijar cupos de exportaciones, restringir el egreso de capitales o la más estrafalaria idea de bloquear el ingreso de capitales. No se necesita regular cantidades, dado que los precios libres y flotantes de las divisas permitirán que se encuentren equilibrios variables que ordenen esta cuestión central de la economía. Argentina se fue alejando en los últimos años de este sistema normal de operaciones. Primero el Estado se adueñó de las divisas de los exportadores, obligando a ingresarlas al país como si fueran propias, a consecuencia de lo cual luego se sintió en el derecho y en la obligación de decidir qué se importa y qué no otorgando cupos y permisos destructivos. A continuación bloqueó primero el ingreso y luego el egreso de capitales, y como consecuencia de sus propios actos produjo luego el cepo cambiario en etapas hasta la proscripción total de las transacciones. La historia seguida por ideólogos y hacedores de política económica como Moreno y Kicillof es impresionante, inimaginable tanto infantilismo político perfectamente previsible en sus consecuencias, dado que una medida restrictiva sin motivo que lo justifique fue llevando a otra, y a otra de grado mayor sin que ninguna de ella pudiera solucionar el sentimiento de falta de divisas que muestra el gobierno; al contrario, cada desafortunada decisión agrava la situación convirtiendo a Argentina en país no invertible y de donde casi todos quieren huir. El último remate, el blanqueo de capitales -y más allá de sus aspectos morales-, es imposible tenga éxito en las actuales condiciones.

Lo bueno para el gobierno, y para todos, es que este desastre cambiario causante de tantos males nacionales se arregla fácil, en poco tiempo, porque su normalización no requiere de un cambio estructural sino tan sólo de liberar el mercado del modo normal y habitual en el mundo. Se necesita que el Estado restablezca un mercado de cambios de libre acceso, con los precios del peso argentino formados por flotación, terminar con la manía psicológica de que el comercio exterior tiene que ser dirigido y autorizado por el poder, eliminar la obligación de liquidar divisas resultantes de exportaciones, derogar toda traba al ingreso y egreso de capitales, retirar al Banco Central del mercado de cambios. Arancelariamente la Aduana puede seguir aplicando aranceles razonables, pero nunca cupos, nunca meterse con cantidades transables. No se necesita gradualismo alguno de política económica en este punto. Se puede proceder de inmediato, a lo sumo estableciendo un par de feriados cambiarios para preparar las cosas y nada más. Los problemas de faltante de insumos se solucionarán bastante rápido también. No hace falta dirigir nada, la Secretaría de Comercio debe ser cerrada y Guillermo Moreno neutralizado en su accionar destructivo. Los beneficios del giro serán enormes, no falla aplicar aquello que funciona en todas partes con excepción de unos pocos países extraviados por puro prejuicio ideológico irracional o por la manía de sus dirigentes de exponer sus tendencias dictatoriales frente a una población oprimida por la pobreza que causa la falta de libertad.

Por “renta financiera” suelen abarcarse dos hechos diferentes. Por una parte, los rendimientos de los depósitos a plazo fijo y los que corresponden a los títulos públicos. Por la otra, las ganancias de capital resultantes de la compra-venta de acciones y bonos como así también de bienes inmuebles o muebles si se quisieran incluir en el concepto.

Castigar ahora a los plazos fijos o a bonos del Estado lo único que generará es mayor huida de capitales en continuación de la promovida desde 2011 con las medidas cambiarias de Guillermo Moreno. Tenderá a informalizar más la economía y a reducir el poco atractivo que el peso argentino, legalmente inconvertible con otras monedas, ofrece en la actualidad producto de las desafortunadas medidas oficiales.

Mucho peor aún sería establecer imposiciones a las inversiones en acciones de compañías cotizantes o no cotizantes en bolsa, porque esta medida consagraría la extinción definitiva del ya casi aniquilado mercado de capitales argentino que ha sido política sistemática de Estado desde 2002 y más intensamente a partir de 2011. Para que las personas decidan cursar sus ahorros a suscribir capital de compañías, lo que otorga a éstas la posibilidad de financiarse sin tomar créditos que les obliguen a devolver intereses y capital de préstamos, es necesario que el inversor sepa que puede vender las acciones suscriptas en un mercado secundario, que es la bolsa de valores. No hay mercado primario de suscripción accionaria sin mercado secundario donde cualquiera pueda comprar y vender, o vender y comprar con entera libertad para que se desarrollen movimientos de precios que siempre puedan dar salida a los ahorristas. Gravar la ganancia secundaria es atentar contra esta posibilidad de salida libre y significa destruir la gran oportunidad de las empresas para financiarse asociando personas como accionistas sin tener que repagarles jamás la inversión.

El mercado de valores en Argentina está en proceso de firme decadencia ya desde 1997-1998. Los inversores y especuladores han emigrado al exterior, básicamente a Nueva York, donde como extranjeros pueden operar sin pagar impuestos a las ganancias, de manera electrónica desde una computadora, con costos operativos insignificantes, y peor aún: fuera de la mira, del registro y del conocimiento de AFIP. El gobierno y los opositores complacientes en esta materia deben considerar que esta realidad extranjera compite contra la realidad argentina y que en finanzas es mucho más fácil escaparse del Estado que en cualquier otra actividad económica. Si proceden con el plan de gravar renta financiera, terminarán de pleno derecho con la esperanza de recibir algún beneficio de actividad económica desde la bolsa de valores y no encontrarán en la práctica hechos que les permitan recaudar impuestos por esta causa.

Sorprende además la ignorancia de los ideólogos del impuesto a la renta financiera, actúan como si siempre hubieran oscuras ganancias millonarias de donde cobrar impuestos. La realidad es que, con la tendencia a la baja de los activos argentinos que contrasta con las saludables subidas de otras latitudes, el impuesto que van a tener que cobrar si se animan es a la pérdida y no a la ganancia financiera. Aun cuando en los próximos años el país viviera un boom de alza de precios de los valores, debe tenerse en cuenta que cuando sobrevienen caídas naturales cíclicas en el mercado el contribuyente rentista tendría a su favor según los casos crédito fiscal contra AFIP que conspiraría con el objetivo de recaudar más y complicaría las cuentas públicas.

El gobierno, por su propio bien y por el bien de todos, tiene que frenar su deseo económico de “inventar la pólvora” y de comprar buzones de gente que no domina esta delicada cuestión. En vez de preocuparse por rentas financieras que no existen, tiene que bajar el gasto público, reducir los impuestos incluídos ganancias, débitos y créditos y bienes personales, derogar el régimen de anticipos, retenciones y percepciones confiscatorias, liberar el mercado de cambios y destrabar el ingreso y egreso de capitales y los controles de precios, los cupos y las autorizaciones para comerciar de la Secretaría de Comercio. Sólo de este modo podrán superar su irracional deseperación fiscal actual y cesar en la imaginación de tablas salvavidas que no existen y mucho menos en mercados financieros que fueron aplastados por políticas destructivas inconvenientes para el país.