El cuantioso pasivo por demora en devolución del crédito fiscal, que equivale a 165 millones de dólares al tipo de cambio oficial, ya está causando pérdidas cuantiosas en el capital de trabajo de las empresas del sector que ingresa los dólares genuinos por agroexportación.

La norma que alcanza a esta operatoria (la Resolución General de la AFIP n.º 2000/06), que tiene por objeto estimular las exportaciones de origen argentino, se propuso evitar transferir impuestos internos que pudieran generar sobrecostos que afecten la competitividad de los productos nacionales. De ese modo, el reintegro era automático.

A fines de octubre del 2012, se conoció otra resolución (la n.º 3397) que, con la aparente pretensión de perfeccionar los controles, terminó por trabar la devolución del IVA a la exportación.

La nueva normativa inhabilita a percibir en forma automática la devolución del IVA a quienes “se les detecten inconsistencias asociadas a su comportamiento fiscal”, sin definir montos ni inconsistencias.

Esos agregados remiten a un moroso sistema de fiscalización que puede insumir, según especialistas tributarios, hasta dos años de trámites. En la práctica, implica la pérdida del beneficio, arriesga mayores costos para las exportaciones argentinas y consecuentemente la pérdida potencial de mercados (por encarecimiento de sus precios).

Las inconsistencias fiscales, al faltar una definición precisa, fundamentada e incontrovertible, exponen a la arbitrariedad y la discrecionalidad del órgano de aplicación, al hacer que el procedimiento se transforme en una fuente de incertidumbre financiera.

Como consecuencia de esa norma, se encuentran trabadas la devolución del IVA y su transferencia a terceros, aun cuando se puede realizar todavía la compensación en el pago de otros tributos.

Cuando el exportador solicita la prefinanciación o el anticipo de exportaciones a un banco internacional, toma en cuenta el valor FOB, que incluye retenciones y también el 10,5% del IVA que se debe abonar al momento de la compra del grano, tributo que luego es reintegrado.

Entre el momento en que se abona el IVA (compra del grano) y se recupera transcurren como mínimo entre 90 días (exportación de granos) y 150 días (exportación de aceites y harinas oleaginosas), con lo que se produce un costo financiero para el exportador y una pérdida económica, por cuanto el Estado devuelve el IVA en pesos, pero ese monto debe ser reintegrado a la entidad financiera que lo prestó en la divisa en que el préstamo fue concedido (dólares).

A la vez, la dilación en esos reintegros, al causar mermas en el capital de trabajo, ocasiona la necesidad de suplirlos con préstamos locales, donde las tasas de interés anual se hallan en torno al 23,5 por ciento.

Al ser el IVA parte del monto que debe solicitarse como prefinanciación, todo aquello que perjudique la normal recuperación y el reembolso a quien prestó el dinero afecta seriamente la posibilidad de continuar recibiendo la financiación, lo que incidirá directamente en los costos de comercialización de las cosechas.

Actualmente, la mayoría de las empresas se encuentran con demoras y en casi todos los casos con eliminación del reintegro automático por reenvío a una categoría diferente.

La mencionada resolución fija las condiciones, los requisitos, los plazos y las formalidades que los exportadores y otros responsables deben observar para solicitar la acreditación, la devolución o la transferencia del IVA por operaciones de exportación.

Así, en el título I de la norma se encuentra regulado un régimen automático de devolución del gravamen, mediante el cual con la acreditación de determinados supuestos se logra la devolución del tributo de una manera razonablemente rápida.

Por su parte, el título IV de la resolución dicta las normas para la devolución del impuesto, pero establece la necesidad de un proceso de fiscalización previo por parte de la AFIP, que puede demorarse años debido a que la norma no fija plazos en su procedimiento.

En octubre de 2012 se sancionó la Reglamentación AFIP 3397/12 que agregó dos supuestos de exclusión del régimen automático que provoca el reenvío al título IV. Primero, el registro de deudas líquidas y exigibles con la AFIP por cualquier concepto, sea tributaria, aduanera o previsional, al momento de la presentación. Segundo, la detección de inconsistencias asociadas al comportamiento fiscal.

El sector agroexportador carece de “deudas líquidas y exigibles” por cuanto presuntas deudas antiguas por retenciones se litigan en sede administrativa o judicial (dependen de la resolución de distintos magistrados intervinientes).

Ambas causas de exclusión han generado severos cuestionamientos. Así, en el primer supuesto, no se establece ningún límite de monto, por lo que puede darse el injusto caso de que por una deuda insignificante con el organismo no se conceda el beneficio. Pero más grave resulta aún la segunda alternativa, ya que, por su vaguedad e indeterminación conceptual (el alcance o la definición del término no surge ni de los considerandos ni de la parte normativa de la resolución), posibilita las arbitrariedades y las discrecionalidades en la aplicación de la norma.

Focieri está en Washington como director por la Argentina del Banco Mundial. Aparentemente no se presentará ante Lijo fundado en que sus ocupaciones en la capital norteamericana le impedirían viajar. Es más algunos especulan con que el Gobierno le asigne rápidamente funciones relacionadas con los temas de la deuda y los holdouts para justificar y prolongar su ausencia.

El juez no parece haber hecho lugar a esas justificaciones y podría ordenar su captura internacional para que se presente ante sus estrados, dado que no probó, con documentación del Banco Mundial, los verdaderos motivos de su imposibilidad.

El detalle cobra importancia porque Forcieri es el único indagado que falta declarar. En teoría, como la citación a indagatoria fue emitida para todos los involucrados, los diez días hábiles para que Lijo se expida sobre la situación procesal de todos no puede empezar a correr sino hasta que todos se hayan presentado, declarando o no.

Por ejemplo, más allá de que no declaró formalmente, Nuñez Carmona se considera presentado; el juez ya no debería esperar una defensa amplia para empezar a contar el plazo.

Una vez que todos se hayan presentado -con declaraciones formales, por escrito o negándose a declarar- el juez tiene esos diez días hábiles para decidir. Algunos entienden que dicho plazo no es perentorio y el magistrado podría estirarlo algunos días si lo creyera conveniente para fundamentar su decisión.

Las tres alternativas que tiene son declarar el sobreseimiento, procesar o decretar la falta de mérito. Esta última opción no implica una absolución como podría indicar su nombre para un lego, sino una declaración del juez de que necesita más elementos probatorios para dilucidar la situación procesal de alguno de los implicados. Los fundamentos de la decisión deben ser, por supuesto, ajustados a los casos de cada uno de los implicados por separado, no pudiéndose emitir una decisión grupal o de conjunto.

De todos los indagados fue Boudou el que pasó más tiempo en el juzgado declarando ante el juez. Muchos indican que el vicepresidente salió más comprometido con el caso de lo que estaba antes de ver a Lijo. Sus declaraciones fueron inconsistentes, muchas veces contradictorias y no llevaron claridad a su situación procesal, sino todo lo contrario. 

Fuera de las esperadas apariciones del Sr Vanderbroele y de Nuñez Carmona (Vanderbroele presentó un escrito y Carmona pidió declarar más adelante) fue la presentación que hiciera el entonces jefe de asesores de la AFIP Rafael Resnick Brenner la que más llamó la atención y la que más compromete a Boudou y a su socio comercial.

Resnick contó que mantuvo una reunión en el Ministerio de Economía en relación a la moratoria solicitada por Ciccone en donde el Sr Forcieri le presentó a Nuñez Carmona como el funcionario del Ministerio de Economía que estaría al tanto del asunto de allí en más. Se trata de una declaración muy comprometedora, tanto si Nuñez Carmona fuera o no funcionario del ministerio. Si lo era porque sus vinculaciones comerciales con el entonces ministro y hoy vicepresidente tornarían ese cargo como manifiestamente incompatible. Y si no lo era porque estaba usurpando una función publica en nombre del Estado para llevar adelante un trámite frente a otra dependencia pública, en este caso, la AFIP.

Forcieri a su vez negó esa aseveración. Dijo que jamás le presentó a nadie a Resnick y que el expediente de Ciccone Calcográfica nunca pasó por sus manos. Sin embargo parece no estar demasiado apurado por gritar esas afirmaciones de inocencia en la puerta del juzgado de Lijo: le hizo saber al juez que no podría viajar a Buenos Aires antes del 11 de agosto.

Mientras el vicepresidente sale fuera del país en representación oficial de la Argentina en un viaje que lo tendrá fuera de nuestras fronteras una semana, visitando Panamá y Cuba. Por este viaje tampoco podrá presentarse a otra declaración indagatoria ante el juez Bonadío que lo citó para que se defienda de los cargos por tener un automóvil de su propiedad con papeles falsos.

Lamentablemente todos estos antecedentes parecen indicar que Lijo no tomará una decisión sobre la situación procesal de cada implicado en un futuro cercano; un futuro cuya prontitud nos deje satisfechos y tienda un manto de certeza sobre este caso por demás espinoso. Habrá que ver incluso cómo interpreta el magistrado la presentación de ayer de Nuñez Carmona, si como suficiente para empezar a contar el plazo o si como meramente formal, haciendo lugar al pedido del interesado de una “ampliación” de su declaración para “más adelante”.

Sería lamentable que ello ocurriera porque el caso se oscurecería más de lo que está. Las ambivalencias que lo vienen caracterizando aumentarían y la inseguridad jurídica respecto de la responsabilidad de los funcionarios públicos involucrados se prolongaría en el tiempo.

Por ello sería interesante que el juez considerara como declarado a Nuñez Carmona y que habilitara una declaración por escrito de Forcieri ante un funcionario consular de la Embajada argentina en Washington para que pudiera empezar a correr el plazo de diez días hábiles establecido por el Código Procesal Penal para que empiecen a dilucidarse las responsabilidades públicas y privadas de este caso, al menos en sus instancias iniciales.

Toda tardanza contribuirá a agregar dudas y sospechas sobre un expediente de por sí grave como para que se le sumen más susceptibilidades. Esperemos que Lijo repare en el hecho bochornoso de ayer ocurrido en el jury de Campagnoli cuando en la audiencia de alegatos en su contra, se produjo la ausencia repentina e inesperada de la jueza Cristina Cordoba por “un pico de estrés”, lo que motivó la suspensión de su juicio político hasta que termine la licencia otorgada a la ausente. Lo grave del caso es que todas las fuentes tribunalicias aseguraban que Córdoba emitiría un “voto clave” en la audiencia, por lo que la suerte de Campagnoli, de la estrategia del gobierno y gran parte del prestigio de la justicia argentina en general, dependían de lo que sucediera ayer. Sugestivamente ayer se produjo este incidente que paraliza abruptamente la decisión, generando las suspicacias de todos.

Lijo tiene maneras de evitar que esto suceda con la causa que tiene en sus manos. Esperemos que arbitre los medios necesarios para lograrlo.

Se trata de lo que Cristina define como la “repartición” del poder. Ella dijo que “del 100% del poder”, la “política” tendría, a lo sumo, el 30 o el 40% y que por lo tanto, “el verdadero poder está en otro lado”.

Resulta recurrente este concepto en la concepción política de la presidente. En alguna medida, se trata de un capítulo más de su costado victimizante, según el cual, ella siempre está en el peor de los lugares (es la presidente más criticada, la más insultada, a la quieren derrocar, le hacen las cosas difíciles porque es mujer y tantas otras quejas que ha lanzado al aire como paraguas abiertos).

También el dicho puede considerarse coherente con su célebre objetivo de “ir por todo”: siempre creerá que le falta algo para lograr el completo dominio que persigue.

Pero analicemos con algún detenimiento el concepto en sí. En primer lugar surge el aspecto “estadístico”. ¿De dónde sacó la presidente la supuesta existencia de un 100% de “poder”?, ¿qué es, para la señora de Kirchner, el 100% del poder? Recordemos que la presidente comparó ese supuesto total contra lo que sería el “share” de la “política” (que ella ubica entre el 30 y el 40%).

Como no hay dudas de que la “política” tiene el 100% del poder para hacer la ley (porque claramente ningún ciudadano que no se organice políticamente tiene posibilidades de llegar al Congreso, que, a su vez, es el único con capacidad legislativa); de juzgarla (porque sólo la “política” tiene legitimidad constitucional para elegir a los jueces); y de ejercer la administración del país (porque sólo la “política” a través del Poder Ejecutivo tiene el enorme poder de dictar decretos, resoluciones de la AFIP, circulares del BCRA, todo tipo de reglamentaciones y demás instrumentos con capacidad de darle vuelta la vida como una media a una persona de la noche a la mañana), habrá que concluir, entonces, dos cosas: 1) que la presidente se refiere a otros “ámbitos” de “poder” que la Constitución pone fuera del área que ella misma organiza y, 2) que el poder que la Constitución organiza no le resulta suficiente; no la conforma.

Respecto de la primera conclusión no se puede decir otra cosa más que nos referimos al campo de acción de los ciudadanos privados, es decir, de los individuos supuestamente libres a quienes la Ley Fundamental les dio las prerrogativas y derechos necesarios como para que organicen sus vidas como mejor les agrade y les convenga.

Y respecto de la segunda, que la presidente tiene como objetivo de su gobierno hacer ingresar a lo que ella llama “la política” (es decir, a ella misma) en ese terreno que la Constitución les reservó a los ciudadanos.

Las conclusiones son obvias porque si la “política” ya tiene el 100% del poder que le corresponde (porque ningún privado puede inmiscuirse en lo que ella decide soberanamente y, si lo intentara, el Estado le respondería como los cañones les responden a las hormigas) es obvio que estamos hablando de otras “esferas” de poder distintas a las que tienen que ver con los quehaceres primarios del gobierno.

Y no hay dudas que esas esferas son privadas. “Privadas” en toda la extensión de la palabra: privadas porque son de exclusiva responsabilidad del sector privado y también porque el Estado esta “privado” de invadirlas.

Lo que la presidente parece sugerir a partir de su queja es que “la política” (es decir el Estado, es decir, ella) debería tomar también esa “parte” del poder que la Constitución les reservó a los habitantes.

Parecería que la presidente se sentiría más conforme si la “política” (es decir el Estado, es decir, ella) pudiera decidir lo que se produce, a qué precio se lo vende, los gustos de la sociedad, qué se lee, dónde se lo puede leer, si se debe ahorrar y cómo se debe ahorrar; cómo informarse y en dónde, si se puede viajar o salir del país, de qué modo hay que vestirse, qué se debe comer, cuánto se debe ganar y de qué manera hay que pagarlo, etcétera, etcétera. Que todos estos resortes estén aún en manos privadas (si bien con severísimas restricciones impuestas, justamente, por la política) la molesta.

A esta concepción responde el constante sonsonete de que “los poderosos son otros”, no el Estado. Pregunto: si a la presidente le apasiona el poder, ¿por qué se dedicó a una actividad que no lo tiene? Debería haber permanecido ejerciendo su exitosa gestión como abogada en lugar de abrazar una actividad “secundaria” como la política, que es un sello de goma que no domina nada.

Ese cuento de la existencia de una “jabonería de Vieytes”, ahora llamado “circulo rojo”, que es el verdadero centro de poder contra el cual el Quijote justiciero del Estado se enfrenta todos los días, a costa de los enormes sacrificios personales de la propia presidente, es un verso inverosímil.

El Estado puede aplastar como a una cucaracha a cualquier ciudadano. Bastarían un par de firmas en otras tantas resoluciones para mandar al muere a quien intentara enfrentarlo. Dispone de la inteligencia, de los medios, de los instrumentos para destruir a quien quiera en cuestión de segundos.

Pero parece que todo ese poder no conforma aun a la presidente. Ella necesita más. Necesita todo. Cualquier cosa menos que el “todo” es nada.

Por eso quizás le convendría ir con la verdad y decirle a la gente que persigue un Estado “totalitario”. Totalitario en el sentido etimológico de la palabra, sin connotaciones ideológicas. Un Estado que haga todo y que haya aspirado por completo toda esfera decisión individual. Solo así se sentiría conforme.

Si la palabra “totalitario” suena algo fuerte sugiero reemplazarla por “todolitario”, es decir, un Estado omnipresente que haya absorbido todos aspectos de la vida nacional. En esa utopía Cristina viviría feliz . Nadie leyendo lo que elige libremente, nadie comprando lo que decida por sí, nadie poniendo un precio por su cuenta. El Estado en todo. Ella en todo. El ansiado 100% de todo. “No quiero solo el 30 o el 40% del poder para administrar tu vida. Quiero tu vida. Solo con ese 100% de tu existencia estaré contenta. Allí no habrá más enemigos y reinaré por siempre”.

No se trata, sin embargo, de una situación nueva ; lo nuevo es que lo que todo el mundo sabía que ocurría por debajo de la superficie, ha salido al aire libre. Se trata de la horrible comprobación de que el país vive bajo el dominio del temor.

Quienes cínicamente pretenden explicar esta situación echan mano del famoso silogismo “quien no tiene nada que esconder no tiene por qué tener miedo”. Pero esa perogrullada más que un silogismo es un sofisma, esto es, una falacia.

A la gente no le gusta tener que andar por la calle dando explicaciones por más que “no tenga nada que esconder”. Además quienes efectivamente sufran la persecución deberán enfrentarse a la pulsión del Estado que buscará probar con todo su poderío la culpabilidad del señalado. Frente a ese embate muchas veces no alcanza con “tener todo en orden”

El ex jefe de la bancada oficialista de diputados y actual ministro de Defensa, Agustín Rossi, salió a decir que veía como normal la investigación a Lorenzetti porque “todos somos iguales ante la ley”. Es caer nuevamente en la ciencia de los cínicos. Eso ya se sabe Rossi, pero, como dijo Orwell, parece que frente a la igualdad ante la ley hay algunos “mas iguales” que otros, porque da la enorme casualidad que la investigación al juez sucede justo cuando la Corte declaró inconstitucional una ley que el poder ejecutivo consideraba vital para su proyecto político. También Echegaray anotó algo verdadero pero que suena a cínico, dado el contexto. El titular de la AFIP dijo que la presentación de la Corte -pidiendo explicaciones sobre la investigación a uno de sus miembros- era “impropia”. Es verdad. Pero, de nuevo, la situación ocurre, sugestivamente, cuando el máximo tribunal dicta un fallo contrario a los intereses del gobierno. Se nota mucho…

La combinación del miedo y el cinismo no es, efectivamente, un combo interesante para vivir plácidamente y para que, quienes tienen la posibilidad física de invertir, lo hagan sin temor. Un país en el que estas prácticas comiencen a ser cotidianas y abiertas tendrá serios problemas para mantener vivo un organismo que -como todo organismo- necesita sangre o savia para vivir.

La sangre o la savia de un país son las inversiones. La circulación de ese capital es la que absorve el crecimiento vegetativo de la población y que permite mejorar el nivel de vida con el paso de las generaciones. Un país que corte la circulación de esos nutrientes se condenará a sí mismo a la inanición y a la miseria.

De modo que lo peor de las confesiones a las que venimos asistiendo (que el gobierno esta efectivamente dispuesto a gobernar por el terror) no es la desagradable comprobación de vivir con el corazón en la boca, sino que, nadie, con el corazón en la boca, estará dispuesto a poner un peso para generar trabajo.

¿Cuál puede ser la señal que el hombre común esté desentrañando, en este mismo instante, de lo que Echegaray confesó ayer? Pues muy sencillo: esa persona piensa que si eso le pasa al presidente de la Corte, nada mejor puede esperar para sí mismo.

Y no hay dudas de que pese a la declinación política del gobierno de la Sra. de Kirchner, su elenco conserva una enorme capacidad para meter miedo.

Una combinación de formas, herramientas, personajes y antecedentes llevan necesariamente a esa conclusión. Hay muchos personajes que efectivamente son “pesados” a la hora de infundir miedo. La Cámpora es una agrupación filoviolenta que no ha dudado en enviar a uno de sus emisarios a amenazar al juez Maqueda en plena calle. Moreno es ya hasta folcloricamente conocido por sus bravuconadas y por poner en vigencia un “orden juridico” verbal cuya sanciones no están escritas en ninguna parte y se parecen más a una extorsión que a una pena legal.

La propia presidente ha hecho gala del ejercicio de ese temor cínico cuando ha mencionado por nombre y apellido a ciudadanos privados en cadena nacional, dejando expuesta su situación impositiva y haciendo caso omiso de su obligación de respetar el secreto fiscal que tiene todo funcionario público.

Hasta el episodio aparentemente menor de la estatua de Colón sirve para seguir arrimando a la mente del hombre común la idea de la indefensión: ni una orden judicial expresa de no mover el monumento logró parar al gobierno, que lo desmontó de todos modos. “Colón”, piensa el ciudadano de a pie, “‘tenía todo en orden’ (como dice Agustín Rossi); una orden judicial lo defendía, y se lo llevaron puesto igual… ¿Qué me asegura que a mi no me pase lo mismo?”.

El mundo civilizado es la consecuencia del triunfo de la previsibilidad de la ley sobre la arbitrariedad discresional del Estado. Antes de que el orden jurídico del Estado de Derecho garantizara que a los ciudadanos no les ocurriría nada como consecuencia de las decisiones viscerales de un gobernante, esos ciudadanos vivían, efectivamente, bajo la espada de Damocles de ser un día “señalados”.

Ese simple hecho explica la miseria en la que el mundo se debatió 4000 años, antes de la llegada del imperio de la ley. Sólo el ambiente de tranquilidad que trajo el sistema de garantías individuales inventado por el liberalismo le permitió al mundo dejar atrás la oscuridad, las pestes y la enfermedad para embarcarse en 400 años de progreso.

La Argentina está invirtiendo ese camino. Por la vía de instaurar el gobierno del temor desalentará a todos aquellos con capacidad de multiplicar la riqueza y los expulsará de su territorio hacia otras tierras más seguras, condenando, con ello, a millones de argentinos a la miseria. Una consecuencia demasiado penosa pare el capricho inexplicable de salirse con la suya