María Delfina Rossi es hija del ministro de Defensa, Agustín Rossi. Ahora, con 26 años, regresó al país y fue designada directora del Banco Nación con un sueldo de $ 70.000 mensuales.

Rossi no tiene ninguna experiencia en el sector privado, no se le conoce trabajo alguno en una empresa, estudio o unidad productiva (cualquiera sea) privada. Llegó a su puesto sin haber ganado ningún concurso público de antecedentes ni de haber participado en ninguna competencia o compulsa de aptitud.

Ella dice que no tiene portación de apellido, sino portación de currículum, aunque muchos otros argentinos con currículums similares o mejores que el de ella no han podido acceder a la función pública o a la judicatura, sí por una cuestión de apellido o porque su familia tuvo alguna vinculación con épocas negras de la Argentina.

Es cierto que Rossi no debería pagar los platos rotos y quedar fuera de la consideración para ocupar cargos públicos simplemente porque su padre es ministro y, por ese hecho, perder la igualdad de oportunidades que significa acceder a un cierto lugar.

Pero, en todo caso, ese también debería ser el criterio para los otros casos en donde, incluso por concurso (cosa de la que Rossi no participó), se ha probado holgadamente la idoneidad y, sin embargo, por un claro prejuicio ideológico se le negó a personas concretas de carne y hueso el acceso al cargo que legítimamente se habían ganado en libre competencia.

No hay dudas de que la Argentina debería tener una norma que regulara el ingreso a la función pública teniendo al concurso público de antecedentes como regla general de admisión y al parentesco como un limitante de decoro para ciertos cargos.

El parentesco debe jugar en contra del candidato cuando la relación familiar se establece con un funcionario en funciones, no para limitarle el acceso, sino para que ese vínculo no sea causal de eximición del concurso. Y desde ya el parentesco jamás debería ser un obstáculo ideológico, y menos aún cuando los aspirantes han aprobado con creces los concursos de antecedentes.

Hay muchos funcionarios que han poblado la función pública con parientes, empezando, claro está, por la propia familia Kirchner, con Alicia, Máximo, Romina Mercado, la pareja de Máximo, la pareja de Florencia. Pero no son los únicos casos.

En las provincias, el escenario raya directamente con situaciones que uno solo podría encontrar en los regímenes feudales o en los previos a la modernidad republicana, donde una casta de nobles, portadores de apellidos se diferenciaba del resto porque, simplemente por su sangre, tenían el futuro asegurado, la “vaca atada”.

Resulta francamente sorprendente cómo el pueblo argentino tan aparentemente “gallito” para tantas cosas, ha aceptado esta verdadera cooptación del presupuesto público para bolsillos privados, para que el dinero que penosamente los argentinos aportan con sus impuestos termine haciendo la fortuna de gente que se llama de tal o cual manera.

Está claro que esta obscenidad contrasta con la situación de la provincia de Buenos Aires, en donde miles de ciudadanos que no pertenecen a esa nobleza están bajo el agua, porque no se hicieron las obras que aquellos dineros deberían haber financiado. Es increíble que esa pasmosa realidad no quede manifestada en las votaciones y quienes se “tragaron” esos fondos no sean castigados en las urnas.

El resultado del domingo demuestra que en varios de los distritos más inundados de la provincia ganó el kirchnerismo. Eso demuestra que, efectivamente, hay mucha gente indignada por ese estado de cosas, pero no es precisamente la gente que está bajo el agua. Paradójicamente la gente que no tolera más esas inmoralidades no está inundada, vive, si se quiere, hasta relativamente bien. Sin embargo, aspiran a un cambio para que, entre otras cosas, ese espectáculo de gente que ha perdido todo no se repita nunca más. Pero mientras la propia gente que ha perdido todo no se dé cuenta, estamos perdidos, el país no tendrá futuro.

Los casos de Rossi y de las inundaciones son como la cara y la seca de la misma moneda, son la expresión grotesca de una restauración despótica.

Mientras el cócoro pueblo argentino se soportando, por ejemplo, situaciones como las de Luján, y, al mismo tiempo, siga aceptando la entronización de una verdadera casta de apellidos (los Kirchner, los Alperovich, los Insfrán, los Fellner, los R. Saa, los Zamora), el país no será una república, sino una monarquía absoluta con un régimen feudal de señores privilegiados que forman la corte del monarca.

Ese sistema de relacionamiento de las sociedades terminó hace 400 años. Pero la enjundia quijotesca de la Argentina se propuso demostrarle al mundo que puede volver a ponerlo en vigencia.

En medio de fuertes rumores sobre su desafección de la causa, el juez decidió hacer lugar al pedido del fiscal Di Lillo, que en el verano pasado había elevado esa petición atento a las pruebas que en su opinión se acumulan contra el vicepresidente.

Los considerandos del juez incluyen una ligera variante en la visión del caso. No solo espera interrogarlo sobre el ejercicio de acciones incompatibles con la función que Boudou ocupaba en ese momento -ministro de Economía- sino que tiene intención de saber si el hoy vicepresidente no quiso apropiarse de la empresa.

Ese detalle complicaría mucho más su posición porque las gestiones ante la AFIP ya no serían un mero “tráfico de influencias” sino una gestión para sí mismo, utilizando los organismos del Estado que integraba para favorecerse a sí mismo, en su patrimonio personal.

Son muchos los interrogantes que surgen a partir de esta novedad. En primer lugar, Boudou no ha sido citado solo. Vanderbroele, Nuñez Carmona y dos integrantes de la familia Ciccone también deberán responder las preguntas del juez. Eso puede provocar contradicciones y respuestas diferentes según sea lo que cada uno ese dispuesto a decir para cuidar su propia postura. Es posible que por razones políticas el vicepresidente esté dispuesto a llegar solo a cierto punto en su declaración, pero los demás que no tienen esos compromisos. ¿Callarán? Ese es un punto interesante a tener en cuenta.

El otro tema tiene que ver con la propia actuación del entonces ministro. ¿Se cortó solo o se movió bajo el amparo o quizás bajo la indicación de alguien?

Elisa Carrió sostiene en este punto que Boudou actuó por indicación de Néstor Kirchner. El periodista Hugo Alconada Mon destaca un sospechoso movimiento en la composición accionaria de The Old Fund (la teórica propietaria de Ciccone hasta su estatización) justo el día de la muerte de Kirchner a través de una sociedad uruguaya, denominada Dusbel, que si ni siquiera tenía radicación en la Argentina.

Por otro lado, Boudou se declaró distanciado de Nuñez Carmona pero sigue compartiendo el abogado. ¿Llevarán una táctica conjunta de declaración indagatoria?

Muchos consideran que dadas las características propias de este gobierno es imposible que una operación de esta magnitud pueda haber sido pensada y ejecutada por el ministro de economía para su propio beneficio sin la anuencia de autoridades superiores. Aún cuando haya sido una idea de Boudou, nadie cree que pueda haber actuado por las suyas.

También resultará interesante ver la reacción del gobierno, y particularmente de la presidente, Boudou ha sido su elegido en soledad. El nombramiento para la fórmula de 2011 sorprendió a más de uno y la responsabilidad por su elección lleva el nombre de Cristina Fernández en soledad.

Es muy posible, como ya ha sido insinuado por el ministro de Defensa Agustín Rossi, que el gobierno intente apoyarse en la figura de Mauricio Macri, que fue procesado por Oyarbide en el caso de las escuchas y que, aunque el juez Casanello anuló dichas actuaciones (decisión ahora apelada), se mantuvo en su cargo sin problemas mientras el caso se substanció.

También está la propia posición de Boudou, quizás la más disparatada de todas (aunque el gobierno la suscribió hoy en parte de la mano también de Rossi): declararse una víctima de “los sectores que no le perdonan haber estatizado las AFJP”. Esta versión es directamente risible.

Para asombro de todo el mercado asegurado por aquel sistema -que solo unos meses antes (y ante la presión del gobierno por lograr un “pasaje voluntario” al sistema de reparto para quedarse con todos esos recursos) se había expedido en una proporción de 8 a 2 a favor de mantener el sistema mixto de AFJP-, los operadores de aquellas compañías le entregaron el sistema envuelto para regalo con moño y todo. Jamás nos enteramos de que ninguna de aquellas empresas -muchas subsidiarias de bancos- hayan hecho un solo amague de defensa. El embretamiento al que el Estado había sujeto el mecanismo se había alejado completamente del espíritu original de construir un verdadero mercado de capitales y ninguno de los operadores estaba conforme con su funcionamiento. La estatización les sacó un problema de encima. ¿Quién se querría vengar de alguien que les hizo un favor?

Y por último, aunque no menos importante, está el aspecto institucional. El vicepresidente es quien ocupa la presidencia en caso de ausencia del presidente. Es más, el día de su indagatoria, la Sra de Kirchner estará en Brasil en la reunión de los BRICS si es que decide aceptar la invitación de Rusia para asistir, cosa que obviamente ocurrirá. De modo que Boudou será el presidente en ejercicio.

Pero estos son solo detalles para un gobierno que ha demostrado más de una vez no estar demasiado preocupado por las formalidades republicanas.

Lo cierto es que los meses que siguen serán muy importantes para develar (o intentar hacerlo) los vericuetos de uno de los casos de corrupción pública que más estrépito han causado y cuyas raíces se sospechan pero no se saben con certeza. El mismo día que la justicia suiza confirmó que Báez depositó en uno de sus bancos U$S 22 millones, también se abre el primer paso para saber si Boudou fue un vivo que quiso aprovechar el poder para enriquecerse o fue un engranaje de un poder mucho mayor que el suyo.

Experimenta respecto de ellas las sensaciones de amor-odio que existe entre quienes comparten una visión del mundo. No se distinguen entre sí porque interpreten la vida de modo radicalmente diferente sino simplemente porque, de modo circunstancial, uno puede ocupar el lugar del poder y el otro no. Pero en tanto se logre compatibilizar esa posición y se pueda alcanzar un acuerdo más o menos civilizado para compartirlo, el kirchnerismo y los militares son perfectamente homogéneos.

Ambos son verticales y no reconocen más que una voz de mando. La disidencia es castigada; la opinión libre no existe. Sus estamentos se dividen en grados y su terminología es llamativamente parecida.

Se trata de un modelo que el chavismo ha llevado a su máxima expresión en Venezuela, en donde, claramente existe un gobierno cívico-militar. Más de la mitad de los ministros de Maduro son militares. El presidente de la Asamblea es militar y la presencia de las armas en la vida de todos los días es completamente evidente.

Aquí, desde hace un tiempo, la presidente inició un movimiento que comprende la participación de La Cámpora, las madres de Plaza de Mayo (línea Bonafini) y del ejército para desarrollar la idea de las fuerzas armadas al servicio del “proyecto nacional y popular”. No es necesario remarcar el perfume a fascismo que emana de esa idea.

Estas tareas han comenzado por lugares emblemáticos también: las villas miseria. Y allí se ha anotado el nuevo actor del melodrama televisivo argentino, Luis D’Elía, cuyo involucramiento, en un cóctel que combina fuerza, armas, uniformes, villas miseria, marginalidad e inteligencia militar, tampoco es casual.

Este último componente -la inteligencia militar- es un tema vidrioso y altamente preocupante. Que los militares se dediquen al espionaje interno para proporcionarle datos al gobierno sobre ciudadanos potencialmente “molestos” en combinación con la formación de una alianza clasista con los que la presidente y D’Elía llaman “negros” o “morochos” es de una peligrosidad mayúscula.

Se trata de un proyecto orquestado y pensado, no surgido por casualidad. Aquí se persigue la instalación de un modelo de sociedad regimentada, atemorizada y vigilada por la presencia militar y por la formación de milicias populares reclutadas entre los marginados del propio modelo económico que el gobierno impuso.

La división clasista y racial de los argentinos es funcional a esta idea, porque parte de su fuerza se extrae y se basa en que una parte de la sociedad crea que la otra parte la excluye y que es el Estado (encarnado en el gobierno y eventualmente en los militares del proyecto nacional) el que está allí para defenderlos.

En esa línea el ejército, La Cámpora y Bonafini, empezaron a trabajar en la Villa La Carbonilla de La Paternal. Está previsto que hagan trabajos de urbanización en el asentamiento durante los próximos tres meses. La ley de seguridad interior les prohíbe intervenir en cuestiones vinculadas con la seguridad del lugar. Estarán allí de lunes a viernes, de 8 a 15, para abrir calles, terminar de instalar las cloacas y construir espacios comunes. La iniciativa en La Paternal es la primera en territorio porteño, pero, además de en La Carbonilla, efectivos del Ejército desarrollan actividades similares en Florencio Varela desde principios de año.

Tanto el ministro de Defensa, Agustín Rossi, como Estela de Carlotto salieron a respaldar estas iniciativas, como si fueran alfiles al servicio de una causa, igual que un ejército mandaría a sus coroneles a sostener una cabecera de playa. De nuevo las similitudes entre el accionar del kirchnerismo y la estrategia militar.

Resulta francamente sorprendente que, luego de 30 años de democracia, la Argentina vuelva a caer en esta concepción fascista de la vida, propia de los años cuarenta. Se trata de un retroceso cronológico enorme; de una declaración de guerra a la modernidad, al progreso, al civismo y a la libertad.

Para llevar a adelante este proyecto la presidente ni siquiera se ha detenido frente a los antecedentes muy discutibles del general Milani. El Jefe del ejército está sospechado de haber participado en la desaparición de personas durante la dictadura militar y también está acusado ante la Justicia por enriquecimiento ilícito.

En este sentido, no puede dejar de mencionarse que este ambicioso intento de proyectar un modelo de sociedad determinado, se hace en un momento de debilidad política del gobierno. La presidente no está proponiendo esta alianza entre “los pibes de la liberación”, el ejército, las Madres y las villas miseria en su pico de gloria: lo está haciendo con su poder en decadencia y con su imagen pública seriamente deteriorada.

Esto demuestra que la presidente no se da por vencida. No renuncia a la concepción de país que quiere imponer aún más allá de su propio límite político. En alguna medida es cierto que, más allá de los negocios, de la corrupción y del dinero, la Sra. de Kirchner se ve a sí misma como una revolucionaria de Champs Elysees que cree posible legarle al país una dictadura de clases de la mano de Louis Vuitton.

No sé cómo será posible detener esto. La típica confianza argentina del “no pasa nada” es muy funcional a que el objetivo pueda conseguirse. Detrás de los que consideran que no de qué preocuparse porque el poder de los Kirchner “ya está fritado”, se haya probablemente el mejor aliado para que ese poder resurja.

No se trata, sin embargo, de una situación nueva ; lo nuevo es que lo que todo el mundo sabía que ocurría por debajo de la superficie, ha salido al aire libre. Se trata de la horrible comprobación de que el país vive bajo el dominio del temor.

Quienes cínicamente pretenden explicar esta situación echan mano del famoso silogismo “quien no tiene nada que esconder no tiene por qué tener miedo”. Pero esa perogrullada más que un silogismo es un sofisma, esto es, una falacia.

A la gente no le gusta tener que andar por la calle dando explicaciones por más que “no tenga nada que esconder”. Además quienes efectivamente sufran la persecución deberán enfrentarse a la pulsión del Estado que buscará probar con todo su poderío la culpabilidad del señalado. Frente a ese embate muchas veces no alcanza con “tener todo en orden”

El ex jefe de la bancada oficialista de diputados y actual ministro de Defensa, Agustín Rossi, salió a decir que veía como normal la investigación a Lorenzetti porque “todos somos iguales ante la ley”. Es caer nuevamente en la ciencia de los cínicos. Eso ya se sabe Rossi, pero, como dijo Orwell, parece que frente a la igualdad ante la ley hay algunos “mas iguales” que otros, porque da la enorme casualidad que la investigación al juez sucede justo cuando la Corte declaró inconstitucional una ley que el poder ejecutivo consideraba vital para su proyecto político. También Echegaray anotó algo verdadero pero que suena a cínico, dado el contexto. El titular de la AFIP dijo que la presentación de la Corte -pidiendo explicaciones sobre la investigación a uno de sus miembros- era “impropia”. Es verdad. Pero, de nuevo, la situación ocurre, sugestivamente, cuando el máximo tribunal dicta un fallo contrario a los intereses del gobierno. Se nota mucho…

La combinación del miedo y el cinismo no es, efectivamente, un combo interesante para vivir plácidamente y para que, quienes tienen la posibilidad física de invertir, lo hagan sin temor. Un país en el que estas prácticas comiencen a ser cotidianas y abiertas tendrá serios problemas para mantener vivo un organismo que -como todo organismo- necesita sangre o savia para vivir.

La sangre o la savia de un país son las inversiones. La circulación de ese capital es la que absorve el crecimiento vegetativo de la población y que permite mejorar el nivel de vida con el paso de las generaciones. Un país que corte la circulación de esos nutrientes se condenará a sí mismo a la inanición y a la miseria.

De modo que lo peor de las confesiones a las que venimos asistiendo (que el gobierno esta efectivamente dispuesto a gobernar por el terror) no es la desagradable comprobación de vivir con el corazón en la boca, sino que, nadie, con el corazón en la boca, estará dispuesto a poner un peso para generar trabajo.

¿Cuál puede ser la señal que el hombre común esté desentrañando, en este mismo instante, de lo que Echegaray confesó ayer? Pues muy sencillo: esa persona piensa que si eso le pasa al presidente de la Corte, nada mejor puede esperar para sí mismo.

Y no hay dudas de que pese a la declinación política del gobierno de la Sra. de Kirchner, su elenco conserva una enorme capacidad para meter miedo.

Una combinación de formas, herramientas, personajes y antecedentes llevan necesariamente a esa conclusión. Hay muchos personajes que efectivamente son “pesados” a la hora de infundir miedo. La Cámpora es una agrupación filoviolenta que no ha dudado en enviar a uno de sus emisarios a amenazar al juez Maqueda en plena calle. Moreno es ya hasta folcloricamente conocido por sus bravuconadas y por poner en vigencia un “orden juridico” verbal cuya sanciones no están escritas en ninguna parte y se parecen más a una extorsión que a una pena legal.

La propia presidente ha hecho gala del ejercicio de ese temor cínico cuando ha mencionado por nombre y apellido a ciudadanos privados en cadena nacional, dejando expuesta su situación impositiva y haciendo caso omiso de su obligación de respetar el secreto fiscal que tiene todo funcionario público.

Hasta el episodio aparentemente menor de la estatua de Colón sirve para seguir arrimando a la mente del hombre común la idea de la indefensión: ni una orden judicial expresa de no mover el monumento logró parar al gobierno, que lo desmontó de todos modos. “Colón”, piensa el ciudadano de a pie, “‘tenía todo en orden’ (como dice Agustín Rossi); una orden judicial lo defendía, y se lo llevaron puesto igual… ¿Qué me asegura que a mi no me pase lo mismo?”.

El mundo civilizado es la consecuencia del triunfo de la previsibilidad de la ley sobre la arbitrariedad discresional del Estado. Antes de que el orden jurídico del Estado de Derecho garantizara que a los ciudadanos no les ocurriría nada como consecuencia de las decisiones viscerales de un gobernante, esos ciudadanos vivían, efectivamente, bajo la espada de Damocles de ser un día “señalados”.

Ese simple hecho explica la miseria en la que el mundo se debatió 4000 años, antes de la llegada del imperio de la ley. Sólo el ambiente de tranquilidad que trajo el sistema de garantías individuales inventado por el liberalismo le permitió al mundo dejar atrás la oscuridad, las pestes y la enfermedad para embarcarse en 400 años de progreso.

La Argentina está invirtiendo ese camino. Por la vía de instaurar el gobierno del temor desalentará a todos aquellos con capacidad de multiplicar la riqueza y los expulsará de su territorio hacia otras tierras más seguras, condenando, con ello, a millones de argentinos a la miseria. Una consecuencia demasiado penosa pare el capricho inexplicable de salirse con la suya