Han quedado seis finalistas, dos con chances claras, uno que tercia en esa discusión y tres que no tienen ninguna posibilidad.

La primera pregunta es qué ocurrirá con estos últimos ¿mantendrán sus candidaturas o las bajarán? Entre los tres reúnen algo así como el 9% de los votos. No parece que Nicolás Del Caño vaya a tomar esa decisión porque representa un sector bien definido que necesita tener un candidato propio. Pero Adolfo Rodríguez Saá y Margarita Stolbizer, en función de determinados fines, podrían hacerlo. Estamos hablando del 6% de los votos. 

Otro interrogante es saber qué pasó con la gente que no fue a votar que fue un porcentaje más alto que lo normal. Allí hay 30% del padrón. 

Luego están las preguntas que surgen respecto de los votos que recibió cada candidato y qué podría pasar con el comportamiento de quienes los votaron.

Mucho se habla de un acercamiento entre Mauricio Macri y Sergio Massa y de la necesidad que tienen ambos de alcanzar algún acuerdo para ganar en primera o, eventualmente, en segunda vuelta. Pero allí, inmediatamente surgen las disquisiciones sobre los votos individuales frente a lo que fueron los votos de las agrupaciones.

Esto quiere decir que tanto Macri como Massa, en primer lugar van a tener que consolidar los votos recibidos por “Cambiemos” y “UNA”. En ese sentido, parecería que es bien ostensible el esfuerzo del Jefe de Gobierno por mostrarse públicamente unido a Ernesto Sanz y a Lilita Carrió y el compromiso público de éstos para hacer campaña por Macri. Pero, bueno, las personas son personas y habrá que ver cómo reaccionan en octubre. 

Del mismo modo Massa, que parece tener un problema más serio en ese sentido con José Manuel De la Sota: muchos analistas coinciden en que, desaparecido el gobernador cordobés de la contienda, sus votantes no estarían tan comprometidos con seguir apoyando al ex intendente de Tigre. 

Allí tiene esperanzas de ir a pescar Daniel Scioli, del mismo modo que aparece como tentación el caudal “del Adolfo”.

Está claro también que en mucha medida esos son votantes compatibles también con Macri o, en todo caso, que no puede hacerse un pre anuncio colectivo respecto de lo que puede ocurrir con los individuos que votaron a De la Sota o a Rodríguez Saá. Es cierto que, en principio, son peronistas y que, desde ese punto de vista, podrían tener una mayor cercanía a Scioli o eventualmente a Massa, pero todo está por verse.

La gran cuestión es si Scioli, valiéndose de la tramposa matemática que introdujo la reforma constitucional de 1994 (el famoso 45% o 40% con más diferencia de 10% sobre el segundo) puede ganar en primera vuelta. 

El resultado de las PASO, dice que quedó a poco menos del 2% de los votos de lograrlo. Pero la cuenta para el 25 de octubre no es tan simple como mandar a Scioli a buscar ese puñado de votos y listo, porque para que eso se diera, Macri no debería sumar un solo voto más, dado que si lo hace la diferencia de 10% no se verificaría. Y esa es una eventualidad muy lejana.

Por lo tanto un escenario posible para la primera vuelta de octubre sería Scioli obteniendo 42% de los votos, Macri un 33% de los votos, Massa un 15%, con un 10% de votos repartidos entre las otras opciones. Esta alternativa no le alcanza a Scioli para consagrarse: no tiene el 45% y si bien tiene más de 40% no tiene 10% de diferencia con Macri. Este escenario de ballottage sería el más complejo para el gobernador de Buenos Aires, porque ante la alternativa clara de desalojar al kirchnerismo del gobierno, es muy probable que Macri y Massa alcancen un acuerdo programático de administración, que le permita al jefe de gobierno llegar a la presidencia.

Para todas estas alquimias, vuelve a ser decisiva la provincia de Buenos Aires. Allí hay tres candidatos (María Eugenia Vidal, Aníbal Fernández y Felipe Solá) por los que puede estar pasando en este mismo momento la llave del futuro político argentino.

Desaparecido Julián Domínguez de las opciones, muchos se preguntan a quién votaran los que lo votaron a él el domingo de las PASO. No cabe duda que no deben tener sentimientos de cercanía hacia Aníbal Fernández, que es en sí mismo una figura muy discutida, que tiene muy mala imagen y cuyo nombre aparece involucrado en hechos oscuros que algún momento deberá enfrentar.

Muchos dicen que por la candidatura a gobernador de la provincia (que puede a su vez arrastrar decisiones en materia de voto presidencial) es por donde puede pasar una eventual conversación Macri-Massa: “Bajo mi candidato a gobernador y establezcamos algún acuerdo a cambio…”, por ejemplo.

Son todas hipótesis. En realidad no sabemos nada. Scioli está cerca, pero puede quedarse en la mismísima orilla si los demás son inteligentes. Macri tiene al alcance de la mano su mejor posibilidad en años, pero debe reciclar su campaña y parte de su discurso para lograrlo. Y Massa es el vector que puede decidir todo. Son setenta y cinco días que pueden pasar a ser recordados como los que salvaron la Argentina o el lapso de tiempo en donde el país decidió perder para siempre el tren del progreso.

Hay dos testimonios que coinciden en que alguien apodado “la morsa” fue quien dio la orden de las ejecuciones y, a su vez, hay otros indicios que coinciden en señalar que “la morsa” es Aníbal Fernández.

El jefe de gabinete, actual precandidato a gobernador por Buenos Aires, ex senador por el oficialismo y ex ministro de justicia y seguridad, dijo que todo es una maniobra de sus adversarios en las elecciones, es decir el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. La presidente mandó secretamente a callar a Fernández para que no siguiera con esas conjeturas públicas, pero el ministro no le hizo caso. 

Hace rato que Fernández enfrenta sospechas públicas de estar vinculado a la droga. Lilita Carrió lo señaló hace años. Como respuesta recibió la famosa frase “no tiene los patitos en fila”. Sin embargo parece que “los patitos” estaban bastante alineados y el día de ayer fue vivido como una especie de reivindicación por la que ahora es precandidata a presidente por Cambiemos.

Felipe Solá, en un reciente spot de campaña, también les dijo a los vecinos de la provincia que si querían más droga en Buenos Aires votaran por Fernández. A su vez el propio Papa Francisco dejó entrever su preocupación por el hecho de que Aníbal llegara a ser gobernador e hizo movidas oficiosas para tratar de disuadir esa posibilidad.

Fernández ha estado en la vereda de enfrente del Papa en cuanto al consumo, toda vez que desde su plataforma de campaña alienta la despenalización del consumo de todas las drogas y sostiene que la Argentina es un país de tránsito pero no de fabricación de estupefacientes.

Francisco ha objetado públicamente esa postura. Ha dicho, con todas las letras, que, de seguir el camino en que se encuentra, la Argentina iba rumbo a la “mexicanización”, en un giro idiomático por el que luego tuvo que disculparse ante los mexicanos.

El descubrimiento de varias cocinas de cocaína y la mera existencia del paco en el país desmienten al Jefe de Gabinete. El paco es un residuo marginal que aparece en el proceso de producción de la cocaína y que se comercializa a bajo precio por su alto poder adictivo. Destruye neuronas cerebrales a un ritmo tres y cuatro veces más rápido que la cocaína y convierte a sus consumidores en verdaderos zombies.

Los hechos que suceden en Rosario y en el Gran Buenos Aires dan cuenta de una actividad narco innegable en el país y la propia operatoria por la cual Forza, Ferron y Bina aparecen muertos es otra prueba de que el país entro en un círculo peligroso de coqueteo con el submundo de los estupefacientes.

México había prohibido la importación legal de efedrina para tratar de cercar la producción de droga en su territorio. Como consecuencia de ello, bandas en la Argentina comenzaron a triangular ese precursor a través de importaciones “legales” al país que luego se contrabandeaban a México.

Nuestro país necesita unos 150 kilos de efedrina por año para abastecer la industria farmacéutica local, para la elaboración de medicamentos permitidos. Mientras Aníbal Fernández fue ministro de Justicia y Seguridad (bajo cuya jurisdicción estaban la Aduana y la Policía) entraron al país 40 mil kilos de efedrina.

La versión que involucra a Fernández en los asesinatos dice que él operaba una de esas organizaciones de envío ilegal de efedrina a México y que cuando se enteró de que Forza, Ferrón y Bina estaban tratando de entrar en el mismo negocio para quedárselo, mandó a eliminarlos.

Se trata de un relato escalofriante que necesita ser aclarado de inmediato. ¿Hay chances de que eso ocurra? Ninguna.

¿Es posible que toda esta actividad de un importante ministro del Gabinete fuera ignorada por la Presidente? Es muy posible, sí. En caso de ser cierta esta versión, la Presidente bien puso estar al margen de su conocimiento. Si bien uno de los tres muertos aparece como aportante a su campaña presidencial de 2007 es difícil colegir de ello que la señora de Kirchner estuviera personalmente al tanto de todo. 

También es cierto que la particular característica que los Kirchner le han impreso a su forma de gobernar (que todas las cuestiones pasen por sus manos) agrega un elemento de duda. Pero en todo caso ese detalle debería sumar razones para que toda esta negrura se esclarezca lo antes posible.

Aun así, aun aclarándose rápido, no se puede dejar pasar el límite al que ha llegado la Argentina: estamos hablando sobre la posibilidad de que un funcionario del más alto nivel en el gobierno pueda ser el autor intelectual (es decir quien dio la orden) de un crimen mafioso.

En todo caso es otra prueba más de que la cuestión económica, con lo grave que es, aparece como en segundo plano dentro de las tareas que tendrá que encarar el próximo gobierno. Podredumbres mucho más serias requieren su atención urgente, podredumbres que es imperioso limpiar de la cotidianeidad que nos rodea y que, lamentablemente, aceptamos cada día con mayor naturalidad.

No se sabe si, en su descripción de la Justicia, lo de Rafecas habrá que tomarlo como proveniente de un poder aristocrático, antipopular y como tal ilegítimo. Porque si así fuera, la Presidente habría sentado las bases para dudar de la resolución que ahora la beneficia. 

Es una paradoja, pero cuando uno lanza una guerra contra alguien y luego ese alguien define una determinada situación a favor de uno, es como que la posición propia queda colgada de la palmera: ¿en qué quedamos: los jueces tienen imparcialidad para analizar equidistantemente las situaciones que se le presentan o no (porque son golpistas, elitistas, contramayoritarios y contrarios a la “voluntad popular”)?

Sea como sea, la expectativa por lo que la Presidente va a decir el domingo es alta. Por lo que va a decir y por cómo lo va a decir. Nadie espera una mano tendida ni un ofrecimiento de paños fríos. Al contrario, son muchos los que aseguran que se vienen varios baldazos de nafta al fuego.

Entre esas especulaciones se contaba la que muchos atribuyen a las iniciativas de Carta Abierta respecto de un núcleo central de la Constitución y que el gobierno tiene atravesada como un hueso de pollo en la garganta.

La presidente ha seguido en muchas oportunidades lo que Carta Abierta anticipa solo con horas de diferencia. Resulta obvio que ésa es su usina discursiva. Esos autodenominados “intelectuales” se la “tienen jurada” al control difuso de constitucionalidad. ¿Qué significa eso? Muy sencillo: que cualquier juez, de cualquier lugar del país, de la localidad más insignificante de la república, puede declarar la inconstitucionalidad de una ley del Congreso o de cualquier decreto o resolución del PE.

Se trata de una fortísima arma de defensa del derecho individual. Cualquier ciudadano, por pequeña que sea su influencia en la vida de la Nación, puede detener la aplicación de una ley para su caso personal si logra convencer a su juez natural de que lo dispuesto por la ley o por el decreto viola sus derechos y garantías constitucionales. Un gobierno con pretensiones absolutas no puede bancarse eso. Es así de sencillo: no puede bancárselo; necesita eliminarlo.

Necesita, en otras palabras, transformar el control constitucional en una ensalada de difícil aplicación práctica por la cual pueda decirle al mundo que en el país la constitucionalidad de las normas se controla (porque formalmente dispone de un sistema) pero en la práctica dicho esquema suponga para el ciudadano damnificado el embarcarse en un laberinto jurídico que nunca terminará por detener la ley o el decreto que lo perjudica. Eso se logra por la vía de concentrar el control de constitucionalidad.

Dijimos que la democracia supera su “prueba ácida” sólo cuando logra demostrar que puede proteger el derecho concreto de personas concretas. El resto, como diría Youssef Khalil, es “piri pipi”. Hablar de “mayorías”, del “pueblo”, de “los trabajadores”, de los “pobres”, de las “clases populares”, es no hablar de nada: los derechos son solo ejercidos por personas físicas o jurídicas. Hablar de que el gobierno “protege los derechos del pueblo, de los trabajadores, la las clases populares, de los pobres” es no decir nada. O, peor aún, es decir que no protege los derechos de nadie. Sólo si un sistema político es capaz de demostrar que una persona concreta en el caso de una violación concreta de su derecho tiene elementos sencillos y prácticos al alcance de su mano para defenderse, es una democracia. En caso contrario, no lo es. Es así de simple.

Vaya la paradoja, pero el control difuso de constitucionalidad de las leyes es el que le entrega al ciudadano común una herramienta concreta de defensa. Y por eso lo aborrecen. Y por eso lo quieren cambiar.

¿Cambiarlo por qué cosa? Por la creación, seguramente, de un mamotreto concentrado llamado “Tribunal Constitucional” cuyo acceso se haga difícil y lejano para el ciudadano común y -también paradójicamente- torne difusa su posibilidad de defensa frente al atropello del poder.

Como se ve, lo difuso es concreto (en términos de defensa de los derechos individuales) y lo concentrado es difuso, porque las personas concretas verán dificultado su acceso a un tribunal de defensa.

Esta sería una verdadera radicalización del gobierno y su intento de llevarlo adelante sin modificar la Constitución, un verdadero golpe de Estado.

La presidente ha decidido gobernar con La Cámpora, con Carta Abierta y con Milani como jefe de inteligencia. Es lo que indican los cambios de gabinete que ha introducido. Aníbal Fernández es un cruzado, Wado de Pedro un militante acérrimo y Milani un espía. Es lógico que no se pueda prever moderación ni para el discurso del domingo ni para lo que resta del año. 

Las causas judiciales que más preocupan a la Presidente -que no eran las que la imputaban como encubridora de los 8 acusados de la voladura de la AMIA- sino la que investiga en juez Bonadío en relación a la empresa Hotesur, marcarán el resto de la agenda política. La Sra de Kirchner intentará imponer la idea de que todo es una patraña para impedir que el “gobierno popular” lleve adelante sus banderas y la reivindicación de los oprimidos en contra de los poderosos. Quienes se le oponen seguirán sosteniendo que lo de las “causas populares” es una pantalla demagógica para perfeccionar el accionar de un gobierno que es el que más ha robado en la historia del país. Entre esas dos aguas navegará la Argentina en lo que resta del año. Pero seguramente las elecciones cerrarán una manera de entender la política en el país. Me parece que todo será diferente luego de octubre. Y será una diferencia para mejor.

Nuestro argumento en aquella oportunidad fue que, al contrario, en los últimos años se había profundizado un cambio sustancial en la visión clásica sobre la delincuencia y el delito en el sentido de que ahora una corriente minoritaria pero muy presente en el activismo judicial y político había ganado el centro de la escena ideológica batiendo el parche de que los delitos y los delincuentes no son una actividad ilícita que proviene del simple hecho de violar la ley y de causar daños materiales o físicos a las personas, sino que son la consecuencia de un mal anterior -del verdadero y único mal, según esta idea- que comete la sociedad al excluir a determinada población del goce de una vida igualitaria.

Esa exclusión sería el resultado de la aplicación de medidas racistas, sexistas y oligárquicas que basándose en el color de piel, en el origen social o en el sexo de las personas, intencionadamente condena a una parte de ellas a la pobreza, a la marginación y a la miseria.

La reacción de esas personas contra la sociedad racista, oligárquica y sexista sería lo que a su vez ésta llama “delitos” porque los considera atentados contra su propiedad o incluso contra su vida. Como esa sociedad nefasta es la que tiene el poder de reprimir, sanciona leyes para hacer penalmente responsables a los que en realidad son sus víctimas; víctimas de la exclusión y de la segregación.

Esta teoría fue ratificada ayer en una participación en la Feria del Libro por dos fiscales del poder judicial de la nación. Los doctores Javier De Luca y Alejandro Alagia expusieron esta tesis en defensa del proyecto de nuevo Código Penal, explicando que la pena al llamado “delito” debía ser reducida a una mínima expresión porque su convalidación era una manera de continuar el daño que se le había hecho a las personas a quienes la concepción del actual código conservador y oligárquico persigue.

Estas personas, según ellos -y en coincidencia con lo que explicábamos hace una semana- son las verdaderas víctimas y su persecución y condena no sería más que un ensañamiento de la sociedad que, no conforme con el daño que ya les causó, los persigue y los encierra.

Ratificando lo que decíamos el 24 de abril, los delincuentes y el delito serían en realidad manifestaciones de respuesta de las víctimas de la sociedad hacia la sociedad: una forma de emparejar los tantos de la Justicia. La sociedad no sólo debería abstenerse de perseguir y castigar penalmente a estas personas sino que debería aguantar los “actos de justicia” que se comenten contra ella (robos, violaciones, asesinatos) porque esas conductas no serían delitos sino manifestaciones de un conflicto social no propuesto ni querido por quienes los cometen sino por la sociedad que los segregó.

Siguiendo esta línea de ideas, llegaríamos a la conclusión de que la presente situación en la que vivimos en la Argentina no es la manifestación del fracaso de una política de seguridad mal implementada o mal concebida sino el resultado querido por la concepción que logró imponer su punto de vista en el poder judicial y en las corrientes de opinión política.

Esto es lo “nuevo bajo el sol”. Hace 20 años estas teorías (como también ocurre con ellas en todo el resto del mundo civilizado en donde no puede anotarse un solo país que las aplique) estaban en los márgenes del pensamiento político, judicial y penal de la Argentina. Allí aparecía el inefable juez de los inmuebles de usos múltiples, Eugenio Zaffaroni, explicando sus alambicadas ideas sobre las verdaderas víctimas y los verdaderos victimarios, pero poco más podía anotarse en ese sentido. Veinte años de constante repiqueteo en la Academia no ha transformado a estos pensamientos en mayoritarios pero sí en minoritariamente influyentes.

El kirchnerismo ha sido un recipiente apto para recibir los agregados de estas ideas y hoy es la manifestación política que abre paso a su implementación. Las ideas que en materia social ha desplegado el gobierno han introducido, en efecto, en la sociedad, quizás por primera vez de manera masiva, los conceptos de racismo, clasismo, sexismo, segregación, exclusión. Se ha valido de una impresionante penetración en los medios para machacar sobre estos conceptos y ha logrado transformar en políticamente correcto el pensamiento según el cual la sociedad debe sentirse culpable por lo que le ocurre a parte de sus ciudadanos. Y en alguna medida debe pagar por ello. Ese pago consistiría en aceptar que se la robe, se la viole y se la mate porque esos actos equilibran la balanza de la igualdad y la Justicia.

El domingo, en un acto del kirchnerismo puro en donde estuvieron presentes y hablaron Milagro Sala, Carlos Zanini, Luis D’Elía y el candidato a presidente preferido de Hebe de Bonafini, Aníbal Fernández, también habló el director del SEDRONAR el padre Juan Carlos Molina que dijo que para “ellos”, “nosotros somos basura, chorros, negros…”

Sin bien Molina no aclaró lo que debía entenderse por “ellos” y por “nosotros”, no es difícil interpretarlo si seguimos las instrucciones que surgen de estas ideas.

De modo que los que creen que son honestos deberían revisar sus conceptos. Los que, creyendo aquello, esperan que en algún momento se persiga a quienes en su criterio son los delincuentes, también deberían ir pensando en cambiar sus convicciones.

Lo que está en marcha es un plan. No es la consecuencia de la mala praxis, de las malas leyes o de la mala suerte en la aplicación de una política de seguridad. No, no, no. Lo que está ocurriendo se quiere que ocurra. Y como tal, seguirá ocurriendo.

Desde el peso de su investidura -casi al nivel de la venerada “juventud maravillosa” de Perón- la señora de Kirchner hizo pública su admiración por esos personajes que, colgados de los paravalanchas eran, según la presidente, la imagen misma de la pasión (“y saben qué, sin pasión no se puede vivir… Yo cuando mi papá me llevaba a la cancha de chica y luego, de grande, cuando fui con Néstor, no miraba el partido, los miraba embelesada a ellos…”)

La marginalidad ha dejado de estar en los márgenes en la década ganada; la marginalidad ha ocupado el centro. Ya no es la vergonzante situación de la que sus víctimas quieren salir. No, no. Ahora ellos son el poder, ahora ellos están en el centro de la escena; ahora ellos corren a la policía, son los dueños de la calle y te dan órdenes con la autoridad de lo oficial.

Ser barra es ser un profesional. Un profesional independiente que pone sus servicios a disposición de la política. Su escenario de desarrollo suele ser el fútbol. Pero esa sana pasión deportiva es una pantalla. Detrás de ella esconden sus negocios, la droga, la delincuencia y sus vínculos con el poder y la política. Hoy en día hay gente que se saca fotos con los barras. Han sido encumbrados a la categoría de celebridades. Son impunes y el poder les facilitó un atajo a la riqueza. Están metidos en los negocios sucios de la política y muchos los enmascaran con negocios “lícitos” de los clubes de fútbol, como la operación de sus estacionamientos, de sus servicios de comida o, en algunos casos, hasta de la irónica seguridad de los estadios.

Los barras configuran un estereotipo social de la década kirchnerista; el estereotipo del violento, del patotero, del prepotente, del que impone su postura por la fuerza. El barra es una especie de resumen humano del “modelo”. Por eso, son imperseguibles. Ir en contra de los barras es como ir en contra del corazón cultural que los Kirchner han traído del sur. Los barras son la versión futbolera de La Cámpora, en donde la intimidación es la herramienta preferida de la “negociación”.

El triunfo de las fuerzas del orden en otros países del mundo sobre la violencia en el fútbol partía de una base descontada: se trataba de la lucha del bien sobre el mal. El mal no quería pasar por el bien y el bien tenía en claro quiénes eran los malos. En la Argentina de los Kirchner esos términos están completamente tergiversados. Los funcionarios del Estado, empezando por los dos presidentes de la década y por los lenguaraces que los han seguido, han sido los primeros en reivindicar ese modo patotero de comportarse. Lo han hecho abiertamente, a la luz del día, a los ojos de todo el mundo. Se han vanagloriado de su violencia y de la capacidad que tiene el miedo para obtener resultados. En esa línea se han anotado Néstor, Cristina, Moreno, Kicillof, Larroque, Recalde, Anífbal Fernandez, De Vido, Kunkel, Conti, Di Tullio, Rossi… En fin todo una pléyade de personajes del primer orden de la política nacional.

¿Qué imagen recibe la sociedad de ese espectáculo gratuito? ¿Qué señal observan los barras que sucede más arriba que ellos? La violencia se ha encaramado al primer nivel de la política en la Argentina. Se ha hecho un culto de ella. Aquí el más “taita” es el más maleducado, el más sacado, el más prepotente, el más patotero.

Quienes deberían perseguir y condenar socialmente a los barras se han vuelto barras. Hasta su propia terminología bordea las orillas de los márgenes. No hace mucho tiempo, cuando en el oficialismo estaba todo mal con Scioli, la jefa del bloque de diputados oficiales, Juliana Di Tullio -quien recientemente se ofendió con un periodista por el simple hecho de que la creyó una “librepensante”- dijo que el gobernador debería haber salido a “aguantar los trapos”, usando la típica terminología semitumbera que se maneja en las tribunas para hacer referencia a la defensa de las banderas de los clubes.

La política se ha mezclado con el submundo. La política ha venido a legitimar el accionar barra: porque usa a los barras, porque se comporta como los barras, porque adquirió una cultura barra, porque usa una terminología barra y porque siente una no tan secreta admiración por los barras (como lo confesó la presidente). Los barras están en sus listas, han ocupado el lugar de los antiguos y precursores “punteros”, son la fuerza de choque apta para amedrentar, para copar la parada, para llevar por delante.

La década de los Kirchner será recordada por haber instalado esta cultura marginal en el centro de la escena argentina. Por esa misma razón es completamente hipócrita plantear persecuciones a los barras, quejas por los barras y lamentos por el accionar y por las consecuencias de los actos de los barras. Nadie se queja de sí mismo, máxime cuando se cree infalible y protagonista de una epopeya de dimensiones épicas. La eliminación de los barras por el kirchnerismo es tan ilusoria como que el kirchnerismo pretenda eliminarse a sí mismo.

Mientras esta sociedad perversa entre el poder y el tumberismo marginal siga gobernando la Argentina y el fútbol siga ofreciendo una pantalla ideal para ocultar con la pasión el peso de la delincuencia, de los negocios, del dinero y de la droga no habrá manera de salir del problema. Cualquier excursión por los exitosos ejemplos comparados del mundo será un maquillaje más a una realidad más que evidente: la marginalidad no será perseguida una vez que ella misma logró sentase en las poltronas del poder.